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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
| 4
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2000-09-07
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000907.html
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EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Alejandro García Sainz. Tiene el uso de la palabra el diputado Gregorio Urias Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por diez minutos. EL C. Dl P. GREGORIO URIAS GERMAN: Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores legisladores: El pasado primero de septiembre del año en curso, tal y como lo establece nuestra Constitución en su artículo 69, el titular del Poder Ejecutivo hizo entrega a los integrantes del Congreso de la Unión, de un informe escrito del estado que guarda la Administración Pública Federal. El Presidente Zedillo ofreció, asimismo, desde la máxima tribuna del país, un discurso en el que trató de abordar diversos aspectos, que más bien constituyeron reflexiones propias de estos seis años en que ha ejercido su gobierno, reflexiones cuyo contenido se distinguió por el autoelogio y hasta pretenciones académicas y filosóficas. Su discurso se centró básicamente en tres aspectos: El desempeño de la economía durante los últimos doce años de gestión gubernamental, asuntos sociales que tuvieron como eje el PROGRESA, y finalmente esa inacabable retórica del combate a la pobreza que significó en los hechos poco o nulos avances en esa materia. El recuento de los daños. En lo que se refiere a la política económica, el Presidente de la República nos presentó en esta tribuna, de manera casi efusiva, los logros macroeconómicos alcanzados durante su gestión, logros que por supuesto, según las cifras presentadas por él mismo, serían indudables. De manera puntual hizo énfasis en el crecimiento con estabilidad alcanzado en el transcurso de su gobierno, después de una caída en el Producto Interno Bruto en 1995, del menos 6.2 por ciento, crisis que ciertamente se superó para concluir con un crecimiento estimado en 4.5 por ciento del PIB para el 2000. Sin embargo, hemos de decir que por los 60 millones de pobres, 27 de los cuales se encuentran en la miseria, que dicho crecimiento ha sido un crecimiento espurio e insuficiente a las necesidades de nuestra economía, y que si bien se ha generado riqueza, ésta ha sido para unos cuantos miembros de la oligarquía nacional. Así podríamos sintetizar el llamado "bienestar para la familia", así es también como el poder ha servido a su gente. El modelo económico de corte puramente neoliberal y los logros de los que tanto hace alarde el doctor Zedillo, es el mismo que nos llevó a la crisis bancaria de falta de liquidez, y por la cual ahora los mexicanos se nos adjudicó una deuda de 100 mil millones de dólares. Las bases del modelo centradas en el combate a la inflación, a través de una política monetaria contraccionista que ocasionó el incremento de las tasas de interés, y por ende la sobreevaluación de la moneda en el sexenio de salinas, generando con ello una macrodevaluación de más de 100 por ciento de nuestra moneda en 1994, provocaron una fuerte crisis de pagos en el sector industrial y agrícola, lo que llevó a la quiebra de miles de productores. Esa es la misma política que ahora se viene a exaltar, es la misma política que al Presidente Zedillo no le permitió ver ni oír la miseria y el reclamo de millones de compatriotas; es la misma política, con excepción de que ahora existe una flotación del tipo de cambio relacionada con intervenciones periódicas del Banco de México, que en teoría se encuentra regido por la ley de la oferta y la demanda, situación que por supuesto no garantiza en lo absoluto ni el equilibrio ni la estabilidad en el largo plazo ante una brusca caída en los precios internacionales del petróleo y de crisis en los mercados de capital. El crecimiento del que se nos hace alarde se encuentra entonces estrechamente vinculado a una política de empobrecimiento, y asimismo a una política de endeudamiento y de privatizaciones, a la venta del patrimonio nacional. Dichas políticas constituyeron los tres' grandes ejes de la política económica neoliberal del gobierno del doctor Ernesto Zedillo. El crecimiento nacional ha sido un crecimiento anárquico, sectorial y concentrado en unas cuantas ramas y sectores de la actividad productiva, principalmente aquellos vinculados al sector exportadores, en tanto se observa una fuerte caída en la demanda interna debido a la pérdida del poder adquisitivo, derivado de la política de sucesivos topes salariales. Lo anterior significa que se han contenido las necesidades de nuestra población con el objeto de reducir el desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos y así disminuir las presiones sobre el tipo de cambio y la inflación. De la misma forma, podemos aceptar que en cuatro años se ha logrado abatir la tasa oficial de desempleo, del 6.3 en 1995 al 2.5 en 1999. Se han generado trabajos, pero trabajos en condiciones infrahumanas, con salarios de subsistencia; de tal forma que tan solo en el sector maquilador que genera 1.2 millones de empleos, la tasa media de crecimiento salarial entre 1997 y 1999, fue tan solo de 1.1 por ciento real. La caída en la tasa de desempleo y el trabajo generado implica tan solo un mejoramiento muy relativo en el nivel de vida de nuestros obreros y campesinos. El crecimiento de los salario en nuestro país no tiene ni siquiera punto de comparación con otros países de similar grado de desarrollo. Según datos de la CEPAL, mientras que en México la variación de la remuneración media real entre 1990 y 97 fue de menos 0.3 por ciento y de 1. 6 por ciento entre 1998 y 1999, en países como Chile dichos incrementos fueron de 3.2 y 2.5 en los mismos lapsos respectivamente. Ciertamente se han generado mas empleos pero en pésimas condiciones. La política agraria del doctor Zedillo, al igual que su política industrial, han pasado a ser fantasmas de la historia, solamente meros recuerdos perdidos en la memoria de nuestro país. Hoy en día para miles de hombres en la ciudad y en el campo se hace más rentable dejar de producir en virtud de los dogmas macroeconómicos con que gobernó el país. Desde aquí expresamos nuestra solidaridad con los productores de granos de nuestro hermano estado de Sinaloa y que junto con los productores del estado vecino de Sonora, iniciaron una lucha desde hace aproximadamente 15 años y actualmente la están manifestando cíclicamente. Gracias al Jefe del Ejecutivo y a sus antecesores, nuestro campo se encuentra en la peor crisis de su historia, por usted y sus antecesores, los campesinos de México se acuestan pobres y amanecen miserables. Por usted, ciudadano Presidente y sus antecesores, el campo se encuentra descapitalizado, hemos perdido soberanía alimentaria a tal grado que ahora dependemos de los grandes productores de maíz y frijol estadounidenses; en tanto en el sector industrial, miles de pequeñas y medianas empresas que no se han logrado integrar a las cadenas productivas, se encuentran en grave situación de insolvencia y estancamiento. En materia económica, si quisiéramos calificar al sexenio diríamos que es el de la injusticia social, de la pobreza, de la inequidad, de la corrupción y del endeudamiento. Fue un sexenio perdido para millones de mexicanos. Por otro lado, no hubo avances en la procuración e impartición de justicia, en ningún momento del informe manifestó la situación que guarda el conflicto en Chiapas, la violación flagrante a los derechos humanos, de la inconclusa reforma electoral, ni del estancamiento en las investigaciones de la masacres y crímenes políticos ocurridos durante este régimen. Durante la lectura del documento que ahora analizamos, se disiparon preocupaciones generales, tal como sucede en el caso de la inseguridad, en donde no se alcanzaron las metas propuestas al inicio del gobierno; es decir, actualmente existe mas delincuencia, creció el crimen organizado y se consolidó el narcotráfico y sus relaciones con los círculos económicos y políticos de más alto nivel. En este país existen aún preocupaciones sobre la forma en que se desempeñó el Presidente Zedillo, la crisis financiera de 1994 y el ilegal rescate de los bancos, que quebrados por malicia o torpeza de sus administradores, el gobierno con apoyo del PRI y del PAN, rescató a través del FOBAPROA, arrojando sobre el pueblo de México la más pesada carga sobre las finanzas públicas que conoce la historia económica contemporánea. Por otro lado, hablar de democracia a partir de los resultados del 2 de julio, realmente resulta un sofisma que genera un falso debate y no permite una buena lectura de la situación política del país. El Presidente Zedillo habló de los logros en materia de democracia, como quien otorga concesiones, y lo que no termina de comprender, es que los . concesiones, y lo que no termina de comprender, es que los avances han sido producto de luchas sociales que mucho han costado a la nación mexicana. Mucho ha logrado el pueblo de México en la construcción de un sistema político en el que ahora si la democracia se materialice como nuestra forma de vida. Como Partido de la Revolución Democrática, proclamamos que ni todo el poder al Estado ni todo el poder al mercado. El Estado debe aprender a controlar y dirigir inteligentemente las libres fuerzas del mercado en aras de alcanzar no solo el crecimiento sino también justicia y equidad en la producci6n, generación y distribuci6n de la riqueza. Queremos crecimiento pero con desarrollo, un desarrollo que genere un bienestar para nuestro país, para todos y cada uno de los ciudadanos. México no tolerará más un crecimiento centrado en la explotaci6n, en la corrupción e injusticia social ni mucho menos en la venta de nuestra soberanía. Desde esta más alta tribuna del país, estaremos muy atentos a los tiempos que vienen. Por México y los mexicanos, comprometemos nuestra palabra, nuestro voto y nuestra acción. Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE
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Gracias diputado Alejandro García Sainz. Tiene el uso de la palabra el diputado Gregorio Urias Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por diez minutos. EL C. Dl P. GREGORIO URIAS GERMAN: Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores legisladores: El pasado primero de septiembre del año en curso, tal y como lo establece nuestra Constitución en su artículo 69, el titular del Poder Ejecutivo hizo entrega a los integrantes del Congreso de la Unión, de un informe escrito del estado que guarda la Administración Pública Federal. El Presidente Zedillo ofreció, asimismo, desde la máxima tribuna del país, un discurso en el que trató de abordar diversos aspectos, que más bien constituyeron reflexiones propias de estos seis años en que ha ejercido su gobierno, reflexiones cuyo contenido se distinguió por el autoelogio y hasta pretenciones académicas y filosóficas. Su discurso se centró básicamente en tres aspectos: El desempeño de la economía durante los últimos doce años de gestión gubernamental, asuntos sociales que tuvieron como eje el PROGRESA, y finalmente esa inacabable retórica del combate a la pobreza que significó en los hechos poco o nulos avances en esa materia. El recuento de los daños. En lo que se refiere a la política económica, el Presidente de la República nos presentó en esta tribuna, de manera casi efusiva, los logros macroeconómicos alcanzados durante su gestión, logros que por supuesto, según las cifras presentadas por él mismo, serían indudables. De manera puntual hizo énfasis en el crecimiento con estabilidad alcanzado en el transcurso de su gobierno, después de una caída en el Producto Interno Bruto en 1995, del menos 6.2 por ciento, crisis que ciertamente se superó para concluir con un crecimiento estimado en 4.5 por ciento del PIB para el 2000. Sin embargo, hemos de decir que por los 60 millones de pobres, 27 de los cuales se encuentran en la miseria, que dicho crecimiento ha sido un crecimiento espurio e insuficiente a las necesidades de nuestra economía, y que si bien se ha generado riqueza, ésta ha sido para unos cuantos miembros de la oligarquía nacional. Así podríamos sintetizar el llamado "bienestar para la familia", así es también como el poder ha servido a su gente. El modelo económico de corte puramente neoliberal y los logros de los que tanto hace alarde el doctor Zedillo, es el mismo que nos llevó a la crisis bancaria de falta de liquidez, y por la cual ahora los mexicanos se nos adjudicó una deuda de 100 mil millones de dólares. Las bases del modelo centradas en el combate a la inflación, a través de una política monetaria contraccionista que ocasionó el incremento de las tasas de interés, y por ende la sobreevaluación de la moneda en el sexenio de salinas, generando con ello una macrodevaluación de más de 100 por ciento de nuestra moneda en 1994, provocaron una fuerte crisis de pagos en el sector industrial y agrícola, lo que llevó a la quiebra de miles de productores. Esa es la misma política que ahora se viene a exaltar, es la misma política que al Presidente Zedillo no le permitió ver ni oír la miseria y el reclamo de millones de compatriotas; es la misma política, con excepción de que ahora existe una flotación del tipo de cambio relacionada con intervenciones periódicas del Banco de México, que en teoría se encuentra regido por la ley de la oferta y la demanda, situación que por supuesto no garantiza en lo absoluto ni el equilibrio ni la estabilidad en el largo plazo ante una brusca caída en los precios internacionales del petróleo y de crisis en los mercados de capital. El crecimiento del que se nos hace alarde se encuentra entonces estrechamente vinculado a una política de empobrecimiento, y asimismo a una política de endeudamiento y de privatizaciones, a la venta del patrimonio nacional. Dichas políticas constituyeron los tres' grandes ejes de la política económica neoliberal del gobierno del doctor Ernesto Zedillo. El crecimiento nacional ha sido un crecimiento anárquico, sectorial y concentrado en unas cuantas ramas y sectores de la actividad productiva, principalmente aquellos vinculados al sector exportadores, en tanto se observa una fuerte caída en la demanda interna debido a la pérdida del poder adquisitivo, derivado de la política de sucesivos topes salariales. Lo anterior significa que se han contenido las necesidades de nuestra población con el objeto de reducir el desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos y así disminuir las presiones sobre el tipo de cambio y la inflación. De la misma forma, podemos aceptar que en cuatro años se ha logrado abatir la tasa oficial de desempleo, del 6.3 en 1995 al 2.5 en 1999. Se han generado trabajos, pero trabajos en condiciones infrahumanas, con salarios de subsistencia; de tal forma que tan solo en el sector maquilador que genera 1.2 millones de empleos, la tasa media de crecimiento salarial entre 1997 y 1999, fue tan solo de 1.1 por ciento real. La caída en la tasa de desempleo y el trabajo generado implica tan solo un mejoramiento muy relativo en el nivel de vida de nuestros obreros y campesinos. El crecimiento de los salario en nuestro país no tiene ni siquiera punto de comparación con otros países de similar grado de desarrollo. Según datos de la CEPAL, mientras que en México la variación de la remuneración media real entre 1990 y 97 fue de menos 0.3 por ciento y de 1. 6 por ciento entre 1998 y 1999, en países como Chile dichos incrementos fueron de 3.2 y 2.5 en los mismos lapsos respectivamente. Ciertamente se han generado mas empleos pero en pésimas condiciones. La política agraria del doctor Zedillo, al igual que su política industrial, han pasado a ser fantasmas de la historia, solamente meros recuerdos perdidos en la memoria de nuestro país. Hoy en día para miles de hombres en la ciudad y en el campo se hace más rentable dejar de producir en virtud de los dogmas macroeconómicos con que gobernó el país. Desde aquí expresamos nuestra solidaridad con los productores de granos de nuestro hermano estado de Sinaloa y que junto con los productores del estado vecino de Sonora, iniciaron una lucha desde hace aproximadamente 15 años y actualmente la están manifestando cíclicamente. Gracias al Jefe del Ejecutivo y a sus antecesores, nuestro campo se encuentra en la peor crisis de su historia, por usted y sus antecesores, los campesinos de México se acuestan pobres y amanecen miserables. Por usted, ciudadano Presidente y sus antecesores, el campo se encuentra descapitalizado, hemos perdido soberanía alimentaria a tal grado que ahora dependemos de los grandes productores de maíz y frijol estadounidenses; en tanto en el sector industrial, miles de pequeñas y medianas empresas que no se han logrado integrar a las cadenas productivas, se encuentran en grave situación de insolvencia y estancamiento. En materia económica, si quisiéramos calificar al sexenio diríamos que es el de la injusticia social, de la pobreza, de la inequidad, de la corrupción y del endeudamiento. Fue un sexenio perdido para millones de mexicanos. Por otro lado, no hubo avances en la procuración e impartición de justicia, en ningún momento del informe manifestó la situación que guarda el conflicto en Chiapas, la violación flagrante a los derechos humanos, de la inconclusa reforma electoral, ni del estancamiento en las investigaciones de la masacres y crímenes políticos ocurridos durante este régimen. Durante la lectura del documento que ahora analizamos, se disiparon preocupaciones generales, tal como sucede en el caso de la inseguridad, en donde no se alcanzaron las metas propuestas al inicio del gobierno; es decir, actualmente existe mas delincuencia, creció el crimen organizado y se consolidó el narcotráfico y sus relaciones con los círculos económicos y políticos de más alto nivel. En este país existen aún preocupaciones sobre la forma en que se desempeñó el Presidente Zedillo, la crisis financiera de 1994 y el ilegal rescate de los bancos, que quebrados por malicia o torpeza de sus administradores, el gobierno con apoyo del PRI y del PAN, rescató a través del FOBAPROA, arrojando sobre el pueblo de México la más pesada carga sobre las finanzas públicas que conoce la historia económica contemporánea. Por otro lado, hablar de democracia a partir de los resultados del 2 de julio, realmente resulta un sofisma que genera un falso debate y no permite una buena lectura de la situación política del país. El Presidente Zedillo habló de los logros en materia de democracia, como quien otorga concesiones, y lo que no termina de comprender, es que los . concesiones, y lo que no termina de comprender, es que los avances han sido producto de luchas sociales que mucho han costado a la nación mexicana. Mucho ha logrado el pueblo de México en la construcción de un sistema político en el que ahora si la democracia se materialice como nuestra forma de vida. Como Partido de la Revolución Democrática, proclamamos que ni todo el poder al Estado ni todo el poder al mercado. El Estado debe aprender a controlar y dirigir inteligentemente las libres fuerzas del mercado en aras de alcanzar no solo el crecimiento sino también justicia y equidad en la producci6n, generación y distribuci6n de la riqueza. Queremos crecimiento pero con desarrollo, un desarrollo que genere un bienestar para nuestro país, para todos y cada uno de los ciudadanos. México no tolerará más un crecimiento centrado en la explotaci6n, en la corrupción e injusticia social ni mucho menos en la venta de nuestra soberanía. Desde esta más alta tribuna del país, estaremos muy atentos a los tiempos que vienen. Por México y los mexicanos, comprometemos nuestra palabra, nuestro voto y nuestra acción. Muchas gracias.
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000907.html
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EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Espino Barrientos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.
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EL C. PRESIDENTE
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Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Espino Barrientos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000907.html
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EL C. DIP. MANUEL DE JESUS ESPINO BARRIENTOS: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: La glosa al Sexto Informe de Gobierno es un ejercicio que nos brinda la oportunidad de hacer un balance responsable de cuanto se ha hecho o dejado de hacer en beneficio o en perjuicio del pueblo de México. Hemos de hacer una valoración objetiva y seria, no s61o en términos cuantitativos y optimistas, como se expresan en el escrito del Informe y sus Anexos, sino centrar, sobre todo, nuestro trabajo en los resultados cualitativos que se traducen en mejoramiento o detrimento de las oportunidades y de las condiciones de vida de los mexicanos porque de nada serviría constatar que en efecto en algunos aspectos se hicieron mas acciones o se invirtieron más recursos que en el pasado, si el esfuerzo ha sido infructuoso o al menos insuficiente. Es responsabilidad de esta soberanía, hacer un adecuado corte final de las acciones u omisiones del Poder Ejecutivo en la administración pública que termina, sin más motivación que el poner en su justa dimensión el saldo de gobierno en la realidad nacional para actuar en consecuencia. En la honestidad de nuestro trabajo habrá que reconocer avances y compromisos cumplidos, si los hubiere, del actual gobierno. Pero también señalar con puntualidad a las graves omisiones y faltantes del mismo. Así podremos reconocer mejoras en materia educativa, en salud, y en vivienda, al tiempo que señalar lo mucho que falta por hacer para alcanzar niveles de calidad en esos rubros. Otro tanto podremos decir respecto del avance en el fortalecimiento del esquema federalista impulsado desde esta soberanía en beneficio de los estados y los municipios y que al menos parcialmente recibieron respaldo del Presidente. Es de justicia reconocer que le asiste al razón al ejecutivo cuando informa del avance democrático nacional, aunque es necesario precisar que no hemos alcanzado los niveles de plenitud que él afirma y que los avances no son mérito ni concesión de su gobierno, sino conquista cívica, producto del esfuerzo y la voluntad de todos los hombres y las mujeres que históricamente han comprometido el anhelo de una patria ordenada y generosa y que al fin ha sometido la visión patrimonialista de quienes por décadas retrasaron la transición hacia la democracia como sistema de vida. Tomemos en cuenta que en el ejercicio del gobierno, comentó la actividad humana no sólo es ineficaz el esfuerzo de aquellos que hacen o dicen hacer muchas cosas sin los efectos esperados, sino también es infructuoso aquel es fuerzo de quienes pudiendo hacer mejor las cosas no las hacen. En este contexto y atendiendo la propia intención del Presidente Ernesto Zedillo, que vino a esta tribuna a ofrecer una incompleta reflexión sobre la situación nacional durante el período de su mandato, nos parece pertinente que la glosa a su último informe tome en cuenta los compromisos ratificados en esta misma tribuna el primero de diciembre mil novecientos noventa y cuatro, al rendir protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y así tener mejores elementos de análisis, de valoración y de juicio ante el pueblo de México y lo que ha significado para la vida nacional el ejercicio gubernamental del Poder Ejecutivo desde entonces. En materia económica por ejemplo, es oportuno recordar el compromiso del Presidente al iniciar su mandato: "Nuestro reto más importante dijo el primer día de su gestión es lograr condiciones dignas en la vida de cada familia mexicana", afirmó que el progreso económico sólo tiene sentido si llega al hogar de cada mexicano. Será pertinente entonces contrastar el compromiso de lograr el bienestar creciente de cada persona y de su familia, con el hecho de que prevalece una infraestructura económica deficiente, que desalienta la prosperidad y que condena a millones de pobres a permanecer en el retraso y en el dolor evitable, que no se ha aliviado. Porque si bien es cierto, como se ha dicho, que la economía mexicana ha lo grado una mayor estabilidad a nivel macroeconómico, y que ha registrado un crecimiento del producto interno bruto, también es verdad que no fue posible elevar la base gravable y disminuir la dependencia que el gobierno federal tiene de los ingresos petroleros, que desde 1996 se incrementó del 26. 6 al 34. 8%. En nuestro trabajo de los próximos días, habremos de buscar una explicación satisfactoria para los mexicanos, de cómo es que si el Presidente vino a decir, que el resultado más alentador de su política económica ha correspondido al empleo, el nivel microeconómico sin embargo exhibe graves rezagos y pone en evidencias promesas no cumplidas, cuando sólo el 10% de los hogares con ingresos más altos concentra el 38% del ingreso nacional, en contraste con el hecho de que cerca de 50 millones de mexicanos se distribuyen entre si el 18% del total. Si como informe el Ejecutivo ha disminuido la tasa del empleo y se registra una recuperación acelerada de los salarios, cómo justificar entonces el hecho que los hogares con mayores ingresos sea cuarenta y cuatro veces mayor con respecto de los más pobres, y que éstos se hayan incrementado en 600 mil familias durante los últimos seis años. De qué manera explicar que mientras el Presidente informa una recuperación del aparato productivo nacional, hoy algunos miembros informativos dan cuenta de que el índice internacional de competitividad actual, colocó a nuestro país en el lugar 42, ocho posiciones abajo del lugar que ocupaba apenas en 1999. Estos datos ponen en entredicho el Informe del Presidente y contradice el propósito de fundar el bienestar de los mexicanos en un empleo digno estable y bien remunerado, como ofreciera el Ejecutivo hace casi seis años, lo que podría conducirnos a concluir al término de la glosa, que la desigualdad en términos económicos y sociales, es la principal característica de este gobierno, no obstante de que la afirmación de que desde 1996 la economía ha venido creciendo sostenidamente, disminuyendo la injusticia social. De igual forma habrá que confrontar los hechos y sus efectos para determinar con objetividad en qué medida se cumplieron las promesas en los ámbitos de política interna y política externa, porque los mexicanos tenemos derecho a saber con exactitud hasta dónde se cumplió o dejó de cumplir con aquel ofrecimiento de combatir las prácticas monopólicas, los abusos y los privilegios que habían sido tolerados y hasta auspicados por gobiernos anteriores. Nos corresponde poner en su justa dimensión aun aquellos temas que al menos en el discurso el Presidente ha eludido deliberadamente durante las últimas semanas, y algunos de los cuales fueron motivo de compromiso al inicio de su sexenio, tales como el combate a la corrupción que se ha venido agudizando al final del sexenio, al grado de colocar a nuestro país en los primeros lugares entre aquellos que en el mundo cuentan con los gobiernos más corruptos. ¿Por qué no hablar e informar con precisión de temas como el de la Universidad Nacional Autónoma de México, o como la reivindicación de la justicia y la paz en Chiapas entre otros? ¿Acaso han pedido importancia en las prioridades del Presidente? Solicito un momento más para terminar, señor Presidente.
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EL C. DIP. MANUEL DE JESUS ESPINO BARRIENTOS
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Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: La glosa al Sexto Informe de Gobierno es un ejercicio que nos brinda la oportunidad de hacer un balance responsable de cuanto se ha hecho o dejado de hacer en beneficio o en perjuicio del pueblo de México. Hemos de hacer una valoración objetiva y seria, no s61o en términos cuantitativos y optimistas, como se expresan en el escrito del Informe y sus Anexos, sino centrar, sobre todo, nuestro trabajo en los resultados cualitativos que se traducen en mejoramiento o detrimento de las oportunidades y de las condiciones de vida de los mexicanos porque de nada serviría constatar que en efecto en algunos aspectos se hicieron mas acciones o se invirtieron más recursos que en el pasado, si el esfuerzo ha sido infructuoso o al menos insuficiente. Es responsabilidad de esta soberanía, hacer un adecuado corte final de las acciones u omisiones del Poder Ejecutivo en la administración pública que termina, sin más motivación que el poner en su justa dimensión el saldo de gobierno en la realidad nacional para actuar en consecuencia. En la honestidad de nuestro trabajo habrá que reconocer avances y compromisos cumplidos, si los hubiere, del actual gobierno. Pero también señalar con puntualidad a las graves omisiones y faltantes del mismo. Así podremos reconocer mejoras en materia educativa, en salud, y en vivienda, al tiempo que señalar lo mucho que falta por hacer para alcanzar niveles de calidad en esos rubros. Otro tanto podremos decir respecto del avance en el fortalecimiento del esquema federalista impulsado desde esta soberanía en beneficio de los estados y los municipios y que al menos parcialmente recibieron respaldo del Presidente. Es de justicia reconocer que le asiste al razón al ejecutivo cuando informa del avance democrático nacional, aunque es necesario precisar que no hemos alcanzado los niveles de plenitud que él afirma y que los avances no son mérito ni concesión de su gobierno, sino conquista cívica, producto del esfuerzo y la voluntad de todos los hombres y las mujeres que históricamente han comprometido el anhelo de una patria ordenada y generosa y que al fin ha sometido la visión patrimonialista de quienes por décadas retrasaron la transición hacia la democracia como sistema de vida. Tomemos en cuenta que en el ejercicio del gobierno, comentó la actividad humana no sólo es ineficaz el esfuerzo de aquellos que hacen o dicen hacer muchas cosas sin los efectos esperados, sino también es infructuoso aquel es fuerzo de quienes pudiendo hacer mejor las cosas no las hacen. En este contexto y atendiendo la propia intención del Presidente Ernesto Zedillo, que vino a esta tribuna a ofrecer una incompleta reflexión sobre la situación nacional durante el período de su mandato, nos parece pertinente que la glosa a su último informe tome en cuenta los compromisos ratificados en esta misma tribuna el primero de diciembre mil novecientos noventa y cuatro, al rendir protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y así tener mejores elementos de análisis, de valoración y de juicio ante el pueblo de México y lo que ha significado para la vida nacional el ejercicio gubernamental del Poder Ejecutivo desde entonces. En materia económica por ejemplo, es oportuno recordar el compromiso del Presidente al iniciar su mandato: "Nuestro reto más importante dijo el primer día de su gestión es lograr condiciones dignas en la vida de cada familia mexicana", afirmó que el progreso económico sólo tiene sentido si llega al hogar de cada mexicano. Será pertinente entonces contrastar el compromiso de lograr el bienestar creciente de cada persona y de su familia, con el hecho de que prevalece una infraestructura económica deficiente, que desalienta la prosperidad y que condena a millones de pobres a permanecer en el retraso y en el dolor evitable, que no se ha aliviado. Porque si bien es cierto, como se ha dicho, que la economía mexicana ha lo grado una mayor estabilidad a nivel macroeconómico, y que ha registrado un crecimiento del producto interno bruto, también es verdad que no fue posible elevar la base gravable y disminuir la dependencia que el gobierno federal tiene de los ingresos petroleros, que desde 1996 se incrementó del 26. 6 al 34. 8%. En nuestro trabajo de los próximos días, habremos de buscar una explicación satisfactoria para los mexicanos, de cómo es que si el Presidente vino a decir, que el resultado más alentador de su política económica ha correspondido al empleo, el nivel microeconómico sin embargo exhibe graves rezagos y pone en evidencias promesas no cumplidas, cuando sólo el 10% de los hogares con ingresos más altos concentra el 38% del ingreso nacional, en contraste con el hecho de que cerca de 50 millones de mexicanos se distribuyen entre si el 18% del total. Si como informe el Ejecutivo ha disminuido la tasa del empleo y se registra una recuperación acelerada de los salarios, cómo justificar entonces el hecho que los hogares con mayores ingresos sea cuarenta y cuatro veces mayor con respecto de los más pobres, y que éstos se hayan incrementado en 600 mil familias durante los últimos seis años. De qué manera explicar que mientras el Presidente informa una recuperación del aparato productivo nacional, hoy algunos miembros informativos dan cuenta de que el índice internacional de competitividad actual, colocó a nuestro país en el lugar 42, ocho posiciones abajo del lugar que ocupaba apenas en 1999. Estos datos ponen en entredicho el Informe del Presidente y contradice el propósito de fundar el bienestar de los mexicanos en un empleo digno estable y bien remunerado, como ofreciera el Ejecutivo hace casi seis años, lo que podría conducirnos a concluir al término de la glosa, que la desigualdad en términos económicos y sociales, es la principal característica de este gobierno, no obstante de que la afirmación de que desde 1996 la economía ha venido creciendo sostenidamente, disminuyendo la injusticia social. De igual forma habrá que confrontar los hechos y sus efectos para determinar con objetividad en qué medida se cumplieron las promesas en los ámbitos de política interna y política externa, porque los mexicanos tenemos derecho a saber con exactitud hasta dónde se cumplió o dejó de cumplir con aquel ofrecimiento de combatir las prácticas monopólicas, los abusos y los privilegios que habían sido tolerados y hasta auspicados por gobiernos anteriores. Nos corresponde poner en su justa dimensión aun aquellos temas que al menos en el discurso el Presidente ha eludido deliberadamente durante las últimas semanas, y algunos de los cuales fueron motivo de compromiso al inicio de su sexenio, tales como el combate a la corrupción que se ha venido agudizando al final del sexenio, al grado de colocar a nuestro país en los primeros lugares entre aquellos que en el mundo cuentan con los gobiernos más corruptos. ¿Por qué no hablar e informar con precisión de temas como el de la Universidad Nacional Autónoma de México, o como la reivindicación de la justicia y la paz en Chiapas entre otros? ¿Acaso han pedido importancia en las prioridades del Presidente? Solicito un momento más para terminar, señor Presidente.
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Primer Periodo Ordinario
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000907.html
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EL PRESIDENTE: Redondee su intervención, señor diputado.
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EL PRESIDENTE
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Redondee su intervención, señor diputado.
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000907.html
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EL DIP. MANUEL DE JESUS ESPINO BARRIENTOS: ¿Acaso han perdido importancia estos temas o acaso supone el doctor Zedillo que la impunidad del narcotráfico, por ejemplo, y sus complicidades con instancias de gobierno son ajenas al interés nacional? La glosa al VI Informe de Gobierno debe generar luz suficiente para ver hasta qué grado el Presidente cumplió su promesa de construir un sistema de justicia eficaz, donde la ley sea la norma real de convivencia como afirma, si vivimos en la incertidumbre del cumplimiento de la ley, cuando de aplicarla a funcionarios públicos se trata. Esta Honorable Cámara de Diputados no puede, no debe permitir que se endose al siguiente gobierno y se herede a los mexicanos un paquete de sorpresas que pareciera quererse encubrir para salvar una imagen con maquillaje de estadista. Compañeras y compañeros legisladores: termino, dispongamos a glosar el Informe Presidencial en el afán de aportar elementos de confianza a los mexicanos y de certidumbre al próximo gobierno. Hagámoslo en la perspectiva de contribuir, como es nuestro deber, a clarificar y transparentar la gestión de un mandato que debe entregar cuentas claras y que pone fin a una penosa historia de mentiras, de antidemocracia y de injusticia social de más de 70 anos. Muchas gracias.
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EL DIP. MANUEL DE JESUS ESPINO BARRIENTOS
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¿Acaso han perdido importancia estos temas o acaso supone el doctor Zedillo que la impunidad del narcotráfico, por ejemplo, y sus complicidades con instancias de gobierno son ajenas al interés nacional? La glosa al VI Informe de Gobierno debe generar luz suficiente para ver hasta qué grado el Presidente cumplió su promesa de construir un sistema de justicia eficaz, donde la ley sea la norma real de convivencia como afirma, si vivimos en la incertidumbre del cumplimiento de la ley, cuando de aplicarla a funcionarios públicos se trata. Esta Honorable Cámara de Diputados no puede, no debe permitir que se endose al siguiente gobierno y se herede a los mexicanos un paquete de sorpresas que pareciera quererse encubrir para salvar una imagen con maquillaje de estadista. Compañeras y compañeros legisladores: termino, dispongamos a glosar el Informe Presidencial en el afán de aportar elementos de confianza a los mexicanos y de certidumbre al próximo gobierno. Hagámoslo en la perspectiva de contribuir, como es nuestro deber, a clarificar y transparentar la gestión de un mandato que debe entregar cuentas claras y que pone fin a una penosa historia de mentiras, de antidemocracia y de injusticia social de más de 70 anos. Muchas gracias.
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2000-09-07
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000907.html
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EL PRESIDENTE: Gracias diputado Manuel Espino. Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Levín Coppel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por diez minutos.
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EL PRESIDENTE
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Gracias diputado Manuel Espino. Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Levín Coppel, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por diez minutos.
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000907.html
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EL DIP. OSCAR LEVIN COPPEL: Con su permiso señor Presidente. Señoras y señores diputados: Iniciamos los trabajos de esta Legislatura en un ambiente de respeto y con la plena responsabilidad de construir entre todos el rostro del país que queremos para el futuro. Paulatinamente nos alejamos de la falta de confianza generalizada y de la hostilidad y el conflicto desbocado. Ese es un buen augurio. Los ecos del último informe del Presidente Zedillo indican que el balance de su gestión ha sido esencialmente positivo. A lo largo de los últimos años el país ha logrado muchos y muy importantes avances. Bajo el impulso de la globalización, la economía mexicana ha logrado progresos que hasta hace poco tiempo eran impensado. El conjunto de nuestra estructura productiva se ha modificado y en la actualidad nuestras exportaciones, tal como se consigna en el informe que hemos recibido, ascienden a más de 160 mil millones de dólares, lo que es equivalente a las exportaciones de todos los países de América Latina en su conjunto. Los compromisos presidenciales de mantener un ritmo de crecimiento económico superior al 5%, así como una inflación menor al 10% anual, se han cumplido satisfactoriamente. Al final del mandato del Presidente Zedillo, el desempleo abierto solamente es de 2%. A diferencia de lo que en el pasado fue una especie de fatalidad, ahora se entrega una economía a salvo de la crisis sexenal recurrente. A la reconversión estructural de la economía corresponde un notable proceso de modernización tecnológica que nos pone a la altura de las nuevas exigencias de la competencia productiva y el mercado. En suma, se realizaron los cambios estructurales que nos pusieron a tono en el nuevo entorno mundial. Negar los avances del país a lo largo de estos años sería una necedad, aunque soslayar sus costos sociales, sería algo aún peor. Esa modernización económica no se ha traducido de manera clara en justicia social, el abismo distributivo sigue separando trágicamente a nuestra sociedad y la pobreza lastima la conciencia nacional. En los próximos tiempos tendremos la responsabilidad común de diseñar nuevas alternativas, ajustes y medidas de flexibilización que nos permitan armonizar las necesidades objetivas de incorporarnos a la modernización global cumpliendo al mismo tiempo con los compromisos de satisfacer las demandas socialmente exigibles. Nos incorporaremos sin duda, a todas las corrientes que en todo el orbe pugnan por una visión del desarrollo sustentable, respetuosa del entorno ecológico y sobre todo humanizadora. El dogmatismo en materia de política económica, tiene que dar paso a políticas de fomento y flexibilización. El papel del Estado como promotor tendrá que volverse la clave de los nuevos tiempos. Detrás de todo este esfuerzo de actualización material del país, se encuentra pues, el imperativo de la democracia. Nuestro país ha logrado una descomunal progresión en sus instituciones políticas, en particular me refiero a las que se encargan de la organización y sanción de los procesos electorales. Nadie hoy ni dentro ni fuera del país, cobija la menor sombra de duda acerca de la competencia y la limpieza electoral. El presidencialismo autoritario, la época monopartidista, ya son cosas del pasado; esto lo logró el Presidente que sale y esto mismo lo debe entender a cabalidad el Presidente que llega. El contrapeso de los Poderes Legislativo y Judicial es una realidad inobjetable en el país. La reunión recientemente celebrada entre los líderes de los tres principales partidos políticos, sienta las bases necesarias para que sea el Congreso de la Unión y ninguna otra instancia, donde se discuta y aprueben los elementos sustanciales de la reforma del Estado y los principales asuntos de la agenda política nacional. A la lucha por la Presidencia, resuelta por efectos de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 2 de julio, le sucede ahora la difícil tarea de conciliar la diversidad y por esa vía completar entre todos el proyecto de Nación que reclaman las generaciones futuras. La democracia como sistema de convivencia es siempre una obra perfectible, junto a las poderosas fuerzas materiales que mueven la globalización económica, la democracia moderna se expande como nunca en la historia contemporánea y el propio tiempo se prueba, se exige a sí misma redefiniciones. Sobreviene entonces lo que Anteni Gibbens (?), define como la democratización de las democracias . Nuestros retos actuales en este campo no concluyen ni se reducen a los procesos electorales; vendrán tiempos indudablemente de ampliación en la participación de los ciudadanos y la organización de la sociedad mediante una muy amplia gana de formas, modalidades y expresiones propias de cada una de las demandas y aspiraciones que se generan en los tiempos actuales. Serán imprescindibles el respeto y la tolerancia para avanzar. Debemos preservar y cuidar como si se tratara del ambiente de nuestra propia casa, ese ámbito que denominamos "lo plural", así sea si nos referimos a la cultura, la ideología, la convivencia social, la actividad política, las creencias religiosas, los valores regionales, generacionales, familiares o de género. Todo ello ocupará un lugar muy importante en nuestros debates acerca del futuro. Quienes ganaron la elección, enfrentarán el dilema de asimilar su nueva condición de fuerza gobernante; quienes perdimos, la de tomar distancias respecto del poder y sus efectos. Lo deseable es que ambos procesos coincidan en una misma visión para lograr lo que se conoce como suma positiva en un provecho de las instituciones, la legalidad y las esperanzas de millones de personas. Los priístas vivimos esta nueva realidad en medio de sentimientos paradójicos. No encuentro una mejor expresión que la usada por Beatriz Paredes, en esta tribuna hace apenas unos días: "al orgullo por nuestra aportación a la vida institucional del país, debemos hoy agregar la pesadumbre por la derrota; arriesgar por la democracia significa siempre arriesgar el poder". A lo largo de muchos años, los gobiernos del PRI aportaron paz social y desarrollo, pero también se cometieron errores inocultables. La democracia cobró como tributo circunstancial ¡entendámoslo bien! la derrota del PRI. Pero la vida sigue, los priístas estamos obligados a remontar de manera muy rápida ese sentimiento de pesadumbre. La realidad del país nos impele a resolver positivamente nuestras paradojas y sentimientos encontrados. Estamos en la posibilidad de convertirnos desde la oposición en una fuerza política determinante. ¡Nada, ni un solo asunto nacional de importancia, ni una sola decisión, ni un solo programa, ni una sola medida, será posible o legítima, sin nuestra concurrencia! La principal función de las oposiciones modernas es la de influir en las de cisiones de la política de estado. Sabemos que habrá que ceder en muchas cosas para lograr consensos. Pero también sabemos que habrá que luchar por otras tantas incansablemente. Muchas veces el PRI pagó los costos impopulares de decisiones gubernamentales. ¡Se acabó! el cambio que vivimos implica también un cambio en nuestra condición de partido. De ahora en adelante se abren inmejorables posibilidades a la autonomización del partido y a su liberación respecto del poder. ¡Nada en contra de los intereses del pueblo! Lo nuestro, lo del PRI será identificarnos plenamente con las mejores causas nacionales, ciudadanas y sociales. El PRI demostrará no nada más que está vivo y en pie, sino que es capaz de contribuir constructivamente a la ampliación de las libertades y los derechos de los mexicanos. Muchas gracias. PRESIDENTE: Gracias al diputado Oscar Levin Coppel. Otro tema es el referente al posicionamiento de la bancada priísta de Sinaloa, sobre la problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz. Para abordar este tema tiene la palabra el diputado Jesús Burgos Pinto, hasta por 10 minutos, del Partido Revolucionario Institucional. DIP. JESUS BURGOS PINTO: Con su permiso señor presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados: Los productores agrícolas del Estado de Sinaloa, al igual que los del resto del país, en los últimos años han sido víctimas de las políticas gubernamentales equivocadas y gravemente perjudiciales, tales como la falta de apoyos para la obtención de precios razonables para los productores de granos y oleaginosas; lo que ha ocasionado la descapitalización, empobrecimiento y la generación de cartera vencida ante las instituciones crediticias. Estas políticas han impedido que la actividad agrícola se modernice y se obtengan los avances tecnológicos que permitan que el productor tenga una competitividad y rentabilidad razonable, para que así su paquete de prácticas productivas se desarrollen en condiciones de sustentabilidad; que cumpla con la tarea de generar empleos, condiciones de seguridad social y fortalecimiento de la estructura económica de las regiones rurales del país, en donde viven aproximadamente el 30% de nuestra población y entre los que se han genera do los índices de pobreza más insultantes. Compañeras y compañeros diputados: comparezco ante esta Soberanía, para denunciar que en el Estado de Sinaloa, además de que a los productores de maíz se les impuso un precio claramente insuficiente, a pesar de los compromisos contraidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de una comercialización ágil y pagos oportunos, enfrentamos un serio problema al no recibir el pago de aproximadamente 240 mil toneladas, cuya mayor parte ya se entregaron a bodegas desde hace más de 100 días, provocando en consecuencia la generación de los intereses moratorios que causan los créditos de avío, sufriendo falta de liquidez y estrecheces no sólo para seguir adelante en nuestra actividad, en los trabajos de preparación de la tierra para el siguiente ciclo de producción, sino también enfrentando familiarmente momentos amargos de incapacidad económica para los más elementales satisfactores. En ese mismo tenor menciono que los compañeros diputados federales de los estados de Tamaulipas y Sonora se solidarizan con esta causa, ya que la problemática en comento también perjudica a los productores de esas entidades. Lo anterior se motiva por el hecho de que aún no se han liquidado sendas cosechas de maíz y trigo que están quedando fuera del Programa de Apoyo a la Comercialización. En Sinaloa lo que sufren los hombres del campo lo sufre la sociedad en general, incluidos todos los sectores y todos los segmentos porque son los productores agrícolas la estructura de distribución económica más importante de cuya suerte depende nuestra estabilidad económica y social. El pago de las 240 mil toneladas de maíz que se adeudan no ha sido efectuado, a pesar de compromisos, repito, enfatizo, a pesar de compromisos establecidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por Acerca y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior es a causa de falta de decisión para acordar institucional y formalmente la entrega de recursos de apoyo a la comercialización que importan aproximadamente 275 millones de pesos. Por otro lado, es necesario puntualizar que el gobierno de Sinaloa estableció el compromiso institucional de aportar 30 millones de pesos en apoyo a los agricultores, los que están disponibles en el momento en que el Gobierno Federal aporte lo que le corresponde. Los diputados sinaloenses del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reclamamos, exigimos que los servidores públicos de las áreas del Ejecutivo con responsabilidad en este asunto asuman precisamente, precisamente su responsabilidad, desahoguen la tramitología que dé respuesta a la gestión que las organizaciones de productores y el propio Gobernador de Sinaloa, el ciudadano Juan S. Millán, han venido desarrollando y terminen en esta ocasión con un entrampamiento cíclico, recurrente, que mucho daña la viabilidad económica de los hombres del campo y de nuestro estado en general. En virtud de lo anterior, Señor Presidente, y conforme al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía el siguiente pronunciamiento: Unico. Se aplique la cobertura de apoyos a la comercialización por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria sobre las 240 mil toneladas de maíz cosechadas en el estado de Sinaloa que se encuentran sin comercializar. Firman Diputado Víctor Gandarilla Carrasco, el de la voz, Diputada Martha Ofelia Meza Escalante, Diputado Roberto Zavala Echevarría, Diputado Rubén Félix Hays, Diputado Aaron Irizar López, Diputado Policarpo Infante Fierro, Diputado José Jaime Barrón Fonseca, Diputado Fernando Díaz de la Vega, Diputado Florentino Castro López, Diputado Enrique Aguilar Borrego. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)
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EL DIP. OSCAR LEVIN COPPEL
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Con su permiso señor Presidente. Señoras y señores diputados: Iniciamos los trabajos de esta Legislatura en un ambiente de respeto y con la plena responsabilidad de construir entre todos el rostro del país que queremos para el futuro. Paulatinamente nos alejamos de la falta de confianza generalizada y de la hostilidad y el conflicto desbocado. Ese es un buen augurio. Los ecos del último informe del Presidente Zedillo indican que el balance de su gestión ha sido esencialmente positivo. A lo largo de los últimos años el país ha logrado muchos y muy importantes avances. Bajo el impulso de la globalización, la economía mexicana ha logrado progresos que hasta hace poco tiempo eran impensado. El conjunto de nuestra estructura productiva se ha modificado y en la actualidad nuestras exportaciones, tal como se consigna en el informe que hemos recibido, ascienden a más de 160 mil millones de dólares, lo que es equivalente a las exportaciones de todos los países de América Latina en su conjunto. Los compromisos presidenciales de mantener un ritmo de crecimiento económico superior al 5%, así como una inflación menor al 10% anual, se han cumplido satisfactoriamente. Al final del mandato del Presidente Zedillo, el desempleo abierto solamente es de 2%. A diferencia de lo que en el pasado fue una especie de fatalidad, ahora se entrega una economía a salvo de la crisis sexenal recurrente. A la reconversión estructural de la economía corresponde un notable proceso de modernización tecnológica que nos pone a la altura de las nuevas exigencias de la competencia productiva y el mercado. En suma, se realizaron los cambios estructurales que nos pusieron a tono en el nuevo entorno mundial. Negar los avances del país a lo largo de estos años sería una necedad, aunque soslayar sus costos sociales, sería algo aún peor. Esa modernización económica no se ha traducido de manera clara en justicia social, el abismo distributivo sigue separando trágicamente a nuestra sociedad y la pobreza lastima la conciencia nacional. En los próximos tiempos tendremos la responsabilidad común de diseñar nuevas alternativas, ajustes y medidas de flexibilización que nos permitan armonizar las necesidades objetivas de incorporarnos a la modernización global cumpliendo al mismo tiempo con los compromisos de satisfacer las demandas socialmente exigibles. Nos incorporaremos sin duda, a todas las corrientes que en todo el orbe pugnan por una visión del desarrollo sustentable, respetuosa del entorno ecológico y sobre todo humanizadora. El dogmatismo en materia de política económica, tiene que dar paso a políticas de fomento y flexibilización. El papel del Estado como promotor tendrá que volverse la clave de los nuevos tiempos. Detrás de todo este esfuerzo de actualización material del país, se encuentra pues, el imperativo de la democracia. Nuestro país ha logrado una descomunal progresión en sus instituciones políticas, en particular me refiero a las que se encargan de la organización y sanción de los procesos electorales. Nadie hoy ni dentro ni fuera del país, cobija la menor sombra de duda acerca de la competencia y la limpieza electoral. El presidencialismo autoritario, la época monopartidista, ya son cosas del pasado; esto lo logró el Presidente que sale y esto mismo lo debe entender a cabalidad el Presidente que llega. El contrapeso de los Poderes Legislativo y Judicial es una realidad inobjetable en el país. La reunión recientemente celebrada entre los líderes de los tres principales partidos políticos, sienta las bases necesarias para que sea el Congreso de la Unión y ninguna otra instancia, donde se discuta y aprueben los elementos sustanciales de la reforma del Estado y los principales asuntos de la agenda política nacional. A la lucha por la Presidencia, resuelta por efectos de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 2 de julio, le sucede ahora la difícil tarea de conciliar la diversidad y por esa vía completar entre todos el proyecto de Nación que reclaman las generaciones futuras. La democracia como sistema de convivencia es siempre una obra perfectible, junto a las poderosas fuerzas materiales que mueven la globalización económica, la democracia moderna se expande como nunca en la historia contemporánea y el propio tiempo se prueba, se exige a sí misma redefiniciones. Sobreviene entonces lo que Anteni Gibbens (?), define como la democratización de las democracias . Nuestros retos actuales en este campo no concluyen ni se reducen a los procesos electorales; vendrán tiempos indudablemente de ampliación en la participación de los ciudadanos y la organización de la sociedad mediante una muy amplia gana de formas, modalidades y expresiones propias de cada una de las demandas y aspiraciones que se generan en los tiempos actuales. Serán imprescindibles el respeto y la tolerancia para avanzar. Debemos preservar y cuidar como si se tratara del ambiente de nuestra propia casa, ese ámbito que denominamos "lo plural", así sea si nos referimos a la cultura, la ideología, la convivencia social, la actividad política, las creencias religiosas, los valores regionales, generacionales, familiares o de género. Todo ello ocupará un lugar muy importante en nuestros debates acerca del futuro. Quienes ganaron la elección, enfrentarán el dilema de asimilar su nueva condición de fuerza gobernante; quienes perdimos, la de tomar distancias respecto del poder y sus efectos. Lo deseable es que ambos procesos coincidan en una misma visión para lograr lo que se conoce como suma positiva en un provecho de las instituciones, la legalidad y las esperanzas de millones de personas. Los priístas vivimos esta nueva realidad en medio de sentimientos paradójicos. No encuentro una mejor expresión que la usada por Beatriz Paredes, en esta tribuna hace apenas unos días: "al orgullo por nuestra aportación a la vida institucional del país, debemos hoy agregar la pesadumbre por la derrota; arriesgar por la democracia significa siempre arriesgar el poder". A lo largo de muchos años, los gobiernos del PRI aportaron paz social y desarrollo, pero también se cometieron errores inocultables. La democracia cobró como tributo circunstancial ¡entendámoslo bien! la derrota del PRI. Pero la vida sigue, los priístas estamos obligados a remontar de manera muy rápida ese sentimiento de pesadumbre. La realidad del país nos impele a resolver positivamente nuestras paradojas y sentimientos encontrados. Estamos en la posibilidad de convertirnos desde la oposición en una fuerza política determinante. ¡Nada, ni un solo asunto nacional de importancia, ni una sola decisión, ni un solo programa, ni una sola medida, será posible o legítima, sin nuestra concurrencia! La principal función de las oposiciones modernas es la de influir en las de cisiones de la política de estado. Sabemos que habrá que ceder en muchas cosas para lograr consensos. Pero también sabemos que habrá que luchar por otras tantas incansablemente. Muchas veces el PRI pagó los costos impopulares de decisiones gubernamentales. ¡Se acabó! el cambio que vivimos implica también un cambio en nuestra condición de partido. De ahora en adelante se abren inmejorables posibilidades a la autonomización del partido y a su liberación respecto del poder. ¡Nada en contra de los intereses del pueblo! Lo nuestro, lo del PRI será identificarnos plenamente con las mejores causas nacionales, ciudadanas y sociales. El PRI demostrará no nada más que está vivo y en pie, sino que es capaz de contribuir constructivamente a la ampliación de las libertades y los derechos de los mexicanos. Muchas gracias. PRESIDENTE: Gracias al diputado Oscar Levin Coppel. Otro tema es el referente al posicionamiento de la bancada priísta de Sinaloa, sobre la problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz. Para abordar este tema tiene la palabra el diputado Jesús Burgos Pinto, hasta por 10 minutos, del Partido Revolucionario Institucional. DIP. JESUS BURGOS PINTO: Con su permiso señor presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados: Los productores agrícolas del Estado de Sinaloa, al igual que los del resto del país, en los últimos años han sido víctimas de las políticas gubernamentales equivocadas y gravemente perjudiciales, tales como la falta de apoyos para la obtención de precios razonables para los productores de granos y oleaginosas; lo que ha ocasionado la descapitalización, empobrecimiento y la generación de cartera vencida ante las instituciones crediticias. Estas políticas han impedido que la actividad agrícola se modernice y se obtengan los avances tecnológicos que permitan que el productor tenga una competitividad y rentabilidad razonable, para que así su paquete de prácticas productivas se desarrollen en condiciones de sustentabilidad; que cumpla con la tarea de generar empleos, condiciones de seguridad social y fortalecimiento de la estructura económica de las regiones rurales del país, en donde viven aproximadamente el 30% de nuestra población y entre los que se han genera do los índices de pobreza más insultantes. Compañeras y compañeros diputados: comparezco ante esta Soberanía, para denunciar que en el Estado de Sinaloa, además de que a los productores de maíz se les impuso un precio claramente insuficiente, a pesar de los compromisos contraidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de una comercialización ágil y pagos oportunos, enfrentamos un serio problema al no recibir el pago de aproximadamente 240 mil toneladas, cuya mayor parte ya se entregaron a bodegas desde hace más de 100 días, provocando en consecuencia la generación de los intereses moratorios que causan los créditos de avío, sufriendo falta de liquidez y estrecheces no sólo para seguir adelante en nuestra actividad, en los trabajos de preparación de la tierra para el siguiente ciclo de producción, sino también enfrentando familiarmente momentos amargos de incapacidad económica para los más elementales satisfactores. En ese mismo tenor menciono que los compañeros diputados federales de los estados de Tamaulipas y Sonora se solidarizan con esta causa, ya que la problemática en comento también perjudica a los productores de esas entidades. Lo anterior se motiva por el hecho de que aún no se han liquidado sendas cosechas de maíz y trigo que están quedando fuera del Programa de Apoyo a la Comercialización. En Sinaloa lo que sufren los hombres del campo lo sufre la sociedad en general, incluidos todos los sectores y todos los segmentos porque son los productores agrícolas la estructura de distribución económica más importante de cuya suerte depende nuestra estabilidad económica y social. El pago de las 240 mil toneladas de maíz que se adeudan no ha sido efectuado, a pesar de compromisos, repito, enfatizo, a pesar de compromisos establecidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por Acerca y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior es a causa de falta de decisión para acordar institucional y formalmente la entrega de recursos de apoyo a la comercialización que importan aproximadamente 275 millones de pesos. Por otro lado, es necesario puntualizar que el gobierno de Sinaloa estableció el compromiso institucional de aportar 30 millones de pesos en apoyo a los agricultores, los que están disponibles en el momento en que el Gobierno Federal aporte lo que le corresponde. Los diputados sinaloenses del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reclamamos, exigimos que los servidores públicos de las áreas del Ejecutivo con responsabilidad en este asunto asuman precisamente, precisamente su responsabilidad, desahoguen la tramitología que dé respuesta a la gestión que las organizaciones de productores y el propio Gobernador de Sinaloa, el ciudadano Juan S. Millán, han venido desarrollando y terminen en esta ocasión con un entrampamiento cíclico, recurrente, que mucho daña la viabilidad económica de los hombres del campo y de nuestro estado en general. En virtud de lo anterior, Señor Presidente, y conforme al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía el siguiente pronunciamiento: Unico. Se aplique la cobertura de apoyos a la comercialización por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria sobre las 240 mil toneladas de maíz cosechadas en el estado de Sinaloa que se encuentran sin comercializar. Firman Diputado Víctor Gandarilla Carrasco, el de la voz, Diputada Martha Ofelia Meza Escalante, Diputado Roberto Zavala Echevarría, Diputado Rubén Félix Hays, Diputado Aaron Irizar López, Diputado Policarpo Infante Fierro, Diputado José Jaime Barrón Fonseca, Diputado Fernando Díaz de la Vega, Diputado Florentino Castro López, Diputado Enrique Aguilar Borrego. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)
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208
| 4
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2000-09-07
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): Muchas gracias al Diputado Jesús Burgos Pinto En el mismo tema tiene la palabra la Diputada Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN)
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Muchas gracias al Diputado Jesús Burgos Pinto En el mismo tema tiene la palabra la Diputada Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
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2000-09-07
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000907.html
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LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ(PRD): Buenas tardes. Compañeras y compañeros Diputados: No es nuevo venir a decir aquí que la agricultura en nuestro país vive una situación de bancarrota. El Tratado de Libre Comercio ha sido una desgracia para el campo mexicano. Desde su entrada en vigor miles de pequeñas y medianas empresas agrícolas y productores individuales han quebrado. La concentración de la producción agrícola constituye hoy un lastre. De cuatro millones de productores agrícolas que existían antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, hoy participan sólo 300 mil en el mercado. La causa es muy clara: la irresponsabilidad de las autoridades en la materia permitió que el sector agrícola nacional enfrentara la competencia desleal de alimentos estadounidenses. Importados bajo condiciones de dumping, estos productos norteamericanos sí son verdaderamente subsidiados. En cambio aquí en nuestro país han querido y lo han hecho con un programa de Procampo, que únicamente ha sido un programa nefasto, faccioso, para épocas electorales, dándoselo y concentrando selo en unos cuantos productores. Como resultado, los problemas que enfrentan hoy los productores agrícolas de nuestro país son obvios. La cartera vencida ha crecido en más de 300 por ciento, pasando de 8,102 millones de pesos en el '94, el año pasado subió a 27 mil millones de pesos. Así pues, compañeras y compañeros Diputados, las cifras que presenta Zedillo en su Informe, en el rubro de Política Agropecuaria, son totalmente falsas, pues jamás informa que la descapitalización del campo es producto de una drástica y criminal reducción del financiamiento en el sector. Tan sólo en el 94 al 99 el crédito para el sector agropecuario se redujo en un 60.8 por ciento. Tampoco nos informa que por falta de apoyo la superficie sembrada y cosechada disminuyó un 30 por ciento del '94 al '98, de 6.5 millones de hectáreas que se habilitaban hoy solamente, actual mente, se habilitan 750 mil y las demás hectáreas los productores han decidido rentarlas y por eso tenemos ejidos completos ante el rentismo, porque les conviene mucho más rentar sus parcelas y convertirse en trabajadores de sus propias parcelas, que esperar a los precios de comercialización de sus productos. Estamos importando al año más de 15 millones de toneladas de alimentos básicos. Tan sólo de maíz importamos 7 millones de toneladas anuales, rebajando incluso los cupos de importación impuestos por el mismo Tratado de Libre Comercio. Un país que no produce lo que consume en alimentos se ve vulnerado en su soberanía, como es el caso de nuestro país, México. Pero cómo no va a estar en esta situación el campo mexicano si Zedillo condiciona antes que financiar el sector, ¡prefirió que México fuera ejemplo de deudor cumplido ante los grandes acreedores internacionales! Bien se ha dicho, desde Echeverría, que nuestros Presidentes han sido "candil de la calle y oscuridad de su casa". Si antes de beneficiar a los campesinos Zedillo prefirió rescatar a los delincuentes de cuello blanco a través del Fobaproa, del res cate a las carreteras, ¡pero jamás al campo! Desde el nefasto Salinas, que está muy a gusto viviendo en el extranjero con nuestro dinero, teniendo que emigrar las familias. Históricamente la agricultura mexicana había recibido como una forma de apoyo un sistema de precios de garantía para los productos agrícolas básicos que operaba y era instrumentado por la Conasupo. Sin embargo, con el arribo al poder de los neoliberales los precios de garantía fueron eliminados y la Conasupo fue liquidada y no se ha hecho algo parecido para beneficiar a los campesinos, todo ello con el propósito de establecer el neoliberal sistema de precio de indiferencia. Se señaló a partir de entonces que los apoyos a la comercialización de los productos agrícolas se otorgarían de manera directa por parte de Acerca, programa que no ha funcionado. Cada ciclo los compañeros productores tienen que tomar carreteras como ha pasado con Sinaloa, Sonora, casetas han quemado cinco hectáreas de trigo, porque no se les da otra forma de protestar para que se les pueda hacer justicia en sus productos. El pronunciamiento de la diputación sinaloense del PRI sobre el burocratismo del funcionamiento de Acerca, que está retrasando el pago de 240 mil toneladas de maíz cosechadas en Sinaloa y que para el PRD, es sin embargo un pronunciamiento insuficiente. Lo es porque no incluye la problemática, por ejemplo, de los producto res de trigo de algodón, sobre todo en mi entidad, Sonora. Y es insuficiente porque ataca tan solo los efectos de una errónea política comercial y no su origen. Sin embargo, el grupo parlamentario apoyamos en seis años si Zedillo hundió más a los productores agrícolas, también pasará a la historia como el Presidente enterrador del campo mexicano. Gracias. (aplausos)
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LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ(PRD)
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Buenas tardes. Compañeras y compañeros Diputados: No es nuevo venir a decir aquí que la agricultura en nuestro país vive una situación de bancarrota. El Tratado de Libre Comercio ha sido una desgracia para el campo mexicano. Desde su entrada en vigor miles de pequeñas y medianas empresas agrícolas y productores individuales han quebrado. La concentración de la producción agrícola constituye hoy un lastre. De cuatro millones de productores agrícolas que existían antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, hoy participan sólo 300 mil en el mercado. La causa es muy clara: la irresponsabilidad de las autoridades en la materia permitió que el sector agrícola nacional enfrentara la competencia desleal de alimentos estadounidenses. Importados bajo condiciones de dumping, estos productos norteamericanos sí son verdaderamente subsidiados. En cambio aquí en nuestro país han querido y lo han hecho con un programa de Procampo, que únicamente ha sido un programa nefasto, faccioso, para épocas electorales, dándoselo y concentrando selo en unos cuantos productores. Como resultado, los problemas que enfrentan hoy los productores agrícolas de nuestro país son obvios. La cartera vencida ha crecido en más de 300 por ciento, pasando de 8,102 millones de pesos en el '94, el año pasado subió a 27 mil millones de pesos. Así pues, compañeras y compañeros Diputados, las cifras que presenta Zedillo en su Informe, en el rubro de Política Agropecuaria, son totalmente falsas, pues jamás informa que la descapitalización del campo es producto de una drástica y criminal reducción del financiamiento en el sector. Tan sólo en el 94 al 99 el crédito para el sector agropecuario se redujo en un 60.8 por ciento. Tampoco nos informa que por falta de apoyo la superficie sembrada y cosechada disminuyó un 30 por ciento del '94 al '98, de 6.5 millones de hectáreas que se habilitaban hoy solamente, actual mente, se habilitan 750 mil y las demás hectáreas los productores han decidido rentarlas y por eso tenemos ejidos completos ante el rentismo, porque les conviene mucho más rentar sus parcelas y convertirse en trabajadores de sus propias parcelas, que esperar a los precios de comercialización de sus productos. Estamos importando al año más de 15 millones de toneladas de alimentos básicos. Tan sólo de maíz importamos 7 millones de toneladas anuales, rebajando incluso los cupos de importación impuestos por el mismo Tratado de Libre Comercio. Un país que no produce lo que consume en alimentos se ve vulnerado en su soberanía, como es el caso de nuestro país, México. Pero cómo no va a estar en esta situación el campo mexicano si Zedillo condiciona antes que financiar el sector, ¡prefirió que México fuera ejemplo de deudor cumplido ante los grandes acreedores internacionales! Bien se ha dicho, desde Echeverría, que nuestros Presidentes han sido "candil de la calle y oscuridad de su casa". Si antes de beneficiar a los campesinos Zedillo prefirió rescatar a los delincuentes de cuello blanco a través del Fobaproa, del res cate a las carreteras, ¡pero jamás al campo! Desde el nefasto Salinas, que está muy a gusto viviendo en el extranjero con nuestro dinero, teniendo que emigrar las familias. Históricamente la agricultura mexicana había recibido como una forma de apoyo un sistema de precios de garantía para los productos agrícolas básicos que operaba y era instrumentado por la Conasupo. Sin embargo, con el arribo al poder de los neoliberales los precios de garantía fueron eliminados y la Conasupo fue liquidada y no se ha hecho algo parecido para beneficiar a los campesinos, todo ello con el propósito de establecer el neoliberal sistema de precio de indiferencia. Se señaló a partir de entonces que los apoyos a la comercialización de los productos agrícolas se otorgarían de manera directa por parte de Acerca, programa que no ha funcionado. Cada ciclo los compañeros productores tienen que tomar carreteras como ha pasado con Sinaloa, Sonora, casetas han quemado cinco hectáreas de trigo, porque no se les da otra forma de protestar para que se les pueda hacer justicia en sus productos. El pronunciamiento de la diputación sinaloense del PRI sobre el burocratismo del funcionamiento de Acerca, que está retrasando el pago de 240 mil toneladas de maíz cosechadas en Sinaloa y que para el PRD, es sin embargo un pronunciamiento insuficiente. Lo es porque no incluye la problemática, por ejemplo, de los producto res de trigo de algodón, sobre todo en mi entidad, Sonora. Y es insuficiente porque ataca tan solo los efectos de una errónea política comercial y no su origen. Sin embargo, el grupo parlamentario apoyamos en seis años si Zedillo hundió más a los productores agrícolas, también pasará a la historia como el Presidente enterrador del campo mexicano. Gracias. (aplausos)
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EL C. VICEPRESIDENTE DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Gracias a la diputada Petra Santos Ortíz. Con el mismo tema tiene la palabra el diputado Juan Manuel Martínez Nava, hasta por cinco minutos, del Partido Revolucionario Institucional.
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EL C. VICEPRESIDENTE DIP. ELOY CANTU SEGOVIA
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Gracias a la diputada Petra Santos Ortíz. Con el mismo tema tiene la palabra el diputado Juan Manuel Martínez Nava, hasta por cinco minutos, del Partido Revolucionario Institucional.
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EL C. DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA (PRI): Señor Presidente; Honorable Asamblea: No hay duda que la problemática del campo mexicano es muy importante y que aquí ya se han hecho importantes señalamientos. Solicite hacer uso de la palabra para cumplir con un mandato de los ciudadanos de mi estado y de mi distrito en el Estado de México y en San Felipe del Progreso, que reiteradamente le hicieron a su servidor diversos señalamientos, porque ellos son productores de maíz. La apertura incondicional y total del país a la importación de productos agropecuarios no hay duda que ha sido perjudicial para los millones de productores mexicanos, particularmente los de maíz y de otros granos. Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio el 1° de enero de 1994, se abrió el mercado mexicano indiscriminadamente a la importación de maíz y de otros productos agropecuarios, particularmente norteamericanos. Los productores norteamericanos hacen su trabajo con mayor tecnología, con mayores subsidios, sus costos de producción son menores a los de los campesinos mexicanos del norte, del centro o del sur del país. La productividad de los granjeros norteamericanos es mas alta que la de nuestros agricultores, sus superficies de cultivos son mayores que las nuestras y sus costos de producción son más bajos que los nuestros. En esos términos, en los de ellos, sí es negocio cultivar y vender maíz a cien dólares la tonelada, pero para los productores mexicanos no lo es ni para los tecnificados y con infraestructura de riego, ni mucho menos para los ejidatarios con pequeñas superficies cultivadas, muchas de ellas de temporal en el centro y en el sur del país. No ha sido afortunada esta libre e incondicional apertura a la competencia, porque no ha sido una competencia entre iguales. En este como en otros casos los resultados han sido perjudiciales económica y socialmente para los productores, campesinos, indígenas, pequeños productores mexicanos que cultivan y producen maíz. Algunos datos macro. Antes del Tratado de Libre Comercio la producción nacional de maíz creció hasta 1993 en 7.5 millones de toneladas. Después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio disminuyó la producción de maíz en 1.7 millones de toneladas, de 1994 a 1998. Además de este dato derivado de una competencia entre desiguales, debo señalar que la política de autorización de importaciones por parte de la SECOFI no ha sido leal con los intereses de los productores mexicanos por varias razones. En primer lugar cito que entre 1996 y 1998, que fueron años de alta productividad de maíz, la SECOFI autorizó la importación de 5.8 millones de toneladas; esto derrumbó automáticamente los precios nacionales de maíz. En 1998 se autorizó sin arancel la importación de 5.2 millones de toneladas, cuando la cuota establecida era de 2.8 millones; otra vez el precio nacional de maíz se vino para abajo. Otro hecho. La SECOFI autoriza la importación de millones de toneladas de maíz y de granos en general desde los meses en que se inician las cosechas y no espera 3 ó 4 ó hasta 6 meses para que los productores nacionales realicen su venta y abastezcan con su capacidad productiva y con suficiencia el mercado nacional. Esta competencia castiga a los productores nacionales. Quiero referir algunos datos que evidencian que no se recupera lo que se obtiene con los promedios de cosecha nacional de maíz por hectárea respecto con el precio tan castigado a 1,300 pesos la tonelada. Por ejemplo, el costo de una hectárea de riego para cultivarla es de $6,400 pesos y se produce en promedio 4.2 toneladas, $5,460 pesos de ingresos contra 6, 400 de gastos. Quiero dar otro dato por favor, un kilo de maíz cuesta 1 pesos con 30 centavos, un kilo de fertilizantes cuesta 1 peso con 60 centavos, un litro de diesel cuesta 4 pesos 27 centavos, un litro de herbicida cuesta 52.5 pesos, un litro de refresco cuesta 5 pesos, un litro de leche también, un cuaderno de 100 hojas cuesta 9 pesos, desde esta tribuna su servidor y los diputados del PRI del Estado de México acompañamos los planteamientos de nuestros compañeros de Sinaloa y expresamos la demanda de miles de campesinos de nuestro estado y seguramente de muchos estados de nuestro país para que se revisen estas políticas y el propio Tratado de Libre Comercio en el capítulo correspondiente. Es cuanto señor Presidente (aplausos)
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EL C. DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA (PRI)
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Señor Presidente; Honorable Asamblea: No hay duda que la problemática del campo mexicano es muy importante y que aquí ya se han hecho importantes señalamientos. Solicite hacer uso de la palabra para cumplir con un mandato de los ciudadanos de mi estado y de mi distrito en el Estado de México y en San Felipe del Progreso, que reiteradamente le hicieron a su servidor diversos señalamientos, porque ellos son productores de maíz. La apertura incondicional y total del país a la importación de productos agropecuarios no hay duda que ha sido perjudicial para los millones de productores mexicanos, particularmente los de maíz y de otros granos. Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio el 1° de enero de 1994, se abrió el mercado mexicano indiscriminadamente a la importación de maíz y de otros productos agropecuarios, particularmente norteamericanos. Los productores norteamericanos hacen su trabajo con mayor tecnología, con mayores subsidios, sus costos de producción son menores a los de los campesinos mexicanos del norte, del centro o del sur del país. La productividad de los granjeros norteamericanos es mas alta que la de nuestros agricultores, sus superficies de cultivos son mayores que las nuestras y sus costos de producción son más bajos que los nuestros. En esos términos, en los de ellos, sí es negocio cultivar y vender maíz a cien dólares la tonelada, pero para los productores mexicanos no lo es ni para los tecnificados y con infraestructura de riego, ni mucho menos para los ejidatarios con pequeñas superficies cultivadas, muchas de ellas de temporal en el centro y en el sur del país. No ha sido afortunada esta libre e incondicional apertura a la competencia, porque no ha sido una competencia entre iguales. En este como en otros casos los resultados han sido perjudiciales económica y socialmente para los productores, campesinos, indígenas, pequeños productores mexicanos que cultivan y producen maíz. Algunos datos macro. Antes del Tratado de Libre Comercio la producción nacional de maíz creció hasta 1993 en 7.5 millones de toneladas. Después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio disminuyó la producción de maíz en 1.7 millones de toneladas, de 1994 a 1998. Además de este dato derivado de una competencia entre desiguales, debo señalar que la política de autorización de importaciones por parte de la SECOFI no ha sido leal con los intereses de los productores mexicanos por varias razones. En primer lugar cito que entre 1996 y 1998, que fueron años de alta productividad de maíz, la SECOFI autorizó la importación de 5.8 millones de toneladas; esto derrumbó automáticamente los precios nacionales de maíz. En 1998 se autorizó sin arancel la importación de 5.2 millones de toneladas, cuando la cuota establecida era de 2.8 millones; otra vez el precio nacional de maíz se vino para abajo. Otro hecho. La SECOFI autoriza la importación de millones de toneladas de maíz y de granos en general desde los meses en que se inician las cosechas y no espera 3 ó 4 ó hasta 6 meses para que los productores nacionales realicen su venta y abastezcan con su capacidad productiva y con suficiencia el mercado nacional. Esta competencia castiga a los productores nacionales. Quiero referir algunos datos que evidencian que no se recupera lo que se obtiene con los promedios de cosecha nacional de maíz por hectárea respecto con el precio tan castigado a 1,300 pesos la tonelada. Por ejemplo, el costo de una hectárea de riego para cultivarla es de $6,400 pesos y se produce en promedio 4.2 toneladas, $5,460 pesos de ingresos contra 6, 400 de gastos. Quiero dar otro dato por favor, un kilo de maíz cuesta 1 pesos con 30 centavos, un kilo de fertilizantes cuesta 1 peso con 60 centavos, un litro de diesel cuesta 4 pesos 27 centavos, un litro de herbicida cuesta 52.5 pesos, un litro de refresco cuesta 5 pesos, un litro de leche también, un cuaderno de 100 hojas cuesta 9 pesos, desde esta tribuna su servidor y los diputados del PRI del Estado de México acompañamos los planteamientos de nuestros compañeros de Sinaloa y expresamos la demanda de miles de campesinos de nuestro estado y seguramente de muchos estados de nuestro país para que se revisen estas políticas y el propio Tratado de Libre Comercio en el capítulo correspondiente. Es cuanto señor Presidente (aplausos)
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EL C. PRESIDENTE: Gracias al diputado Juan Manuel Martínez Nava, para el mismo tema tiene la palabra el diputado Francisco Salvador López Brito del Partido de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
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EL C. PRESIDENTE
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Gracias al diputado Juan Manuel Martínez Nava, para el mismo tema tiene la palabra el diputado Francisco Salvador López Brito del Partido de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
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EL C. DIPUTADO FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO (P.A.N.): Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, compañeras y compañeros Diputados. Efectivamente el Estado de Sinaloa es productor líder a nivel nacional de maíz y en este momento miles de productores se encuentran en una situación social y económica grave por el hecho de que más de 240 mil toneladas de maíz ya entregadas no se les ha liquidado. Esto, señores Diputados, no es producto de la casualidad sino de una política errática hacia el campo mexicano por parte del Gobierno Federal. Tal parece que la situación que se está viviendo en Sinaloa al parecer se está tratando con un castigo a la productividad de la gente del campo, estamos plenamente enterados que la Secretaría de Comercio para complicar aún más este problema, ha venido liberando permisos de importación al maíz durante todo el año congestionando con ello el mercado y los destinos del maíz producido en mi Estado. Por lo tanto es responsabilidad directa del Ejecutivo Federal la solución al problema de comercialización al maíz de Sinaloa. Estamos también enterados que los recursos presupuestales están aprobados y disponibles, pero al parecer la entidad descentralizada de la Secretaría de Agricultura AS ERCA Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria no cumplió con la normatividad excediéndose en volúmenes y recursos asignados en situaciones sospechosas y no muy claras. Por otra parte es conveniente además de una investigación a ASERCA analizar el por qué algunas empresas también no han cumplido con la normatividad, nos sorprende pero nos da mucho gusto el que los diputados del PRI se interesen por buscar solución a este problema cuando en la LVI I Legislatura la misma bancada se opuso a incrementar el presupuesto de apoyos a la comercialización de granos a nivel nacional al revisar el Presupuesto en diciembre del '99. Por todo lo anterior, propongo compañeros diputados, en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional: Primero. lograr un punto de acuerdo con todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara para que firmemos dicho acuerdo enviando, por parte de esta alta representación, una excitativa a las Secretarías de Hacienda, Comercio, Agricultura y a la entidad descentralizada ACERCA para que liberen los recursos ya asignados en el Presupuesto y se pague a los productores de maíz del Estado de Sinaloa los adeudos que tienen con ellos y evitar el grave problema social que en estos momentos está provocando. Y segundo llegar y los invito a todos, a consensos para trabajar en esta Legislatura para apoyar decididamente al campo mexicano. Muchas gracias. (aplausos)
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EL C. DIPUTADO FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO (P.A.N.)
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Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, compañeras y compañeros Diputados. Efectivamente el Estado de Sinaloa es productor líder a nivel nacional de maíz y en este momento miles de productores se encuentran en una situación social y económica grave por el hecho de que más de 240 mil toneladas de maíz ya entregadas no se les ha liquidado. Esto, señores Diputados, no es producto de la casualidad sino de una política errática hacia el campo mexicano por parte del Gobierno Federal. Tal parece que la situación que se está viviendo en Sinaloa al parecer se está tratando con un castigo a la productividad de la gente del campo, estamos plenamente enterados que la Secretaría de Comercio para complicar aún más este problema, ha venido liberando permisos de importación al maíz durante todo el año congestionando con ello el mercado y los destinos del maíz producido en mi Estado. Por lo tanto es responsabilidad directa del Ejecutivo Federal la solución al problema de comercialización al maíz de Sinaloa. Estamos también enterados que los recursos presupuestales están aprobados y disponibles, pero al parecer la entidad descentralizada de la Secretaría de Agricultura AS ERCA Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria no cumplió con la normatividad excediéndose en volúmenes y recursos asignados en situaciones sospechosas y no muy claras. Por otra parte es conveniente además de una investigación a ASERCA analizar el por qué algunas empresas también no han cumplido con la normatividad, nos sorprende pero nos da mucho gusto el que los diputados del PRI se interesen por buscar solución a este problema cuando en la LVI I Legislatura la misma bancada se opuso a incrementar el presupuesto de apoyos a la comercialización de granos a nivel nacional al revisar el Presupuesto en diciembre del '99. Por todo lo anterior, propongo compañeros diputados, en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional: Primero. lograr un punto de acuerdo con todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara para que firmemos dicho acuerdo enviando, por parte de esta alta representación, una excitativa a las Secretarías de Hacienda, Comercio, Agricultura y a la entidad descentralizada ACERCA para que liberen los recursos ya asignados en el Presupuesto y se pague a los productores de maíz del Estado de Sinaloa los adeudos que tienen con ellos y evitar el grave problema social que en estos momentos está provocando. Y segundo llegar y los invito a todos, a consensos para trabajar en esta Legislatura para apoyar decididamente al campo mexicano. Muchas gracias. (aplausos)
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Librado Treviño Gutiérrez, del parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Librado Treviño Gutiérrez, del parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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EL C. DIP. LIBRADO TREVIÑO GUTIERREZ: Señor Presidente. Honorable Asamblea: Seré muy breve. En los últimos seis años, el problema fundamental del sistema de producción de granos del país se refleja en una drástica carda del ingreso de los productores originada por la fuerte depresión de los precios internacionales de los granos y un incremento persistente en los costos nacionales de los principales insumos, lo que ha colapsado la rentabilidad de amplios segmentos del sistema de producción. Es muy importante considerar que los precios internacionales de los últimos años no reflejan precisamente la sana relación entre la oferta y la demanda de un mercado global ya abierto, más bien representa la fuerte distorsión de mercado ocasionada por los cuantiosos apoyos y subsidios que en los Estados Unidos de Norteamérica se da a sus productores, particularmente a partir del '96. En Estados Unidos, en el '96, ponen en marcha los apoyos directos del pro grama de flexibilidad de cultivos, mismos que estarán vigentes hasta el año del 2002. A su vez, aquí en México no se han cumplido con los compromisos de transferencias que en términos de Presupuesto de Egresos se estableció en 1994. Se establecieron con la finalidad de compensar las asimetrías que ocasionan esos subsidios otorgados ante nuestros competidores. Ante un escenario de mercados abiertos y en contraparte, a partir del '95, el monto de transferencias directas se ha reducido drásticamente y que lo diga la SAGAR, sin aprovechar en lo más mínimo los márgenes disponibles y que lo diga HACIENDA, en los términos de la ronda de Uruguay y publicados en el Diario Oficial el 30 de diciembre del mismo año de 1995. Paralelo a lo anterior, las perspectivas del mercado internacional de los granos reflejan precios inferiores a los del presente y no podemos hacer nada ante eso, no hay quien fije precios en el mundo; ¿qué podemos hacer frente a los tipos de cambio de las monedas? ¿Frente a las subidas y bajadas de las bolsas? ¿Frente al aumento o el descenso de los precios del petróleo? ¿ Frente a los fenómenos atmosféricos o a las producciones altas por la alta tecnología de nuestros productores? ¿Qué podemos hacer frente a los conflictos bélicos en el mundo y muchas cosas más que nos afectan a los productores, especialmente a los pobres, a los ejidatarios, a los aparcelados y a los comuneros? La diputación priísta de Tamaulipas apoya la propuesta de Sinaloa, del Estado de México y de todas las fracciones parlamentarias para que se pague la cobertura de apoyo a la comercializaci6n de maíz, ¿por que tenemos 150 mil toneladas pendientes y 80 mil en estos momentos en bodega?, y que a través de ACERCA, como único responsable y órgano desconcentrado de la SAGAR, se le da el visto bueno también por parte de Hacienda, y que a la mayor brevedad se pague, porque creo que desde este recinto fijaremos el rumbo, compañeros legisladores. Fijaremos el rumbo de recuperar la rentabilidad, de ir recuperando esta rentabilidad perdida en los últimos años, de ir recapitalizando el campo y de sostener un ingreso mínimo para compensar las asimetrías de los subsidios que se dan a nuestros competidores. Muchas gracias.
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EL C. DIP. LIBRADO TREVIÑO GUTIERREZ
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Señor Presidente. Honorable Asamblea: Seré muy breve. En los últimos seis años, el problema fundamental del sistema de producción de granos del país se refleja en una drástica carda del ingreso de los productores originada por la fuerte depresión de los precios internacionales de los granos y un incremento persistente en los costos nacionales de los principales insumos, lo que ha colapsado la rentabilidad de amplios segmentos del sistema de producción. Es muy importante considerar que los precios internacionales de los últimos años no reflejan precisamente la sana relación entre la oferta y la demanda de un mercado global ya abierto, más bien representa la fuerte distorsión de mercado ocasionada por los cuantiosos apoyos y subsidios que en los Estados Unidos de Norteamérica se da a sus productores, particularmente a partir del '96. En Estados Unidos, en el '96, ponen en marcha los apoyos directos del pro grama de flexibilidad de cultivos, mismos que estarán vigentes hasta el año del 2002. A su vez, aquí en México no se han cumplido con los compromisos de transferencias que en términos de Presupuesto de Egresos se estableció en 1994. Se establecieron con la finalidad de compensar las asimetrías que ocasionan esos subsidios otorgados ante nuestros competidores. Ante un escenario de mercados abiertos y en contraparte, a partir del '95, el monto de transferencias directas se ha reducido drásticamente y que lo diga la SAGAR, sin aprovechar en lo más mínimo los márgenes disponibles y que lo diga HACIENDA, en los términos de la ronda de Uruguay y publicados en el Diario Oficial el 30 de diciembre del mismo año de 1995. Paralelo a lo anterior, las perspectivas del mercado internacional de los granos reflejan precios inferiores a los del presente y no podemos hacer nada ante eso, no hay quien fije precios en el mundo; ¿qué podemos hacer frente a los tipos de cambio de las monedas? ¿Frente a las subidas y bajadas de las bolsas? ¿Frente al aumento o el descenso de los precios del petróleo? ¿ Frente a los fenómenos atmosféricos o a las producciones altas por la alta tecnología de nuestros productores? ¿Qué podemos hacer frente a los conflictos bélicos en el mundo y muchas cosas más que nos afectan a los productores, especialmente a los pobres, a los ejidatarios, a los aparcelados y a los comuneros? La diputación priísta de Tamaulipas apoya la propuesta de Sinaloa, del Estado de México y de todas las fracciones parlamentarias para que se pague la cobertura de apoyo a la comercializaci6n de maíz, ¿por que tenemos 150 mil toneladas pendientes y 80 mil en estos momentos en bodega?, y que a través de ACERCA, como único responsable y órgano desconcentrado de la SAGAR, se le da el visto bueno también por parte de Hacienda, y que a la mayor brevedad se pague, porque creo que desde este recinto fijaremos el rumbo, compañeros legisladores. Fijaremos el rumbo de recuperar la rentabilidad, de ir recuperando esta rentabilidad perdida en los últimos años, de ir recapitalizando el campo y de sostener un ingreso mínimo para compensar las asimetrías de los subsidios que se dan a nuestros competidores. Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Librado Treviño Gutiérrez. Para otro asunto, para hacer un pronunciamiento en materia de política exterior, se concede el uso de la palabra por diez minutos, al diputado Gustavo Lugo Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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EL C. PRESIDENTE
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Gracias diputado Librado Treviño Gutiérrez. Para otro asunto, para hacer un pronunciamiento en materia de política exterior, se concede el uso de la palabra por diez minutos, al diputado Gustavo Lugo Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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EL C. DIP. GUSTAVO LUGO ESPI NOZA: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: La integración latinoamericana ha sido uno de nuestros más grandes anhelos. Los latinoamericanos desde hace más de un siglo hemos buscado formar una sola comunidad de propósitos, y aunque sólo lo hemos logrado parcialmente, nuestro objetivo sigue vigente. Tenemos que integrarnos en una sola voz para representar mejor nuestras mejores economías y nuestros valores culturales. En un mundo cada vez más independiente, debe ser también nuestra meta política para el siglo que apenas empieza. Los latinoamericanos no evadimos la globalización, sino por el contrario, queremos sacar el mayor provecho de ella, pero queremos una globalización que sea democrática y justa. Queremos que los beneficios y las cargas de la globalización se distribuyan de acuerdo al tamaño de la economía de cada uno de los países, y también queremos estar mejor equipados para navegar por los difíciles mares de la globalización. El desplazamiento de grandes volúmenes de dinero de un lugar a otro del planeta ha trastocado la certeza con la que hasta hace poco se manejaban las economías nacionales. La desaparición de aranceles para los que se produce un país entre libremente de otros, muchas veces productores de los mismos bienes, han generado cambios profundos en la estructura productiva de los países en vías de desarrollo. La liberación y desregulación del funcionamiento de las institucionales nacionales se han traducido en el crecimiento del crimen organizado a nivel mundial. En una palabra, nos encontramos ante un cambio de civilización. La respuesta de casi todos los países de orbe, cambio de relaciones que implica la globalización, ha sido la integración en bloques regionales para sortear mejor la creciente competitividad económica y comercial. En América del Norte se creó una zona de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos; en el encono sur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay forman el Merco Sur; la Comunidad Andina de naciones reforzó el mandato del Pacto Andino; en Europa se consolidó la Unión Europea a través de la puesta en marcha de la moneda común; en los países que conformaron la Unión Soviética surgió la Comunidad de Estados Independientes. Los tigres asiáticos se unieron en la Cooperación Económica de Asia Pacífico; las naciones centroamericanas se congregan en el Mercado Común de Centroamérica, y las del Caribe en el Acuerdo de Asociación de Estados del Caribe. Es así, con distintos alcances y matices, las naciones del mundo se reagrupan para ocupar un mejor lugar en el nuevo escenario mundial. En la actualidad no sólo los países se reúnen en mecanismos supranacionales, también lo hacen los parlamentos que han decidido tener una sola voz para ser más eficaces en la defensa y promoción de sus representados. La integración a la que quiero referirme no es nostálgica, es por el contrario, un mecanismo renovado de vinculación de todas las naciones latinoamericanas. Vivimos nuevos tiempos y asumimos los cambios que éstos han traído. . nuevos tiempos y asumimos los cambios que estos han tra~do. Por lo tanto, resultaría anacrónico adoptar modelos superados o propuestos para la etapa en la que nuestros países tenían economías cerradas. No, la nueva integración de América Latina no puede perder de vista los alcances de la globalización, la creación de otros bloques regionales y las nuevas etapas de competencia internacional, una vocación internacionalista, una conciencia del valor de la diplomacia que una convicción política permiten ver más allá de las ventajas económicas y comerciales de corto plazo que el compartir fronteras significativas. Nuestra tradición cultural y nuestra vocación latinoamericanista, son los soportes que permiten impulsar la integración a América del Sur con México, Centroamérica y el Caribe. Que cada subregión al interior de la región latinoamericana, desarrolle con sus vecinos el esquema de la integración que más le convenga pero que no se cancele la posibilidad de convertir a Latinoamérica en una gran región del mundo. Simón Bolívar, desde el exilio escribió la Carta de Jamaica, en donde se esboza un grandioso panorama para América independiente, un conglomerado de repúblicas constitucionalistas, desde Argentina hasta México. A pesar de que fue escrita ya hace muchos años, ésta carta sigue siendo una guía para nuestro propósito integrador, que no debe perder de vista que más allá de los intercambios comerciales y la apertura de fronteras, los países latinoamericanos compartimos una comunidad de intereses culturales, de lengua, de idiosincrasia y de costumbres. Ahora más que nunca debemos hacer un esfuerzo para que respetando las integraciones regionales que se han constituido entre distintos países de América Latina y el Caribe, nos unamos en una gran comunidad. La integración latinoamericana no puede ser de solo unos cuantos países, por razones hist6ricas, por los vínculos que nos unen, pero también por las perspectivas de largo alcance. La integración debe ser una empresa en la que participen todos los países, incluido el nuestro. Dejar fuera de este noble propósito al Caribe, equivale a condenar a las islas que lo integran al aislamiento, no incluir a Centroamérica es tanto como negarle a los países que conformar ese pedazo de tierra que une al sur con el norte, del contingente, una oportunidad de crecimiento y de desarrollo, y congruente con su trayectoria, México seguirá jugando un papel preponderante en la vinculación de Latinoamérica, podrá señalarse que Bolívar y Martí, se han convertido en iconos de la ideología latinoamericana porque soñaban con un espacio común a lo largo y a lo ancho de la región. Hoy más que nunca sus ideas están vigentes, porque la piedra angular de su planteamiento es la afinidad cultural a pesar de las crecientes diferentes económicas. La reciente visita del Presidente de la República Argentina a nuestro país, es un ejemplo de cómo los latinoamericanos a pesar de buscar nuevas alianzas de tipo comercial en otras latitudes, robustecemos periódicamente los lazos que nos unen, La presencia del Presidente De la Rúa y la valoración que da a sus lazos con México nos permite subrayar lo trascendente que son las relaciones entre los países del Cono Sur y la región latinoamericana del América del Norte. En una alianza estratégica entre los países del Mercosur México, a la que no podemos renunciar y que apoyaremos desde nuestra esfera legislativa, en este sentido, compañeros diputados, esperamos que las promesas del Presidente electo, en cuanto a se reforzarían las afinidades que nos unen con Latinoamérica se cumplan y veamos florecer una nueva etapa en las relaciones diplomáticas, políticas, económicas, comerciales y de cooperación con todos los países latinoamericanos y caribeños sin excepción, No hay sueños imposibles, Bolívar lo demostró frente a un enemigo más poderoso y numeroso, al que derrotó. Hoy América Latina y el Caribe, integrados en un sueño boliviano común, pueden volver a derrotar a enemigos igual de poderosos y numerosos. Vayamos en pos de una integración que refleje el espíritu incluyente y plural de la vocación política latinoamericana. Muchas gracias.
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EL C. DIP. GUSTAVO LUGO ESPI NOZA
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Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: La integración latinoamericana ha sido uno de nuestros más grandes anhelos. Los latinoamericanos desde hace más de un siglo hemos buscado formar una sola comunidad de propósitos, y aunque sólo lo hemos logrado parcialmente, nuestro objetivo sigue vigente. Tenemos que integrarnos en una sola voz para representar mejor nuestras mejores economías y nuestros valores culturales. En un mundo cada vez más independiente, debe ser también nuestra meta política para el siglo que apenas empieza. Los latinoamericanos no evadimos la globalización, sino por el contrario, queremos sacar el mayor provecho de ella, pero queremos una globalización que sea democrática y justa. Queremos que los beneficios y las cargas de la globalización se distribuyan de acuerdo al tamaño de la economía de cada uno de los países, y también queremos estar mejor equipados para navegar por los difíciles mares de la globalización. El desplazamiento de grandes volúmenes de dinero de un lugar a otro del planeta ha trastocado la certeza con la que hasta hace poco se manejaban las economías nacionales. La desaparición de aranceles para los que se produce un país entre libremente de otros, muchas veces productores de los mismos bienes, han generado cambios profundos en la estructura productiva de los países en vías de desarrollo. La liberación y desregulación del funcionamiento de las institucionales nacionales se han traducido en el crecimiento del crimen organizado a nivel mundial. En una palabra, nos encontramos ante un cambio de civilización. La respuesta de casi todos los países de orbe, cambio de relaciones que implica la globalización, ha sido la integración en bloques regionales para sortear mejor la creciente competitividad económica y comercial. En América del Norte se creó una zona de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos; en el encono sur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay forman el Merco Sur; la Comunidad Andina de naciones reforzó el mandato del Pacto Andino; en Europa se consolidó la Unión Europea a través de la puesta en marcha de la moneda común; en los países que conformaron la Unión Soviética surgió la Comunidad de Estados Independientes. Los tigres asiáticos se unieron en la Cooperación Económica de Asia Pacífico; las naciones centroamericanas se congregan en el Mercado Común de Centroamérica, y las del Caribe en el Acuerdo de Asociación de Estados del Caribe. Es así, con distintos alcances y matices, las naciones del mundo se reagrupan para ocupar un mejor lugar en el nuevo escenario mundial. En la actualidad no sólo los países se reúnen en mecanismos supranacionales, también lo hacen los parlamentos que han decidido tener una sola voz para ser más eficaces en la defensa y promoción de sus representados. La integración a la que quiero referirme no es nostálgica, es por el contrario, un mecanismo renovado de vinculación de todas las naciones latinoamericanas. Vivimos nuevos tiempos y asumimos los cambios que éstos han traído. . nuevos tiempos y asumimos los cambios que estos han tra~do. Por lo tanto, resultaría anacrónico adoptar modelos superados o propuestos para la etapa en la que nuestros países tenían economías cerradas. No, la nueva integración de América Latina no puede perder de vista los alcances de la globalización, la creación de otros bloques regionales y las nuevas etapas de competencia internacional, una vocación internacionalista, una conciencia del valor de la diplomacia que una convicción política permiten ver más allá de las ventajas económicas y comerciales de corto plazo que el compartir fronteras significativas. Nuestra tradición cultural y nuestra vocación latinoamericanista, son los soportes que permiten impulsar la integración a América del Sur con México, Centroamérica y el Caribe. Que cada subregión al interior de la región latinoamericana, desarrolle con sus vecinos el esquema de la integración que más le convenga pero que no se cancele la posibilidad de convertir a Latinoamérica en una gran región del mundo. Simón Bolívar, desde el exilio escribió la Carta de Jamaica, en donde se esboza un grandioso panorama para América independiente, un conglomerado de repúblicas constitucionalistas, desde Argentina hasta México. A pesar de que fue escrita ya hace muchos años, ésta carta sigue siendo una guía para nuestro propósito integrador, que no debe perder de vista que más allá de los intercambios comerciales y la apertura de fronteras, los países latinoamericanos compartimos una comunidad de intereses culturales, de lengua, de idiosincrasia y de costumbres. Ahora más que nunca debemos hacer un esfuerzo para que respetando las integraciones regionales que se han constituido entre distintos países de América Latina y el Caribe, nos unamos en una gran comunidad. La integración latinoamericana no puede ser de solo unos cuantos países, por razones hist6ricas, por los vínculos que nos unen, pero también por las perspectivas de largo alcance. La integración debe ser una empresa en la que participen todos los países, incluido el nuestro. Dejar fuera de este noble propósito al Caribe, equivale a condenar a las islas que lo integran al aislamiento, no incluir a Centroamérica es tanto como negarle a los países que conformar ese pedazo de tierra que une al sur con el norte, del contingente, una oportunidad de crecimiento y de desarrollo, y congruente con su trayectoria, México seguirá jugando un papel preponderante en la vinculación de Latinoamérica, podrá señalarse que Bolívar y Martí, se han convertido en iconos de la ideología latinoamericana porque soñaban con un espacio común a lo largo y a lo ancho de la región. Hoy más que nunca sus ideas están vigentes, porque la piedra angular de su planteamiento es la afinidad cultural a pesar de las crecientes diferentes económicas. La reciente visita del Presidente de la República Argentina a nuestro país, es un ejemplo de cómo los latinoamericanos a pesar de buscar nuevas alianzas de tipo comercial en otras latitudes, robustecemos periódicamente los lazos que nos unen, La presencia del Presidente De la Rúa y la valoración que da a sus lazos con México nos permite subrayar lo trascendente que son las relaciones entre los países del Cono Sur y la región latinoamericana del América del Norte. En una alianza estratégica entre los países del Mercosur México, a la que no podemos renunciar y que apoyaremos desde nuestra esfera legislativa, en este sentido, compañeros diputados, esperamos que las promesas del Presidente electo, en cuanto a se reforzarían las afinidades que nos unen con Latinoamérica se cumplan y veamos florecer una nueva etapa en las relaciones diplomáticas, políticas, económicas, comerciales y de cooperación con todos los países latinoamericanos y caribeños sin excepción, No hay sueños imposibles, Bolívar lo demostró frente a un enemigo más poderoso y numeroso, al que derrotó. Hoy América Latina y el Caribe, integrados en un sueño boliviano común, pueden volver a derrotar a enemigos igual de poderosos y numerosos. Vayamos en pos de una integración que refleje el espíritu incluyente y plural de la vocación política latinoamericana. Muchas gracias.
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000907.html
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado Gustavo Lugo Espinoza. Están inscritos para hablar sobre este tema, los diputados: Raúl García Guzmán, el diputado Héctor Sánchez López, Erika Especia Maldonado, y Rosalía Peredo Aguilar, Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl García Guzmán, del Partido Acción Nacional.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias, señor diputado Gustavo Lugo Espinoza. Están inscritos para hablar sobre este tema, los diputados: Raúl García Guzmán, el diputado Héctor Sánchez López, Erika Especia Maldonado, y Rosalía Peredo Aguilar, Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl García Guzmán, del Partido Acción Nacional.
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EL C. DIP. RAUL GRACIA GUZMAN: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados, buenas tardes: La política exterior mexicana acorde a las peculiaridades propias de nuestro pueblo, debe de ser tal que permita mantener una convivencia justa y pacífica con todos los miembros de la comunidad internacional sobre bases de igualdad jurídica y respeto común. El orden internacional no es posible sin la normalidad política interna de los estados, estructurada sobre la vigencia real de los derechos humanos y de la justicia social. Nuestro tránsito como país hacia esa normalidad, fruto de la lucha de más de seis décadas de mexicanos que dedicaron su vida a la bandera de la democracia, y que tuvo su más grande recompensa en la histórica jornada del 2 de julio, nos obliga a dejar atrás concepciones aislacionistas de la soberanía. Es responsabilidad del Estado mexicano asumir en la actual dinámica mundial, un rol activo tendiente a establecer un orden internacional justo y eficaz. La vigencia de este orden internacional, es inaplazable, especialmente para los países que afrontan los problemas del desarrollo, tal como sucede en el caso latinoamericano. México por razones históricas y por su posición geopolítica, está llamado a asumir un papel preponderante en la interrelación de los países latinoamericanos, Es imperativo que en congruencia con esto, ejerzamos nuestro liderazgo en la zona. La reciente visita del Presidente argentino De la Rúa, nos obliga a reconocer que en la dimensión latinoamericana, es donde encontramos la mayor afinidad en cuanto a nuestra identidad cultural. El desarrollo interno de México requiere que su colaboración en la comunidad internacional se base fundamentalmente en conservar nuestra personalidad como nación, como pueblo iberoamericano. Esto porque el progreso mexicano es correlativo al crecimiento en todos los ámbitos de nuestros hermanos latinoamericanos. La colaboración, nunca la confrontación, son base para el desarrollo de la zona. Los liderazgos tradicionales de la misma deben ser complementarios, no antagónicos. Para probar lo benéfico de esto, recordemos, por ejemplo, los efectos negativos de la crisis de 1994 en la economía brasileña. No podemos desdeñar la responsabilidad de que este fenómeno en un futuro pueda darse en la inversa. Vemos la necesidad de darle prioridad dentro de la política exterior mexicana, al desarrollo común de los países latinoamericanos. México debe aprovechar el camino recorrido y continuar con las negociaciones comerciales con los países latinoamericanos a fin de alcanzar el mayor número de convergencias que permitan en lo posible un mercado común. Esto propiciará una posición de mayor fuerza en las negociaciones económicas con el resto del mundo, pero principalmente cuando tratemos con nuestros vecinos del norte. Nuestras relaciones latinoamericanas, la unidad por la que propugnamos en la zona, no debe limitarse a lo económico, sino extenderse y complementarse en lo social y lo jurídico. Para ello debemos promover, desde este Poder Legislativo, una participación activa de México en los proyectos que impulsen la integración de la comunidad latinoamericana de naciones, de manera que no sólo podamos negociar en bloque temas comerciales y económicos sino con una mayor trascendencia ser más fuertes al dar lucha común a los problemas que aquejan o han aquejado a los países latinoamericanos: corrupción, narcotráfico, dependencia pe trolera, deuda externa, migración, falta de democracia entre otros. Para nosotros, los panistas, México debe fortalecer su relación con nuestros vecinos del sur, pero con mayor importancia debemos impulsar una verdadera comunidad latinoamericana, pues ahí encontraremos el medio idóneo para tener una política exterior proactiva, previsora, moderna, firme, dinámica y coherente, sobre todo coherente con la historia, valores y tradición nos son propios. Muchas gracias.
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EL C. DIP. RAUL GRACIA GUZMAN
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Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados, buenas tardes: La política exterior mexicana acorde a las peculiaridades propias de nuestro pueblo, debe de ser tal que permita mantener una convivencia justa y pacífica con todos los miembros de la comunidad internacional sobre bases de igualdad jurídica y respeto común. El orden internacional no es posible sin la normalidad política interna de los estados, estructurada sobre la vigencia real de los derechos humanos y de la justicia social. Nuestro tránsito como país hacia esa normalidad, fruto de la lucha de más de seis décadas de mexicanos que dedicaron su vida a la bandera de la democracia, y que tuvo su más grande recompensa en la histórica jornada del 2 de julio, nos obliga a dejar atrás concepciones aislacionistas de la soberanía. Es responsabilidad del Estado mexicano asumir en la actual dinámica mundial, un rol activo tendiente a establecer un orden internacional justo y eficaz. La vigencia de este orden internacional, es inaplazable, especialmente para los países que afrontan los problemas del desarrollo, tal como sucede en el caso latinoamericano. México por razones históricas y por su posición geopolítica, está llamado a asumir un papel preponderante en la interrelación de los países latinoamericanos, Es imperativo que en congruencia con esto, ejerzamos nuestro liderazgo en la zona. La reciente visita del Presidente argentino De la Rúa, nos obliga a reconocer que en la dimensión latinoamericana, es donde encontramos la mayor afinidad en cuanto a nuestra identidad cultural. El desarrollo interno de México requiere que su colaboración en la comunidad internacional se base fundamentalmente en conservar nuestra personalidad como nación, como pueblo iberoamericano. Esto porque el progreso mexicano es correlativo al crecimiento en todos los ámbitos de nuestros hermanos latinoamericanos. La colaboración, nunca la confrontación, son base para el desarrollo de la zona. Los liderazgos tradicionales de la misma deben ser complementarios, no antagónicos. Para probar lo benéfico de esto, recordemos, por ejemplo, los efectos negativos de la crisis de 1994 en la economía brasileña. No podemos desdeñar la responsabilidad de que este fenómeno en un futuro pueda darse en la inversa. Vemos la necesidad de darle prioridad dentro de la política exterior mexicana, al desarrollo común de los países latinoamericanos. México debe aprovechar el camino recorrido y continuar con las negociaciones comerciales con los países latinoamericanos a fin de alcanzar el mayor número de convergencias que permitan en lo posible un mercado común. Esto propiciará una posición de mayor fuerza en las negociaciones económicas con el resto del mundo, pero principalmente cuando tratemos con nuestros vecinos del norte. Nuestras relaciones latinoamericanas, la unidad por la que propugnamos en la zona, no debe limitarse a lo económico, sino extenderse y complementarse en lo social y lo jurídico. Para ello debemos promover, desde este Poder Legislativo, una participación activa de México en los proyectos que impulsen la integración de la comunidad latinoamericana de naciones, de manera que no sólo podamos negociar en bloque temas comerciales y económicos sino con una mayor trascendencia ser más fuertes al dar lucha común a los problemas que aquejan o han aquejado a los países latinoamericanos: corrupción, narcotráfico, dependencia pe trolera, deuda externa, migración, falta de democracia entre otros. Para nosotros, los panistas, México debe fortalecer su relación con nuestros vecinos del sur, pero con mayor importancia debemos impulsar una verdadera comunidad latinoamericana, pues ahí encontraremos el medio idóneo para tener una política exterior proactiva, previsora, moderna, firme, dinámica y coherente, sobre todo coherente con la historia, valores y tradición nos son propios. Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado. Tomando en consideración que han transcurrido las cinco horas reglamentarias de esta Sesión, según lo que establece el Artículo 3O. del Acuerdo Parlamentario aprobado el 6 de noviembre, la presidencia con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del Orden del Día. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Sánchez López del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias señor diputado. Tomando en consideración que han transcurrido las cinco horas reglamentarias de esta Sesión, según lo que establece el Artículo 3O. del Acuerdo Parlamentario aprobado el 6 de noviembre, la presidencia con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del Orden del Día. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Sánchez López del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000907.html
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EL C. DIPUTADO HECTOR SANCHEZ LOPEZ: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El sueño de Bolívar: la unidad latinoamericana ha sido objeto de muchos discursos y de pocas acciones. Hoy llegamos al final de un sexenio y recordamos lo que debiera de haber sido la política exterior mexicana, con respecto a su relación con los pueblos hermanos de Latinoamérica. Sin embargo, en estos seis años de gobierno del Presidente Zedillo, se continúo con la política de subordinación de los intereses nacionales al interés beneficio del capital internacional y al de los organismos financieros internacionales. Seguimos afirmando que el ascenso de los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y éste que está por terminar, dieron muerte a las mejores tradiciones diplomáticas de nuestro país, basadas en los principios históricos como la autodeterminación, la no intervención, la cooperación para el desarrollo, la solución pacífica de las controversias, la lucha por la paz y el desarme, la igualdad jurídica de los estados y el asilo político. Si algo caracterizó a este sexenio fue precisamente alejarse de nuestros hermanos latinoamericanos. Si algo caracterizó a este régimen fue no asumir con una gran responsabilidad los principios básicos e históricos de nuestra política exterior. Por eso hoy quisiéramos recordarles, que si bien es tan importante estos acuerdos que se han signado con algunos países latinoamericanos, se ha de manera marginal, se ha hecho de manera aislada, con decirles que la relación comercial que tenemos con Argentina, ahora que nos visita el Presidente La Rúa, es de apenas 500 millones de dólares sobre los 160 mil millones de dólares de comercio exterior que tiene nuestro país. No podemos pues utilizar de manera solamente verbal lo que debiera de hacerse con los hechos. Ojalá, ojalá y que los próximos gobiernos efectivamente asuman con responsabilidad lo que hoy desde la tribuna venimos a manifestarnos. Hoy hablamos de Latinoamérica porque tenemos a un Presidente de Argentina en nuestra tierra, sin embargo nos olvidamos de que este gobierno ha signado acuerdos comerciales, tratados que han vulnerado a nuestra Constitución. El Partido de la Revolución Democrática rechaza categóricamente estos acuerdos y tratados comerciales que lastiman la soberanía y la independencia de nuestro país. Pareciera ser que el Presidente Zedillo, por tratar de legitimar su gobierno, no ha dudado en ceder soberanía, no ha dudado en violar el artículo 39 de nuestro país que dice que la soberanía radica esencialmente en el pueblo, y ha permitido que un pequeño grupo de financieros hagan suya la riqueza de nuestro país. Hoy sabemos que la política exterior mexicana, o mejor dicho la política comercial, porque no existió otra, cambió del edificio de Tlatelolco al edificio de Herminio Blanco, el representante fiel del dogmatismo tecnocrático que tanto daño ha hecho a nuestro país. Habría que preguntarnos cómo queda hoy nuestro país frente a los ojos del mundo, cuando nuestro Secretario de Comercio ha dicho que al señor Cavallo sólo se le acusa de genocida, o habrá que ver en qué actitud queda nuestro México, nuestro país, cuando a los vascos, sin reunir los mínimos requisitos, son deportados a España y hoy, la Canciller Green dice que existe la posibilidad de que no se manda a España a Cavallo. Al PRD le preocupan esas actitudes que ha asumido el gobierno en los últimos años. Nosotros hemos dicho que nuestro país en estos últimos tiempos ha dejado de emprender iniciativas trascendentes, no sólo con nuestros aliados naturales, los países centroamericanos y de América del Sur. México olvidó ocuparse del proceso de la integración latinoamericana; casi todas las constituciones políticas de América Latina establecen la necesidad de la integración entre nuestras naciones. Se abandonó el proceso de integración encaminado a promover la integración económica y el fortalecimiento de las relaciones comerciales para consolidar un mercado común latinoamericano. Para el Presidente Zedillo esto no fue una prioridad, por eso hoy no podemos permitir que la subordinación de la política ante el comercio nos siga marginando del acontecer internacional y dando al mundo la imagen de ser simplemente el acceso fácil a los Estados Unidos. Necesitamos hacer de la política exterior una política de estado que lleve de la mano la política económica y la política social, para poder aspirar a un México más justo, un México sin tanta pobreza y sin tanta marginación. Muchas gracias.
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EL C. DIPUTADO HECTOR SANCHEZ LOPEZ
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Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El sueño de Bolívar: la unidad latinoamericana ha sido objeto de muchos discursos y de pocas acciones. Hoy llegamos al final de un sexenio y recordamos lo que debiera de haber sido la política exterior mexicana, con respecto a su relación con los pueblos hermanos de Latinoamérica. Sin embargo, en estos seis años de gobierno del Presidente Zedillo, se continúo con la política de subordinación de los intereses nacionales al interés beneficio del capital internacional y al de los organismos financieros internacionales. Seguimos afirmando que el ascenso de los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y éste que está por terminar, dieron muerte a las mejores tradiciones diplomáticas de nuestro país, basadas en los principios históricos como la autodeterminación, la no intervención, la cooperación para el desarrollo, la solución pacífica de las controversias, la lucha por la paz y el desarme, la igualdad jurídica de los estados y el asilo político. Si algo caracterizó a este sexenio fue precisamente alejarse de nuestros hermanos latinoamericanos. Si algo caracterizó a este régimen fue no asumir con una gran responsabilidad los principios básicos e históricos de nuestra política exterior. Por eso hoy quisiéramos recordarles, que si bien es tan importante estos acuerdos que se han signado con algunos países latinoamericanos, se ha de manera marginal, se ha hecho de manera aislada, con decirles que la relación comercial que tenemos con Argentina, ahora que nos visita el Presidente La Rúa, es de apenas 500 millones de dólares sobre los 160 mil millones de dólares de comercio exterior que tiene nuestro país. No podemos pues utilizar de manera solamente verbal lo que debiera de hacerse con los hechos. Ojalá, ojalá y que los próximos gobiernos efectivamente asuman con responsabilidad lo que hoy desde la tribuna venimos a manifestarnos. Hoy hablamos de Latinoamérica porque tenemos a un Presidente de Argentina en nuestra tierra, sin embargo nos olvidamos de que este gobierno ha signado acuerdos comerciales, tratados que han vulnerado a nuestra Constitución. El Partido de la Revolución Democrática rechaza categóricamente estos acuerdos y tratados comerciales que lastiman la soberanía y la independencia de nuestro país. Pareciera ser que el Presidente Zedillo, por tratar de legitimar su gobierno, no ha dudado en ceder soberanía, no ha dudado en violar el artículo 39 de nuestro país que dice que la soberanía radica esencialmente en el pueblo, y ha permitido que un pequeño grupo de financieros hagan suya la riqueza de nuestro país. Hoy sabemos que la política exterior mexicana, o mejor dicho la política comercial, porque no existió otra, cambió del edificio de Tlatelolco al edificio de Herminio Blanco, el representante fiel del dogmatismo tecnocrático que tanto daño ha hecho a nuestro país. Habría que preguntarnos cómo queda hoy nuestro país frente a los ojos del mundo, cuando nuestro Secretario de Comercio ha dicho que al señor Cavallo sólo se le acusa de genocida, o habrá que ver en qué actitud queda nuestro México, nuestro país, cuando a los vascos, sin reunir los mínimos requisitos, son deportados a España y hoy, la Canciller Green dice que existe la posibilidad de que no se manda a España a Cavallo. Al PRD le preocupan esas actitudes que ha asumido el gobierno en los últimos años. Nosotros hemos dicho que nuestro país en estos últimos tiempos ha dejado de emprender iniciativas trascendentes, no sólo con nuestros aliados naturales, los países centroamericanos y de América del Sur. México olvidó ocuparse del proceso de la integración latinoamericana; casi todas las constituciones políticas de América Latina establecen la necesidad de la integración entre nuestras naciones. Se abandonó el proceso de integración encaminado a promover la integración económica y el fortalecimiento de las relaciones comerciales para consolidar un mercado común latinoamericano. Para el Presidente Zedillo esto no fue una prioridad, por eso hoy no podemos permitir que la subordinación de la política ante el comercio nos siga marginando del acontecer internacional y dando al mundo la imagen de ser simplemente el acceso fácil a los Estados Unidos. Necesitamos hacer de la política exterior una política de estado que lleve de la mano la política económica y la política social, para poder aspirar a un México más justo, un México sin tanta pobreza y sin tanta marginación. Muchas gracias.
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EL PRESIDENTE: Gracias diputado Héctor Sánchez López . Tiene el uso de la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
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EL PRESIDENTE
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Gracias diputado Héctor Sánchez López . Tiene el uso de la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000907.html
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LA DIP. ERIKA SPEZIA MALDONADO: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la vinculación a través de acuerdos de libre comercio entre nuestro país y otras naciones, ha venido creciendo con gran rapidez. Sin embargo estas relaciones han fincado su avance en las acciones de carácter económica y descuidando, a nuestro juicio, algunos aspectos fundamentales de la agenda internacional. Tal es el caso de los aspectos ambientales que trascienden nuestras fronteras y en las que México no ha tenido una posición de vanguarda. Como ejemplo de ello están los Acuerdos Internacionales en Materia del Control del Cambio Climático, conocido como el Protocolo de Giotto, en donde la Delegación Mexicana siempre mantuvo una posición débil y marginal, en espera de que otras naciones establecieran sus propias estrategias para sólo unirnos a algunas de ellas. Más recientemente, durante la Reunión Internacional de la Convención del Especies Silvestres en Peligro de Extinción, llevada a cabo en Kenia, la delegación mexicana que no representó se mantuvo impávida ante las peticiones de otras naciones para explotar especies mexicanas en peligro de extinción. Esta situación no debe continuar. Tenemos confianza en que el nuevo gobierno que encabezará el Presidente electo Vicente Fox, llevará a nuestro país a una política exterior más propositiva, en la que México apoye los temas ambientales en América Latina. El cambio de poder en México, llama la atención de la opinión pública mundial por la alternancia civilizada que estamos llevando a cabo y además, por la expectación motivada por Vicente Fox, ya que será el primer Presidente que proviene de una alianza con un partido Verde Ecologista. Existe el anhelo que durante su gobierno impulse la región, y a escala mundial, una política ecológica internacional congruente con las necesidades de la sociedad en esta materia. Una de las prioridades que deben atenderse a la mayor brevedad y que queda como cuenta pendiente de la actual administración, es la relativa a los trabajadores migratorios y la defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas, que se ven en la necesidad de buscar mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias en los Estados Unidos. Urge una revisión al Programa "Paisano", para que no sólo funcione con aquellos que sí lograron cruzar la frontera; también del funcionamiento de los grupos BETA y en general de la relación binacional con los Estados Unidos de América, para evitar en lo sucesivo los abusos de los que son víctimas nuestros compatriotas, en vista de que 175 mexicanos se ahogaron en aguas fronterizas y 200 más fallecieron por otras causas en lo que va del año. La fracción parlamentaria del Verde Ecologista, considera insuficiente los "memoranda" de entendimiento firmados por ambos gobiernos para la protección de nacionales y acceso consular, el que debería de servir para combatir la violencia en la frontera. De igual forma, demandamos la revisión del Tratado de Libre Comercio de América en materia de medio ambiente, ya que la Comisión para la Cooperación Ambiental, prevista en los Acuerdos paralelos de dicho Tratado, ha sido incapaz de revertir el daño ambiental, generado especialmente por las maquiladoras que operan en nuestra frontera exponiendo a la población y utilizando el territorio nacional como depósito de residuos peligrosos. Compañeras y compañeros diputados, resulta muy necesario que esta Honorable Cámara de Diputados, no descuide estos importantísimos asuntos ecológicos y de tránsito seguro de los trabajadores, dado que somos representantes populares. Muchas gracias. EL PRESIDENTE. Muchas gracias. Honorable Asamblea: Me voy a permitir dar lectura a una comunicación que por mi conducto dirige a las señoras y señores diputados, el diputado Félix Salgado Macedonio: Diputado Ricardo García Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Presente. "Distinguido Presidente. A través de este medio, me permito ofrecer con toda humildad por su conducto, disculpas a los diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión y al pueblo de México, por los hechos en donde involuntariamente me vi involucrado el fin de semana próximo pasado. Nunca ha sido mi propósito lastimar las instituciones democráticas de nuestro país, por lo que, tengan la seguridad, compañeras y compañeros diputados, que contribuiré sin descanso a los altos fines que tiene encomendado el Congreso de la Unión en el proceso de transición democrática en que está inserto nuestro país. México espera mucho de nosotros. Reitero mi convicción y compromiso de enaltecer esta honorable tribuna con voz firme y certera, como siempre lo he hecho en defensa de nuestro México. Sin otro particular, quedo de usted y de todos los compañeros diputados, atentamente, diputado Félix Salgado Macedonio". Están ustedes enterados. Por otro lado, me permito, señoras y señores diputados, informar que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado martes 5 de septiembre, a las 14: 30 horas, quedó formalmente instalada la Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Diputados, con la presencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Habiendo recaído la presidencia de dicho órgano de gobierno, en la diputada Beatriz Paredes Rangel, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 31 del mismo ordenamiento. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37, párrafo III de la propia Ley Orgánica, el día de ayer miércoles 6 de septiembre a las 22 :40 horas, quedó integrada e instalada la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con la presencia de los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política y bajo la presidencia de su servidor. Con lo anterior han quedado debidamente integrados y han iniciado el ejercicio de sus funciones, todos los órganos de gobierno de esta Honorable Cámara de Diputados, lo que permitirá que puedan desempeñar adecuadamente sus atribuciones y facultades constitucionales y legales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera. C. SECRETARIO MANUEL MEDELLIN MILAN: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 3 PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA ORDEN DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000. Lectura del acta de la sesión anterior. INICIATIVA DE CIUDADANOS DIPUTADOS De reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión). Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé Cuenta. PRESIDENTE: (A las 17:10) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 12 de septiembre a las 11:00 horas. Debiendo instalarse el registro de asistencia desde las 09:00 horas.
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LA DIP. ERIKA SPEZIA MALDONADO
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Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la vinculación a través de acuerdos de libre comercio entre nuestro país y otras naciones, ha venido creciendo con gran rapidez. Sin embargo estas relaciones han fincado su avance en las acciones de carácter económica y descuidando, a nuestro juicio, algunos aspectos fundamentales de la agenda internacional. Tal es el caso de los aspectos ambientales que trascienden nuestras fronteras y en las que México no ha tenido una posición de vanguarda. Como ejemplo de ello están los Acuerdos Internacionales en Materia del Control del Cambio Climático, conocido como el Protocolo de Giotto, en donde la Delegación Mexicana siempre mantuvo una posición débil y marginal, en espera de que otras naciones establecieran sus propias estrategias para sólo unirnos a algunas de ellas. Más recientemente, durante la Reunión Internacional de la Convención del Especies Silvestres en Peligro de Extinción, llevada a cabo en Kenia, la delegación mexicana que no representó se mantuvo impávida ante las peticiones de otras naciones para explotar especies mexicanas en peligro de extinción. Esta situación no debe continuar. Tenemos confianza en que el nuevo gobierno que encabezará el Presidente electo Vicente Fox, llevará a nuestro país a una política exterior más propositiva, en la que México apoye los temas ambientales en América Latina. El cambio de poder en México, llama la atención de la opinión pública mundial por la alternancia civilizada que estamos llevando a cabo y además, por la expectación motivada por Vicente Fox, ya que será el primer Presidente que proviene de una alianza con un partido Verde Ecologista. Existe el anhelo que durante su gobierno impulse la región, y a escala mundial, una política ecológica internacional congruente con las necesidades de la sociedad en esta materia. Una de las prioridades que deben atenderse a la mayor brevedad y que queda como cuenta pendiente de la actual administración, es la relativa a los trabajadores migratorios y la defensa de los derechos humanos de nuestros compatriotas, que se ven en la necesidad de buscar mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias en los Estados Unidos. Urge una revisión al Programa "Paisano", para que no sólo funcione con aquellos que sí lograron cruzar la frontera; también del funcionamiento de los grupos BETA y en general de la relación binacional con los Estados Unidos de América, para evitar en lo sucesivo los abusos de los que son víctimas nuestros compatriotas, en vista de que 175 mexicanos se ahogaron en aguas fronterizas y 200 más fallecieron por otras causas en lo que va del año. La fracción parlamentaria del Verde Ecologista, considera insuficiente los "memoranda" de entendimiento firmados por ambos gobiernos para la protección de nacionales y acceso consular, el que debería de servir para combatir la violencia en la frontera. De igual forma, demandamos la revisión del Tratado de Libre Comercio de América en materia de medio ambiente, ya que la Comisión para la Cooperación Ambiental, prevista en los Acuerdos paralelos de dicho Tratado, ha sido incapaz de revertir el daño ambiental, generado especialmente por las maquiladoras que operan en nuestra frontera exponiendo a la población y utilizando el territorio nacional como depósito de residuos peligrosos. Compañeras y compañeros diputados, resulta muy necesario que esta Honorable Cámara de Diputados, no descuide estos importantísimos asuntos ecológicos y de tránsito seguro de los trabajadores, dado que somos representantes populares. Muchas gracias. EL PRESIDENTE. Muchas gracias. Honorable Asamblea: Me voy a permitir dar lectura a una comunicación que por mi conducto dirige a las señoras y señores diputados, el diputado Félix Salgado Macedonio: Diputado Ricardo García Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Presente. "Distinguido Presidente. A través de este medio, me permito ofrecer con toda humildad por su conducto, disculpas a los diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión y al pueblo de México, por los hechos en donde involuntariamente me vi involucrado el fin de semana próximo pasado. Nunca ha sido mi propósito lastimar las instituciones democráticas de nuestro país, por lo que, tengan la seguridad, compañeras y compañeros diputados, que contribuiré sin descanso a los altos fines que tiene encomendado el Congreso de la Unión en el proceso de transición democrática en que está inserto nuestro país. México espera mucho de nosotros. Reitero mi convicción y compromiso de enaltecer esta honorable tribuna con voz firme y certera, como siempre lo he hecho en defensa de nuestro México. Sin otro particular, quedo de usted y de todos los compañeros diputados, atentamente, diputado Félix Salgado Macedonio". Están ustedes enterados. Por otro lado, me permito, señoras y señores diputados, informar que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado martes 5 de septiembre, a las 14: 30 horas, quedó formalmente instalada la Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Diputados, con la presencia de los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Habiendo recaído la presidencia de dicho órgano de gobierno, en la diputada Beatriz Paredes Rangel, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 31 del mismo ordenamiento. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37, párrafo III de la propia Ley Orgánica, el día de ayer miércoles 6 de septiembre a las 22 :40 horas, quedó integrada e instalada la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con la presencia de los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política y bajo la presidencia de su servidor. Con lo anterior han quedado debidamente integrados y han iniciado el ejercicio de sus funciones, todos los órganos de gobierno de esta Honorable Cámara de Diputados, lo que permitirá que puedan desempeñar adecuadamente sus atribuciones y facultades constitucionales y legales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera. C. SECRETARIO MANUEL MEDELLIN MILAN: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 3 PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA ORDEN DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000. Lectura del acta de la sesión anterior. INICIATIVA DE CIUDADANOS DIPUTADOS De reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión). Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé Cuenta. PRESIDENTE: (A las 17:10) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 12 de septiembre a las 11:00 horas. Debiendo instalarse el registro de asistencia desde las 09:00 horas.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: (10:35 horas): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados. LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 405 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES
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(10:35 horas): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados. LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 405 diputados. Por lo tanto, hay quórum.
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LA MISMA C. SECRETARIA: LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, INSÉRTESE PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA ORDEN DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Lectura del acta de la sesión anterior. Comunicación de la Junta de Coordinación Política INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS De reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión). De reformas. a diversos artículos del Código Penal Federal Código Federal de Procedimientos Penales y a la .Ley de Amparo, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) PROPOSICIONES Con Punto de Acuerdo sobre la necesidad de actualizar y en su caso modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del C. Dip. Enrique Herrera Bruquetas, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a Comisión). Con Punto de Acuerdo en relación a las Elecciones en el Estado de Tabasco, a cargo de la C. Dip. Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión). Con Punto de Acuerdo sobre las Elecciones en el Estado de Tabasco, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión) COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE GOBERNACION, ANALISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO POLITICA INTERIOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, INSÉRTESE PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA ORDEN DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Lectura del acta de la sesión anterior. Comunicación de la Junta de Coordinación Política INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS De reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión). De reformas. a diversos artículos del Código Penal Federal Código Federal de Procedimientos Penales y a la .Ley de Amparo, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) PROPOSICIONES Con Punto de Acuerdo sobre la necesidad de actualizar y en su caso modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del C. Dip. Enrique Herrera Bruquetas, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a Comisión). Con Punto de Acuerdo en relación a las Elecciones en el Estado de Tabasco, a cargo de la C. Dip. Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión). Con Punto de Acuerdo sobre las Elecciones en el Estado de Tabasco, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión) COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE GOBERNACION, ANALISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO POLITICA INTERIOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LA MISMA C. SECRETARIA: LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL JUEVES SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA. Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes. En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con dieciséis minutos del jueves siete de septiembre de dos mil y la asistencia de cuatrocientos cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión. La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra la diputada electa en el tercer distrito del Estado de Morelos, Maricela Sánchez Cortés y designa una comisión que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la diputada Sánchez Cortés toma posesión de su encargo de inmediato. El Presidente da lectura al Bando Solemne, que da a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Vicente Fox Quesada. Publíquese en el Diario Oficial, en los periódicos oficiales de las Entidades Federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de los estados, del Distrito Federal y de los municipios. La Secretaría da lectura a dos comunicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, respecto a dos dictámenes de la Sección Instructora, relacionados con los ciudadanos: Germán Castañeda Rodríguez y Miguel Angel Garza Vázquez, donde se anuncia que queda sin efectos el deber de la Cámara de Diputados de erigirse en Jurado de Procedencia, para conocer de los mismos. De enterado; archívense los expedientes. Se recibe invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, para asistir a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo quincuagésimo tercer aniversario de la defensa heroica del Molino del Rey. Se designa a los diputados: Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez, Mónica Serrano Pena y Gregorio Urías Germán, para representar a la Cámara de Diputados. Se da cuenta con las siguientes comunicaciones: Del Poder Judicial del Estado de Coahuila, sobre trabajos propios de sus actividades. De enterado. Del Congreso del Estado de Morelos, con el que remite punto de acuerdo referente al Registro Nacional de Vehículos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Para presentar diversas iniciativas, se concede el uso de la palabra a los diputados: Fanny Arellanes Cervantes, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos: treinta y cinco, treinta y seis, cuarenta, setenta y uno, setenta y tres, ciento quince, ciento veintidós, ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal; Alejandra Barrales Magdaleno, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma las leyes: de Vías Generales de Comunicación; Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de Aeropuertos; de Aviación Civil; y Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Desde su curul el diputado Blake Mora, solicita que su intervención sobre la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se retire y se agende en la próxima sesión. El Presidente realiza lo conducente. La Secretaría da lectura a oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que diez ciudadanos puedan prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros; y se comunica que otros cinco ciudadanos, han dejado de prestar servicios en la Embajada y Consulados Generales del Gobierno de los Estados Unidos de América, en México. Por lo que se refiere a la solicitud de permisos se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública y sobre los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento. La Secretaría informa que al cierre de registro de asistencia, se encuentran cuatrocientos setenta y dos diputados presentes. El diputado Silverio López Magallanes, del Partido Revolucionario Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo respecto del fortalecimiento de la infraestructura carretera en el Estado de Zacatecas. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal. Se concede el uso de la palabra sobre el mismo tema a los diputados: Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática; Emilio Rafael José Goicoechea Luna, del Partido Acción Nacional. El diputado Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo, referente al Registro Vehicular. Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a la diputada María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática. Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes Desde sus curules los diputados: Amador Rodríguez Lozano y Uuc-Kib Espadas Ancona, realizan aclaraciones a las que la Presidencia da respuesta. Rectifican hechos sobre el mismo tema, los diputados: Félix Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional; y David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática. Suficientemente discutido. Sube a la tribuna el diputado Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta proposición de punto de acuerdo en relación a los hechos recientes ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Sobre el mismo tema, los diputados: Lionel Funes Díaz, del Partido Acción Nacional; Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia José Gerardo de la Riva Pinal, del Partido Revolucionario Institucional; Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes Alejandro Gómez Olvera, del Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del Partido del Trabajo. Rectifican hechos, los diputados: Lucio Fernández González, del Partido Acción Nacional; Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificación a la proposición presentada. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Hace uso de la palabra el diputado Francisco Patiño, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta proposición con punto de acuerdo relativo a la situación de vehículos extranjeros en el país. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Para el mismo tema la diputada Rosa Delia Cota Montano, del Partido del Trabajo. Rectifican hechos, los diputados: Alonso Ulloa Vélez, del Partido Acción Nacional; y Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática. El diputado Manuel Orozco Garza, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo en relación con las cajas de ahorro. Se considera de urgente resolución. Desde su curul el diputado Amador Rodríguez Lozano realiza aclaraciones de procedimiento a las que el Presidente da respuesta. Continúan con el tema de las cajas de ahorro, los diputados: Sergio Acosta Zavala, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Israel Ortiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional; y Herbert Taylor Arthur, del Partido Acción Nacional. Aprobado el punto de acuerdo. Fijan la posición de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, en relación al Sexto Informe de Gobierno, los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional; Gustavo Riojas Santana, a nombre de los partidos Alianza Social y Sociedad Nacionalista; Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes Alejandro Rafael García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México; Gregorio Urias Germán, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional; y Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional. Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia Sobre la problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz, presenta pronunciamiento el diputado Jesús Burgos Pinto, del Partido Revolucionario Institucional. Para hablar sobre el mismo tema, los diputados: Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Manuel Martínez Nava, del Partido Revolucionario Institucional; Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes Librado Trevino Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional; y Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional. El diputado Gustavo Lugo Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, presenta pronunciamiento en materia de política exterior. Intervienen sobre el mismo tema, los diputados : Raúl Gracia Guzmán, del Partido Acción Nacional; Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática; Erika Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente da lectura a una comunicación personal del diputado José Félix Salgado Macedonio, sobre acontecimientos ocurridos el fin de semana próximo pasado. De enterado. El Presidente de la Mesa Directiva informa de la instalación de la Junta de Coordinación Política y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el martes doce de septiembre de dos mil, a las once horas. Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (VOTACION) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (VOTACION) Aprobada, Señor Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORGON VILCHES: APENDICE No. 1 LECTURA A COMUNICACION DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, INSÉRTESE En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) Aprobado el punto de acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL JUEVES SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA. Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes. En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con dieciséis minutos del jueves siete de septiembre de dos mil y la asistencia de cuatrocientos cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión. La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra la diputada electa en el tercer distrito del Estado de Morelos, Maricela Sánchez Cortés y designa una comisión que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la diputada Sánchez Cortés toma posesión de su encargo de inmediato. El Presidente da lectura al Bando Solemne, que da a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del ciudadano Vicente Fox Quesada. Publíquese en el Diario Oficial, en los periódicos oficiales de las Entidades Federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de los estados, del Distrito Federal y de los municipios. La Secretaría da lectura a dos comunicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, respecto a dos dictámenes de la Sección Instructora, relacionados con los ciudadanos: Germán Castañeda Rodríguez y Miguel Angel Garza Vázquez, donde se anuncia que queda sin efectos el deber de la Cámara de Diputados de erigirse en Jurado de Procedencia, para conocer de los mismos. De enterado; archívense los expedientes. Se recibe invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, para asistir a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo quincuagésimo tercer aniversario de la defensa heroica del Molino del Rey. Se designa a los diputados: Hilda Josefina Amalia Anderson Nevárez, Mónica Serrano Pena y Gregorio Urías Germán, para representar a la Cámara de Diputados. Se da cuenta con las siguientes comunicaciones: Del Poder Judicial del Estado de Coahuila, sobre trabajos propios de sus actividades. De enterado. Del Congreso del Estado de Morelos, con el que remite punto de acuerdo referente al Registro Nacional de Vehículos. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Para presentar diversas iniciativas, se concede el uso de la palabra a los diputados: Fanny Arellanes Cervantes, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos: treinta y cinco, treinta y seis, cuarenta, setenta y uno, setenta y tres, ciento quince, ciento veintidós, ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal; Alejandra Barrales Magdaleno, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma las leyes: de Vías Generales de Comunicación; Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de Aeropuertos; de Aviación Civil; y Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Desde su curul el diputado Blake Mora, solicita que su intervención sobre la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se retire y se agende en la próxima sesión. El Presidente realiza lo conducente. La Secretaría da lectura a oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que diez ciudadanos puedan prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos extranjeros; y se comunica que otros cinco ciudadanos, han dejado de prestar servicios en la Embajada y Consulados Generales del Gobierno de los Estados Unidos de América, en México. Por lo que se refiere a la solicitud de permisos se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública y sobre los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento. La Secretaría informa que al cierre de registro de asistencia, se encuentran cuatrocientos setenta y dos diputados presentes. El diputado Silverio López Magallanes, del Partido Revolucionario Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo respecto del fortalecimiento de la infraestructura carretera en el Estado de Zacatecas. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal. Se concede el uso de la palabra sobre el mismo tema a los diputados: Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática; Emilio Rafael José Goicoechea Luna, del Partido Acción Nacional. El diputado Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo, referente al Registro Vehicular. Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a la diputada María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática. Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes Desde sus curules los diputados: Amador Rodríguez Lozano y Uuc-Kib Espadas Ancona, realizan aclaraciones a las que la Presidencia da respuesta. Rectifican hechos sobre el mismo tema, los diputados: Félix Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional; Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional; y David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática. Suficientemente discutido. Sube a la tribuna el diputado Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta proposición de punto de acuerdo en relación a los hechos recientes ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Sobre el mismo tema, los diputados: Lionel Funes Díaz, del Partido Acción Nacional; Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia José Gerardo de la Riva Pinal, del Partido Revolucionario Institucional; Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes Alejandro Gómez Olvera, del Partido de la Revolución Democrática; y Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del Partido del Trabajo. Rectifican hechos, los diputados: Lucio Fernández González, del Partido Acción Nacional; Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificación a la proposición presentada. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Hace uso de la palabra el diputado Francisco Patiño, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta proposición con punto de acuerdo relativo a la situación de vehículos extranjeros en el país. Se turna a la Junta de Coordinación Política. Para el mismo tema la diputada Rosa Delia Cota Montano, del Partido del Trabajo. Rectifican hechos, los diputados: Alonso Ulloa Vélez, del Partido Acción Nacional; y Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática. El diputado Manuel Orozco Garza, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo en relación con las cajas de ahorro. Se considera de urgente resolución. Desde su curul el diputado Amador Rodríguez Lozano realiza aclaraciones de procedimiento a las que el Presidente da respuesta. Continúan con el tema de las cajas de ahorro, los diputados: Sergio Acosta Zavala, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Israel Ortiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional; y Herbert Taylor Arthur, del Partido Acción Nacional. Aprobado el punto de acuerdo. Fijan la posición de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, en relación al Sexto Informe de Gobierno, los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional; Gustavo Riojas Santana, a nombre de los partidos Alianza Social y Sociedad Nacionalista; Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes Alejandro Rafael García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México; Gregorio Urias Germán, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional; y Oscar Guillermo Levín Coppel, del Partido Revolucionario Institucional. Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia Sobre la problemática que confrontan los productores sinaloenses en la comercialización del maíz, presenta pronunciamiento el diputado Jesús Burgos Pinto, del Partido Revolucionario Institucional. Para hablar sobre el mismo tema, los diputados: Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Manuel Martínez Nava, del Partido Revolucionario Institucional; Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes Librado Trevino Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional; y Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional. El diputado Gustavo Lugo Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional, presenta pronunciamiento en materia de política exterior. Intervienen sobre el mismo tema, los diputados : Raúl Gracia Guzmán, del Partido Acción Nacional; Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática; Erika Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente da lectura a una comunicación personal del diputado José Félix Salgado Macedonio, sobre acontecimientos ocurridos el fin de semana próximo pasado. De enterado. El Presidente de la Mesa Directiva informa de la instalación de la Junta de Coordinación Política y de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el martes doce de septiembre de dos mil, a las once horas. Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (VOTACION) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (VOTACION) Aprobada, Señor Presidente -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORGON VILCHES: APENDICE No. 1 LECTURA A COMUNICACION DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, INSÉRTESE En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) Aprobado el punto de acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señor Secretario. Pasando al siguiente punto del orden del día, iniciativas de los ciudadanos diputados, tiene la palabra el Diputado José Francisco Blake Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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EL C. PRESIDENTE
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Gracias, Señor Secretario. Pasando al siguiente punto del orden del día, iniciativas de los ciudadanos diputados, tiene la palabra el Diputado José Francisco Blake Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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EL C. DIPUTADO JOSE FRANCISCO BLAKE MORA (PAN): Con su venia, señor Presidente. "Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión": "Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 10 segundo y tercer párrafos, 11, 12, 13 párrafo segundo, 14, 15, 16, 17 párrafo primero, 18, 19, 20, 21, 22, 23 párrafo segundo y tercero, 24 párrafo primero, 25, 26, 27, 30, 31, 33 segundo párrafo, 35, 36, 38 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente "Exposición de Motivos La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este título se establecen los lineamientos generales que rigen a los sujetos, causales y procedimiento en general del juicio político. La ley secundaria desarrolla estos lineamientos generales, por lo que establece el procedimiento que se desarrolla en ambas Cámaras del Congreso a fin de fincar o no responsabilidades de carácter político a los servidores públicos mencionados en el artículo 110 de la Constitución Federal. Esta ley señala que una vez presentada la denuncia de juicio político se envía a la "Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia" la cual cuenta con treinta días hábiles para determinar si el denunciado es de los servidores públicos que pueden ser sometidos a juicio político; si la denuncia contiene los elementos de prueba que justifiquen alguna de las causales y si la conducta que se denuncia constituye una infracción, y la probable responsabilidad del acusado. Cuando la Subcomisión de Examen Previo se pronuncia por la necesidad de iniciar el juicio político, deberá remitir su resolución al Pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para formular la resolución correspondiente y ordenar se turne la denuncia a la Sección Instructora. Ahora bien, derivado de la creación de la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se redujo el número de comisiones en la Cámara de Diputados, haciéndolas coincidir en lo general, con los despachos del Poder Ejecutivo a fin de fortalecer el trabajo y especialización de las mismas. Las tareas de la "Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales" quedan incluidas en la "Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública". Los asuntos relativos a puntos constitucionales serán conocidos por otra distinta: "Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal". Por lo que se refiere a la de "Justicia", ésta se une con la de "Derechos Humanos" y por tanto se denominará: "Comisión de Justicia y Derechos Humanos". La presente iniciativa tiene como objetivo adecuar el marco normativo de la Ley Federal de Responsabilidades a lo establecido por la nueva Ley Orgánica del Congreso, incluyendo las referencias que se hacen a la figura de "Gran Comisión" y "Oficial Mayor" misma que deberán sustituirse por las nuevas figuras denominadas "Junta de Coordinación Política" y "Secretario General de la Cámara de Diputados." En consecuencia el nombre de la Subcomisión de Examen Previo y de las Comisiones Unidas que intervienen en el desarrollo del juicio político deberá ser modificado, a saber: "Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación, Población y Seguridad Pública, y Justicia y Derechos Humanos". Consideramos que la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal no debe quedar incluida en el conocimiento de las facultades materialmente jurisdiccionales, por la materia de su competencia. Por otra parte, en las aplicaciones de la ley que nos ocupa, siempre inconclusas por cierto, resalta la necesidad de aclarar el procedimiento en materia de juicio político así como construir uno propio y claro para la declaración de procedencia. Por esta razón y con la finalidad de que el procedimiento cumpla con el principio de Justicia pronta y expedita, resulta necesario establecer nuevas reglas y plazos que generen una avance agilizándolo en forma adecuada. Juicio Político Con relación al Juicio Político, la ley que nos ocupa contiene una serie de imprecisiones y formulas inconvenientes que van desde la integración en número par de las Sección Instructora y de enjuiciamiento hasta la falta de claridad del órgano cameral que determina su integración. Por ello proponemos que las citadas secciones se integren a partir de un número de cinco miembros, lo cual resulta más racional que la fórmula vigente que es sólo de cuatro. Así mismo, consideramos la reforma pertinente en el artículo 11 para dejar en claro las funciones de integración, nombramiento y sustitución de vacantes que de las Secciones Instructoras y de Enjuiciamiento respectivamente deban hacer las Comisiones que la Ley Orgánica del Congreso General denomina como jurisdiccionales. Por otro lado, proponemos corregir la inconsistencia de los plazos y términos que del artículo 12 al 45 se señalan en la ley vigente, en días hábiles o naturales sin mayor congruencia. Al efecto creemos que la solución es mantener la lógica de los días hábiles en un número según la fase procesal que corresponda que encuentre también una lógica racional y referentes mínimos en la Teoría General del Proceso. Sin embargo adecuándonos a la dinámica especial del Congreso de la Unión como instancia de la aplicación de la ley en estudio, fijamos plazos para turnaciones de tres días hábiles, plazos para emplazamientos o contestaciones en periodos que van de 5 a 10 días; plazos para desahogo de pruebas o estudio que van hasta 30 días hábiles, y finalmente las previsiones necesarias para las ampliaciones de términos que pudieran requerirse durante los dos procedimientos que la ley regula. Adicionalmente no solo se resuelve en el artículo 19 la arcaica norma que establecía la suspensión del procedimiento de juicio político durante los recesos de las Cámaras y que afectaba por confusión, al procedimiento de declaración de procedencia. En la presente iniciativa dejamos claro la naturaleza de orden público de ambos procedimientos y por tanto se modifica el párrafo del citado artículo con el objeto de que las actuaciones se puedan dar en forma sucesiva independientemente de los periodos de sesiones o de receso. Como complemento de lo anterior, se faculta plenamente al Presidente de la Cámara correspondiente a gestionar los periodos extraordinarios cuando el Pleno deba reunirse en cumplimiento de la fase procesal correspondiente, al tiempo que establecemos la obligación de la Comisión Permanente para convocar a los periodos extraordinarios necesarios estipulando con claridad los plazos y términos aplicables de tal manera que sea previsible que los juicios políticos se substancien de principio a fin en un término moderado. Declaración de Procedencia Por lo que toca al capítulo tres, proponemos establecer un procedimiento claro que no se confunda en sus rasgos esenciales con el juicio político, y en todo caso deslindar con mayor nitidez la supletoriedad que dicho procedimiento pueda tener respecto de la declaración de procedencia. De entrada, se clarifica que el único peticionario posible puede ser el Ministerio Público y en caso de excepción, un juez; corrigiendo la de cualquier forma aparente acción popular que se contenía en el artículo 25 como fórmula arcaica, misma que se negaba en los requisitos al exigirse que la denuncia de particular debía reunir los requisitos para el ejercicio de la acción penal, misma que por su naturaleza y por disposición del artículo 21 Constitucional es propia y exclusiva del Ministerio Público. A esta altura es pertinente aclarar que la denegada procuración de justicia en la que se puede reflejar este procedimiento cuando el mismo se endereza en contra de los titulares del Ministerio Público, a bien tenemos que ya existe en el propio articulo 21 de nuestra Carta Magna, la posibilidad de recurrir en vía jurisdiccional el no ejercicio de la acción penal. Por lo anterior, se determina en el artículo 25 a través de seis nuevas fracciones la forma en la que la Sección Instructora actúa como mero órgano de casación de las actuaciones del ministerio Público, para determinar si estas no son frívolas e inconsistentes y si en su caso existen de las constancias los elementos que acrediten la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado, realizando en todo caso un juicio de valoración jurídico política sobre la pertinencia de retirar la protección procesal a determinado servidor público. Congruente con lo anterior se mantiene en la ley el principio de que la eventual negativa de declaración de procedencia no prejuzga la inocencia del inculpado y por ello es viable su procesamiento normal al concluir en su encargo. Finalmente se mantiene el reenvío que se hace respecto del desahogo de la sesión del pleno erigido en jurado de procedencia respecto de los plazos y formas que establecen tanto el artículo 18 como el 20 en materia de juicio político. Disposiciones Comunes Siguiendo la tesis de Manuel Herrera y Lasso, de que "inmunidad es el género: fuero y juicio político las especies", es necesario mantener el capítulo de disposiciones comunes no sólo por economía y sobriedad legislativa, sino porque hay francas y claras hipótesis donde las instituciones legales rigen por igual para ambos procedimientos. Por tanto, el capítulo Cuarto se mantiene en los mismos términos en lo esencial aunque se hacen una serie de correcciones y ajustes que sólo persiguen la congruencia con el resto de las reformas ya descritas, de mera técnica legislativa; sin embargo, se refuerza el artículo 43 con relación a las facultades tanto de las secciones como de las Cámaras para prevenir que el inculpado en uno u otro procedimiento se sustraiga del procedimiento o de la acción de la justicia. Respecto de este último tema conviene reflexionar que el fuero no es patente de impunidad sino tan solo una inmunidad temporal y que por su parte el juicio político es una herramienta indispensable para el control del poder público ante sus excesos u omisiones graves. En ese sentido, medidas preventivas como las que se proponen en el artículo 43 que se reforma no pretenden desconocer anticipadamente por ejemplo la protección procesal convencionalmente denominada fuero, sino que tan solo se propicia el mantener un bien superior como lo es la sujeción de las personas a los procedimientos legales establecidos en condiciones de equidad respecto del resto de los justiciables. Así mismo, tenemos que el denominado fuero no es una prerrogativa "intuito personae" sino que se trata tan sólo de la protección de la función pública. Por tanto, medidas como las que se proponen en el artículo 43 hasta la detención preventiva que en casos de flagrancia pudiera hacerse de alguno de los servidores a los que se refiere el título cuarto del a Constitución, no violan el fuero en la medida que no sean tales que impidan el ejercicio de la función. En virtud de los anterior, se somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de: DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Artículo único. Se reforman los artículos 10 segundo y tercer párrafo; 11; 12; 13 párrafo segundo; 14; 15; 16; 17, párrafo primero; 18; 19; 20: 21; 22; 23, párrafo segundo y tercero; 24, párrafo primero; 25; 26; 27; 30; 31; 33, segundo párrafo; 35; 36; 38 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia. La Cámara de Diputados iniciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación, Población y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, mismas que al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley. Las comisiones unidas a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de cumplir con las obligaciones que les impone la presente ley, se reunirán a convocatoria que de común acuerdo realicen los Presidentes de cada una de ellas, en cuyo defecto, será convocante la de Gobernación, Población y Seguridad Pública. Artículo 11. La Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, al momento de proponer la constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, también propondrá la integración de una comisión para de deducir de la misma las Secciones encargadas de sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, la citadas comisiones designarán en el ámbito de su competencia cinco de sus miembros para integrar la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores, determinando los cargos de Presidente y dos Secretarios para cada una de ellas. Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Comisión a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, de entre sus propios miembros. Artículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento: a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación; b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a la Subcomisión de Examen Previo a que se refiere el artículo 10 de ésta ley, en un plazo no mayor de tres días hábiles. La Secretaría General deberá dar cuenta de dicho turno dentro del mismo plazo, a cada una de las coordinaciones de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados. c) La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a quince días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 20., de esta Ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que se relacionen con la conducta señalada y que ésta corresponde a las enumeradas en el artículo 70. de la propia Ley. En caso de reunirse los tres requisitos mencionados la Subcomisión resolverá que sí se amerita la incoación del procedimiento turnándolo directamente a la Sección Instructora en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la fecha en que se dicte la resolución. En caso contrario la Subcomisión desechará la denuncia presentada notificándole personalmente al promovente por conducto de la Secretaría General, si hubiere señalado domicilio en el Distrito Federal o en su defecto, mediante publicación del acuerdo respectivo en el Estrado de dicha Oficina y en la gaceta parlamentaria. En caso de la presentación de pruebas supervinientes, la Subcomisión de Examen Previo podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado, sólo en el caso de insuficiencia de pruebas; d) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo, desechando una denuncia, podrá revisarse por el pleno de las Comisiones Unidas a petición de cualquiera de los Presidentes de las Comisiones o a solicitud, de cuando menos, el diez por ciento de los diputados integrantes de ambas Comisiones siempre y cuando se solicite por escrito en un plazo no mayor de cinco días a partir del desechamiento, debiendo resolverse de plano por parte de las comisiones unidas, en otro plazo igual contado a partir de la presentación de la solicitud. e) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida directamente a la Sección Instructora de la Cámara. Artículo 13. La Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquélla; estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de un expediente, la Sección notificará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá comparecer por escrito y ofrecer pruebas de su parte, dentro de los siete días hábiles siguientes a la notificación. Artículo 14. Concluido el plazo señalado en el artículo anterior, la Sección Instructora dictará inmediatamente un acuerdo mediante el cuál admita u deseche pruebas y abrirá un plazo de 30 días hábiles para desahogar tanto las pruebas de la defensa, las que haya ofrecido el denunciante o las que la propia Sección ordene para mejor proveer al momento de acordar la admisión de pruebas. En dicho acuerdo se deberá fijar prudentemente el día, hora y lugar para el desahogo de aquellas que requieran de diligencia especial lo cual deberá ocurrir dentro del mismo plazo. Serán admisibles todo tipo de pruebas pero se desecharán aquellas cuyo desahogo implique salir del plazo señalado en el párrafo anterior. Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible desahogar las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la Sección Instructora podrá ampliarlo hasta por otros 30 días hábiles, concluido el cuál se desecharán de plano las pruebas cuyo desahogo no haya sido posible. En todo caso, la Sección Instructora calificará la idoneidad de las pruebas, desechándose las que a su juicio sean improcedentes. La resolución que admita o deseche pruebas es inatacable. Artículo 15. Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciado y su defensor acreditado por un plazo de tres días hábiles, y por otros tantos al denunciante, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos que deberán presentar por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado. Artículo 16. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado éstos, la Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento. Artículo 17. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del encausado, las conclusiones de la Sección Instructora terminarán proponiendo al pleno de la Cámara de Diputados que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento. Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente: I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia; II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado; III. La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 80. de esta Ley, y IV. Que en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos. De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren concurrido en los hechos. Artículo 18. Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos precedentes, junto con el expediente respectivo la Sección Instructora las entregará al Presidente de la Cámara de Diputados dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de haberse aprobado las conclusiones. El Presidente de la Cámara anunciará de inmediato a través de la Gaceta Parlamentaria y mediante publicación que aparezca por una sola vez en dos diarios de mayor circulación en el país, que dicha Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación. Así mismo, el Presidente de la Cámara deberá convocar a sesión del pleno misma que se deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de diez días hábiles ni mayor de quince a partir de la recepción de las conclusiones de la Sección Instructora. Si las Cámaras se encontraran en receso, de inmediato el Presidente de la Cámara deberá solicitar a la Comisión permanente que convoque a periodo Extraordinario para resolver el asunto. En la sesión que siga al momento en que se reciba la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Permanente deberá convocar a periodo extraordinario fijando la fecha en que deba desarrollarse, mismo periodo que deberá ocurrir dentro de un plazo no menor de diez días hábiles ni mayor de quince. Fijada la fecha para la sesión a que este artículo se refiere, el Presidente enviará notificación por conducto de la Secretaría General, para que estén presentes en la misma, tanto al presunto responsable, su defensor acreditado así como al denunciante en los domicilios que en su momento hubieren señalado, en cuyo defecto la notificación les surtirá efectos con la sola publicación de la convocatoria en la gaceta parlamentaria. El Presidente fijará prudentemente los lugares en que deban permanecer en el recinto durante la sesión, y los podrá hacer salir en caso de desorden o desacato, haciendo incluso uso de la fuerza pública. Artículo 19. La Sección Instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas directamente a los secretarios de la Cámara, conforme a los artículos anteriores, dentro del plazo de noventa días hábiles, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar de la Cámara que se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo que se conceda no excederá de treinta días Hábiles. En todos los casos no podrán interrumpirse las actuaciones en ningún momento del año, sea que las Cámaras se encuentren en periodo ordinario o extraordinario de sesiones, sea que se encuentren en receso. Articulo 20. El día señalado de la sesión del pleno, conforme al Artículo 18, la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de su Presidente. Se publicarán en la gaceta Parlamentaria una reseña amplia de las constancias procedimentales y la Secretaría dará lectura a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas. Acto Seguido la Sección Instructora hará la lectura de sus conclusiones por conducto de su Presidente o el miembro de la Sección que la misma designe. Acto continuo se concederá la palabra al servidor público o a su defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos por el tiempo que la mesa directiva fije prudentemente. La Sección Instructora podrá replicar y, si lo hiciere, el imputado o su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término. Retirados el denunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la Sección Instructora, en los términos que dispone la Ley Orgánica del Congreso General y su reglamento. Artículo 21. Si la Cámara resolviere que no procede acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se les pondrá a disposición de la Cámara de Senadores, a la que se remitirá la acusación de inmediato, designándose una comisión de tres diputados para que sostengan aquélla ante el Senado. Artículo 22. Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, su Presidente la turnará de inmediato a la Sección de Enjuiciamiento, la que emplazará sin demora alguna a la Comisión de Diputados encargada de la acusación, al acusado y a su defensor, para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días hábiles siguientes al emplazamiento. Artículo 23. Transcurrido el plazo que se señala en el artículo anterior, con alegatos o sin ellos, la Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores formulará sus conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos formulados, en su caso, proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se funde. Dentro del mismo plazo la Sección podrá acordar escuchar directamente a la Comisión de Diputados que sostienen la acusación y al acusado y su defensor, si así lo estima conveniente la misma Sección o si lo solicitan los interesados, misma audiencia que deberá ocurrir dentro de otro plazo igual señalado. Transcurrido el procedimiento anterior, en un plazo no mayor de diez días hábiles la Sección resolverá sus conclusiones y las entregará a la Secretaría de la Cámara de Senadores. Artículo 24. Recibidas las conclusiones por la Secretaría de la Cámara, su Presidente anunciará de inmediato que debe erigirse ésta en Jurado de Sentencia a través de su órgano informativo interno o por estrados, así como mediante la publicación que se haga en dos diarios de mayor circulación en el país. El Presidente del Senado convocará a la sesión de jurado de sentencia en una fecha que resulte no antes de diez días hábiles ni mayor de quince a partir de que haya recibido las citadas conclusiones, procediendo la Secretaría a citar a la Comisión a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, al acusado y a su defensor, aplicando en lo conducente el artículo 18 del presente ordenamiento incluyendo el caso en que la cámara de Senadores se encontrare en receso. A la hora señalada para la sesión, el Presidente de la Cámara de Senadores la declarará erigida en Jurado de Sentencia y procederá de conformidad con las siguientes normas: 1. La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la Sección de Enjuiciamiento; 2. Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión de Diputados, al servidor público o a su defensor, o a ambos; 3. Retirados el servidor público y su defensor, y permaneciendo los diputados en la sesión, el jurado procederá a discutir y a votar las conclusiones y aprobar los que sean los puntos resolutivos que en ellas se contengan y el Presidente hará la declaratoria que corresponda y la comunicará al Titular del Poder Ejecutivo para que ejecute sin demora la resolución respectiva. Por lo que toca a gobernadores, diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, la Cámara de Senadores se erigirá en Jurado de Sentencia conforme al procedimiento descrito. En este caso, la sentencia que se dicte tendrá efectos declarativos y la misma se comunicará a la Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda. Artículo 25. La declaración de procedencia se tramitará conforme a lo siguiente: I. Realizada una averiguación previa en contra de cualquier Servidor Público de los mencionados en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y resuelto el ejercicio de la Acción Penal correspondiente, el ministerio público deberá solicitar la declaración de procedencia respectiva antes de consignar ante el Juez competente. II. En al solicitud de declaración de procedencia, el ministerio público deberá acompañar copia certificada de todas las constancias que integren la averiguación así como del pliego de consignación en el que se haya resuelto el ejercicio de la acción penal. III. Recibida la solicitud de declaración de procedencia y ratificada ante el Secretario General de la Cámara, éste la turnará sin dilación a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. IV. La Sección Instructora notificará inmediatamente por el medio más eficaz que resulte al inculpado de la pretensión punitiva en su contra emplazándolo a que alegue lo que en su derecho convenga en un plazo no mayor de diez días hábiles. Acto seguido y dentro del plazo de treinta días hábiles la Sección Instructora se reunirá a estudiar las constancias y petición del ministerio público así como los alegatos que haya ofrecido el inculpado y determinará si a su juicio el ministerio público acredita los elementos del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado. V. Dentro del mismo plazo y con vista en el estudio a que se refiere la fracción anterior la Sección Instructora resolverá en un dictamen si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado y en consecuencia es procedente remover la protección procesal al Servidor Público de que se trate, remitiendo el Dictamen de inmediato al Presidente de la Cámara de Diputados. Si la sección Instructora requiriera de mayor plazo, lo comunicará al pleno y en su defecto a la comisión permanente a efecto de que el mismo se le duplique por una sola ocasión. En todos los casos no podrán interrumpirse las actuaciones en ningún momento del año, sea que las Cámaras se encuentren en periodo ordinario o extraordinario de sesiones, sea que se encuentren en receso. VI. Si a juicio de la Sección, la imputación fuese notoriamente improcedente la desechará de plano y lo hará saber de inmediato al peticionario, sin perjuicio de reiniciar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. Artículo 26. Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al Ministerio Público actuando en lo conducente conforme al artículo 18 de ésta ley. Artículo 27. El día designado, previa declaración al Presidente de la Cámara, ésta conocerá en Asamblea del dictamen que la Sección le presente y actuará en lo conducente en los mismos términos previstos por el artículo 20 en materia de juicio político. Artículo 30. Las declaraciones y resoluciones de trámite o definitivas de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. Artículo 31. Las Cámaras tramitarán por riguroso turno a las Secciones Instructoras los requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se les presenten. Artículo 33. Cuando alguna de las Secciones o de las Cámaras deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del inculpado, se emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan; si el inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito se entenderá que contesta en sentido negativo. La Sección respectiva practicará las diligencias que no requieran la presencia del inculpado, encomendando al Juez de Distrito que corresponda las que deban practicarse dentro de su respectiva jurisdicción y fuera del lugar de residencia de las Cámaras, por medio de despacho firmado por el Presidente y un Secretario de la Sección al que se acompañará testimonio de las constancias conducentes. El Juez de Distrito practicará las diligencias que le encomiende la Sección respectiva, con estricta sujeción a las determinaciones que aquélla le comunique. Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias a que se refiere este artículo, se entregarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier gasto. Artículo 35. Presentada la excusa o la recusación, se calificará dentro de los tres días hábiles siguientes en un incidente que se substanciará, ante la Sección a cuyos miembros no se hubiese señalado impedimento para actuar. Si hay excusa o recusación de integrantes de ambas secciones, conocerá la comisión de la cual se deduce la Sección Instructora. En el incidente se escucharán al promovente y al recusado y se recibirán las pruebas correspondientes. Las Cámaras calificarán en los demás casos de excusa o recusación. Artículo 36. Tanto el inculpado como el denunciante podrán solicitar de las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que pretendan ofrecer como prueba ante la Sección respectiva o ante las Cámaras. Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas, sin demora, y si no lo hicieren la Sección, o las Cámaras a instancia del interesado, señalará a la autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultase falso que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra. Por su parte, la Sección o las Cámaras solicitarán las copias certificadas de constancias que estimen necesarias para el procedimiento, y si la autoridad de quien las solicitase no las remite dentro del plazo discrecional que se le señale, se impondrá la multa a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 38. Las Cámaras no podrán erigirse en órgano de acusación, Jurado de Procedencia o Jurado de Sentencia, sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público, su defensor, el denunciante o el Ministerio Público han sido debidamente citados en los domicilios por ellos señalados al efecto. Artículo 40. En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y votaciones se observarán, en lo aplicable, las reglas. que establecen la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso General para discusión y votación de las leyes. En todo caso, las votaciones deberán ser nominales, para tramitar, formular, aprobar o reprobar las conclusiones o dictámenes de las Secciones y para resolver incidental o definitivamente en el procedimiento. Artículo 43 Las Secciones y las Cámaras podrán disponer las medidas de apercibimiento que estimen necesarias y podrán ordenar de plano al servidor público que no abandone el Distrito Federal, Determinado Municipio o Entidad Federativa u ordenar el arraigo en su propio domicilio mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión respectiva pudiendo a su vez ordenar la vigilancia y hasta hacer uso de la fuerza si se suscita el riesgo inminente de que el inculpado se sustraiga del procedimiento o de la acción de la Justicia. Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de Septiembre de 2000.
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EL C. DIPUTADO JOSE FRANCISCO BLAKE MORA (PAN)
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Con su venia, señor Presidente. "Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión": "Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 10 segundo y tercer párrafos, 11, 12, 13 párrafo segundo, 14, 15, 16, 17 párrafo primero, 18, 19, 20, 21, 22, 23 párrafo segundo y tercero, 24 párrafo primero, 25, 26, 27, 30, 31, 33 segundo párrafo, 35, 36, 38 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente "Exposición de Motivos La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este título se establecen los lineamientos generales que rigen a los sujetos, causales y procedimiento en general del juicio político. La ley secundaria desarrolla estos lineamientos generales, por lo que establece el procedimiento que se desarrolla en ambas Cámaras del Congreso a fin de fincar o no responsabilidades de carácter político a los servidores públicos mencionados en el artículo 110 de la Constitución Federal. Esta ley señala que una vez presentada la denuncia de juicio político se envía a la "Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia" la cual cuenta con treinta días hábiles para determinar si el denunciado es de los servidores públicos que pueden ser sometidos a juicio político; si la denuncia contiene los elementos de prueba que justifiquen alguna de las causales y si la conducta que se denuncia constituye una infracción, y la probable responsabilidad del acusado. Cuando la Subcomisión de Examen Previo se pronuncia por la necesidad de iniciar el juicio político, deberá remitir su resolución al Pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para formular la resolución correspondiente y ordenar se turne la denuncia a la Sección Instructora. Ahora bien, derivado de la creación de la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se redujo el número de comisiones en la Cámara de Diputados, haciéndolas coincidir en lo general, con los despachos del Poder Ejecutivo a fin de fortalecer el trabajo y especialización de las mismas. Las tareas de la "Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales" quedan incluidas en la "Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública". Los asuntos relativos a puntos constitucionales serán conocidos por otra distinta: "Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal". Por lo que se refiere a la de "Justicia", ésta se une con la de "Derechos Humanos" y por tanto se denominará: "Comisión de Justicia y Derechos Humanos". La presente iniciativa tiene como objetivo adecuar el marco normativo de la Ley Federal de Responsabilidades a lo establecido por la nueva Ley Orgánica del Congreso, incluyendo las referencias que se hacen a la figura de "Gran Comisión" y "Oficial Mayor" misma que deberán sustituirse por las nuevas figuras denominadas "Junta de Coordinación Política" y "Secretario General de la Cámara de Diputados." En consecuencia el nombre de la Subcomisión de Examen Previo y de las Comisiones Unidas que intervienen en el desarrollo del juicio político deberá ser modificado, a saber: "Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación, Población y Seguridad Pública, y Justicia y Derechos Humanos". Consideramos que la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal no debe quedar incluida en el conocimiento de las facultades materialmente jurisdiccionales, por la materia de su competencia. Por otra parte, en las aplicaciones de la ley que nos ocupa, siempre inconclusas por cierto, resalta la necesidad de aclarar el procedimiento en materia de juicio político así como construir uno propio y claro para la declaración de procedencia. Por esta razón y con la finalidad de que el procedimiento cumpla con el principio de Justicia pronta y expedita, resulta necesario establecer nuevas reglas y plazos que generen una avance agilizándolo en forma adecuada. Juicio Político Con relación al Juicio Político, la ley que nos ocupa contiene una serie de imprecisiones y formulas inconvenientes que van desde la integración en número par de las Sección Instructora y de enjuiciamiento hasta la falta de claridad del órgano cameral que determina su integración. Por ello proponemos que las citadas secciones se integren a partir de un número de cinco miembros, lo cual resulta más racional que la fórmula vigente que es sólo de cuatro. Así mismo, consideramos la reforma pertinente en el artículo 11 para dejar en claro las funciones de integración, nombramiento y sustitución de vacantes que de las Secciones Instructoras y de Enjuiciamiento respectivamente deban hacer las Comisiones que la Ley Orgánica del Congreso General denomina como jurisdiccionales. Por otro lado, proponemos corregir la inconsistencia de los plazos y términos que del artículo 12 al 45 se señalan en la ley vigente, en días hábiles o naturales sin mayor congruencia. Al efecto creemos que la solución es mantener la lógica de los días hábiles en un número según la fase procesal que corresponda que encuentre también una lógica racional y referentes mínimos en la Teoría General del Proceso. Sin embargo adecuándonos a la dinámica especial del Congreso de la Unión como instancia de la aplicación de la ley en estudio, fijamos plazos para turnaciones de tres días hábiles, plazos para emplazamientos o contestaciones en periodos que van de 5 a 10 días; plazos para desahogo de pruebas o estudio que van hasta 30 días hábiles, y finalmente las previsiones necesarias para las ampliaciones de términos que pudieran requerirse durante los dos procedimientos que la ley regula. Adicionalmente no solo se resuelve en el artículo 19 la arcaica norma que establecía la suspensión del procedimiento de juicio político durante los recesos de las Cámaras y que afectaba por confusión, al procedimiento de declaración de procedencia. En la presente iniciativa dejamos claro la naturaleza de orden público de ambos procedimientos y por tanto se modifica el párrafo del citado artículo con el objeto de que las actuaciones se puedan dar en forma sucesiva independientemente de los periodos de sesiones o de receso. Como complemento de lo anterior, se faculta plenamente al Presidente de la Cámara correspondiente a gestionar los periodos extraordinarios cuando el Pleno deba reunirse en cumplimiento de la fase procesal correspondiente, al tiempo que establecemos la obligación de la Comisión Permanente para convocar a los periodos extraordinarios necesarios estipulando con claridad los plazos y términos aplicables de tal manera que sea previsible que los juicios políticos se substancien de principio a fin en un término moderado. Declaración de Procedencia Por lo que toca al capítulo tres, proponemos establecer un procedimiento claro que no se confunda en sus rasgos esenciales con el juicio político, y en todo caso deslindar con mayor nitidez la supletoriedad que dicho procedimiento pueda tener respecto de la declaración de procedencia. De entrada, se clarifica que el único peticionario posible puede ser el Ministerio Público y en caso de excepción, un juez; corrigiendo la de cualquier forma aparente acción popular que se contenía en el artículo 25 como fórmula arcaica, misma que se negaba en los requisitos al exigirse que la denuncia de particular debía reunir los requisitos para el ejercicio de la acción penal, misma que por su naturaleza y por disposición del artículo 21 Constitucional es propia y exclusiva del Ministerio Público. A esta altura es pertinente aclarar que la denegada procuración de justicia en la que se puede reflejar este procedimiento cuando el mismo se endereza en contra de los titulares del Ministerio Público, a bien tenemos que ya existe en el propio articulo 21 de nuestra Carta Magna, la posibilidad de recurrir en vía jurisdiccional el no ejercicio de la acción penal. Por lo anterior, se determina en el artículo 25 a través de seis nuevas fracciones la forma en la que la Sección Instructora actúa como mero órgano de casación de las actuaciones del ministerio Público, para determinar si estas no son frívolas e inconsistentes y si en su caso existen de las constancias los elementos que acrediten la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado, realizando en todo caso un juicio de valoración jurídico política sobre la pertinencia de retirar la protección procesal a determinado servidor público. Congruente con lo anterior se mantiene en la ley el principio de que la eventual negativa de declaración de procedencia no prejuzga la inocencia del inculpado y por ello es viable su procesamiento normal al concluir en su encargo. Finalmente se mantiene el reenvío que se hace respecto del desahogo de la sesión del pleno erigido en jurado de procedencia respecto de los plazos y formas que establecen tanto el artículo 18 como el 20 en materia de juicio político. Disposiciones Comunes Siguiendo la tesis de Manuel Herrera y Lasso, de que "inmunidad es el género: fuero y juicio político las especies", es necesario mantener el capítulo de disposiciones comunes no sólo por economía y sobriedad legislativa, sino porque hay francas y claras hipótesis donde las instituciones legales rigen por igual para ambos procedimientos. Por tanto, el capítulo Cuarto se mantiene en los mismos términos en lo esencial aunque se hacen una serie de correcciones y ajustes que sólo persiguen la congruencia con el resto de las reformas ya descritas, de mera técnica legislativa; sin embargo, se refuerza el artículo 43 con relación a las facultades tanto de las secciones como de las Cámaras para prevenir que el inculpado en uno u otro procedimiento se sustraiga del procedimiento o de la acción de la justicia. Respecto de este último tema conviene reflexionar que el fuero no es patente de impunidad sino tan solo una inmunidad temporal y que por su parte el juicio político es una herramienta indispensable para el control del poder público ante sus excesos u omisiones graves. En ese sentido, medidas preventivas como las que se proponen en el artículo 43 que se reforma no pretenden desconocer anticipadamente por ejemplo la protección procesal convencionalmente denominada fuero, sino que tan solo se propicia el mantener un bien superior como lo es la sujeción de las personas a los procedimientos legales establecidos en condiciones de equidad respecto del resto de los justiciables. Así mismo, tenemos que el denominado fuero no es una prerrogativa "intuito personae" sino que se trata tan sólo de la protección de la función pública. Por tanto, medidas como las que se proponen en el artículo 43 hasta la detención preventiva que en casos de flagrancia pudiera hacerse de alguno de los servidores a los que se refiere el título cuarto del a Constitución, no violan el fuero en la medida que no sean tales que impidan el ejercicio de la función. En virtud de los anterior, se somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de: DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Artículo único. Se reforman los artículos 10 segundo y tercer párrafo; 11; 12; 13 párrafo segundo; 14; 15; 16; 17, párrafo primero; 18; 19; 20: 21; 22; 23, párrafo segundo y tercero; 24, párrafo primero; 25; 26; 27; 30; 31; 33, segundo párrafo; 35; 36; 38 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia. La Cámara de Diputados iniciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación, Población y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, mismas que al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley. Las comisiones unidas a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de cumplir con las obligaciones que les impone la presente ley, se reunirán a convocatoria que de común acuerdo realicen los Presidentes de cada una de ellas, en cuyo defecto, será convocante la de Gobernación, Población y Seguridad Pública. Artículo 11. La Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, al momento de proponer la constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, también propondrá la integración de una comisión para de deducir de la misma las Secciones encargadas de sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, la citadas comisiones designarán en el ámbito de su competencia cinco de sus miembros para integrar la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores, determinando los cargos de Presidente y dos Secretarios para cada una de ellas. Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Comisión a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, de entre sus propios miembros. Artículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento: a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación; b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a la Subcomisión de Examen Previo a que se refiere el artículo 10 de ésta ley, en un plazo no mayor de tres días hábiles. La Secretaría General deberá dar cuenta de dicho turno dentro del mismo plazo, a cada una de las coordinaciones de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados. c) La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a quince días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 20., de esta Ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que se relacionen con la conducta señalada y que ésta corresponde a las enumeradas en el artículo 70. de la propia Ley. En caso de reunirse los tres requisitos mencionados la Subcomisión resolverá que sí se amerita la incoación del procedimiento turnándolo directamente a la Sección Instructora en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la fecha en que se dicte la resolución. En caso contrario la Subcomisión desechará la denuncia presentada notificándole personalmente al promovente por conducto de la Secretaría General, si hubiere señalado domicilio en el Distrito Federal o en su defecto, mediante publicación del acuerdo respectivo en el Estrado de dicha Oficina y en la gaceta parlamentaria. En caso de la presentación de pruebas supervinientes, la Subcomisión de Examen Previo podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado, sólo en el caso de insuficiencia de pruebas; d) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo, desechando una denuncia, podrá revisarse por el pleno de las Comisiones Unidas a petición de cualquiera de los Presidentes de las Comisiones o a solicitud, de cuando menos, el diez por ciento de los diputados integrantes de ambas Comisiones siempre y cuando se solicite por escrito en un plazo no mayor de cinco días a partir del desechamiento, debiendo resolverse de plano por parte de las comisiones unidas, en otro plazo igual contado a partir de la presentación de la solicitud. e) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida directamente a la Sección Instructora de la Cámara. Artículo 13. La Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquélla; estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de un expediente, la Sección notificará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá comparecer por escrito y ofrecer pruebas de su parte, dentro de los siete días hábiles siguientes a la notificación. Artículo 14. Concluido el plazo señalado en el artículo anterior, la Sección Instructora dictará inmediatamente un acuerdo mediante el cuál admita u deseche pruebas y abrirá un plazo de 30 días hábiles para desahogar tanto las pruebas de la defensa, las que haya ofrecido el denunciante o las que la propia Sección ordene para mejor proveer al momento de acordar la admisión de pruebas. En dicho acuerdo se deberá fijar prudentemente el día, hora y lugar para el desahogo de aquellas que requieran de diligencia especial lo cual deberá ocurrir dentro del mismo plazo. Serán admisibles todo tipo de pruebas pero se desecharán aquellas cuyo desahogo implique salir del plazo señalado en el párrafo anterior. Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible desahogar las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la Sección Instructora podrá ampliarlo hasta por otros 30 días hábiles, concluido el cuál se desecharán de plano las pruebas cuyo desahogo no haya sido posible. En todo caso, la Sección Instructora calificará la idoneidad de las pruebas, desechándose las que a su juicio sean improcedentes. La resolución que admita o deseche pruebas es inatacable. Artículo 15. Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciado y su defensor acreditado por un plazo de tres días hábiles, y por otros tantos al denunciante, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos que deberán presentar por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado. Artículo 16. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado éstos, la Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento. Artículo 17. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del encausado, las conclusiones de la Sección Instructora terminarán proponiendo al pleno de la Cámara de Diputados que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento. Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente: I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia; II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado; III. La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 80. de esta Ley, y IV. Que en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos. De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren concurrido en los hechos. Artículo 18. Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos precedentes, junto con el expediente respectivo la Sección Instructora las entregará al Presidente de la Cámara de Diputados dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de haberse aprobado las conclusiones. El Presidente de la Cámara anunciará de inmediato a través de la Gaceta Parlamentaria y mediante publicación que aparezca por una sola vez en dos diarios de mayor circulación en el país, que dicha Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación. Así mismo, el Presidente de la Cámara deberá convocar a sesión del pleno misma que se deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de diez días hábiles ni mayor de quince a partir de la recepción de las conclusiones de la Sección Instructora. Si las Cámaras se encontraran en receso, de inmediato el Presidente de la Cámara deberá solicitar a la Comisión permanente que convoque a periodo Extraordinario para resolver el asunto. En la sesión que siga al momento en que se reciba la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Permanente deberá convocar a periodo extraordinario fijando la fecha en que deba desarrollarse, mismo periodo que deberá ocurrir dentro de un plazo no menor de diez días hábiles ni mayor de quince. Fijada la fecha para la sesión a que este artículo se refiere, el Presidente enviará notificación por conducto de la Secretaría General, para que estén presentes en la misma, tanto al presunto responsable, su defensor acreditado así como al denunciante en los domicilios que en su momento hubieren señalado, en cuyo defecto la notificación les surtirá efectos con la sola publicación de la convocatoria en la gaceta parlamentaria. El Presidente fijará prudentemente los lugares en que deban permanecer en el recinto durante la sesión, y los podrá hacer salir en caso de desorden o desacato, haciendo incluso uso de la fuerza pública. Artículo 19. La Sección Instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas directamente a los secretarios de la Cámara, conforme a los artículos anteriores, dentro del plazo de noventa días hábiles, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar de la Cámara que se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo que se conceda no excederá de treinta días Hábiles. En todos los casos no podrán interrumpirse las actuaciones en ningún momento del año, sea que las Cámaras se encuentren en periodo ordinario o extraordinario de sesiones, sea que se encuentren en receso. Articulo 20. El día señalado de la sesión del pleno, conforme al Artículo 18, la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de su Presidente. Se publicarán en la gaceta Parlamentaria una reseña amplia de las constancias procedimentales y la Secretaría dará lectura a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas. Acto Seguido la Sección Instructora hará la lectura de sus conclusiones por conducto de su Presidente o el miembro de la Sección que la misma designe. Acto continuo se concederá la palabra al servidor público o a su defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos por el tiempo que la mesa directiva fije prudentemente. La Sección Instructora podrá replicar y, si lo hiciere, el imputado o su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término. Retirados el denunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la Sección Instructora, en los términos que dispone la Ley Orgánica del Congreso General y su reglamento. Artículo 21. Si la Cámara resolviere que no procede acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se les pondrá a disposición de la Cámara de Senadores, a la que se remitirá la acusación de inmediato, designándose una comisión de tres diputados para que sostengan aquélla ante el Senado. Artículo 22. Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, su Presidente la turnará de inmediato a la Sección de Enjuiciamiento, la que emplazará sin demora alguna a la Comisión de Diputados encargada de la acusación, al acusado y a su defensor, para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días hábiles siguientes al emplazamiento. Artículo 23. Transcurrido el plazo que se señala en el artículo anterior, con alegatos o sin ellos, la Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores formulará sus conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos formulados, en su caso, proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se funde. Dentro del mismo plazo la Sección podrá acordar escuchar directamente a la Comisión de Diputados que sostienen la acusación y al acusado y su defensor, si así lo estima conveniente la misma Sección o si lo solicitan los interesados, misma audiencia que deberá ocurrir dentro de otro plazo igual señalado. Transcurrido el procedimiento anterior, en un plazo no mayor de diez días hábiles la Sección resolverá sus conclusiones y las entregará a la Secretaría de la Cámara de Senadores. Artículo 24. Recibidas las conclusiones por la Secretaría de la Cámara, su Presidente anunciará de inmediato que debe erigirse ésta en Jurado de Sentencia a través de su órgano informativo interno o por estrados, así como mediante la publicación que se haga en dos diarios de mayor circulación en el país. El Presidente del Senado convocará a la sesión de jurado de sentencia en una fecha que resulte no antes de diez días hábiles ni mayor de quince a partir de que haya recibido las citadas conclusiones, procediendo la Secretaría a citar a la Comisión a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, al acusado y a su defensor, aplicando en lo conducente el artículo 18 del presente ordenamiento incluyendo el caso en que la cámara de Senadores se encontrare en receso. A la hora señalada para la sesión, el Presidente de la Cámara de Senadores la declarará erigida en Jurado de Sentencia y procederá de conformidad con las siguientes normas: 1. La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la Sección de Enjuiciamiento; 2. Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión de Diputados, al servidor público o a su defensor, o a ambos; 3. Retirados el servidor público y su defensor, y permaneciendo los diputados en la sesión, el jurado procederá a discutir y a votar las conclusiones y aprobar los que sean los puntos resolutivos que en ellas se contengan y el Presidente hará la declaratoria que corresponda y la comunicará al Titular del Poder Ejecutivo para que ejecute sin demora la resolución respectiva. Por lo que toca a gobernadores, diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, la Cámara de Senadores se erigirá en Jurado de Sentencia conforme al procedimiento descrito. En este caso, la sentencia que se dicte tendrá efectos declarativos y la misma se comunicará a la Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda. Artículo 25. La declaración de procedencia se tramitará conforme a lo siguiente: I. Realizada una averiguación previa en contra de cualquier Servidor Público de los mencionados en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y resuelto el ejercicio de la Acción Penal correspondiente, el ministerio público deberá solicitar la declaración de procedencia respectiva antes de consignar ante el Juez competente. II. En al solicitud de declaración de procedencia, el ministerio público deberá acompañar copia certificada de todas las constancias que integren la averiguación así como del pliego de consignación en el que se haya resuelto el ejercicio de la acción penal. III. Recibida la solicitud de declaración de procedencia y ratificada ante el Secretario General de la Cámara, éste la turnará sin dilación a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. IV. La Sección Instructora notificará inmediatamente por el medio más eficaz que resulte al inculpado de la pretensión punitiva en su contra emplazándolo a que alegue lo que en su derecho convenga en un plazo no mayor de diez días hábiles. Acto seguido y dentro del plazo de treinta días hábiles la Sección Instructora se reunirá a estudiar las constancias y petición del ministerio público así como los alegatos que haya ofrecido el inculpado y determinará si a su juicio el ministerio público acredita los elementos del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado. V. Dentro del mismo plazo y con vista en el estudio a que se refiere la fracción anterior la Sección Instructora resolverá en un dictamen si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado y en consecuencia es procedente remover la protección procesal al Servidor Público de que se trate, remitiendo el Dictamen de inmediato al Presidente de la Cámara de Diputados. Si la sección Instructora requiriera de mayor plazo, lo comunicará al pleno y en su defecto a la comisión permanente a efecto de que el mismo se le duplique por una sola ocasión. En todos los casos no podrán interrumpirse las actuaciones en ningún momento del año, sea que las Cámaras se encuentren en periodo ordinario o extraordinario de sesiones, sea que se encuentren en receso. VI. Si a juicio de la Sección, la imputación fuese notoriamente improcedente la desechará de plano y lo hará saber de inmediato al peticionario, sin perjuicio de reiniciar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. Artículo 26. Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al Ministerio Público actuando en lo conducente conforme al artículo 18 de ésta ley. Artículo 27. El día designado, previa declaración al Presidente de la Cámara, ésta conocerá en Asamblea del dictamen que la Sección le presente y actuará en lo conducente en los mismos términos previstos por el artículo 20 en materia de juicio político. Artículo 30. Las declaraciones y resoluciones de trámite o definitivas de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. Artículo 31. Las Cámaras tramitarán por riguroso turno a las Secciones Instructoras los requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se les presenten. Artículo 33. Cuando alguna de las Secciones o de las Cámaras deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del inculpado, se emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan; si el inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito se entenderá que contesta en sentido negativo. La Sección respectiva practicará las diligencias que no requieran la presencia del inculpado, encomendando al Juez de Distrito que corresponda las que deban practicarse dentro de su respectiva jurisdicción y fuera del lugar de residencia de las Cámaras, por medio de despacho firmado por el Presidente y un Secretario de la Sección al que se acompañará testimonio de las constancias conducentes. El Juez de Distrito practicará las diligencias que le encomiende la Sección respectiva, con estricta sujeción a las determinaciones que aquélla le comunique. Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias a que se refiere este artículo, se entregarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier gasto. Artículo 35. Presentada la excusa o la recusación, se calificará dentro de los tres días hábiles siguientes en un incidente que se substanciará, ante la Sección a cuyos miembros no se hubiese señalado impedimento para actuar. Si hay excusa o recusación de integrantes de ambas secciones, conocerá la comisión de la cual se deduce la Sección Instructora. En el incidente se escucharán al promovente y al recusado y se recibirán las pruebas correspondientes. Las Cámaras calificarán en los demás casos de excusa o recusación. Artículo 36. Tanto el inculpado como el denunciante podrán solicitar de las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que pretendan ofrecer como prueba ante la Sección respectiva o ante las Cámaras. Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas, sin demora, y si no lo hicieren la Sección, o las Cámaras a instancia del interesado, señalará a la autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultase falso que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra. Por su parte, la Sección o las Cámaras solicitarán las copias certificadas de constancias que estimen necesarias para el procedimiento, y si la autoridad de quien las solicitase no las remite dentro del plazo discrecional que se le señale, se impondrá la multa a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 38. Las Cámaras no podrán erigirse en órgano de acusación, Jurado de Procedencia o Jurado de Sentencia, sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público, su defensor, el denunciante o el Ministerio Público han sido debidamente citados en los domicilios por ellos señalados al efecto. Artículo 40. En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y votaciones se observarán, en lo aplicable, las reglas. que establecen la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso General para discusión y votación de las leyes. En todo caso, las votaciones deberán ser nominales, para tramitar, formular, aprobar o reprobar las conclusiones o dictámenes de las Secciones y para resolver incidental o definitivamente en el procedimiento. Artículo 43 Las Secciones y las Cámaras podrán disponer las medidas de apercibimiento que estimen necesarias y podrán ordenar de plano al servidor público que no abandone el Distrito Federal, Determinado Municipio o Entidad Federativa u ordenar el arraigo en su propio domicilio mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión respectiva pudiendo a su vez ordenar la vigilancia y hasta hacer uso de la fuerza si se suscita el riesgo inminente de que el inculpado se sustraiga del procedimiento o de la acción de la Justicia. Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de Septiembre de 2000.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): Señor Diputado: Si me permite, muy respetuosamente quiero recordarle que conforme al Reglamento las intervenciones de los individuos de la Cámara para presentar iniciativas deben ajustarse a un plazo de media hora. Si usted considera pertinente que se inscriba en el Diario de los Debates el articulado completo y podamos proceder a turnar su Iniciativa en este momento.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN)
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Señor Diputado: Si me permite, muy respetuosamente quiero recordarle que conforme al Reglamento las intervenciones de los individuos de la Cámara para presentar iniciativas deben ajustarse a un plazo de media hora. Si usted considera pertinente que se inscriba en el Diario de los Debates el articulado completo y podamos proceder a turnar su Iniciativa en este momento.
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EL C. DRIPUTADO JOSE FRANCISCO BLAKE MORA (PAN): Con gusto, señor Presidente. Por la extensión del articulado no hay inconveniente de mi parte en que esta sea publicada para los efectos de que se haga del conocimiento de los demás compañeros Diputados.
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EL C. DRIPUTADO JOSE FRANCISCO BLAKE MORA (PAN)
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Con gusto, señor Presidente. Por la extensión del articulado no hay inconveniente de mi parte en que esta sea publicada para los efectos de que se haga del conocimiento de los demás compañeros Diputados.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): Muy amable. Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN)
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Muy amable. Muchas gracias.
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2000-09-12
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. PRESIDENTE DIPUTDO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): Hago entrega del documento a la Secretaría misma que suscribe su servidor y demás Diputadas y Diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional. Aplausos EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): La Iniciativa presentada por el ciudadano Diputado José Francisco Blake Mora se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública. Insértese en el Diario de los Debates íntegramente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiene ahora la palabra la Diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa de reformas al Código Penal Federal, Código, Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTDO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN)
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Hago entrega del documento a la Secretaría misma que suscribe su servidor y demás Diputadas y Diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional. Aplausos EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): La Iniciativa presentada por el ciudadano Diputado José Francisco Blake Mora se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública. Insértese en el Diario de los Debates íntegramente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiene ahora la palabra la Diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa de reformas al Código Penal Federal, Código, Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo.
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ (PRD): Ciudadanos Diputados integrantes de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Honorables Diputadas y Diputados: "Los suscritos Diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 61 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente Iniciativa de reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo. Exposición de Motivos La libertad personal es uno de los bienes más preciados en nuestra sociedad. Su privación es tenida como una de las sanciones más severas a las que puede ser sometida una persona; precisamente por ello se ha venido creando todo un sistema de garantías para preservarla y evitar las arbitrariedades y los excesos por parte de quienes ejercen el poder público. Sin embargo, a pesar de todo, en nuestro país ese bien jurídico universalmente reconocido se ve frecuentemente violentado; los ataques van desde la detención arbitraria hasta la desaparición forzada de personas. Existe una estrecha vinculación entre la desprotección de la libertad personal y la desaparición forzada de personas. Esta no es posible sin la primera. Por ello resultaría incongruente sancionar la desaparición forzada sin hacer lo propio con el caso más frecuente de afectación de la libertad en situaciones cotidianas. La democracia es impensable sin la protección de la libertad personal. Ésta no es sólo un presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales como los de expresión, reunión y asociación sino para la protección de la vida e integridad personal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en este sentido que a menos que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos estén garantizados, "las demás barreras a la acción gubernamental se convierten en esperanzas vacías, y la democracia no se puede beneficiar con el juicio libre y espontáneo de un pueblo del que debe depender para dirigir su propia conducta". Si el gobierno mexicano está obligado a promover y proteger el ejercicio de los derechos y libertades de sus habitantes, con mayor razón debe comprometerse en esta tarea cuando son sus propios agentes quienes vulneran estos derechos. La norma constitucional establece las garantías mediante las cuales ninguno de nosotros puede ser privado de su libertad y señala limitativamente los supuestos en los cuales podemos ser privados de la misma. Éstos son los casos de flagrancia, orden judicial de aprehensión y orden de detención tratándose de caso urgente en delitos graves. Para que las normas constitucionales que resguardan los derechos individuales se observen cotidianamente, no basta una mera abstención por parte del Estado, como erróneamente se ha creído, sino que son necesarias acciones y medidas positivas por parte de la autoridad encargada de conducir los asuntos públicos. Se requiere de una verdadera "ingeniería de la libertad", y ello implica la promulgación de una legislación ordinaria idónea. Nuestro marco jurídico presenta graves deficiencias para evitar la detención arbitraria. Esta situación ancestral y generalizada en todo el país, se ha visto favorecida por un explicable reclamo de acciones eficaces contra la delincuencia que demanda mayores poderes para los agentes de autoridad encargados de hacer cumplir la ley. Semejante política, lejos de haber contribuido a una mayor seguridad pública, ha sido fuente de inseguridad al haber prohijado fenómenos de corrupción y arbitrariedad en las policías preventivas y judiciales. Saldo de todo ello es la frecuente afectación de la libertad personal, y el consiguiente demérito de la confianza de los habitantes en las autoridades, lo que a su vez se traduce en una falta de colaboración e ineficacia en la prevención y persecución de faltas y delitos. En razón de lo anterior se propone establecer como delito la detención o encierro de persona fuera de los supuestos constitucionales y la retención cuando la misma se presentare voluntariamente, como tipo básico, con una atenuante en el supuesto en que la misma se limite a presentar a una persona ante el ministerio público. El orden jurídico debe asimismo comprender medidas preventivas de la afectación de los bienes que busca proteger, y en este sentido se propone desincentivar la detención arbitraria mediante una sanción procesal consistente en decretar la nulidad de todas las actuaciones procesales que sigan a una ilegal detención. De igual manera, es necesario revertir reformas que legitiman la detención arbitraria. Este es el caso de la flagrancia equiparada prevista en el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que restringe la garantía constitucional de la libertad, al considerar como flagrancia lo que por su naturaleza no lo es, ya que falta el elemento fundamental que legitima este supuesto excepcional en el que cualquier persona puede llevar a cabo la detención de quien es sorprendido en la comisión misma de un delito. Este elemento es la certeza respecto de su autor, misma que no se puede dar si el supuesto acontecimiento delictivo tuvo lugar hasta cuarenta y ocho horas antes. Este margen de error expone además a los agentes de la autoridad a actos de legítima defensa y por lo tanto plenamente justificados por parte de la persona ajena a un hecho delictivo que repele su detención bajo este supuesto e incluso llega a privar de la vida a quien pretende detenerle. Para ser consistentes con la protección sistemática y completa de la iniciativa propuesta se restablece el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo para posibilitar la protección de la justicia federal en aquellos casos que, por cambio de situación jurídica, se acarrean el sobreseimiento del amparo. Con esto se busca contrarrestar el sentido de la última reforma del citado artículo, que de hecho, convalida detenciones ilegales. La desaparición forzada, constituye la más grave, particular y trascendente violación de la libertad. Esta práctica se ha llevado a cabo durante las últimas tres décadas y ha sido ejecutada por diversos cuerpos policíacos y de seguridad del Estado, tanto a nivel local como federal, se ha dado de manera sistemática y bajo las condiciones de impunidad en el ejercicio arbitrario de la autoridad. La propuesta que aquí se presenta para tipificar a la desaparición forzada como un ilícito penal tiene como objetivo fortalecer los instrumentos jurídicos para vivir en un verdadero Estado de Derecho, de manera que puedan prevenirse y sancionarse tales conductas. Nunca más debe presentarse un caso de desaparición forzada. El carácter permanente de la conducta hace posible también que en tanto persista el ocultamiento del paradero de la persona se está ante acciones u omisiones presentes y, por tanto, susceptibles de configurar el tipo delictivo, independientemente de la temporalidad de su inicio. Más de quinientas personas a lo largo de las últimas décadas han sido ilegalmente apresadas por miembros de cuerpos de seguridad del Estado quienes por sí, conjuntamente o valiéndose de particulares (brigadas blancas, grupos paramilitares o parapoliciales, "madrinas", etc.), han sustraído a seres humanos de su entorno normal de vida. Más no ha sido solamente la detención de la persona, sino que la privación de la libertad conlleva, además, el ocultamiento de aquélla; no se da información sobre su paradero a sus familiares, amigos o correligionarios; se niega incluso la propia detención. Esta situación trasciende a los familiares quienes viven indefinidamente en el dolor y la incertidumbre. En medio de la total impunidad quienes deberían proteger a las personas y observar rigurosamente sus derechos, los violan brutalmente, Al mantener oculta la detención impiden que las personas, sus allegados e incluso que las instituciones públicas encargadas de la tutela de derechos puedan actuar; se elimina cualquier posibilidad de defensa, no hay acusación, no hay juez, no hay procedimiento, no hay sentencia. Simplemente se "desaparece" a la persona. Los numerosos testimonios de quienes han sido víctimas o testigos de la desaparición han permitido reconstruir el modus operandi: detenciones ordenadas y conocidas por los mandos de las fuerzas de seguridad y aun por quienes han desempeñado funciones gubernativas, el objetivo es eliminar la oposición de quienes disienten de los detentadores del poder, el empleo de cárceles clandestinas, campos militares, bases navales, involucramiento de altos mandos, coordinación de diversas fuerzas estatales (policías, cuerpos de inteligencia, fuerzas armadas), absoluta negativa de presidentes de la República, procuradores, gobernadores, secretarios de estado y otros altos funcionarios para investigar las desapariciones. Todo esto lleva a concluir que se ha tratado de una política de Estado más que de excesos aislados de poder. Aun cuando la legislación vigente establece tipos delictivos para sancionar el secuestro no existe absolutamente ningún sentenciado, es más, ningún procesado por motivo de alguna desaparición forzada, ni siquiera por abuso de autoridad o ejercicio indebido del servicio público. Hoy en día los habitantes de este país, ignoramos dónde están, Epifanio Avilés, José de Jesús Corral, J. Reyes Mayoral Jáuregui, Jesús Piedra, Miguel Orlando Muñoz Guzmán, José de Jesús Avila González, Rafael Ramírez Duarte, Benjamín Maldonado Santos, Eduardo Hernández Vargas, Irma Cruz Santiago, Jacob Nájera Hernández, Alicia de los Ríos Merino, Juan Chávez Hoyos, Austreberta Hilda Ocaña, Juan Carlos Mendoza Galoz, Candelario Campos Ramírez, Pedro Ignacio Cortes Gutiérrez, Jorge Carrasco Gutiérrez y los demás desaparecidos. La democracia que estamos construyendo no está completa sin ellos, una democracia con desaparecidos se niega a sí misma pero aún más, se convierte en cómplice y se condena a repetir la infamia. La conducta que amerita la creación de un tipo específico y que distingue a la desaparición de otras modalidades de privación ilegal de la libertad es el ocultamiento del paradero de la víctima y que se exterioriza con la ausencia o falsedad de información sobre la misma, en la negativa de su detención o en la negativa para informar de su paradero. No obstante su gravedad, cuando la libertad del desaparecido tenga lugar durante los primeros días de su captura, se prevén tipos atenuados que tienen en cuenta la libertad y la vida de la persona como objetivo prioritario. Si bien el elemento predominante en los casos de desaparición ocurridos en nuestro país es el de dirigirse a opositores o disidentes políticos, el tipo propuesto no restringe a tal calidad los posibles sujetos pasivos, puesto que la pretensión del mismo es proteger a cualquier persona independientemente de su posición política, inclusive a los agentes del mismo Estado. Consideramos que las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad. Esta propuesta retoma los estándares internacionales de protección de la libertad y las medidas para prevenir la desaparición forzada. Esta iniciativa tiene como antecedente la adopción en el Código Penal para el Distrito Federal del tipo penal de desaparición forzada, el dieciocho de agosto del presente año lo que marcó el compromiso de los partidos y las fuerzas sociales con la democracia y contra la impunidad. La aprobación de esta propuesta en el ámbito federal establecerá normas que junto con la voluntad efectiva de combatir tales prácticas por parte de las autoridades competentes deberán esclarecer los cientos de desapariciones practicadas por autoridades federales y con ello este Congreso recogerá el reclamo de las madres y familiares de los desaparecidos: ¡vivos los llevaron, vivos los queremos! Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de este pleno el siguiente: DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE AMPARO. Artículo Primero. Se adiciona el Capítulo III Bis al Título Décimo del Código Penal Federal, que comprenderá los artículos 215-A al 215H. CAPITULO III Bis Delitos contra la libertad personal y Desaparición Forzada de Personas Art. 215A. El agente de autoridad que, fuera de los supuestos constitucionales, detuviere o encerrare a una persona, privándola de su libertad, o la retuviere cuando la persona se hubiese presentado voluntariamente será sancionado con pena de prisión 8 meses a 4 años y destitución del cargo. Art. 215B. El agente de autoridad que, fuera de los casos permitidos por los supuestos constitucionales, aprehendiera a una persona y la presentare inmediatamente al ministerio público, será sancionada con la suspensión en su cargo o empleo hasta por treinta días o sesenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Art. 215C. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una persona, la mantenga oculta bajo cualquier forma de detención o encerramiento, niegue reconocer dicha privación de la libertad o no de razón cierta y precisa de su paradero, restringiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y de las garantías legales pertinentes. Art. 215E. A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le Impondrá una sanción de 15 a 40 años de prisión. Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención y se encontrare indemne, la sanción será de ocho meses a cuatro años de prisión. Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes, la sanción aplicable será de dos a ocho años de prisión Estas penas podrán ser disminuidas hasta en una tercera parte, cuando quien hubiere participado en la comisión del delito, suministre información que permita esclarecer los hechos; y hasta en una mitad cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. Art. 215F. Al servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para desempeñar de manera definitiva otro empleo cargo o función públicos. Art. 215G. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad, en consecuencia, no es susceptible de perdón, amnistía o figuras análogas, ni será considerado para efectos de extradición como delito político. En ningún caso se admitirá la exclusión del delito por obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada de personas. Toda persona que reciba tales órdenes tiene el derecho y el deber de no obedecerlas. La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción. La oposición o negativa por parte de quien funja como responsable de todo lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, para que los agentes de autoridad o de los organismos competentes tengan libre e inmediato acceso a los mismos, serán sancionados con la destitución de su empleo, cargo o comisión públicos, sin perjuicio de los demás delitos en que pudieren incurrir. Artículo Segundo. Se deroga la fracción III del artículo 193; se adiciona un inciso 34 a la fracción I del artículo 194, y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 197, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo 193. III. Se deroga. Artículo 194. Se califican como delitos graves... 1. Del Código Penal... 1). . . 2)... 34) desaparición forzada, previsto en el artículo 215C Artículo 197. Todos los actos posteriores a una detención ilegal no producirán efecto legal alguno. Artículo Tercero, se reforma el párrafo segundo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo para quedar como sigue: Art. 73. El juicio de amparo es improcedente Frac X Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; TRANSITORIO. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ (PRD)
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Ciudadanos Diputados integrantes de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Honorables Diputadas y Diputados: "Los suscritos Diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 61 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente Iniciativa de reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo. Exposición de Motivos La libertad personal es uno de los bienes más preciados en nuestra sociedad. Su privación es tenida como una de las sanciones más severas a las que puede ser sometida una persona; precisamente por ello se ha venido creando todo un sistema de garantías para preservarla y evitar las arbitrariedades y los excesos por parte de quienes ejercen el poder público. Sin embargo, a pesar de todo, en nuestro país ese bien jurídico universalmente reconocido se ve frecuentemente violentado; los ataques van desde la detención arbitraria hasta la desaparición forzada de personas. Existe una estrecha vinculación entre la desprotección de la libertad personal y la desaparición forzada de personas. Esta no es posible sin la primera. Por ello resultaría incongruente sancionar la desaparición forzada sin hacer lo propio con el caso más frecuente de afectación de la libertad en situaciones cotidianas. La democracia es impensable sin la protección de la libertad personal. Ésta no es sólo un presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales como los de expresión, reunión y asociación sino para la protección de la vida e integridad personal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en este sentido que a menos que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos estén garantizados, "las demás barreras a la acción gubernamental se convierten en esperanzas vacías, y la democracia no se puede beneficiar con el juicio libre y espontáneo de un pueblo del que debe depender para dirigir su propia conducta". Si el gobierno mexicano está obligado a promover y proteger el ejercicio de los derechos y libertades de sus habitantes, con mayor razón debe comprometerse en esta tarea cuando son sus propios agentes quienes vulneran estos derechos. La norma constitucional establece las garantías mediante las cuales ninguno de nosotros puede ser privado de su libertad y señala limitativamente los supuestos en los cuales podemos ser privados de la misma. Éstos son los casos de flagrancia, orden judicial de aprehensión y orden de detención tratándose de caso urgente en delitos graves. Para que las normas constitucionales que resguardan los derechos individuales se observen cotidianamente, no basta una mera abstención por parte del Estado, como erróneamente se ha creído, sino que son necesarias acciones y medidas positivas por parte de la autoridad encargada de conducir los asuntos públicos. Se requiere de una verdadera "ingeniería de la libertad", y ello implica la promulgación de una legislación ordinaria idónea. Nuestro marco jurídico presenta graves deficiencias para evitar la detención arbitraria. Esta situación ancestral y generalizada en todo el país, se ha visto favorecida por un explicable reclamo de acciones eficaces contra la delincuencia que demanda mayores poderes para los agentes de autoridad encargados de hacer cumplir la ley. Semejante política, lejos de haber contribuido a una mayor seguridad pública, ha sido fuente de inseguridad al haber prohijado fenómenos de corrupción y arbitrariedad en las policías preventivas y judiciales. Saldo de todo ello es la frecuente afectación de la libertad personal, y el consiguiente demérito de la confianza de los habitantes en las autoridades, lo que a su vez se traduce en una falta de colaboración e ineficacia en la prevención y persecución de faltas y delitos. En razón de lo anterior se propone establecer como delito la detención o encierro de persona fuera de los supuestos constitucionales y la retención cuando la misma se presentare voluntariamente, como tipo básico, con una atenuante en el supuesto en que la misma se limite a presentar a una persona ante el ministerio público. El orden jurídico debe asimismo comprender medidas preventivas de la afectación de los bienes que busca proteger, y en este sentido se propone desincentivar la detención arbitraria mediante una sanción procesal consistente en decretar la nulidad de todas las actuaciones procesales que sigan a una ilegal detención. De igual manera, es necesario revertir reformas que legitiman la detención arbitraria. Este es el caso de la flagrancia equiparada prevista en el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que restringe la garantía constitucional de la libertad, al considerar como flagrancia lo que por su naturaleza no lo es, ya que falta el elemento fundamental que legitima este supuesto excepcional en el que cualquier persona puede llevar a cabo la detención de quien es sorprendido en la comisión misma de un delito. Este elemento es la certeza respecto de su autor, misma que no se puede dar si el supuesto acontecimiento delictivo tuvo lugar hasta cuarenta y ocho horas antes. Este margen de error expone además a los agentes de la autoridad a actos de legítima defensa y por lo tanto plenamente justificados por parte de la persona ajena a un hecho delictivo que repele su detención bajo este supuesto e incluso llega a privar de la vida a quien pretende detenerle. Para ser consistentes con la protección sistemática y completa de la iniciativa propuesta se restablece el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo para posibilitar la protección de la justicia federal en aquellos casos que, por cambio de situación jurídica, se acarrean el sobreseimiento del amparo. Con esto se busca contrarrestar el sentido de la última reforma del citado artículo, que de hecho, convalida detenciones ilegales. La desaparición forzada, constituye la más grave, particular y trascendente violación de la libertad. Esta práctica se ha llevado a cabo durante las últimas tres décadas y ha sido ejecutada por diversos cuerpos policíacos y de seguridad del Estado, tanto a nivel local como federal, se ha dado de manera sistemática y bajo las condiciones de impunidad en el ejercicio arbitrario de la autoridad. La propuesta que aquí se presenta para tipificar a la desaparición forzada como un ilícito penal tiene como objetivo fortalecer los instrumentos jurídicos para vivir en un verdadero Estado de Derecho, de manera que puedan prevenirse y sancionarse tales conductas. Nunca más debe presentarse un caso de desaparición forzada. El carácter permanente de la conducta hace posible también que en tanto persista el ocultamiento del paradero de la persona se está ante acciones u omisiones presentes y, por tanto, susceptibles de configurar el tipo delictivo, independientemente de la temporalidad de su inicio. Más de quinientas personas a lo largo de las últimas décadas han sido ilegalmente apresadas por miembros de cuerpos de seguridad del Estado quienes por sí, conjuntamente o valiéndose de particulares (brigadas blancas, grupos paramilitares o parapoliciales, "madrinas", etc.), han sustraído a seres humanos de su entorno normal de vida. Más no ha sido solamente la detención de la persona, sino que la privación de la libertad conlleva, además, el ocultamiento de aquélla; no se da información sobre su paradero a sus familiares, amigos o correligionarios; se niega incluso la propia detención. Esta situación trasciende a los familiares quienes viven indefinidamente en el dolor y la incertidumbre. En medio de la total impunidad quienes deberían proteger a las personas y observar rigurosamente sus derechos, los violan brutalmente, Al mantener oculta la detención impiden que las personas, sus allegados e incluso que las instituciones públicas encargadas de la tutela de derechos puedan actuar; se elimina cualquier posibilidad de defensa, no hay acusación, no hay juez, no hay procedimiento, no hay sentencia. Simplemente se "desaparece" a la persona. Los numerosos testimonios de quienes han sido víctimas o testigos de la desaparición han permitido reconstruir el modus operandi: detenciones ordenadas y conocidas por los mandos de las fuerzas de seguridad y aun por quienes han desempeñado funciones gubernativas, el objetivo es eliminar la oposición de quienes disienten de los detentadores del poder, el empleo de cárceles clandestinas, campos militares, bases navales, involucramiento de altos mandos, coordinación de diversas fuerzas estatales (policías, cuerpos de inteligencia, fuerzas armadas), absoluta negativa de presidentes de la República, procuradores, gobernadores, secretarios de estado y otros altos funcionarios para investigar las desapariciones. Todo esto lleva a concluir que se ha tratado de una política de Estado más que de excesos aislados de poder. Aun cuando la legislación vigente establece tipos delictivos para sancionar el secuestro no existe absolutamente ningún sentenciado, es más, ningún procesado por motivo de alguna desaparición forzada, ni siquiera por abuso de autoridad o ejercicio indebido del servicio público. Hoy en día los habitantes de este país, ignoramos dónde están, Epifanio Avilés, José de Jesús Corral, J. Reyes Mayoral Jáuregui, Jesús Piedra, Miguel Orlando Muñoz Guzmán, José de Jesús Avila González, Rafael Ramírez Duarte, Benjamín Maldonado Santos, Eduardo Hernández Vargas, Irma Cruz Santiago, Jacob Nájera Hernández, Alicia de los Ríos Merino, Juan Chávez Hoyos, Austreberta Hilda Ocaña, Juan Carlos Mendoza Galoz, Candelario Campos Ramírez, Pedro Ignacio Cortes Gutiérrez, Jorge Carrasco Gutiérrez y los demás desaparecidos. La democracia que estamos construyendo no está completa sin ellos, una democracia con desaparecidos se niega a sí misma pero aún más, se convierte en cómplice y se condena a repetir la infamia. La conducta que amerita la creación de un tipo específico y que distingue a la desaparición de otras modalidades de privación ilegal de la libertad es el ocultamiento del paradero de la víctima y que se exterioriza con la ausencia o falsedad de información sobre la misma, en la negativa de su detención o en la negativa para informar de su paradero. No obstante su gravedad, cuando la libertad del desaparecido tenga lugar durante los primeros días de su captura, se prevén tipos atenuados que tienen en cuenta la libertad y la vida de la persona como objetivo prioritario. Si bien el elemento predominante en los casos de desaparición ocurridos en nuestro país es el de dirigirse a opositores o disidentes políticos, el tipo propuesto no restringe a tal calidad los posibles sujetos pasivos, puesto que la pretensión del mismo es proteger a cualquier persona independientemente de su posición política, inclusive a los agentes del mismo Estado. Consideramos que las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad. Esta propuesta retoma los estándares internacionales de protección de la libertad y las medidas para prevenir la desaparición forzada. Esta iniciativa tiene como antecedente la adopción en el Código Penal para el Distrito Federal del tipo penal de desaparición forzada, el dieciocho de agosto del presente año lo que marcó el compromiso de los partidos y las fuerzas sociales con la democracia y contra la impunidad. La aprobación de esta propuesta en el ámbito federal establecerá normas que junto con la voluntad efectiva de combatir tales prácticas por parte de las autoridades competentes deberán esclarecer los cientos de desapariciones practicadas por autoridades federales y con ello este Congreso recogerá el reclamo de las madres y familiares de los desaparecidos: ¡vivos los llevaron, vivos los queremos! Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de este pleno el siguiente: DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE AMPARO. Artículo Primero. Se adiciona el Capítulo III Bis al Título Décimo del Código Penal Federal, que comprenderá los artículos 215-A al 215H. CAPITULO III Bis Delitos contra la libertad personal y Desaparición Forzada de Personas Art. 215A. El agente de autoridad que, fuera de los supuestos constitucionales, detuviere o encerrare a una persona, privándola de su libertad, o la retuviere cuando la persona se hubiese presentado voluntariamente será sancionado con pena de prisión 8 meses a 4 años y destitución del cargo. Art. 215B. El agente de autoridad que, fuera de los casos permitidos por los supuestos constitucionales, aprehendiera a una persona y la presentare inmediatamente al ministerio público, será sancionada con la suspensión en su cargo o empleo hasta por treinta días o sesenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad. Art. 215C. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una persona, la mantenga oculta bajo cualquier forma de detención o encerramiento, niegue reconocer dicha privación de la libertad o no de razón cierta y precisa de su paradero, restringiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y de las garantías legales pertinentes. Art. 215E. A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le Impondrá una sanción de 15 a 40 años de prisión. Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención y se encontrare indemne, la sanción será de ocho meses a cuatro años de prisión. Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes, la sanción aplicable será de dos a ocho años de prisión Estas penas podrán ser disminuidas hasta en una tercera parte, cuando quien hubiere participado en la comisión del delito, suministre información que permita esclarecer los hechos; y hasta en una mitad cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima. Art. 215F. Al servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para desempeñar de manera definitiva otro empleo cargo o función públicos. Art. 215G. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad, en consecuencia, no es susceptible de perdón, amnistía o figuras análogas, ni será considerado para efectos de extradición como delito político. En ningún caso se admitirá la exclusión del delito por obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada de personas. Toda persona que reciba tales órdenes tiene el derecho y el deber de no obedecerlas. La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción. La oposición o negativa por parte de quien funja como responsable de todo lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, para que los agentes de autoridad o de los organismos competentes tengan libre e inmediato acceso a los mismos, serán sancionados con la destitución de su empleo, cargo o comisión públicos, sin perjuicio de los demás delitos en que pudieren incurrir. Artículo Segundo. Se deroga la fracción III del artículo 193; se adiciona un inciso 34 a la fracción I del artículo 194, y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 197, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo 193. III. Se deroga. Artículo 194. Se califican como delitos graves... 1. Del Código Penal... 1). . . 2)... 34) desaparición forzada, previsto en el artículo 215C Artículo 197. Todos los actos posteriores a una detención ilegal no producirán efecto legal alguno. Artículo Tercero, se reforma el párrafo segundo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo para quedar como sigue: Art. 73. El juicio de amparo es improcedente Frac X Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; TRANSITORIO. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES ( PAN: La iniciativa presentada por la Diputada Petra Santos Ortiz se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En otro punto del orden del día, para presentar una proposición con punto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado Enrique Herrera Burquetas, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la necesidad de actualizar, en su caso, o modificar la Ley Federal de Radio y Televisión.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES ( PAN
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La iniciativa presentada por la Diputada Petra Santos Ortiz se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En otro punto del orden del día, para presentar una proposición con punto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado Enrique Herrera Burquetas, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la necesidad de actualizar, en su caso, o modificar la Ley Federal de Radio y Televisión.
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. DIPUTADO ENRIQUE HERRERA Y BRUQUETAS (CD): Señor Presidente; Compañeras y compañeros Diputados: La necesidad de actualizar y, en su caso, modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, así como el reglamento relativo a la misma, son motivo de preocupación compartida. Aun se habla de la posibilidad de legislar sobre una nueva Ley Federal de Radio y Televisión que contemple, además de un sinnúmero de cambios tecnológicos, que se han llevado en los últimos años, y que al mismo tiempo asuma las grandes demandas sociales sobre temas centrales de la radiodifusión. La nueva agenda que se espera analizará, entre otros muchos puntos, el derecho a réplica en los medios de comunicación y el derecho de información como parte fundamental de los derechos ciudadanos. Algunos académicos se han manifestado también por modificar el criterio de otorgamiento, refrendo y revocación de concesiones de radio y televisión, para que no dependan únicamente del Poder Ejecutivo. Dar un uso social a las modalidades del tiempo estatal en apoyo de ciudadanos y organizaciones civiles, así como para utilizarlos en una mayor difusión de la cultura, han sido también demandas de partidos políticos y de la sociedad en general. "Sin duda que las comisiones respectivas, así como el pleno de esta Cámara, en fechas venideras dialogarán, discutirían y orientarán sobre esta muy importante materia. La infraestructura fundamental de la estructura democrática es la comunicación. De ahí su relevancia. Las nuevas circunstancias históricas, así como los importantes cambios tecnológicos, obligan a revisar y, en su caso, modificar los marcos normativos que permitan el desarrollo creciente y democrático de la radiodifusión nacional, precisando las obligaciones y los derechos de todos los que en ella intervienen, sin dejar de tomar en cuenta al radioescucha y al televidente, parte fundamental y hasta hoy muy olvidada del triángulo de la comunicación, que va de quien produce a quien transmite para llegar finalmente a quien recibe los contenidos. Cale mencionar que en los últimos 25 años se han quedado en el camino de las intenciones y de los buenos propósitos un gran número de proyectos sobre legislación en esta materia, que habría que asumir para rescatar concepciones que pueden resultar eficaces, Sin embargo, no podemos esperar a una nueva ley para actuar, por lo que nos permitimos someter a la consideración de ustedes el siguiente "PUNTO DE ACUERDO Con respeto absoluto e irrestricto a la plena libertad de expresi6n, libertad de libertades, como se la ha llamado, y considerando que esta Cámara debe coadyuvar con los instrumentos legales existentes, a dar respuesta a los reclamos nacionales sobre la radiodifusi6n, proponemos: " Primero, Que conforme al artículo 5° de la Ley Federal de Radio y Televisión vigente, estos medios de comunicación tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, al mejoramiento de las formas de convivencia humana, afirmando el respeto a los principios de la moral social, la dignidad y los vínculos familiares, evitando influencias nocivas al desarrollo arm6nico de la niñez y de la juventud, repito, evitando influencias nocivas al desarrollo armónico de la niñez y de la juventud y contribuyendo a elevar el nivel cultural del pueblo. "Segundo. Que existe un amplia y muy representativa exigencia de la sociedad en general y de los padres de familia en particular, así como de un importante sector del Magisterio, para que los llamados 'talks shows' dejen de transmitirse en horas de la tarde, lo que contribuirá a disminuir en horarios infantiles la proliferación del síndrome defecalismo visual. "Tercero. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que este Congreso dirija una enérgica petici6n a la Secretaría de Gobernación, para que cumpla con lo dispuesto en los artículos respectivos de la Ley Federal de Radio y Televisión", (aplausos)
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EL C. DIPUTADO ENRIQUE HERRERA Y BRUQUETAS (CD)
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Señor Presidente; Compañeras y compañeros Diputados: La necesidad de actualizar y, en su caso, modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, así como el reglamento relativo a la misma, son motivo de preocupación compartida. Aun se habla de la posibilidad de legislar sobre una nueva Ley Federal de Radio y Televisión que contemple, además de un sinnúmero de cambios tecnológicos, que se han llevado en los últimos años, y que al mismo tiempo asuma las grandes demandas sociales sobre temas centrales de la radiodifusión. La nueva agenda que se espera analizará, entre otros muchos puntos, el derecho a réplica en los medios de comunicación y el derecho de información como parte fundamental de los derechos ciudadanos. Algunos académicos se han manifestado también por modificar el criterio de otorgamiento, refrendo y revocación de concesiones de radio y televisión, para que no dependan únicamente del Poder Ejecutivo. Dar un uso social a las modalidades del tiempo estatal en apoyo de ciudadanos y organizaciones civiles, así como para utilizarlos en una mayor difusión de la cultura, han sido también demandas de partidos políticos y de la sociedad en general. "Sin duda que las comisiones respectivas, así como el pleno de esta Cámara, en fechas venideras dialogarán, discutirían y orientarán sobre esta muy importante materia. La infraestructura fundamental de la estructura democrática es la comunicación. De ahí su relevancia. Las nuevas circunstancias históricas, así como los importantes cambios tecnológicos, obligan a revisar y, en su caso, modificar los marcos normativos que permitan el desarrollo creciente y democrático de la radiodifusión nacional, precisando las obligaciones y los derechos de todos los que en ella intervienen, sin dejar de tomar en cuenta al radioescucha y al televidente, parte fundamental y hasta hoy muy olvidada del triángulo de la comunicación, que va de quien produce a quien transmite para llegar finalmente a quien recibe los contenidos. Cale mencionar que en los últimos 25 años se han quedado en el camino de las intenciones y de los buenos propósitos un gran número de proyectos sobre legislación en esta materia, que habría que asumir para rescatar concepciones que pueden resultar eficaces, Sin embargo, no podemos esperar a una nueva ley para actuar, por lo que nos permitimos someter a la consideración de ustedes el siguiente "PUNTO DE ACUERDO Con respeto absoluto e irrestricto a la plena libertad de expresi6n, libertad de libertades, como se la ha llamado, y considerando que esta Cámara debe coadyuvar con los instrumentos legales existentes, a dar respuesta a los reclamos nacionales sobre la radiodifusi6n, proponemos: " Primero, Que conforme al artículo 5° de la Ley Federal de Radio y Televisión vigente, estos medios de comunicación tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, al mejoramiento de las formas de convivencia humana, afirmando el respeto a los principios de la moral social, la dignidad y los vínculos familiares, evitando influencias nocivas al desarrollo arm6nico de la niñez y de la juventud, repito, evitando influencias nocivas al desarrollo armónico de la niñez y de la juventud y contribuyendo a elevar el nivel cultural del pueblo. "Segundo. Que existe un amplia y muy representativa exigencia de la sociedad en general y de los padres de familia en particular, así como de un importante sector del Magisterio, para que los llamados 'talks shows' dejen de transmitirse en horas de la tarde, lo que contribuirá a disminuir en horarios infantiles la proliferación del síndrome defecalismo visual. "Tercero. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que este Congreso dirija una enérgica petici6n a la Secretaría de Gobernación, para que cumpla con lo dispuesto en los artículos respectivos de la Ley Federal de Radio y Televisión", (aplausos)
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EL C. PRESIDENTE DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Gracias señor diputado. Se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la diputada Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación a las elecciones en el estado de Tabasco, hasta por diez minutos.
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EL C. PRESIDENTE DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES
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Gracias señor diputado. Se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la diputada Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación a las elecciones en el estado de Tabasco, hasta por diez minutos.
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LA C. DIP. ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ (PRD): Con su permiso, señor Presidente. Señores Diputados; señoras Diputadas: "Los suscritos, diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido Convergencia por la Democracia, del Partido Alianza Social, del Partido Verde Ecologista de México, cuyos miembros firman al calce de este Punto de Acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, venimos a poner del conocimiento del pleno una proposición con Punto de Acuerdo con fundamento en los siguientes HECHOS El 2 de julio del 2000 marcó una nueva etapa en la historia político electoral de nuestro país. Los ciudadanos presenciamos por primera vez un real respeto hacia los resultados de las votaciones. Como nunca antes los electores sintieron confianza hacia las instituciones nacionales encargadas de las elecciones, las cuales dieron muestra de su capacidad y experiencia al momento de preparar, organizar, vigilar y resolver sobre las controversias electorales. "El conflicto postelectoral de la elecci6n presidencial se evitó por el reconocimiento de la voluntad popular. Sin embargo, para que esto pudiera ser posible, durante años distintos grupos políticos tuvimos que enfrentarnos a un sistema político que no permitía ningún cambio ni permitía ningún espacio de participación política " Los avances nacionales han sido muchos, lamentablemente éstos no han tenido un correspondiente directo con los avances electorales que se han dado en algunos de los estados de la República, en donde no existen las garantías mínimas para el buen desarrollo de las elecciones y en donde incluso se pueden encontrar autoridades electorales que tienen preferencias políticas por un determinado partido político. "Un ejemplo en concreto de esta situación es el estado de Tabasco. Como referencia a las irregularidades a las que hago menci6n, destacan las palabras que pronunci6 el licenciado Arturo Núñez Jiménez ante los medios de comunicaci6n el día 2 de abril del año en curso". Pido a la Presidencia, de acuerdo al artículo 113 del Reglamento del Congreso, para que instruya a la Secretaría a que se sirva dar lectura al siguiente documento.
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LA C. DIP. ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ (PRD)
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Con su permiso, señor Presidente. Señores Diputados; señoras Diputadas: "Los suscritos, diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido Convergencia por la Democracia, del Partido Alianza Social, del Partido Verde Ecologista de México, cuyos miembros firman al calce de este Punto de Acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, venimos a poner del conocimiento del pleno una proposición con Punto de Acuerdo con fundamento en los siguientes HECHOS El 2 de julio del 2000 marcó una nueva etapa en la historia político electoral de nuestro país. Los ciudadanos presenciamos por primera vez un real respeto hacia los resultados de las votaciones. Como nunca antes los electores sintieron confianza hacia las instituciones nacionales encargadas de las elecciones, las cuales dieron muestra de su capacidad y experiencia al momento de preparar, organizar, vigilar y resolver sobre las controversias electorales. "El conflicto postelectoral de la elecci6n presidencial se evitó por el reconocimiento de la voluntad popular. Sin embargo, para que esto pudiera ser posible, durante años distintos grupos políticos tuvimos que enfrentarnos a un sistema político que no permitía ningún cambio ni permitía ningún espacio de participación política " Los avances nacionales han sido muchos, lamentablemente éstos no han tenido un correspondiente directo con los avances electorales que se han dado en algunos de los estados de la República, en donde no existen las garantías mínimas para el buen desarrollo de las elecciones y en donde incluso se pueden encontrar autoridades electorales que tienen preferencias políticas por un determinado partido político. "Un ejemplo en concreto de esta situación es el estado de Tabasco. Como referencia a las irregularidades a las que hago menci6n, destacan las palabras que pronunci6 el licenciado Arturo Núñez Jiménez ante los medios de comunicaci6n el día 2 de abril del año en curso". Pido a la Presidencia, de acuerdo al artículo 113 del Reglamento del Congreso, para que instruya a la Secretaría a que se sirva dar lectura al siguiente documento.
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, Secretaría por favor. LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA "Fragmentos del Mensaje del Lic. Arturo Núñez Jiménez el día 2 de Abril del presente año, en el acto posterior a la jornada electoral. De las elecciones internas del PRI a la Gubernatura del Estado. A pesar del decir que no existían en Tabasco las condiciones idóneas para una elección abierta, equitativa y democrática del candidato del PRI a la Gubernatura, decidí participar bajo el supuesto de que el Gobernador Roberto Madrazo Pintado, independientemente de que sus preferencias y como públicamente lo ofreció, honraría los mínimos compromisos necesarios para ser garante de un proceso imparcial, sin embargo, a lo largo del desarrollo del proceso interno, fui advirtiendo no con ingenuidad sino con asombro el grado de inequidad con el que este se estaba manejando y de todos los recursos que se estaban invirtiendo para inducir el voto a pesar de la marginación y la pobreza, haciendo gala de una falta absoluta de ética política desde la Gubernatura del Estado se llego al extremo de manipular con fines electorales los fondos destinados a aliviar los efectos dramáticos de las inundaciones recientes, haciendo coincidir su distribución con la actual coyuntura política, "En la guerra sucia contra mi candidatura se buscó también desmovilizar a nuestros seguidores recurriendo incluso a la amenaza y la represión. Sin embargo lo que vivimos en la jornada electoral de hoy fue algo francamente inadmisible para cualquiera que aspira a hacer política de acuerdo a los principios democráticos. Recurrieron a la compra y acarreo de votantes, a la inhibición de nuestros simpatizantes por la vía de la amenaza, a la expulsión de nuestros representantes en muchas casillas, al robo de boletas y de urnas así como el proselitismo abierto disfrazado de información en muchos medios de comunicación. Mi compromiso con el nuevo PRI sigue firme, soy hombre de convicciones que asume a plenitud los riesgos de la democracia aún cuando esta sea simulada y falsificada. Por supuesto no confundo al PRI con el grupúsculo faccioso que en las últimas semanas ha dado en Tabasco un espectáculo tan vergonzante dañando el proceso de consolidación democrática que ha experimentado México en los años recientes". Es tanto.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias, Secretaría por favor. LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA "Fragmentos del Mensaje del Lic. Arturo Núñez Jiménez el día 2 de Abril del presente año, en el acto posterior a la jornada electoral. De las elecciones internas del PRI a la Gubernatura del Estado. A pesar del decir que no existían en Tabasco las condiciones idóneas para una elección abierta, equitativa y democrática del candidato del PRI a la Gubernatura, decidí participar bajo el supuesto de que el Gobernador Roberto Madrazo Pintado, independientemente de que sus preferencias y como públicamente lo ofreció, honraría los mínimos compromisos necesarios para ser garante de un proceso imparcial, sin embargo, a lo largo del desarrollo del proceso interno, fui advirtiendo no con ingenuidad sino con asombro el grado de inequidad con el que este se estaba manejando y de todos los recursos que se estaban invirtiendo para inducir el voto a pesar de la marginación y la pobreza, haciendo gala de una falta absoluta de ética política desde la Gubernatura del Estado se llego al extremo de manipular con fines electorales los fondos destinados a aliviar los efectos dramáticos de las inundaciones recientes, haciendo coincidir su distribución con la actual coyuntura política, "En la guerra sucia contra mi candidatura se buscó también desmovilizar a nuestros seguidores recurriendo incluso a la amenaza y la represión. Sin embargo lo que vivimos en la jornada electoral de hoy fue algo francamente inadmisible para cualquiera que aspira a hacer política de acuerdo a los principios democráticos. Recurrieron a la compra y acarreo de votantes, a la inhibición de nuestros simpatizantes por la vía de la amenaza, a la expulsión de nuestros representantes en muchas casillas, al robo de boletas y de urnas así como el proselitismo abierto disfrazado de información en muchos medios de comunicación. Mi compromiso con el nuevo PRI sigue firme, soy hombre de convicciones que asume a plenitud los riesgos de la democracia aún cuando esta sea simulada y falsificada. Por supuesto no confundo al PRI con el grupúsculo faccioso que en las últimas semanas ha dado en Tabasco un espectáculo tan vergonzante dañando el proceso de consolidación democrática que ha experimentado México en los años recientes". Es tanto.
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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LA C. DIPUTADA LOPEZ HERNANDEZ: El anterior, es un testimonio de un priísta, si así se tratan entre compañeros de partido, no hay necesidad de imaginar, qué pueden hacerle a la oposición. Los fraudes que se cometieron en Tabasco tuvieron una resonacia política especial en el ámbito nacional; muchos de los que estuvieron involucrados en Tabasco son hoy prófugos de la justicia o han sido procesados. Resalta el caso de Oscar Espinosa Villarreal que se desempeñaba en esa época como Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Esta telaraña de complicidades nos obliga con gran preocupación a reflexionar sobre el posible desvío de recursos federales en el próximo proceso electoral de Tabasco, ante todas estas irregularidades y prácticas antidemocráticas en el Estado de Tabaco existen claras evidencias que se quiere vulnerar una vez más la voluntad ciudadana y la dignidad del pueblo tabasqueño. Quiero preguntar al honorable Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, ¿habrá confianza para que se lleven a cabo con transparencia, legalidad e impartialidad los próximos comicios del 15 de octubre? (hay varias voces afirmativas y negativas) para nuestro partido proponente el respeto a la voluntad ciudadana es el único camino para construir un país justo, incluyente, digno y democrático, la transmisión democrática es irreversible y prácticas fraudulentas iniciadas ya no van a tener cabida en nuestro país, la creación de la Comisión Especial que se propone, representará el ejercicio de las facultades que los ciudadanos mexicanos tan otorgado a la Cámara de Diputados para vigilar que los recursos que provienen del pueblo no sean utilizados en rubros diverso a aquellos para los que fueron destinados. Esta Cámara no sólo interviene en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, su tarea es más amplia, debe fiscalizar su adecuada aplicación. Por lo anteriormente expuesto, los Diputados firmantes integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido Convergencia de la Democracia, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Alianza Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracciones V y VIII; artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 39, 42, 43 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, y 71 y 78 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea y de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se acuerda la constitución de una comisión especial que tenga como objetivo la investigación, observación y en su caso la denuncia de irregularidades en el uso de recursos federales durante el proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo, Congreso Local y ayuntamientos en el Estado de Tabasco a celebrarse el 15 de octubre. Esta comisión deberá instalarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del presente. Segundo. La comisión especial objeto del presente acuerdo, se integrará por 10 diputados de los cuales 3 serán designados por el grupo del Partido Acción Nacional; 3 por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 2 por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y uno será designado por el Partido Verde Ecologista de México y otro, además, por el Partido del Trabajo. Tercero. La comisión especial durará el funciones el periodo necesario a fin de cubrir en su totalidad el proceso electoral, incluyendo la declaración de validez correspondiente y el tiempo suficiente para la elaboración de su informe final. Cuarto. La comisión especial elaborará y aprobará su plan de trabajo dentro de los 2 días hábiles siguientes a la de su instalación, en el que se considerarán las actividades que habrán de llevar a cabo a fin de cumplir con su objeto, Quinto. La comisión especial sesionará una vez al mes, a la semana (sic). Sexto. La comisión especial objeto del presente acuerdo, podrá constituir subcomisiones en el Estado de Tabasco para el mejor desempeño de sus labores, en cuyo caso, observará la representación correspondiente de los grupos parlamentarios. Séptimo. La comisi6n especial tendrá facultades para vigilar que en el ejercicio del gasto público y programático, se haga en cumplimiento a la ley y por ende, que por ningún motivo dicho ejercicio sea encaminado a fines proselitistas en beneficio de algún candidato o partido político. (desorden en el Recinto). Señor Presidente: Respetuosamente le pido tiempo para concluir este punto de acuerdo firmado por 5 partidos políticos.
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LA C. DIPUTADA LOPEZ HERNANDEZ
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El anterior, es un testimonio de un priísta, si así se tratan entre compañeros de partido, no hay necesidad de imaginar, qué pueden hacerle a la oposición. Los fraudes que se cometieron en Tabasco tuvieron una resonacia política especial en el ámbito nacional; muchos de los que estuvieron involucrados en Tabasco son hoy prófugos de la justicia o han sido procesados. Resalta el caso de Oscar Espinosa Villarreal que se desempeñaba en esa época como Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Esta telaraña de complicidades nos obliga con gran preocupación a reflexionar sobre el posible desvío de recursos federales en el próximo proceso electoral de Tabasco, ante todas estas irregularidades y prácticas antidemocráticas en el Estado de Tabaco existen claras evidencias que se quiere vulnerar una vez más la voluntad ciudadana y la dignidad del pueblo tabasqueño. Quiero preguntar al honorable Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, ¿habrá confianza para que se lleven a cabo con transparencia, legalidad e impartialidad los próximos comicios del 15 de octubre? (hay varias voces afirmativas y negativas) para nuestro partido proponente el respeto a la voluntad ciudadana es el único camino para construir un país justo, incluyente, digno y democrático, la transmisión democrática es irreversible y prácticas fraudulentas iniciadas ya no van a tener cabida en nuestro país, la creación de la Comisión Especial que se propone, representará el ejercicio de las facultades que los ciudadanos mexicanos tan otorgado a la Cámara de Diputados para vigilar que los recursos que provienen del pueblo no sean utilizados en rubros diverso a aquellos para los que fueron destinados. Esta Cámara no sólo interviene en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, su tarea es más amplia, debe fiscalizar su adecuada aplicación. Por lo anteriormente expuesto, los Diputados firmantes integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido Convergencia de la Democracia, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Alianza Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracciones V y VIII; artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 39, 42, 43 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, y 71 y 78 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea y de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se acuerda la constitución de una comisión especial que tenga como objetivo la investigación, observación y en su caso la denuncia de irregularidades en el uso de recursos federales durante el proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo, Congreso Local y ayuntamientos en el Estado de Tabasco a celebrarse el 15 de octubre. Esta comisión deberá instalarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del presente. Segundo. La comisión especial objeto del presente acuerdo, se integrará por 10 diputados de los cuales 3 serán designados por el grupo del Partido Acción Nacional; 3 por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 2 por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y uno será designado por el Partido Verde Ecologista de México y otro, además, por el Partido del Trabajo. Tercero. La comisión especial durará el funciones el periodo necesario a fin de cubrir en su totalidad el proceso electoral, incluyendo la declaración de validez correspondiente y el tiempo suficiente para la elaboración de su informe final. Cuarto. La comisión especial elaborará y aprobará su plan de trabajo dentro de los 2 días hábiles siguientes a la de su instalación, en el que se considerarán las actividades que habrán de llevar a cabo a fin de cumplir con su objeto, Quinto. La comisión especial sesionará una vez al mes, a la semana (sic). Sexto. La comisión especial objeto del presente acuerdo, podrá constituir subcomisiones en el Estado de Tabasco para el mejor desempeño de sus labores, en cuyo caso, observará la representación correspondiente de los grupos parlamentarios. Séptimo. La comisi6n especial tendrá facultades para vigilar que en el ejercicio del gasto público y programático, se haga en cumplimiento a la ley y por ende, que por ningún motivo dicho ejercicio sea encaminado a fines proselitistas en beneficio de algún candidato o partido político. (desorden en el Recinto). Señor Presidente: Respetuosamente le pido tiempo para concluir este punto de acuerdo firmado por 5 partidos políticos.
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. PRESI DENTE: Sí, compañera diputada, me permite. Quiero solicitar a la Asamblea permitamos que en un máximo de 30 segundos la oradora pueda redondear su intervención, concluir su participación, darle tramite y abrir el posicionamiento sobre este tema. Si son tan amables. Continúe señorita diputada.
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EL C. PRESI DENTE
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Sí, compañera diputada, me permite. Quiero solicitar a la Asamblea permitamos que en un máximo de 30 segundos la oradora pueda redondear su intervención, concluir su participación, darle tramite y abrir el posicionamiento sobre este tema. Si son tan amables. Continúe señorita diputada.
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LA C. DIP. ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ: Gracias. Para los efectos anteriores, la comisión estará facultad para celebrar los convenios que haya lugar y para coordinarse en las instancias competentes en la consecución de sus fines, Octavo, La comisión especial tendrá atribuciones para presentar las denuncias que procedan ante las autoridades competentes para el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar en contra de los servidores públicos que utilicen recursos públicos, ya sea en dinero o en especie, materiales humanos, que tengan por objeto apoyar a cualquier candidato o partido político, Transitorios: el presente acuerdo entrará en vigor el día natural siguiente en que resulte aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados. Señor Presidente de la mesa directiva: Los diputados proponentes solicitamos atentamente, con fundamento en el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso, que el presente punto de acuerdo se turne para su trámite a la Junta de Coordinación Política, órgano facultado por dicho ordenamiento para proponer al Pleno la creaci6n de comisiones. Muchas gracias. (aplausos)
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LA C. DIP. ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ
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Gracias. Para los efectos anteriores, la comisión estará facultad para celebrar los convenios que haya lugar y para coordinarse en las instancias competentes en la consecución de sus fines, Octavo, La comisión especial tendrá atribuciones para presentar las denuncias que procedan ante las autoridades competentes para el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar en contra de los servidores públicos que utilicen recursos públicos, ya sea en dinero o en especie, materiales humanos, que tengan por objeto apoyar a cualquier candidato o partido político, Transitorios: el presente acuerdo entrará en vigor el día natural siguiente en que resulte aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados. Señor Presidente de la mesa directiva: Los diputados proponentes solicitamos atentamente, con fundamento en el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso, que el presente punto de acuerdo se turne para su trámite a la Junta de Coordinación Política, órgano facultado por dicho ordenamiento para proponer al Pleno la creaci6n de comisiones. Muchas gracias. (aplausos)
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EL PRESIDENTE: Gracias, diputada- De acuerdo al artículo 24 del Acuerdo parlamentario que regula las sesiones, se turna a la Junta de Coordinación Política para su atención, y se concede el uso de la palabra para referirse a este tema, con el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional, al diputado Feliciano Calzada Padrón, por 5 minutos.
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EL PRESIDENTE
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Gracias, diputada- De acuerdo al artículo 24 del Acuerdo parlamentario que regula las sesiones, se turna a la Junta de Coordinación Política para su atención, y se concede el uso de la palabra para referirse a este tema, con el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional, al diputado Feliciano Calzada Padrón, por 5 minutos.
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EL C. DIP. FELICIANO CALZADA PADRON: Ciudadano Presidente, diputadas y diputados: Los procesos internos electorales de mi partido en Tabasco ya han sido juzgados por el pueblo: perdió Arturo Núñez y ganó Manuel Andrade. El proceso interno fue un esfuerzo por avanzar democráticamente, fue vigilado y supervisado por el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Diputados y senadores fueron comisionados, y periodistas nacionales y extranjeros dieron fe del fenómeno que se presentó en Tabasco. En los 71 años de vida de nuestro partido, y sobre todo en los últimos años, hemos venido avanzando democráticamente, tanto a nivel nacional como a nivel de estados. ¿Quién no recuerda a Carlos Madrazo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, demandando la democratización interna de nuestro partido? Después, Carlos Sansores, con la democracia transparente, sentó un gran precedente. Tabasco se adelantó a otros estados. Desde hace 20 años, con la democracia de carne y hueso, avanzó la democracia interna y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo?, las deserciones empezaron a darse. Lamentamos que por los procesos internos todavía haya compañeros priístas que no acepten su derrota, es decir, la democracia vale si ganan. Aun con los descalabros que hemos tenido por la falta de conciencia democrática de algunos de nuestros líderes, con satisfacción decimos que seguiremos corriendo los riesgos con tal de alcanzar la plenitud democrática de nuestro partido. Con relación a esta propuesta de acuerdo, la diputación priísta acatará la decisión del pleno. Muchas gracias.
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EL C. DIP. FELICIANO CALZADA PADRON
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Ciudadano Presidente, diputadas y diputados: Los procesos internos electorales de mi partido en Tabasco ya han sido juzgados por el pueblo: perdió Arturo Núñez y ganó Manuel Andrade. El proceso interno fue un esfuerzo por avanzar democráticamente, fue vigilado y supervisado por el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Diputados y senadores fueron comisionados, y periodistas nacionales y extranjeros dieron fe del fenómeno que se presentó en Tabasco. En los 71 años de vida de nuestro partido, y sobre todo en los últimos años, hemos venido avanzando democráticamente, tanto a nivel nacional como a nivel de estados. ¿Quién no recuerda a Carlos Madrazo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, demandando la democratización interna de nuestro partido? Después, Carlos Sansores, con la democracia transparente, sentó un gran precedente. Tabasco se adelantó a otros estados. Desde hace 20 años, con la democracia de carne y hueso, avanzó la democracia interna y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo?, las deserciones empezaron a darse. Lamentamos que por los procesos internos todavía haya compañeros priístas que no acepten su derrota, es decir, la democracia vale si ganan. Aun con los descalabros que hemos tenido por la falta de conciencia democrática de algunos de nuestros líderes, con satisfacción decimos que seguiremos corriendo los riesgos con tal de alcanzar la plenitud democrática de nuestro partido. Con relación a esta propuesta de acuerdo, la diputación priísta acatará la decisión del pleno. Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado Calzada Padrón. Tiene ahora el uso de la palabra, para referirse al mismo tema, porque así lo ha solicitado en los términos del artículo 24° del acuerdo que rige el desahogo de las sesiones, la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias señor diputado Calzada Padrón. Tiene ahora el uso de la palabra, para referirse al mismo tema, porque así lo ha solicitado en los términos del artículo 24° del acuerdo que rige el desahogo de las sesiones, la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo.
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EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: (desde la curul) Señor presidente.
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EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA
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(desde la curul) Señor presidente.
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EL C. PRESIDENTE: Señor diputado, usted está inscrito para presentar...
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EL C. PRESIDENTE
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Señor diputado, usted está inscrito para presentar...
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EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: (desde la curul) Para desahogar el debate.
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EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA
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(desde la curul) Para desahogar el debate.
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EL C. PRESIDENTE: Usted está inscrito para presentar un punto de acuerdo sobre el tema de Tabasco. Así está en el orden del día, de tal manera que, desahogado este punto de acuerdo, que aunque se refiere a la misma materia fue presentado por separado, si usted quiere hacer en este debate uso de la palabra, me la puede solicitar para hechos, hasta por cinco minutos, cuando hayan terminado los oradores que estaban inscritos para presentar sus posiciones. Es lo que regula este punto del orden del día en los acuerdos que rigen a la asamblea. Tiene usted la palabra, señora diputada.
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EL C. PRESIDENTE
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Usted está inscrito para presentar un punto de acuerdo sobre el tema de Tabasco. Así está en el orden del día, de tal manera que, desahogado este punto de acuerdo, que aunque se refiere a la misma materia fue presentado por separado, si usted quiere hacer en este debate uso de la palabra, me la puede solicitar para hechos, hasta por cinco minutos, cuando hayan terminado los oradores que estaban inscritos para presentar sus posiciones. Es lo que regula este punto del orden del día en los acuerdos que rigen a la asamblea. Tiene usted la palabra, señora diputada.
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LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Como todos sabemos, el estado de Tabasco se halla en los tiempos sometido a un proceso electoral intenso, que culminará el próximo 15 de octubre con la elección del nuevo mandatario estatal, pero este proceso no está exento de irregularidades e ilícitos, como ha ocurrido en todos los procesos electorales que se han celebrado a lo largo y ancho de nuestra nación. En estas circunstancias, para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo esta soberanía tiene el ineludible compromiso político de tomar cartas en el asunto del proceso electoral que se vive en esta entidad, para evitar que lo sucedido en otros procesos electorales pueda manchar el desarrollo de la competencia política en Tabasco. Desterrar la cultura del fraude priísta en los procesos electorales le ha costado a la nación mexicana una lucha prolongada de más de 70 años y muchas muertes en todo el territorio nacional. Asimismo, hemos visto cómo los gobernadores y los funcionarios públicos federales han metido las manos de forma directa en estos procesos, apoyando con recursos del pueblo a los candidatos del partido tricolor. La disputa electoral que se desarrolla actualmente en ese estado, no está desvinculada de estas prácticas priístas ni de los mapaches electorales o de caciques que presionan a los habitantes de las comunidades para votar a favor del partido que ha vivido de los recursos públicos durante varias décadas, En el caso de Tabasco no está garantizada la limpieza del proceso electoral,,,
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LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR
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Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Como todos sabemos, el estado de Tabasco se halla en los tiempos sometido a un proceso electoral intenso, que culminará el próximo 15 de octubre con la elección del nuevo mandatario estatal, pero este proceso no está exento de irregularidades e ilícitos, como ha ocurrido en todos los procesos electorales que se han celebrado a lo largo y ancho de nuestra nación. En estas circunstancias, para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo esta soberanía tiene el ineludible compromiso político de tomar cartas en el asunto del proceso electoral que se vive en esta entidad, para evitar que lo sucedido en otros procesos electorales pueda manchar el desarrollo de la competencia política en Tabasco. Desterrar la cultura del fraude priísta en los procesos electorales le ha costado a la nación mexicana una lucha prolongada de más de 70 años y muchas muertes en todo el territorio nacional. Asimismo, hemos visto cómo los gobernadores y los funcionarios públicos federales han metido las manos de forma directa en estos procesos, apoyando con recursos del pueblo a los candidatos del partido tricolor. La disputa electoral que se desarrolla actualmente en ese estado, no está desvinculada de estas prácticas priístas ni de los mapaches electorales o de caciques que presionan a los habitantes de las comunidades para votar a favor del partido que ha vivido de los recursos públicos durante varias décadas, En el caso de Tabasco no está garantizada la limpieza del proceso electoral,,,
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EL C. DIP. VICTOR E. DIAZ PALACIOS (Desde su curul): Señor Presidente. Señor Presidente. EL C, PRESIDENTE: Me permite señora oradora, me permite por favor, EL C, DIP, VICTOR E, DIAZ PALACIOS (Desde su curul): Señor Presidente, sería tan amable de preguntarle a la ciudadana diputada, si me acepta una interpelación,
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EL C. DIP. VICTOR E. DIAZ PALACIOS (Desde su curul)
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Señor Presidente. Señor Presidente. EL C, PRESIDENTE: Me permite señora oradora, me permite por favor, EL C, DIP, VICTOR E, DIAZ PALACIOS (Desde su curul): Señor Presidente, sería tan amable de preguntarle a la ciudadana diputada, si me acepta una interpelación,
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LA C, DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR (En tribuna): No, no la acepto. EL C. PRESIDENTE. No la acepta, señor diputado, Continúe usted, ciudadana diputada.
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LA C, DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR (En tribuna)
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No, no la acepto. EL C. PRESIDENTE. No la acepta, señor diputado, Continúe usted, ciudadana diputada.
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EL C. DIP. VICTOR E. DIAZ PALACIOS (Desde su curul): Gracias.
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EL C. DIP. VICTOR E. DIAZ PALACIOS (Desde su curul)
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Gracias.
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LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: En el caso de Tabasco no está garantizada la limpieza del proceso electoral, dadas las circunstancias en las que arribó el actual mandatario, Roberto Madrazo Pintado, que como se recordará, fue financiada su campaña electoral con recursos públicos que derivaron del Banco Unión, propiedad en este entonces de Cabal Peniche, y que a la postre terminaron en la panza del FOBAPROA. Y hoy, como sabemos, fueron absorbidos por el IPAB como deuda pública que estamos pagando los mexicanos y como resultado de ello han quedado canceladas las posibilidades para que millones de nuestros compatriotas puedan acceder en el presente y por muchos años en el futuro, a mejores oportunidades de educación y de servicios básicos. Dadas las características y la personalidad Política del actual mandatario tabasqueño, de representar una corriente de opinión de gran fuerza al interior del partido tricolor y de su interés personal de mostrar su capacidad de liderazgo para conducir la reestructuración del PRI, no tenemos la menor duda de que los recursos públicos del erario estatal, estén fluyendo a favor de su candidato Manuel Andrade. Tampoco tenemos la menor duda de que el caciquismo priísta enraizado en la sociedad tabasqueña esté haciendo de las suyas para favorecer por todos los medios y a cualquier precio, el triunfo del candidato del Partido Revolucionario Institucional, porque como sabemos, el gobernador Madrazo Pintado y los caciques de la región, están empeñados en mostrar a toda costa que Tabasco es una pasión priísta que se niega recibir los aires del cambio que soplan en nuestro país. Tenemos claro que es de vital importancia para la sociedad mexicana, impulsar el cambio democrático en todas las entidades del país. El pueblo de Tabasco se lo merece, es tiempo de romper con la inercia de la cultura priísta social al fraude y al uso de los recursos públicos en los procesos electorales. Nuestro país no puede continuar mostrando una imagen de modernización económica en el exterior y con un atraso político en regiones gobernadas por caciques que se niegan a transitar hacia la democracia y que en última instancia frena la transformación de nuestra nación y hacen inviable su objetivo de convertirse en próspera y democrática. Por todas las consideraciones señaladas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone ante este pleno de esta soberanía la constitución de una comisión especial con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados de la actual Legislatura, con el propósito de evitar el uso de los recursos públicos federales y estatales a favor de algún partido o candidato, así como de inhibir el uso de medios ilícitos e irregulares que puedan manchar el proceso y la jornada electoral que habrá de culminar el próximo 15 de octubre, Muchas gracias. (aplausos)
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LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR
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En el caso de Tabasco no está garantizada la limpieza del proceso electoral, dadas las circunstancias en las que arribó el actual mandatario, Roberto Madrazo Pintado, que como se recordará, fue financiada su campaña electoral con recursos públicos que derivaron del Banco Unión, propiedad en este entonces de Cabal Peniche, y que a la postre terminaron en la panza del FOBAPROA. Y hoy, como sabemos, fueron absorbidos por el IPAB como deuda pública que estamos pagando los mexicanos y como resultado de ello han quedado canceladas las posibilidades para que millones de nuestros compatriotas puedan acceder en el presente y por muchos años en el futuro, a mejores oportunidades de educación y de servicios básicos. Dadas las características y la personalidad Política del actual mandatario tabasqueño, de representar una corriente de opinión de gran fuerza al interior del partido tricolor y de su interés personal de mostrar su capacidad de liderazgo para conducir la reestructuración del PRI, no tenemos la menor duda de que los recursos públicos del erario estatal, estén fluyendo a favor de su candidato Manuel Andrade. Tampoco tenemos la menor duda de que el caciquismo priísta enraizado en la sociedad tabasqueña esté haciendo de las suyas para favorecer por todos los medios y a cualquier precio, el triunfo del candidato del Partido Revolucionario Institucional, porque como sabemos, el gobernador Madrazo Pintado y los caciques de la región, están empeñados en mostrar a toda costa que Tabasco es una pasión priísta que se niega recibir los aires del cambio que soplan en nuestro país. Tenemos claro que es de vital importancia para la sociedad mexicana, impulsar el cambio democrático en todas las entidades del país. El pueblo de Tabasco se lo merece, es tiempo de romper con la inercia de la cultura priísta social al fraude y al uso de los recursos públicos en los procesos electorales. Nuestro país no puede continuar mostrando una imagen de modernización económica en el exterior y con un atraso político en regiones gobernadas por caciques que se niegan a transitar hacia la democracia y que en última instancia frena la transformación de nuestra nación y hacen inviable su objetivo de convertirse en próspera y democrática. Por todas las consideraciones señaladas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone ante este pleno de esta soberanía la constitución de una comisión especial con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados de la actual Legislatura, con el propósito de evitar el uso de los recursos públicos federales y estatales a favor de algún partido o candidato, así como de inhibir el uso de medios ilícitos e irregulares que puedan manchar el proceso y la jornada electoral que habrá de culminar el próximo 15 de octubre, Muchas gracias. (aplausos)
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EL C. PRESIDENTE: Gracias señorita diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Alberto Lara Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
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EL C. PRESIDENTE
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Gracias señorita diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Alberto Lara Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
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EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores representantes populares: Como ustedes pueden observar, la bancada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha coincidido con otros grupos parlamentarios de esta soberanía a efecto de constituir esta Comisión Especial que vigile el ejercicio y la aplicación de los recursos federales en el estado de Tabasco con miras a fiscalizar esta aplicación hacia las elecciones que tendrán que realizarse en dicha entidad el 15 de octubre próximo. La nación, el pueblo mexicano y esta soberanía ya han atestiguado el debate que a propósito de este tipo de comisiones se ha desarrollado en esta tribuna. Se trata finalmente de reivindicar para el Poder Legislativo la potestad de ser garantes y vigilantes de los recursos federales que el pueblo de México genera como tributo, así como hacerse cargo de la vigilancia, del buen uso y aplicación de tales erogaciones. En la Legislatura LVII que precedió a ésta, se decidió la realización hace tres años exactamente, de un grupo de trabajo de diputados que fuesen a fiscalizar los recursos federales en el proceso electoral de aquel entonces. La respuesta del Congreso del Estado de Tabasco resultó ser una controversia constitucional. Se querellaba entonces de que se vulneraba la soberanía de Tabasco. Sin embargo, y previos los trámites de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, ésta decidió y dio la razón conforme a la letra constitucional a esta Cámara de Diputados disponiendo que esta Cámara cuando investiga el posible uso indebido de recursos federales, sólo pretende constatar un hecho, el uso indebido de esos recursos para que en su caso y con base en ese hecho, iniciar o continuar un juicio político y no para con base en la prueba del hecho, hacer efectiva una responsabilidad penal o administrativa o incluso para invalidar un proceso electoral, Concluía la Corte, compañeros, que la Cámara de Diputados es competente para investigar el uso indebido de recursos federales para efectos exclusivos de la dilucidaci6n de la existencia de responsabilidad Política en los términos del artículo 74 Fracción V relacionado con el Artículo 110 de nuestra Carta Magna, En esta ocasión, compañeros, se pretende de nueva cuenta ejercer al máximo de sus posibilidades la facultad fiscalizadora de esta soberanía enviando un grupo de compañeros en donde se encuentren representadas todas las fuerzas políticas a efecto de cuidar que en el proceso electoral de Tabasco, no haya manipulación, no haya desvío de recursos federales. Desafortunadamente la normalidad democrática que hemos alcanzado a nivel federal, no se ha logrado precisamente en las instancias locales. Al sexenio todavía le faltan algunos meses; el régimen que tuvo su condena el 2 de julio, aún no concluye y tenemos que ser todos garantes de que concluya y de que con él se acaben las manipulaciones y los fraudes al pueblo de México, Muchas gracias. (Aplausos)
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EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA
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Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores representantes populares: Como ustedes pueden observar, la bancada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha coincidido con otros grupos parlamentarios de esta soberanía a efecto de constituir esta Comisión Especial que vigile el ejercicio y la aplicación de los recursos federales en el estado de Tabasco con miras a fiscalizar esta aplicación hacia las elecciones que tendrán que realizarse en dicha entidad el 15 de octubre próximo. La nación, el pueblo mexicano y esta soberanía ya han atestiguado el debate que a propósito de este tipo de comisiones se ha desarrollado en esta tribuna. Se trata finalmente de reivindicar para el Poder Legislativo la potestad de ser garantes y vigilantes de los recursos federales que el pueblo de México genera como tributo, así como hacerse cargo de la vigilancia, del buen uso y aplicación de tales erogaciones. En la Legislatura LVII que precedió a ésta, se decidió la realización hace tres años exactamente, de un grupo de trabajo de diputados que fuesen a fiscalizar los recursos federales en el proceso electoral de aquel entonces. La respuesta del Congreso del Estado de Tabasco resultó ser una controversia constitucional. Se querellaba entonces de que se vulneraba la soberanía de Tabasco. Sin embargo, y previos los trámites de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, ésta decidió y dio la razón conforme a la letra constitucional a esta Cámara de Diputados disponiendo que esta Cámara cuando investiga el posible uso indebido de recursos federales, sólo pretende constatar un hecho, el uso indebido de esos recursos para que en su caso y con base en ese hecho, iniciar o continuar un juicio político y no para con base en la prueba del hecho, hacer efectiva una responsabilidad penal o administrativa o incluso para invalidar un proceso electoral, Concluía la Corte, compañeros, que la Cámara de Diputados es competente para investigar el uso indebido de recursos federales para efectos exclusivos de la dilucidaci6n de la existencia de responsabilidad Política en los términos del artículo 74 Fracción V relacionado con el Artículo 110 de nuestra Carta Magna, En esta ocasión, compañeros, se pretende de nueva cuenta ejercer al máximo de sus posibilidades la facultad fiscalizadora de esta soberanía enviando un grupo de compañeros en donde se encuentren representadas todas las fuerzas políticas a efecto de cuidar que en el proceso electoral de Tabasco, no haya manipulación, no haya desvío de recursos federales. Desafortunadamente la normalidad democrática que hemos alcanzado a nivel federal, no se ha logrado precisamente en las instancias locales. Al sexenio todavía le faltan algunos meses; el régimen que tuvo su condena el 2 de julio, aún no concluye y tenemos que ser todos garantes de que concluya y de que con él se acaben las manipulaciones y los fraudes al pueblo de México, Muchas gracias. (Aplausos)
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EL C. PRESIDENTE: Señor diputado: En el Orden del Día está usted inscrito para presentar una propuesta.
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EL C. PRESIDENTE
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Señor diputado: En el Orden del Día está usted inscrito para presentar una propuesta.
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EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA (En tribuna): Declino, señor Presidente.
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EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA (En tribuna)
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Declino, señor Presidente.
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EL C. PRESIDENTE: Declina. Gracias, señor diputado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. Se encuentra en el Salón de Recepción de esta Cámara, el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación, invitado a la sesión de esta fecha en que se llevará a cabo el análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia de Política Interior. Se designa en Comisión, para que lo reciban y lo introduzcan a este recinto a los siguientes ciudadanos diputados: diputado Augusto Gómez Villanueva, diputado Federico Granja Ricalde, diputada María Eugenia Galván Antillón, diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, diputado Ricardo Moreno Bastida. Diputada Julieta Prieto Fuhrken y diputado Jaime Cervantes Rivera. Se pide a la Comisión cumpla con su cometido. ( La Comisión cumple su cometido)
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EL C. PRESIDENTE
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Declina. Gracias, señor diputado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. Se encuentra en el Salón de Recepción de esta Cámara, el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación, invitado a la sesión de esta fecha en que se llevará a cabo el análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia de Política Interior. Se designa en Comisión, para que lo reciban y lo introduzcan a este recinto a los siguientes ciudadanos diputados: diputado Augusto Gómez Villanueva, diputado Federico Granja Ricalde, diputada María Eugenia Galván Antillón, diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, diputado Ricardo Moreno Bastida. Diputada Julieta Prieto Fuhrken y diputado Jaime Cervantes Rivera. Se pide a la Comisión cumpla con su cometido. ( La Comisión cumple su cometido)
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EL C. PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del cierre de Registro de Asistencias y el número de asistencias registradas.
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EL C. PRESIDENTE
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Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del cierre de Registro de Asistencias y el número de asistencias registradas.
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EL C. SECRETARIO MANUEL MEDELLIN MIRAN: Señor presidente, atendiendo a su solicitud informo a usted que al cierre de la Mesa de Registro existen 477 ciudadanos diputados registrados.
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EL C. SECRETARIO MANUEL MEDELLIN MIRAN
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Señor presidente, atendiendo a su solicitud informo a usted que al cierre de la Mesa de Registro existen 477 ciudadanos diputados registrados.
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EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.
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Gracias señor Secretario.
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EL C. PRESIDENTE: De conformidad con el Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Asamblea y que norma el procedimiento para el análisis del VI Informe de Gobierno en Materia de Política Interior, nos acompaña el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación, a quien le damos la bienvenida. Para dar cumplimiento al Punto Segundo, Numerales 1, 2 y 3 del mencionado Acuerdo, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diódoro Carrasco Altamirano hasta por 20 minutos. Puede hacer uso de la palabra señor Secretario. EL C. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, Secretario de Gobernación: Muchas gracias señor presidente de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados. Señoras y señores diputados. Es muy grato acudir a la H. Cámara de Diputados para glosar y analizar en el ámbito de mi competencia el VI Informe del Presidente de la República Ernesto Zedillo, cumpliendo así con el mandato constitucional. Por la profundidad, por la trascendencia del quehacer político. encaminado a consolidar la democracia plena, el balance final del sexenio corresponderá a la historia, pero entre los saldos que ya podemos aquilatar con claridad a lo largo de los años recientes, destaca la estabilidad política que goza el país, la reafirmación de la democracia como propósito constante de gobierno, que culminó en la transparencia, civilidad y credibilidad de las elecciones federales y estatales recientes, y el fortalecimiento de la vida republicana, expresado en el equilibrio real y el respeto entre los Poderes de la Unión. Estos rasgos que hoy nos definen y caracterizan, tienen su asentamiento en un nuevo federalismo auténtico, y en una presidencia genuinamente republicana apegada estrictamente a la ley. La virtud reconocida del gobierno del Presidente Zedillo, ha sido hacer suyas y encabezar las transformaciones políticas que se agitaban como anhelo de la sociedad, así como compartir la vocación de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Aquí con el consenso mayoritario de los partidos, se pactaron las reformas que explican hoy la nueva era electoral, que es signo histórico de nuestra democracia. Por eso es posible afirmar que el sustento de la estabilidad de México son las instituciones políticas y sociales, que forjó el pueblo mexicano a lo largo de 70 años del período posrevolucionario, negarlo es pueril. Estas instituciones cobijan a todos los mexicanos, sin distinción de partido. Hoy la estabilidad se afianza con una gobernabilidad democrática que a todos beneficia y de todos requiere. La reforma electoral de 1996 fue una reforma visionaria, aprobada por consenso mayoritario de los partidos políticos, desterró de nuestra vida política los conflictos poselectorales, que degastaban a la república. Dio certidumbre a los procesos, aportó condiciones de equidad y garantía de transparencia, y confirió objetividad e independencia a las instituciones electorales. Con la reforma electoral de 1996 se instituyeron los mecanismos jurídicos necesarios, para dar total certidumbre a la participación ciudadana. Se consolida el Instituto Federal Electoral bajo los principios de autonomía y plena ciudadanización. Al promover, y con la posterior aprobación de las reformas a las leyes electorales, el Ejecutivo federal cumplió con el compromiso de establecer un nuevo marco para el desarrollo de sistema de partido, La composición en las Cámaras definió un nuevo esquema de gobernabilidad, centrado en la construcción de acuerdos que ha implicado un importante cambio en los procedimientos legislativos, y un vasto incremento de iniciativas generadas y aprobadas por los legisladores. La administración del Presidente Zedillo será reconocida en la historia, sin duda y sin regateo, como un período democratizador. Es preciso aquilatar y aprovechar las lecciones que nos deja el ejercicio democrático recientemente concluido. En primer lugar, destaquemos la importancia del electorado compuesto por jóvenes, que por vez primera sufragaron, y mujeres que en su gran mayoría se volcó a las urnas, con plena confianza de que su voto sería respetado y meticulosamente contado, como en efecto sucedió. En segundo término, el alto grado de participación ciudadana, la pasión de los actores políticos y la serenidad y eficiencia de las autoridades electorales, propiciaron el reconocimiento y el prestigio internacional del país, no por el resultado en si, sino por la vocación democrática expresada por la sociedad mexicana, la calidad del proceso electoral y la solidez de sus instituciones. En ningún momento, como lo advertimos oportunamente, estuvo en riesgo la gobernabilidad democrática. En tercer lugar, las elecciones demostraron la necesidad inaplazable para que todos los actores políticos se preparen con mayor responsabilidad y compromiso a enfrentar una competencia política cada vez más dinámica, madura y moderna. En cuarto lugar, finalmente, observamos un claro mensaje por parte del electorado que no concedió triunfos absolutos a los contendientes, sino que diferenció su voto para elegir a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legisladores, tanto en el plano local como federal, estableciendo así nuevos equilibrios y contrapesos reales en nuestro sistema político. La sociedad marcó la ruta que obliga a continuar con el acuerdo y con el consenso político. En la presente administración se dio un impulso decisivo al nuevo federalismo y al fortalecimiento de las capacidades de gobierno y de administración de los municipios del país. En diciembre de '94 se inició la construcción del Sistema Nacional de Información Municipal y se creó el Ramo 33 del Presupuesto Federal, por vía del cual el 70% del gasto del gobierno hoy se destina directamente a los municipios. En este marco las modificaciones al 115 constitucional, aprobadas por el Honorable Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales en 1999, constituyen un decidido impulso plural y representativo al municipio, al ampliar sus facultades en materia administrativa y reglamentaria, en la posibilidad de realizar convenios también con los gobiernos estatales. Con el propósito de que los municipios ejerzan plenamente las facultades que le concede la reforma, se pusieron en marcha programas de apoyo a la renovación municipal, a la modernización jurídica municipal, al desarrollo institucional de los ayuntamientos y a la profesionalización, así como el programa de difusión de la cultura municipalista. El Sistema Nacional de Protección Civil ha recibido un impulso decidido para proteger mejor a las personas y a la sociedad, ante la eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos. Ese sistema opera en tres etapas: prevención, atención a la emergencia y reconstrucción. En cada una de ellas se ha logrado incorporar y coordinar el esfuerzo de científicos, técnicos, tomadores de decisiones, medios de comunicación y población. La decisión oportuna ha sido el elemento clave de las modificaciones orientadas a hacer más eficiente el sistema. Hemos impulsado así la educación para la autoprotección, difundiendo y socializando la información que facilita la toma de decisiones. También se ha trabajado en coordinar las acciones conjuntas del Gobierno Federal con gobiernos estatales, municipales, comunidades y grupos organizados. La estrategia ha implicado estandarizar los programas operativos en el ámbito estatal y municipal, instalar los Consejos Municipales de Protección Civil, establecer normas oficiales mexicanas en la materia y homologar las estructuras y el Servicio Civil de Carrera. La Política Migratoria. La política migratoria en México se sustenta en la defensa de la soberanía y la seguridad nacionales, y mantiene un profundo sentido humanista y un estricto respeto a los derechos humanos, alentando corrientes migratorias que contribuyen a nuestro desarrollo. Se han otorgado más de 9,500 declaratorias de inmigrados a extranjeros que han decidido establecer su residencia permanente en el país y aportar de esta forma su esfuerzo al desarrollo nacional. Una prioridad de la política migratoria es contribuir a la protección a migrantes connacionales en el extranjero. En congruencia con esta postura era necesario cumplir este propósito primero en nuestro propio territorio, por ello la actual administración reinició el Programa Paisano en los períodos de alto flujo de retorno de nuestros connacionales provenientes de los Estados Unidos. Durante el sexenio se asistió a 5 millones 675 mil connacionales, ampliando las facilidades para internar sus bienes y garantizarles seguridad, respeto y buen trato por parte de las autoridades en su visita o retorno a México. Con el apoyo de los Grupos Beta de protección a migrantes que actualmente operan en el país, se logró atender en el transcurso de este gobierno a un millón de personas, brindándoles orientación y asistencia jurídica. En 1996 se anunció el Programa de Estabilización Migratoria, con el cual se otorgó la calidad de inmigrantes a 10 mil 864 guatemaltecos que optaron por quedarse, y a 3 mil 984 se les extendió la naturalización; casi 43 mil más, con casi 43 mil más, se culminó un exitoso proceso de repatriación. Esta es una muestra palpable de la política de asilo solidario que ha caracterizado a México y le ha dado prestigio ante el mundo, de lo cual nos sentimos orgullosos. Con el fin de simplificar la identificación de los conmexicanos (?), se ha procedido a la modernización integración de registro civil, a la integración de la base de datos del Registro Nacional de Población y a la asignación de la clave única de Registro de Población, CURP. Esperamos que a fines de este año se integre la CU RP a todos los documentos oficiales. A la fecha se han asignado casi 63 millones de claves y se estima que tres de cada cuatro mexicanos cuenten con ella a finales del presente año. En 96, se instituyó el Programa Nacional de la Mujer; entre los avances más destacados en materia de equidad de género alcanzados hasta este año, cabe mencionar los siguientes porque son resultado de amplias discusiones y consensos: el establecimiento de las Comisiones de Equidad de Género en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como una Comisión Bicameral denominada "Parlamento de Mujeres de México". Se cuenta ahora con una nueva legislación sobre violencia intrafamiliar y se crearon instancias de apoyo a la mujer en 27 entidades federativas. También se concluyó este año la Norma Oficial Mexicana para la Prestación de los Servicios de Salud que establecen los criterios para la atención de la violencia intrafamiliar. La preservación del carácter laico del Estado Mexicano, es uno de los compromisos políticos institucionales básicos de este gobierno. Por ello, la actual administración ha consolidado las relaciones entre el Estado y las Iglesias conformadas por casi 6 mil asociaciones religiosas con registro. Lo anterior demuestra la diversidad religiosa que existe en el país, y por tanto la necesidad de una coexistencia tolerante, respetuosa entre el poder público y las iglesias en el país. Ningún país en el mundo que ha padecido conflictos con grupos armados, ha practicado una política tan extensa e intensa para su solución en cuanto a la atención de las causas que lo motivaron, como lo ha hecho México al tratar el conflicto en el estado de Chiapas. En casos similares, se ha buscado lograr un a cuerdo de paz tras muchos años de lucha y un elevado costo en vidas humanas, para después comenzar a atender las causas que los motivaron sobre las cenizas de miles de muertos. México no ha actuado de esa manera. Por ello, el Ejecutivo Federal ha reiterado su voluntad de seguir insistiendo vía del diálogo y la negociación con el EZLN, con el propósito de alcanzar el Acuerdo de Concordia y de Pacificación a que se refiere la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Junto con ello, se ha emprendido una política social de gran alcance, orientada a revertir la marginación de los pueblos indígenas y promover el desarrollo de la entidad, independientemente de filiaciones partidarias, religiosas o políticas. En una expresión más de voluntad política, el 7 de septiembre de 99, se dio a conocer públicamente la carta abierta al EZ, denominada "un paso más", para solucionar el conflicto en Chiapas. A partir de entonces se dio respuesta positiva a los cinco requerimientos para retornar a la mesa de las negociaciones que estableció el EZ, incluyendo la liberación de exzapatistas presos y la instalación de la Comisión de Seguridad y Verificación de los Acuerdos de San Andrés. La propuesta y las acciones que sustentan la estrategia "un paso más", cuyo contenido fue previamente comentado con la COCOPA y otras organizaciones civiles y religiosas, hasta la fecha no ha recibido respuesta del EZLN. Es necesario que existan mejores condiciones de confianza mutua para avanzar hacia la paz, pero sobre todo para avanzar hacia la reivindicación plena de las demandas sociales de los chiapanecos más pobres, porque la ausencia de diálogo perjudica particularmente a las comunidades indígenas en la zona de conflicto. La presencia del Ejército Mexicano en Chiapas, obedece a funciones sustanciales de protección fronteriza, a resguardo de reservas ecológicas y de combate al narcotráfico. También, no lo olvidemos, el desempeño de sus tareas en emergencias ha sido decisivo, como durante las tormentas de septiembre de 1998 en la entidad ayudando ejemplarmente a la población. Su acción en la zona del conflicto responde a una declaración de guerra que no ha sido retirada y a una estrategia de acotamiento cuyos frutos son la inexistencia de confrontaciones armadas, después de la suspensión al fuego por parte del Gobierno Federal. Actualmente en la región prevalecen aún tensiones inter e intra comunitarias y frágiles equilibrios además de factores de inseguridad, por lo que su reposicionamiento no puede darse sino hay diálogo y garantías plenas a la población civil. De otro modo se tendría posiblemente que lamentar graves consecuencias. El gobierno del Presidente Ernesto Zedillo, ha actuado en forma contundente para que Chiapas no haya sido ni sea, escenario de conflicto armado. El desafío en el estado es la desigualdad, la pobreza, la marginación; contra ella y contra ello estamos todos los mexicanos. Por su parte la máxima Casa de Estudios del país la Universidad Nacional, ha superado la difícil circunstancia por la que atravesó el año pasado. No hay ahora un solo estudiante encarcela y la institución ha ido recobrando totalmente su normalidad docente de investigación y de definición de la cultura. El país vive en paz social pues los conflictos más graves son atendidos dentro de las vías democráticas, dentro de los cauces legales a través de las instituciones correspondientes. En ello radica la gobernabilidad democrática que compartimos y beneficia a todos. No obstante para la mayoría de los mexicanos el problema más grave que enfrenta nuestra sociedad es la inseguridad pública derivada de una delincuencia tanto ordinaria como organizada, cada vez más sofisticada y agresiva. La complejidad de la criminalidad ha hecho necesaria la planeación y organización de nuevas medidas para fortalecer a los cuerpos policiacos así como a las estructuras responsables, de procurar e impartir justicia. El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como objetivo fundamental conducir las políticas y programas para prevenir la comisión de los delitos y combatir el crimen organizado a través de una coordinación más eficiente entre los tres órdenes de gobierno. Los recursos asignados a la presente administración para la seguridad pública, no tienen precedente, en los últimos cinco años el gasto acumulado para la seguridad pública asciende a 27 mil millones de pesos, tan solo en este año se destinaron a estas tareas la cifra histórica de 12 mil 255 millones de pesos, fortaleciendo el equipamiento, infraestructura y el uso de tecnología para combatir el delito., se ha profesionalizado y capacitado a 97 mil elementos de seguridad pública y de procuración de justicia en todo el territorio nacional; se ha incrementado la cobertura y capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y se ha conformado un sistema nacional de información sobre seguridad pública, que cuenta ya con distintos bancos de datos, de huellas decadactilares, de policías, de armas, de delincuentes, de procesos. Hoy el Estado Mexicano cuenta con la Policía Federal Preventiva, como un cuerpo altamente entrenado para prevenir la comisión de delitos en el plano federal. La policía federal preventiva vigila las zonas federales, los puertos, aeropuertos, las carreteras y las fronteras; su accionar ha permitido la captura de peligrosas bandas de secuestradores y de traficantes de personas, la reducción sensible de asaltos en las carreteras del país, el rescate y orden de penales que se encontraban bajo formas ilegales e inaceptables de autogobierno y la restauración de la normalidad académica en sitios estratégico como la propia UNAM, entre otros resultados ampliamente reconocidos por la sociedad. Como resultado de estas acciones ha disminuido la comisión de crímenes; en 97 se llegaron a registrar 15.7 delitos por cada mil habitantes, habiéndose denunciado entonces cerca de un millón y medio de actos delictivos. El crimen llegó entonces a su máximo nivel. Para 99 se logró contener esta tendencia y comenzó a operar la disminución de la criminalidad; se denunciaron 1 millón 318 mil ilícitos, lo cual representa un índice de 13. 4 por cada mil habitantes, monto inferior en casi 15% al de 97. El Gobierno Federal emprendió las tareas estratégicas en materia de seguridad pública porque significan una política de estado concebida más allá de un sexenio o de una coyuntura. Buscamos así, certeza de perdurabilidad y alcance transexenal a las políticas y a las acciones de seguridad pública que a todos nos conciernen sin distinción de partido o de orientación ideológica porque se trata de la calidad de vida colectiva, de la vigencia del Estado como orden jurídico y del mejor futuro que deseamos asegurar como sociedad. Señoras y señores legisladores: un concepto de gobernabilidad basado en el control corporativo, en la hegemonía de un partido casi único, en un sistema de reglas no escritas hemos transitado hacia una gobernabilidad centrada en resolver las causas de las demandas sociales. Un régimen político plural y una vida democrática participativa basada esencialmente en el estado de derecho y en la vocación republicana de los mexicanos. Hoy las cuentas de la gobernabilidad son claras: México tiene estabilidad y sólidas instituciones. Vivimos en paz y en pleno ejercicio de las libertades ciudadanas. México ingresa al Siglo XXI con una democracia consolidada y por ello más fuerte, más fuerte para enfrentar sus desafíos y para vencerlos. Esta será la tarea cumplida de todos, la tarea de nuestra República. Muchas gracias. (aplausos)
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EL C. PRESIDENTE
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De conformidad con el Acuerdo Parlamentario aprobado por esta Asamblea y que norma el procedimiento para el análisis del VI Informe de Gobierno en Materia de Política Interior, nos acompaña el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación, a quien le damos la bienvenida. Para dar cumplimiento al Punto Segundo, Numerales 1, 2 y 3 del mencionado Acuerdo, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diódoro Carrasco Altamirano hasta por 20 minutos. Puede hacer uso de la palabra señor Secretario. EL C. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, Secretario de Gobernación: Muchas gracias señor presidente de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados. Señoras y señores diputados. Es muy grato acudir a la H. Cámara de Diputados para glosar y analizar en el ámbito de mi competencia el VI Informe del Presidente de la República Ernesto Zedillo, cumpliendo así con el mandato constitucional. Por la profundidad, por la trascendencia del quehacer político. encaminado a consolidar la democracia plena, el balance final del sexenio corresponderá a la historia, pero entre los saldos que ya podemos aquilatar con claridad a lo largo de los años recientes, destaca la estabilidad política que goza el país, la reafirmación de la democracia como propósito constante de gobierno, que culminó en la transparencia, civilidad y credibilidad de las elecciones federales y estatales recientes, y el fortalecimiento de la vida republicana, expresado en el equilibrio real y el respeto entre los Poderes de la Unión. Estos rasgos que hoy nos definen y caracterizan, tienen su asentamiento en un nuevo federalismo auténtico, y en una presidencia genuinamente republicana apegada estrictamente a la ley. La virtud reconocida del gobierno del Presidente Zedillo, ha sido hacer suyas y encabezar las transformaciones políticas que se agitaban como anhelo de la sociedad, así como compartir la vocación de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Aquí con el consenso mayoritario de los partidos, se pactaron las reformas que explican hoy la nueva era electoral, que es signo histórico de nuestra democracia. Por eso es posible afirmar que el sustento de la estabilidad de México son las instituciones políticas y sociales, que forjó el pueblo mexicano a lo largo de 70 años del período posrevolucionario, negarlo es pueril. Estas instituciones cobijan a todos los mexicanos, sin distinción de partido. Hoy la estabilidad se afianza con una gobernabilidad democrática que a todos beneficia y de todos requiere. La reforma electoral de 1996 fue una reforma visionaria, aprobada por consenso mayoritario de los partidos políticos, desterró de nuestra vida política los conflictos poselectorales, que degastaban a la república. Dio certidumbre a los procesos, aportó condiciones de equidad y garantía de transparencia, y confirió objetividad e independencia a las instituciones electorales. Con la reforma electoral de 1996 se instituyeron los mecanismos jurídicos necesarios, para dar total certidumbre a la participación ciudadana. Se consolida el Instituto Federal Electoral bajo los principios de autonomía y plena ciudadanización. Al promover, y con la posterior aprobación de las reformas a las leyes electorales, el Ejecutivo federal cumplió con el compromiso de establecer un nuevo marco para el desarrollo de sistema de partido, La composición en las Cámaras definió un nuevo esquema de gobernabilidad, centrado en la construcción de acuerdos que ha implicado un importante cambio en los procedimientos legislativos, y un vasto incremento de iniciativas generadas y aprobadas por los legisladores. La administración del Presidente Zedillo será reconocida en la historia, sin duda y sin regateo, como un período democratizador. Es preciso aquilatar y aprovechar las lecciones que nos deja el ejercicio democrático recientemente concluido. En primer lugar, destaquemos la importancia del electorado compuesto por jóvenes, que por vez primera sufragaron, y mujeres que en su gran mayoría se volcó a las urnas, con plena confianza de que su voto sería respetado y meticulosamente contado, como en efecto sucedió. En segundo término, el alto grado de participación ciudadana, la pasión de los actores políticos y la serenidad y eficiencia de las autoridades electorales, propiciaron el reconocimiento y el prestigio internacional del país, no por el resultado en si, sino por la vocación democrática expresada por la sociedad mexicana, la calidad del proceso electoral y la solidez de sus instituciones. En ningún momento, como lo advertimos oportunamente, estuvo en riesgo la gobernabilidad democrática. En tercer lugar, las elecciones demostraron la necesidad inaplazable para que todos los actores políticos se preparen con mayor responsabilidad y compromiso a enfrentar una competencia política cada vez más dinámica, madura y moderna. En cuarto lugar, finalmente, observamos un claro mensaje por parte del electorado que no concedió triunfos absolutos a los contendientes, sino que diferenció su voto para elegir a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legisladores, tanto en el plano local como federal, estableciendo así nuevos equilibrios y contrapesos reales en nuestro sistema político. La sociedad marcó la ruta que obliga a continuar con el acuerdo y con el consenso político. En la presente administración se dio un impulso decisivo al nuevo federalismo y al fortalecimiento de las capacidades de gobierno y de administración de los municipios del país. En diciembre de '94 se inició la construcción del Sistema Nacional de Información Municipal y se creó el Ramo 33 del Presupuesto Federal, por vía del cual el 70% del gasto del gobierno hoy se destina directamente a los municipios. En este marco las modificaciones al 115 constitucional, aprobadas por el Honorable Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales en 1999, constituyen un decidido impulso plural y representativo al municipio, al ampliar sus facultades en materia administrativa y reglamentaria, en la posibilidad de realizar convenios también con los gobiernos estatales. Con el propósito de que los municipios ejerzan plenamente las facultades que le concede la reforma, se pusieron en marcha programas de apoyo a la renovación municipal, a la modernización jurídica municipal, al desarrollo institucional de los ayuntamientos y a la profesionalización, así como el programa de difusión de la cultura municipalista. El Sistema Nacional de Protección Civil ha recibido un impulso decidido para proteger mejor a las personas y a la sociedad, ante la eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos. Ese sistema opera en tres etapas: prevención, atención a la emergencia y reconstrucción. En cada una de ellas se ha logrado incorporar y coordinar el esfuerzo de científicos, técnicos, tomadores de decisiones, medios de comunicación y población. La decisión oportuna ha sido el elemento clave de las modificaciones orientadas a hacer más eficiente el sistema. Hemos impulsado así la educación para la autoprotección, difundiendo y socializando la información que facilita la toma de decisiones. También se ha trabajado en coordinar las acciones conjuntas del Gobierno Federal con gobiernos estatales, municipales, comunidades y grupos organizados. La estrategia ha implicado estandarizar los programas operativos en el ámbito estatal y municipal, instalar los Consejos Municipales de Protección Civil, establecer normas oficiales mexicanas en la materia y homologar las estructuras y el Servicio Civil de Carrera. La Política Migratoria. La política migratoria en México se sustenta en la defensa de la soberanía y la seguridad nacionales, y mantiene un profundo sentido humanista y un estricto respeto a los derechos humanos, alentando corrientes migratorias que contribuyen a nuestro desarrollo. Se han otorgado más de 9,500 declaratorias de inmigrados a extranjeros que han decidido establecer su residencia permanente en el país y aportar de esta forma su esfuerzo al desarrollo nacional. Una prioridad de la política migratoria es contribuir a la protección a migrantes connacionales en el extranjero. En congruencia con esta postura era necesario cumplir este propósito primero en nuestro propio territorio, por ello la actual administración reinició el Programa Paisano en los períodos de alto flujo de retorno de nuestros connacionales provenientes de los Estados Unidos. Durante el sexenio se asistió a 5 millones 675 mil connacionales, ampliando las facilidades para internar sus bienes y garantizarles seguridad, respeto y buen trato por parte de las autoridades en su visita o retorno a México. Con el apoyo de los Grupos Beta de protección a migrantes que actualmente operan en el país, se logró atender en el transcurso de este gobierno a un millón de personas, brindándoles orientación y asistencia jurídica. En 1996 se anunció el Programa de Estabilización Migratoria, con el cual se otorgó la calidad de inmigrantes a 10 mil 864 guatemaltecos que optaron por quedarse, y a 3 mil 984 se les extendió la naturalización; casi 43 mil más, con casi 43 mil más, se culminó un exitoso proceso de repatriación. Esta es una muestra palpable de la política de asilo solidario que ha caracterizado a México y le ha dado prestigio ante el mundo, de lo cual nos sentimos orgullosos. Con el fin de simplificar la identificación de los conmexicanos (?), se ha procedido a la modernización integración de registro civil, a la integración de la base de datos del Registro Nacional de Población y a la asignación de la clave única de Registro de Población, CURP. Esperamos que a fines de este año se integre la CU RP a todos los documentos oficiales. A la fecha se han asignado casi 63 millones de claves y se estima que tres de cada cuatro mexicanos cuenten con ella a finales del presente año. En 96, se instituyó el Programa Nacional de la Mujer; entre los avances más destacados en materia de equidad de género alcanzados hasta este año, cabe mencionar los siguientes porque son resultado de amplias discusiones y consensos: el establecimiento de las Comisiones de Equidad de Género en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como una Comisión Bicameral denominada "Parlamento de Mujeres de México". Se cuenta ahora con una nueva legislación sobre violencia intrafamiliar y se crearon instancias de apoyo a la mujer en 27 entidades federativas. También se concluyó este año la Norma Oficial Mexicana para la Prestación de los Servicios de Salud que establecen los criterios para la atención de la violencia intrafamiliar. La preservación del carácter laico del Estado Mexicano, es uno de los compromisos políticos institucionales básicos de este gobierno. Por ello, la actual administración ha consolidado las relaciones entre el Estado y las Iglesias conformadas por casi 6 mil asociaciones religiosas con registro. Lo anterior demuestra la diversidad religiosa que existe en el país, y por tanto la necesidad de una coexistencia tolerante, respetuosa entre el poder público y las iglesias en el país. Ningún país en el mundo que ha padecido conflictos con grupos armados, ha practicado una política tan extensa e intensa para su solución en cuanto a la atención de las causas que lo motivaron, como lo ha hecho México al tratar el conflicto en el estado de Chiapas. En casos similares, se ha buscado lograr un a cuerdo de paz tras muchos años de lucha y un elevado costo en vidas humanas, para después comenzar a atender las causas que los motivaron sobre las cenizas de miles de muertos. México no ha actuado de esa manera. Por ello, el Ejecutivo Federal ha reiterado su voluntad de seguir insistiendo vía del diálogo y la negociación con el EZLN, con el propósito de alcanzar el Acuerdo de Concordia y de Pacificación a que se refiere la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Junto con ello, se ha emprendido una política social de gran alcance, orientada a revertir la marginación de los pueblos indígenas y promover el desarrollo de la entidad, independientemente de filiaciones partidarias, religiosas o políticas. En una expresión más de voluntad política, el 7 de septiembre de 99, se dio a conocer públicamente la carta abierta al EZ, denominada "un paso más", para solucionar el conflicto en Chiapas. A partir de entonces se dio respuesta positiva a los cinco requerimientos para retornar a la mesa de las negociaciones que estableció el EZ, incluyendo la liberación de exzapatistas presos y la instalación de la Comisión de Seguridad y Verificación de los Acuerdos de San Andrés. La propuesta y las acciones que sustentan la estrategia "un paso más", cuyo contenido fue previamente comentado con la COCOPA y otras organizaciones civiles y religiosas, hasta la fecha no ha recibido respuesta del EZLN. Es necesario que existan mejores condiciones de confianza mutua para avanzar hacia la paz, pero sobre todo para avanzar hacia la reivindicación plena de las demandas sociales de los chiapanecos más pobres, porque la ausencia de diálogo perjudica particularmente a las comunidades indígenas en la zona de conflicto. La presencia del Ejército Mexicano en Chiapas, obedece a funciones sustanciales de protección fronteriza, a resguardo de reservas ecológicas y de combate al narcotráfico. También, no lo olvidemos, el desempeño de sus tareas en emergencias ha sido decisivo, como durante las tormentas de septiembre de 1998 en la entidad ayudando ejemplarmente a la población. Su acción en la zona del conflicto responde a una declaración de guerra que no ha sido retirada y a una estrategia de acotamiento cuyos frutos son la inexistencia de confrontaciones armadas, después de la suspensión al fuego por parte del Gobierno Federal. Actualmente en la región prevalecen aún tensiones inter e intra comunitarias y frágiles equilibrios además de factores de inseguridad, por lo que su reposicionamiento no puede darse sino hay diálogo y garantías plenas a la población civil. De otro modo se tendría posiblemente que lamentar graves consecuencias. El gobierno del Presidente Ernesto Zedillo, ha actuado en forma contundente para que Chiapas no haya sido ni sea, escenario de conflicto armado. El desafío en el estado es la desigualdad, la pobreza, la marginación; contra ella y contra ello estamos todos los mexicanos. Por su parte la máxima Casa de Estudios del país la Universidad Nacional, ha superado la difícil circunstancia por la que atravesó el año pasado. No hay ahora un solo estudiante encarcela y la institución ha ido recobrando totalmente su normalidad docente de investigación y de definición de la cultura. El país vive en paz social pues los conflictos más graves son atendidos dentro de las vías democráticas, dentro de los cauces legales a través de las instituciones correspondientes. En ello radica la gobernabilidad democrática que compartimos y beneficia a todos. No obstante para la mayoría de los mexicanos el problema más grave que enfrenta nuestra sociedad es la inseguridad pública derivada de una delincuencia tanto ordinaria como organizada, cada vez más sofisticada y agresiva. La complejidad de la criminalidad ha hecho necesaria la planeación y organización de nuevas medidas para fortalecer a los cuerpos policiacos así como a las estructuras responsables, de procurar e impartir justicia. El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como objetivo fundamental conducir las políticas y programas para prevenir la comisión de los delitos y combatir el crimen organizado a través de una coordinación más eficiente entre los tres órdenes de gobierno. Los recursos asignados a la presente administración para la seguridad pública, no tienen precedente, en los últimos cinco años el gasto acumulado para la seguridad pública asciende a 27 mil millones de pesos, tan solo en este año se destinaron a estas tareas la cifra histórica de 12 mil 255 millones de pesos, fortaleciendo el equipamiento, infraestructura y el uso de tecnología para combatir el delito., se ha profesionalizado y capacitado a 97 mil elementos de seguridad pública y de procuración de justicia en todo el territorio nacional; se ha incrementado la cobertura y capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y se ha conformado un sistema nacional de información sobre seguridad pública, que cuenta ya con distintos bancos de datos, de huellas decadactilares, de policías, de armas, de delincuentes, de procesos. Hoy el Estado Mexicano cuenta con la Policía Federal Preventiva, como un cuerpo altamente entrenado para prevenir la comisión de delitos en el plano federal. La policía federal preventiva vigila las zonas federales, los puertos, aeropuertos, las carreteras y las fronteras; su accionar ha permitido la captura de peligrosas bandas de secuestradores y de traficantes de personas, la reducción sensible de asaltos en las carreteras del país, el rescate y orden de penales que se encontraban bajo formas ilegales e inaceptables de autogobierno y la restauración de la normalidad académica en sitios estratégico como la propia UNAM, entre otros resultados ampliamente reconocidos por la sociedad. Como resultado de estas acciones ha disminuido la comisión de crímenes; en 97 se llegaron a registrar 15.7 delitos por cada mil habitantes, habiéndose denunciado entonces cerca de un millón y medio de actos delictivos. El crimen llegó entonces a su máximo nivel. Para 99 se logró contener esta tendencia y comenzó a operar la disminución de la criminalidad; se denunciaron 1 millón 318 mil ilícitos, lo cual representa un índice de 13. 4 por cada mil habitantes, monto inferior en casi 15% al de 97. El Gobierno Federal emprendió las tareas estratégicas en materia de seguridad pública porque significan una política de estado concebida más allá de un sexenio o de una coyuntura. Buscamos así, certeza de perdurabilidad y alcance transexenal a las políticas y a las acciones de seguridad pública que a todos nos conciernen sin distinción de partido o de orientación ideológica porque se trata de la calidad de vida colectiva, de la vigencia del Estado como orden jurídico y del mejor futuro que deseamos asegurar como sociedad. Señoras y señores legisladores: un concepto de gobernabilidad basado en el control corporativo, en la hegemonía de un partido casi único, en un sistema de reglas no escritas hemos transitado hacia una gobernabilidad centrada en resolver las causas de las demandas sociales. Un régimen político plural y una vida democrática participativa basada esencialmente en el estado de derecho y en la vocación republicana de los mexicanos. Hoy las cuentas de la gobernabilidad son claras: México tiene estabilidad y sólidas instituciones. Vivimos en paz y en pleno ejercicio de las libertades ciudadanas. México ingresa al Siglo XXI con una democracia consolidada y por ello más fuerte, más fuerte para enfrentar sus desafíos y para vencerlos. Esta será la tarea cumplida de todos, la tarea de nuestra República. Muchas gracias. (aplausos)
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2000-09-12
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. PRESIDENTE: Gracias, ciudadano Secretario. Están inscritos, para fijar la posición general de su grupo parlamentario, los siguientes ciudadanos diputados: Del Partido del Trabajo, el Diputado Félix Castellanos Hernández; del Partido Verde Ecologista de México, la Diputada María Cristina Moctezuma Lule; del Partido de la Revolución Democrática, el Diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Acción Nacional, el Diputado Armando Salinas Torre y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el Diputado Melitón Morales Sánchez. Tiene entonces el uso de la palabra el Diputado Félix Castellanos Hernández, por 10 minutos.
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EL C. PRESIDENTE
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Gracias, ciudadano Secretario. Están inscritos, para fijar la posición general de su grupo parlamentario, los siguientes ciudadanos diputados: Del Partido del Trabajo, el Diputado Félix Castellanos Hernández; del Partido Verde Ecologista de México, la Diputada María Cristina Moctezuma Lule; del Partido de la Revolución Democrática, el Diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Acción Nacional, el Diputado Armando Salinas Torre y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el Diputado Melitón Morales Sánchez. Tiene entonces el uso de la palabra el Diputado Félix Castellanos Hernández, por 10 minutos.
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. DIPUTADO FELIX CASTELLANOS HERNANDEZ: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, Señor Secretario: Esta soberanía inicia la glosa del Sexto Informe Presidencial presentado el pasado 1 de septiembre. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que el análisis debe ir más allá del período que abarca el informe, ya que se debe evaluar la gestión de los 6 años de la actual administración. En la evaluación integral de este período, el balance resulta deficitario y vamos a explicar por qué. Tal y como lo establece el informe en el capítulo 2, el concepto de estado de derecho supone la sujeción de los titulares de los órganos del poder público al mandato expreso de la ley. Esto es precisamente a lo que aspiramos los mexicanos, a que los funcionarios no hagan más de lo que la ley los faculta, pero que tampoco hagan menos. Específicamente nos referimos al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Siendo usted, Señor Secretario, quien preside dicho consejo, sabrá que la determinación de los lineamientos para el establecimiento de políticas generales en materia de seguridad pública ha resultado poco menos que ineficaz. Los mexicanos vivimos en una constante y alarmante inseguridad. Los cuerpos policiales preventivos son insuficientes e ineficaces. Las policías encargadas de perseguir los delitos carecen de la debida preparación y eso se traduce en un alto porcentaje de delitos que quedan sin castigo. La sociedad mexicana reciente continuamente el ataque de la delincuencia organizada o de la que actúa en forma individual a su seguridad y patrimonio. Pero también le llena de indignación el que la justicia se aplique de forma selectiva y en ocasiones para que los autores intelectuales de delitos queden impunes. Tales son los casos de Aguas Blancas, Acteal, el Charco, que esperan aún el castigo de los verdaderos responsables. En el Sexto Informe se señala la creación de la Policía Federal Preventiva como paradigma del combate a la delincuencia en la previsión de los delitos. Aquí quisiera leer textualmente algunas líneas del Informe: "Asimismo dice el Informe se logró la detección de 51 organizaciones criminales que trafican con personas, la desarticulación de dos bandas que se dedicaban al tráfico de armas, el restablecimiento del orden en diversos centros de readaptación social y en el campus de la Unam. " Ante ello nos preguntamos: ¿qué el Presidente de la República asimila la función de la institución de educación superior más importante de este país a la de un centro de readaptación social? Señor Secretario, resulta vergonzoso para una institución centenaria como lo es la Unam el que se le coloque en el mismo apartado que a los Ceresos. Cuando la Policía Federal Preventiva ingresó a la Universidad qué orden restableció si a muchos de los detenidos no se les probó, por parte del Ministerio Público Federal, responsabilidad alguna. Otro ejemplo de la impunidad con la que actúan los altos funcionarios federales lo tenemos en el caso del exsecretario de Turismo. Por medio de la dependencia de la que usted es responsable, tramitó la licencia para separarse de su encargo, presuntamente para comparecer a juicio por las implicaciones que el Gobierno del Distrito Federal presentara en su contra. Cuando por fin decide presentar su renuncia, sencillamente huye. Por cierto, Señor Secretario,¿ los órganos de inteligencia de la Secretaría de Gobernación sabrán dónde se encuentra Oscar Espinosa para que la Procuraduría pueda aprehenderlo? En el apartado denominado Del desarrollo democrático, nosotros, a diferencia de ustedes, consideramos que el resultado de este logro fue gracias a las innumerables luchas que miles de mexicanos desde hace décadas libraron en contra del partido de Estado, del autoritarismo gubernamental y del uso de los recursos públicos en beneficio de unos cuantos. Debemos señalar en esta dirección que los partidos políticos decidimos impulsar en 1995 la reforma del Estado y acudimos con el Titular del Ejecutivo para pactar esta inaplazable demanda del pueblo de México. Sin embargo, en los hechos no hubo voluntad política por parte del Presidente Zedillo para cumplir dicho compromiso. Solo logramos una reforma electoral de carácter parcial que implicó modificaciones constitucionales y legales, pero que desde luego no es una reforma electoral definitiva como lo sostiene el Presidente de la República. Esta es una asignatura pendiente de impulsar en esta nueva Legislatura y queremos aprovechar esta alta tribuna para convocar a todos los partidos políticos y a todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro país a iniciar un profundo debate que permita, ahora sí, arribar a una verdadera reforma electoral sí definitiva pero también equitativa. Queremos recordarle también, señor Secretario, que los grupos parlamentarios diferentes al partido al que usted pertenece, en la pasada Legislatura impulsaron la creación de una Comisión Especial Encargada de que no se Desviaran Recursos Públicos Federales en el Proceso Electoral de este año. Dicha comisión intentó infructuosamente, por la sistemática negativa de usted a firmar un convenio de colaboración para evitar el uso clientelar de los recursos públicos. Debemos también mencionarle la negativa de la Secretaría de Gobernación a transmitir, dentro de los tiempos del Estado, los mensajes del Instituto Federal Electoral. Consideramos que esto también debería de haberse presentado en el Informe de Gobierno. Por ello sostenemos que los resultados electorales del 2 de julio fueron posible gracias a la alta participación ciudadana y el reconocimiento de dicho resultado fue simplemente el respeto a la voluntad popular. Pero lo verdaderamente inadmisible en el recuento de la actuación federal respecto al conflicto en Chiapas, es el siguiente: Como muchos otros problemas ancestrales no resueltos la cuestión indígena le estalló en las manos al Estado mexicano el 1o. De enero de 1994. Paradójicamente el mismo día que se estrenaban dos signos de la globalización neoliberal en México: la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos y Canadá y nuestra supuesta incorporación al club de los países ricos: la OCDE. El Ejecutivo hacia ostentación afuera de lo que aquí carecíamos. ¿Cómo ocultar que la historia indígena real está llena de violentos despojos de tierra, expropiación de su patrimonio cultural, trabajos forzados, segregación, vejaciones, injusticias, marginación y muertes por causas absurdas? Frente a esto, la tecnocracia neoliberal adoptó y ha mantenido un modelo económico social excluyente respecto a la población indígena. En compensación los modernizadores zedillistas refuncionalizarón las viejas políticas integracionistas del indigenismo, es decir, la de destinar limitados recursos económicos, los cuales por cierto se van quedando en una enorme red burocrática, acompañados del inefable control político encarnado en los cacicazgos regionales. En este marco es en donde Zedillo presenta su balance sexenal sobre la problemática indígena nacional y el conflicto en Chiapas. En el texto del Informe nos habla de una serie de acciones de gobierno dirigidas a atender asuntos agrarios, judiciales, productivos y asistenciales, de combate a la pobreza, de seguridad pública, civiles, religiosos, ambientales y de derecho de la mujer. En el Informe también se señala que se promovieron reformas legislativas en los ámbitos federal, local y municipal, en el marco de reconocimiento a la diversidad cultural de la nación. En sí mismas, todas las acciones y medidas antes enunciadas presentan un pobre y muy discutible panorama del desempeño gubernamental en la materia. Miente Zedillo al decir que desde el primer día de su administración ha sido inequívoco el compromiso para alcanzar por la vía del diálogo una paz justa, digna y definitiva. La aparente disposición del Ejecutivo de resolver el conflicto por la acción trazada en la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz digna en Chiapas, de marzo de '95, fue precedida por la celada atroz y cobarde con que se intentó capturar al Subcomandante Marcos y descabezar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en febrero de ese año. Con la participación, debemos recordar, del entonces flamante Procurador Lozano Gracia. Posteriormente esa vía fue abandonada totalmente por el Gobierno Federal cuando en agosto del '96 se suspendieron las negociaciones con el EZLN y en diciembre de ese año Zedillo rechazó la propuesta de la Cocopa, derivada de los Acuerdos de San Andrés de febrero del '96, para legislar en materia de derechos y cultura indígena. Este "golpe de timón", como suele decir el Ejecutivo, fue acompañado de la instrumentación de estrategias contrainsurgentes propias de una guerra de baja intensidad, que se expresaron en la formación de numerosos grupos paramilitares, el mayor acercamiento militar sobre territorios de influencia zapatista y el intento de promover y multiplicar conflictos interétnicos. La masacre de Acteal, perpetrada principalmente sobre mujeres y niños por un grupo paramilitar y la presentación unilateral de una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas en marzo de '98 por parte de Zedillo, reflejaron claramente la concepción y los propósitos verdaderos del Presidente. Nada cambió desde entonces, salvo que dicha política se fue intensificando gradualmente. Pero el pueblo chiapaneco apoyado y alentado por amplias capas de la sociedad civil y por la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas, decidió el pasado 20 de agosto, sacudirse del yugo del opresivo régimen y darle la oportunidad a un proceso real para resolver el conflicto por la vía democrática y avanzar paralelamente por el camino del desarrollo económico y social para todos los chiapanecos. En el Partido del Trabajo se refrenda su compromiso absoluto con el pueblo chiapaneco y con las políticas encaminadas a alcanzar estos fines bajo el próximo gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia. Finalmente el Partido del Trabajo sostiene categóricamente que la solución del conflicto en Chiapas allanará sin duda el camino para atender y solucionar los aspectos centrales de la cuestión indígena como parte fundamental de la agenda nacional. Este es también el reto del próximo gobierno foxista y la ciudadanía espera que lo cumpla sin trampas y sin engaños retóricos, en beneficio de la nación. Muchas gracias. (aplausos)
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EL C. DIPUTADO FELIX CASTELLANOS HERNANDEZ
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Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, Señor Secretario: Esta soberanía inicia la glosa del Sexto Informe Presidencial presentado el pasado 1 de septiembre. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que el análisis debe ir más allá del período que abarca el informe, ya que se debe evaluar la gestión de los 6 años de la actual administración. En la evaluación integral de este período, el balance resulta deficitario y vamos a explicar por qué. Tal y como lo establece el informe en el capítulo 2, el concepto de estado de derecho supone la sujeción de los titulares de los órganos del poder público al mandato expreso de la ley. Esto es precisamente a lo que aspiramos los mexicanos, a que los funcionarios no hagan más de lo que la ley los faculta, pero que tampoco hagan menos. Específicamente nos referimos al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Siendo usted, Señor Secretario, quien preside dicho consejo, sabrá que la determinación de los lineamientos para el establecimiento de políticas generales en materia de seguridad pública ha resultado poco menos que ineficaz. Los mexicanos vivimos en una constante y alarmante inseguridad. Los cuerpos policiales preventivos son insuficientes e ineficaces. Las policías encargadas de perseguir los delitos carecen de la debida preparación y eso se traduce en un alto porcentaje de delitos que quedan sin castigo. La sociedad mexicana reciente continuamente el ataque de la delincuencia organizada o de la que actúa en forma individual a su seguridad y patrimonio. Pero también le llena de indignación el que la justicia se aplique de forma selectiva y en ocasiones para que los autores intelectuales de delitos queden impunes. Tales son los casos de Aguas Blancas, Acteal, el Charco, que esperan aún el castigo de los verdaderos responsables. En el Sexto Informe se señala la creación de la Policía Federal Preventiva como paradigma del combate a la delincuencia en la previsión de los delitos. Aquí quisiera leer textualmente algunas líneas del Informe: "Asimismo dice el Informe se logró la detección de 51 organizaciones criminales que trafican con personas, la desarticulación de dos bandas que se dedicaban al tráfico de armas, el restablecimiento del orden en diversos centros de readaptación social y en el campus de la Unam. " Ante ello nos preguntamos: ¿qué el Presidente de la República asimila la función de la institución de educación superior más importante de este país a la de un centro de readaptación social? Señor Secretario, resulta vergonzoso para una institución centenaria como lo es la Unam el que se le coloque en el mismo apartado que a los Ceresos. Cuando la Policía Federal Preventiva ingresó a la Universidad qué orden restableció si a muchos de los detenidos no se les probó, por parte del Ministerio Público Federal, responsabilidad alguna. Otro ejemplo de la impunidad con la que actúan los altos funcionarios federales lo tenemos en el caso del exsecretario de Turismo. Por medio de la dependencia de la que usted es responsable, tramitó la licencia para separarse de su encargo, presuntamente para comparecer a juicio por las implicaciones que el Gobierno del Distrito Federal presentara en su contra. Cuando por fin decide presentar su renuncia, sencillamente huye. Por cierto, Señor Secretario,¿ los órganos de inteligencia de la Secretaría de Gobernación sabrán dónde se encuentra Oscar Espinosa para que la Procuraduría pueda aprehenderlo? En el apartado denominado Del desarrollo democrático, nosotros, a diferencia de ustedes, consideramos que el resultado de este logro fue gracias a las innumerables luchas que miles de mexicanos desde hace décadas libraron en contra del partido de Estado, del autoritarismo gubernamental y del uso de los recursos públicos en beneficio de unos cuantos. Debemos señalar en esta dirección que los partidos políticos decidimos impulsar en 1995 la reforma del Estado y acudimos con el Titular del Ejecutivo para pactar esta inaplazable demanda del pueblo de México. Sin embargo, en los hechos no hubo voluntad política por parte del Presidente Zedillo para cumplir dicho compromiso. Solo logramos una reforma electoral de carácter parcial que implicó modificaciones constitucionales y legales, pero que desde luego no es una reforma electoral definitiva como lo sostiene el Presidente de la República. Esta es una asignatura pendiente de impulsar en esta nueva Legislatura y queremos aprovechar esta alta tribuna para convocar a todos los partidos políticos y a todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro país a iniciar un profundo debate que permita, ahora sí, arribar a una verdadera reforma electoral sí definitiva pero también equitativa. Queremos recordarle también, señor Secretario, que los grupos parlamentarios diferentes al partido al que usted pertenece, en la pasada Legislatura impulsaron la creación de una Comisión Especial Encargada de que no se Desviaran Recursos Públicos Federales en el Proceso Electoral de este año. Dicha comisión intentó infructuosamente, por la sistemática negativa de usted a firmar un convenio de colaboración para evitar el uso clientelar de los recursos públicos. Debemos también mencionarle la negativa de la Secretaría de Gobernación a transmitir, dentro de los tiempos del Estado, los mensajes del Instituto Federal Electoral. Consideramos que esto también debería de haberse presentado en el Informe de Gobierno. Por ello sostenemos que los resultados electorales del 2 de julio fueron posible gracias a la alta participación ciudadana y el reconocimiento de dicho resultado fue simplemente el respeto a la voluntad popular. Pero lo verdaderamente inadmisible en el recuento de la actuación federal respecto al conflicto en Chiapas, es el siguiente: Como muchos otros problemas ancestrales no resueltos la cuestión indígena le estalló en las manos al Estado mexicano el 1o. De enero de 1994. Paradójicamente el mismo día que se estrenaban dos signos de la globalización neoliberal en México: la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos y Canadá y nuestra supuesta incorporación al club de los países ricos: la OCDE. El Ejecutivo hacia ostentación afuera de lo que aquí carecíamos. ¿Cómo ocultar que la historia indígena real está llena de violentos despojos de tierra, expropiación de su patrimonio cultural, trabajos forzados, segregación, vejaciones, injusticias, marginación y muertes por causas absurdas? Frente a esto, la tecnocracia neoliberal adoptó y ha mantenido un modelo económico social excluyente respecto a la población indígena. En compensación los modernizadores zedillistas refuncionalizarón las viejas políticas integracionistas del indigenismo, es decir, la de destinar limitados recursos económicos, los cuales por cierto se van quedando en una enorme red burocrática, acompañados del inefable control político encarnado en los cacicazgos regionales. En este marco es en donde Zedillo presenta su balance sexenal sobre la problemática indígena nacional y el conflicto en Chiapas. En el texto del Informe nos habla de una serie de acciones de gobierno dirigidas a atender asuntos agrarios, judiciales, productivos y asistenciales, de combate a la pobreza, de seguridad pública, civiles, religiosos, ambientales y de derecho de la mujer. En el Informe también se señala que se promovieron reformas legislativas en los ámbitos federal, local y municipal, en el marco de reconocimiento a la diversidad cultural de la nación. En sí mismas, todas las acciones y medidas antes enunciadas presentan un pobre y muy discutible panorama del desempeño gubernamental en la materia. Miente Zedillo al decir que desde el primer día de su administración ha sido inequívoco el compromiso para alcanzar por la vía del diálogo una paz justa, digna y definitiva. La aparente disposición del Ejecutivo de resolver el conflicto por la acción trazada en la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz digna en Chiapas, de marzo de '95, fue precedida por la celada atroz y cobarde con que se intentó capturar al Subcomandante Marcos y descabezar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en febrero de ese año. Con la participación, debemos recordar, del entonces flamante Procurador Lozano Gracia. Posteriormente esa vía fue abandonada totalmente por el Gobierno Federal cuando en agosto del '96 se suspendieron las negociaciones con el EZLN y en diciembre de ese año Zedillo rechazó la propuesta de la Cocopa, derivada de los Acuerdos de San Andrés de febrero del '96, para legislar en materia de derechos y cultura indígena. Este "golpe de timón", como suele decir el Ejecutivo, fue acompañado de la instrumentación de estrategias contrainsurgentes propias de una guerra de baja intensidad, que se expresaron en la formación de numerosos grupos paramilitares, el mayor acercamiento militar sobre territorios de influencia zapatista y el intento de promover y multiplicar conflictos interétnicos. La masacre de Acteal, perpetrada principalmente sobre mujeres y niños por un grupo paramilitar y la presentación unilateral de una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas en marzo de '98 por parte de Zedillo, reflejaron claramente la concepción y los propósitos verdaderos del Presidente. Nada cambió desde entonces, salvo que dicha política se fue intensificando gradualmente. Pero el pueblo chiapaneco apoyado y alentado por amplias capas de la sociedad civil y por la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas, decidió el pasado 20 de agosto, sacudirse del yugo del opresivo régimen y darle la oportunidad a un proceso real para resolver el conflicto por la vía democrática y avanzar paralelamente por el camino del desarrollo económico y social para todos los chiapanecos. En el Partido del Trabajo se refrenda su compromiso absoluto con el pueblo chiapaneco y con las políticas encaminadas a alcanzar estos fines bajo el próximo gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia. Finalmente el Partido del Trabajo sostiene categóricamente que la solución del conflicto en Chiapas allanará sin duda el camino para atender y solucionar los aspectos centrales de la cuestión indígena como parte fundamental de la agenda nacional. Este es también el reto del próximo gobierno foxista y la ciudadanía espera que lo cumpla sin trampas y sin engaños retóricos, en beneficio de la nación. Muchas gracias. (aplausos)
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266
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2000-09-12
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Castellanos Hernández. Tiene el uso de la palabra la diputada Marra Cristina Moctezuma Lule, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por diez minutos.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias diputado Castellanos Hernández. Tiene el uso de la palabra la diputada Marra Cristina Moctezuma Lule, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por diez minutos.
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2000-09-12
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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LA C. DIP. MARIA CRISTINA MOCTEZUIIIA LULE (PVEAM): Con su permiso, señor Presidente. Licenciado Diodoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación; señoras y señores Legisladores: La instalación de esta nueva Legislatura definitivamente inaugura una nueva era Política en México, con un Congreso de la Unión más plural que nunca, pero con la autonomía y fortaleza suficiente para participar directamente en las decisiones de gobierno. Los tiempos en que en las Cámaras la glosa del informe era simplemente una defensa a ultranza de las políticas de gobierno por parte del partido en el poder y una descalificación en ocasiones intransigente por parte de la oposición, son actitudes que tienen que quedar en el pasado para romper los cánones a los que estábamos acostumbrados. Nuevo Congreso, nuevos tiempos, nuevas formas de hacer Política. Hoy cumplimos un mandato de ley analizando la glosa del informe del gobierno del Presidente Ernesto Zedillo. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha hecho una evaluación de los problemas que enfrenta nuestro país, reconociendo con honestidad y objetividad los avances logrados y analizando con serenidad los rezagos. Si hacemos un análisis de la política interior a lo largo de estos seis años de gobierno, no puede negarse el hecho de que ha habido avances políticos importantes. Haber transitado de un régimen unipartidista a uno plural, haber dado paso a la alternancia sin que se presentara la violencia, es la muestra más clara del cambio que vive el país Los mexicanos estamos por alcanzar un sistema político lo suficientemente maduro y congruente con la realidad de los nuevos tiempos. Memorable este año 2000 por la calidad de las elecciones federales. La opinión pública ha orientado dos vertientes del proceso de transición democrática, ambas centradas en el Presidente de la República. La primera en donde se reconoce al Presidente como un competido impulsor de la transición democrática, Y la segunda tan desmesurada como la primera, que lo acusa de entregar el poder. Hay que destacar que el impulso principal de este proceso democratizador no provino desde Los Pinos ni comenzó en este sexenio, fueron otros actores. Muchos mexicanos que luchamos por este sueño y que fuimos generando nuevas leyes e instituciones electorales confiables que garantizaran contiendas más equitativas y transparentes. Una vez constituidas estas instituciones, garantes del respeto al sufragio, la elección del 2 de julio fue un proceso eminentemente plebiscitario en el cambio del régimen. La noche de la elección el Presidente Zedillo solo cumplió su deber y aceptó el resultado electoral anunciándolo al país entero, a diferencia de otros mandatarios que en el pasado se resistieron e incluso combatían los resultados electorales. Ese es tal vez el mérito de Ernesto Zedillo y por el cual seguramente ocupará una página importante en la historia moderna del país, que habrá que confrontar con muchas otras páginas reflexivas ya escritas o que pronto vendrán, En la presente administración destaca el apoyo que hubo para dotar a las mujeres de una más amplia y profunda cobertura para asuntos de equidad y así evitar la discriminación por razones de genero. Asimismo, el Gobierno Federal promovió la labor de la Comisión Nacional de la Mujer, dicha comisión representa un primer paso para impulsar un trato equitativo entre mujeres y hombres para una convivencia justa y armónica en todos los planos de la vida social, El Partido Verde Ecologista de México reconoce y comparte estos avances pues siempre hemos creído y trabajado en pro de los derechos de la mujer, No obstante, no se pueden ocultar los grandes rezagos en materia social de seguridad pública y el clima de violencia Política que ha vivido el país en muchas regiones de la República. Dichos asuntos han sido en muchos casos atendidos con tardanza e insuficiencia, circunstancia que ha dejado insatisfecha a buena parte del pueblo de México. Tenemos el caso de Chiapas en donde permanece el conflicto contra el orden institucional alimentado por las terribles carencias sociales, los cacicazgos políticos y las diferencias étnicas y religiosas. No podemos dejar de reconocer que fue un acierto del Gobierno evitar el uso de la violencia para resolver el conflicto; sin embargo no se atacaron tampoco las causas que lo originaron y mantienen. Las masacres de Agua Blanca, Acteal y El Bosque no han sido resueltos y tanto los deudos de las víctimas como la sociedad demandan el esclarecimiento de estos lamentables sucesos. Por lo que respecta al tema de Seguridad, en el Informe que analizamos se argumenta que en razón de la necesidad de enfrentar con toda determinación a la delincuencia particularmente al crimen organizado, la presente Administración impulsó un Sistema Nacional de Seguridad Pública que da respuesta, dicen, a la exigencia de protección que tanto anhela la sociedad. No obstante, como el propio Presidente de la República lo reconociera ante esta Soberanía el pasado lo. de Septiembre, la actual Administración fracasó en su intento de llevar seguridad pública a la ciudadanía. Los ciudadanos están preocupados no sólo por el mantenimiento del orden ya la paz pública, también les alarma el grave deterioro del medio ambiente y la impunidad de los delincuentes ambientales. Señor Secretario, probablemente considere usted que lo anterior no es un asunto de su competencia; no obstante en el Artículo 4o. de la Ley que otorga facultades a la policía Federal Preventiva, se establece con toda claridad que los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas, los vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos, están bajo la vigilancia preventiva de la citada Policía. En el Sexto Informe se argumentó mucho a favor de la participación de la Policía Federal preventiva; sin embargo la responsabilidad tan relevante para la vigilancia y protección de los recursos naturales de la nación, a tributo de Estado, simplemente ha sido ignorado y en el Informe no hay ninguna mención al respecto. Para el Partido Verde Ecologista de México la deforestación, la contaminación de las aguas y la invasión ilegal de cauces de ríos entre otros, son asuntos de seguridad nacional. El problema de la deforestación y sus alcances no es competencia exclusiva de la Secretaría del Medio Ambiente por su importancia como recursos renovables e incluso por estar íntimamente ligados a desastres naturales, los bosques y selvas constituyen un asunto que amerita la atención de la Secretaría a su cargo y por ende de los cuerpos policiacos que de ella dependen. Las razones y argumentos que sostenemos los Legisladores del Partido Verde tienen la siguiente referencia: el impacto ambiental tiene que ver con el narcotráfico, los procesos de urbanización derivado de los movimientos migratorios, los desastres naturales, la dotaci6n de agua a nuestras comunidades, etc., no existen, o no se nos han sido presentados, respecto a los incendios forestales provocados por bandas o grupos criminales asociados al narcotráfico, en buena parte de las laderas de la Sierra Madre. Por ejemplo, en el último incendio grave en la zona boscosa de los chimalapas, muy probablemente fue intencional provocando un impacto ambiental y social; ahora, las comunidades indígenas que habían habitado en esa selva durante dos mil años, han tenido que emigrar debido a ese siniestro lo que implica una expulsión migratoria terminal porque ya no hay comunidad a la cual regresar por irreversible proceso de reforestación. Mas aún, la deforestación agrava y magnifica las lluvias; de hecho, el motivo de las inundaciones no es únicamente la precipitación pluvial, sino la incapacidad del suelo para encauzar hacia los ríos o filtrarle, Debido a la deforestaci6n, se han provocado sensibles daños a la población que repercuten económicamente en el Erario público pues en lo que va del sexenio, el titular del Ejecutivo ha tenido que declarar en emergencia a múltiples localidades del país. Todas estas referencias nos indican la importancia del tema de la protección del medio ambiente y su íntima relación con la política interior. Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la deforestación debe ser tratada con una estrategia de prevención, no con tácticas de rescate y socorro. México necesita un nuevo proyecto político, un nuevo proyecto de desarrollo sustentable, un nuevo pacto social, un nuevo esquema de relación con el poder y una reforma en el ejercicio del poder político; el reto histórico es enorme y asumirlo implica no solo llevar a cuestas un pasado que nos ha impulsado hacia formas inéditas u olvidadas de hacer política en México, sino también a la recuperación de todos aquellos elementos de política que puedan operar en la reconstrucción de la nación por un México sustentable. Muchas gracias. (aplausos)
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LA C. DIP. MARIA CRISTINA MOCTEZUIIIA LULE (PVEAM)
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Con su permiso, señor Presidente. Licenciado Diodoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación; señoras y señores Legisladores: La instalación de esta nueva Legislatura definitivamente inaugura una nueva era Política en México, con un Congreso de la Unión más plural que nunca, pero con la autonomía y fortaleza suficiente para participar directamente en las decisiones de gobierno. Los tiempos en que en las Cámaras la glosa del informe era simplemente una defensa a ultranza de las políticas de gobierno por parte del partido en el poder y una descalificación en ocasiones intransigente por parte de la oposición, son actitudes que tienen que quedar en el pasado para romper los cánones a los que estábamos acostumbrados. Nuevo Congreso, nuevos tiempos, nuevas formas de hacer Política. Hoy cumplimos un mandato de ley analizando la glosa del informe del gobierno del Presidente Ernesto Zedillo. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha hecho una evaluación de los problemas que enfrenta nuestro país, reconociendo con honestidad y objetividad los avances logrados y analizando con serenidad los rezagos. Si hacemos un análisis de la política interior a lo largo de estos seis años de gobierno, no puede negarse el hecho de que ha habido avances políticos importantes. Haber transitado de un régimen unipartidista a uno plural, haber dado paso a la alternancia sin que se presentara la violencia, es la muestra más clara del cambio que vive el país Los mexicanos estamos por alcanzar un sistema político lo suficientemente maduro y congruente con la realidad de los nuevos tiempos. Memorable este año 2000 por la calidad de las elecciones federales. La opinión pública ha orientado dos vertientes del proceso de transición democrática, ambas centradas en el Presidente de la República. La primera en donde se reconoce al Presidente como un competido impulsor de la transición democrática, Y la segunda tan desmesurada como la primera, que lo acusa de entregar el poder. Hay que destacar que el impulso principal de este proceso democratizador no provino desde Los Pinos ni comenzó en este sexenio, fueron otros actores. Muchos mexicanos que luchamos por este sueño y que fuimos generando nuevas leyes e instituciones electorales confiables que garantizaran contiendas más equitativas y transparentes. Una vez constituidas estas instituciones, garantes del respeto al sufragio, la elección del 2 de julio fue un proceso eminentemente plebiscitario en el cambio del régimen. La noche de la elección el Presidente Zedillo solo cumplió su deber y aceptó el resultado electoral anunciándolo al país entero, a diferencia de otros mandatarios que en el pasado se resistieron e incluso combatían los resultados electorales. Ese es tal vez el mérito de Ernesto Zedillo y por el cual seguramente ocupará una página importante en la historia moderna del país, que habrá que confrontar con muchas otras páginas reflexivas ya escritas o que pronto vendrán, En la presente administración destaca el apoyo que hubo para dotar a las mujeres de una más amplia y profunda cobertura para asuntos de equidad y así evitar la discriminación por razones de genero. Asimismo, el Gobierno Federal promovió la labor de la Comisión Nacional de la Mujer, dicha comisión representa un primer paso para impulsar un trato equitativo entre mujeres y hombres para una convivencia justa y armónica en todos los planos de la vida social, El Partido Verde Ecologista de México reconoce y comparte estos avances pues siempre hemos creído y trabajado en pro de los derechos de la mujer, No obstante, no se pueden ocultar los grandes rezagos en materia social de seguridad pública y el clima de violencia Política que ha vivido el país en muchas regiones de la República. Dichos asuntos han sido en muchos casos atendidos con tardanza e insuficiencia, circunstancia que ha dejado insatisfecha a buena parte del pueblo de México. Tenemos el caso de Chiapas en donde permanece el conflicto contra el orden institucional alimentado por las terribles carencias sociales, los cacicazgos políticos y las diferencias étnicas y religiosas. No podemos dejar de reconocer que fue un acierto del Gobierno evitar el uso de la violencia para resolver el conflicto; sin embargo no se atacaron tampoco las causas que lo originaron y mantienen. Las masacres de Agua Blanca, Acteal y El Bosque no han sido resueltos y tanto los deudos de las víctimas como la sociedad demandan el esclarecimiento de estos lamentables sucesos. Por lo que respecta al tema de Seguridad, en el Informe que analizamos se argumenta que en razón de la necesidad de enfrentar con toda determinación a la delincuencia particularmente al crimen organizado, la presente Administración impulsó un Sistema Nacional de Seguridad Pública que da respuesta, dicen, a la exigencia de protección que tanto anhela la sociedad. No obstante, como el propio Presidente de la República lo reconociera ante esta Soberanía el pasado lo. de Septiembre, la actual Administración fracasó en su intento de llevar seguridad pública a la ciudadanía. Los ciudadanos están preocupados no sólo por el mantenimiento del orden ya la paz pública, también les alarma el grave deterioro del medio ambiente y la impunidad de los delincuentes ambientales. Señor Secretario, probablemente considere usted que lo anterior no es un asunto de su competencia; no obstante en el Artículo 4o. de la Ley que otorga facultades a la policía Federal Preventiva, se establece con toda claridad que los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas, los vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos, están bajo la vigilancia preventiva de la citada Policía. En el Sexto Informe se argumentó mucho a favor de la participación de la Policía Federal preventiva; sin embargo la responsabilidad tan relevante para la vigilancia y protección de los recursos naturales de la nación, a tributo de Estado, simplemente ha sido ignorado y en el Informe no hay ninguna mención al respecto. Para el Partido Verde Ecologista de México la deforestación, la contaminación de las aguas y la invasión ilegal de cauces de ríos entre otros, son asuntos de seguridad nacional. El problema de la deforestación y sus alcances no es competencia exclusiva de la Secretaría del Medio Ambiente por su importancia como recursos renovables e incluso por estar íntimamente ligados a desastres naturales, los bosques y selvas constituyen un asunto que amerita la atención de la Secretaría a su cargo y por ende de los cuerpos policiacos que de ella dependen. Las razones y argumentos que sostenemos los Legisladores del Partido Verde tienen la siguiente referencia: el impacto ambiental tiene que ver con el narcotráfico, los procesos de urbanización derivado de los movimientos migratorios, los desastres naturales, la dotaci6n de agua a nuestras comunidades, etc., no existen, o no se nos han sido presentados, respecto a los incendios forestales provocados por bandas o grupos criminales asociados al narcotráfico, en buena parte de las laderas de la Sierra Madre. Por ejemplo, en el último incendio grave en la zona boscosa de los chimalapas, muy probablemente fue intencional provocando un impacto ambiental y social; ahora, las comunidades indígenas que habían habitado en esa selva durante dos mil años, han tenido que emigrar debido a ese siniestro lo que implica una expulsión migratoria terminal porque ya no hay comunidad a la cual regresar por irreversible proceso de reforestación. Mas aún, la deforestación agrava y magnifica las lluvias; de hecho, el motivo de las inundaciones no es únicamente la precipitación pluvial, sino la incapacidad del suelo para encauzar hacia los ríos o filtrarle, Debido a la deforestaci6n, se han provocado sensibles daños a la población que repercuten económicamente en el Erario público pues en lo que va del sexenio, el titular del Ejecutivo ha tenido que declarar en emergencia a múltiples localidades del país. Todas estas referencias nos indican la importancia del tema de la protección del medio ambiente y su íntima relación con la política interior. Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la deforestación debe ser tratada con una estrategia de prevención, no con tácticas de rescate y socorro. México necesita un nuevo proyecto político, un nuevo proyecto de desarrollo sustentable, un nuevo pacto social, un nuevo esquema de relación con el poder y una reforma en el ejercicio del poder político; el reto histórico es enorme y asumirlo implica no solo llevar a cuestas un pasado que nos ha impulsado hacia formas inéditas u olvidadas de hacer política en México, sino también a la recuperación de todos aquellos elementos de política que puedan operar en la reconstrucción de la nación por un México sustentable. Muchas gracias. (aplausos)
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2000-09-12
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. PRESI DENTE: Muchas gracias diputada Cristina Moctezuma Lule. Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por diez minutos.
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EL C. PRESI DENTE
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Muchas gracias diputada Cristina Moctezuma Lule. Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por diez minutos.
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Con su permiso señor Presidente. Con el de las señoras diputadas, con el de los señores diputados miembros de esta Legislatura. Licenciado Diodoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación: Tengo el deseo firme de que con la intervención en la voz de un servidor, despierte alguna inquietud en su serena expresión y comparecencia. Es así señor Secretario, que continuamos ante el Pleno de esta Asamblea con la glosa del VI Informe de Gobierno que el día primero de septiembre en curso presentó el doctor Ernesto Zedillo ante el Congreso General. Lo hacemos luego de analizar el propio Informe y además en el marco de su intervención respecto de los asuntos de la Secretaría que usted dirige. El análisis del documento y su intervención de hoy, sería más que limitada si se hace desde la perspectiva de este último año de la gestión gubernamental, Es preciso circunscribirla en los objetivos y propósitos que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo y en los compromisos que el Presidente de México adquirió ante los mexicanos. Bajo esta perspectiva, deben abordarse aspectos que a nuestro juicio resultan del interés nacional, tanto por su importancia cuanto por la omisión en el propio Informe. En efecto, ciertamente el Presupuesto de Egresos que la Federación destinó en los ejercicios fiscales próximos pasados, fueron significativos en cuanto a recursos económicos para ser aplicados en el rubro de la seguridad pública. Sin embargo, se prestigiaron e impulsaron acciones a instituciones con una vocación investigatoria circunstancial y de atención contingente; poco o nada se hizo en el aspecto preventivo, tampoco en el capítulo de ejecución de penas y de la readaptación social de la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Se insistía especialmente en el fortalecimiento de corporaciones policiacas con principios de actuación espectaculares y eminentemente centralistas, anteponiendo a la denominación "federales" para destacar su nivel de autoridad, sin que ello representara garantía de respeto y eficacia ante la sociedad. Dichas corporaciones hay que destacarlo son el resultado de la amalgama de diversos cuerpos policiacos, inclusive de las fuerzas armadas. En algunos casos, se violentarios derechos laborales adquiridos, y en otros se degradó el rango y la jerarquía de sus miembros. La seguridad nacional permanentemente se puso en riesgo, hechos previsibles y evitables como las muertes de Acteal, Aguas Blancas y Chimalhuacán, así como las actividades ilícitas, ahora comprobadas de altos funcionarios civiles y militares, quedan registradas como hechos que deterioran severamente la fortaleza de las instituciones nacionales. Se optó por una política criminal retribucionistas, se dejaron de lado a las instancias básicas de prevención de las conductas antisociales, como lo son las policías preventivas municipales y la justicia en ese nivel de competencia. No existe visión más limitada y reducida que concebir a la justicia y al estado de derecho desde la perspectiva de la investigación penal, pues ésta, la materia penal, es la más negativa en el conjunto de una justicia integral . Se dejaron de lado, se reveló incapacidad para impulsar y definir políticas públicas de justicia laboral, de justicia agraria, de justicia familiar, de justicia fiscal, entre otras, que finalmente conforman y concurren al estado de derecho: seguridad pública, procuración y administración de justicia fueron actividades cuyas fronteras en momento alguno fueron delimitadas. Por otra parte, los principios contenidos en la Ley Fundamental que recoge la voluntad del pueblo de México, de constituirse en una república federal, deben ser rescatados. En la práctica, el Gobierno Federal se ha limitado a desconcentrar procesos administrativos, impidiendo una auténtica descentralización de funciones y facultades en la que los estados asuman la responsabilidad de decidir y priorizar el destino de los recursos y atención de sus necesidades. En el contexto de estas desconcentraciones, los estados se han convertido en meros operadores de nóminas de plantilla de personal. El Ejecutivo Federal dispone aún de amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo y aplicación de los recursos fiscales federales, lo que ha provocado señaladas diferencias en el desarrollo regional de nuestro país. Desde aquí reitero el llamado a las autoridades federales y estatales para que en el marco de los procesos político electorales en que se encuentran inmersas algunas entidades del país, particularmente el que se vive en el estado de Tabasco, se conduzca por el camino de la legalidad, es decir, hacer sólo lo que la ley le permite y ordena. En suma, señor Secretario, recapitular omisiones, y en casos particulares negligencias en el ejercicio de la política interior del país, pudiera resultar ocioso, son hechos, son circunstancias que la historia ya registra, el dejar pasar, el dejar crecer problemas nacionales abrigando la esperanza de que con el transcurso del tiempo se diluirían como los casos de la Universidad Nacional, el desdén del que son objeto las universidades públicas del país, la permanente y cotidiana migración de los connacionales a la Unión Americana en busca de oportunidades de vida y su correspondencia, su incorrespondencia con la frontera sur, con nuestros hermanos latinoamericanos. Sin duda alguna, el tema de Chiapas representa para la administración del Presidente Zedillo, uno de los saldos pendientes hoy en día para todos los mexicanos. No pudo salvarse la honra de la palabra y del compromiso político de traer a la vigencia los acuerdos de San Andrés Larrainzar. El reconocimiento de los resultados electorales en la elección presidencial del pasado 2 de julio, no fue un acto generoso, era intrínseca, era moral y políticamente obligatorio. Los compromisos incumplidos sobre la reforma del estado, se convirtieron en una asignatura omitida. La estructura y el marco constitucional de competencia de los poderes del Estado Mexicano, habrán, seguramente de replantearse nuevamente. Finalmente, compañeras y compañeros diputados, asumamos la responsabilidad histórica como poder constituido para la reforma del estado en el marco de la Ley Fundamental vigente y conforme a los principios políticos básicos e irrenunciables. Muchas gracias. (aplausos)
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EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO
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Con su permiso señor Presidente. Con el de las señoras diputadas, con el de los señores diputados miembros de esta Legislatura. Licenciado Diodoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación: Tengo el deseo firme de que con la intervención en la voz de un servidor, despierte alguna inquietud en su serena expresión y comparecencia. Es así señor Secretario, que continuamos ante el Pleno de esta Asamblea con la glosa del VI Informe de Gobierno que el día primero de septiembre en curso presentó el doctor Ernesto Zedillo ante el Congreso General. Lo hacemos luego de analizar el propio Informe y además en el marco de su intervención respecto de los asuntos de la Secretaría que usted dirige. El análisis del documento y su intervención de hoy, sería más que limitada si se hace desde la perspectiva de este último año de la gestión gubernamental, Es preciso circunscribirla en los objetivos y propósitos que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo y en los compromisos que el Presidente de México adquirió ante los mexicanos. Bajo esta perspectiva, deben abordarse aspectos que a nuestro juicio resultan del interés nacional, tanto por su importancia cuanto por la omisión en el propio Informe. En efecto, ciertamente el Presupuesto de Egresos que la Federación destinó en los ejercicios fiscales próximos pasados, fueron significativos en cuanto a recursos económicos para ser aplicados en el rubro de la seguridad pública. Sin embargo, se prestigiaron e impulsaron acciones a instituciones con una vocación investigatoria circunstancial y de atención contingente; poco o nada se hizo en el aspecto preventivo, tampoco en el capítulo de ejecución de penas y de la readaptación social de la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Se insistía especialmente en el fortalecimiento de corporaciones policiacas con principios de actuación espectaculares y eminentemente centralistas, anteponiendo a la denominación "federales" para destacar su nivel de autoridad, sin que ello representara garantía de respeto y eficacia ante la sociedad. Dichas corporaciones hay que destacarlo son el resultado de la amalgama de diversos cuerpos policiacos, inclusive de las fuerzas armadas. En algunos casos, se violentarios derechos laborales adquiridos, y en otros se degradó el rango y la jerarquía de sus miembros. La seguridad nacional permanentemente se puso en riesgo, hechos previsibles y evitables como las muertes de Acteal, Aguas Blancas y Chimalhuacán, así como las actividades ilícitas, ahora comprobadas de altos funcionarios civiles y militares, quedan registradas como hechos que deterioran severamente la fortaleza de las instituciones nacionales. Se optó por una política criminal retribucionistas, se dejaron de lado a las instancias básicas de prevención de las conductas antisociales, como lo son las policías preventivas municipales y la justicia en ese nivel de competencia. No existe visión más limitada y reducida que concebir a la justicia y al estado de derecho desde la perspectiva de la investigación penal, pues ésta, la materia penal, es la más negativa en el conjunto de una justicia integral . Se dejaron de lado, se reveló incapacidad para impulsar y definir políticas públicas de justicia laboral, de justicia agraria, de justicia familiar, de justicia fiscal, entre otras, que finalmente conforman y concurren al estado de derecho: seguridad pública, procuración y administración de justicia fueron actividades cuyas fronteras en momento alguno fueron delimitadas. Por otra parte, los principios contenidos en la Ley Fundamental que recoge la voluntad del pueblo de México, de constituirse en una república federal, deben ser rescatados. En la práctica, el Gobierno Federal se ha limitado a desconcentrar procesos administrativos, impidiendo una auténtica descentralización de funciones y facultades en la que los estados asuman la responsabilidad de decidir y priorizar el destino de los recursos y atención de sus necesidades. En el contexto de estas desconcentraciones, los estados se han convertido en meros operadores de nóminas de plantilla de personal. El Ejecutivo Federal dispone aún de amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo y aplicación de los recursos fiscales federales, lo que ha provocado señaladas diferencias en el desarrollo regional de nuestro país. Desde aquí reitero el llamado a las autoridades federales y estatales para que en el marco de los procesos político electorales en que se encuentran inmersas algunas entidades del país, particularmente el que se vive en el estado de Tabasco, se conduzca por el camino de la legalidad, es decir, hacer sólo lo que la ley le permite y ordena. En suma, señor Secretario, recapitular omisiones, y en casos particulares negligencias en el ejercicio de la política interior del país, pudiera resultar ocioso, son hechos, son circunstancias que la historia ya registra, el dejar pasar, el dejar crecer problemas nacionales abrigando la esperanza de que con el transcurso del tiempo se diluirían como los casos de la Universidad Nacional, el desdén del que son objeto las universidades públicas del país, la permanente y cotidiana migración de los connacionales a la Unión Americana en busca de oportunidades de vida y su correspondencia, su incorrespondencia con la frontera sur, con nuestros hermanos latinoamericanos. Sin duda alguna, el tema de Chiapas representa para la administración del Presidente Zedillo, uno de los saldos pendientes hoy en día para todos los mexicanos. No pudo salvarse la honra de la palabra y del compromiso político de traer a la vigencia los acuerdos de San Andrés Larrainzar. El reconocimiento de los resultados electorales en la elección presidencial del pasado 2 de julio, no fue un acto generoso, era intrínseca, era moral y políticamente obligatorio. Los compromisos incumplidos sobre la reforma del estado, se convirtieron en una asignatura omitida. La estructura y el marco constitucional de competencia de los poderes del Estado Mexicano, habrán, seguramente de replantearse nuevamente. Finalmente, compañeras y compañeros diputados, asumamos la responsabilidad histórica como poder constituido para la reforma del estado en el marco de la Ley Fundamental vigente y conforme a los principios políticos básicos e irrenunciables. Muchas gracias. (aplausos)
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Tomás Torres Mercado. Tiene el uso de la palabra el diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por diez minutos.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias diputado Tomás Torres Mercado. Tiene el uso de la palabra el diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por diez minutos.
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EL C. DIP. ARMANDO SALINAS TORRE: Con su venia diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Señor Secretario de Gobernación, licenciado Diodoro Carrasco Altamirano: Usted acude a esta tribuna cuando finaliza la administraci6n del Presidente Zedillo, quien no se caracterizó por su capacidad para atender y resolver los problemas políticos del país. Muestra de ello, es que la dependencia a su cargo ha sido ocupada hasta ahora por cuatro titulares, quienes no pudieron, no supieron o no quisieron controlar ha cacicazgos existentes en su propio partido, se dedicaron a combatir a sus enemigos considerando como tales a quienes no coincidían con su postura, menospreciaron y olvidaron el grave problema social que existía en Chiapas, incluso, hubo quien consideró una pantomima lo que ahora se califica como un asunto de seguridad nacional. Hicieron poco o nada por la política interior del país o se preocuparon más por su candidatura presidencial que de los problemas políticos de México. El actual gobierno ha establecido como estrategia hablar de la importancia de la democracia, pero ésta no siempre fue refrendada por los hechos. La sociedad mexicana ha demandado que platicar la democracia es mucho menos importante que llevarla a cabo y vivirla cotidianamente. Aceptar los acontecimientos importantes sólo por el mandato superior e ineludible, como fue el resultado del pasado 2 de julio, no es una actitud democrática. La transición en México, no es obra del doctor Zedillo, ésta no fue pactada, ésta fue a pesar, ésta fue votada y el mérito de ello es única y exclusivamente del pueblo de México. (aplausos) El Presidente inició su mandato con la promesa de una auténtica división de poderes, habiendo ofrecido gobernar dialogando con el Poder Legislativo, prometiendo fortalecer ese diálogo por medio del respeto y la verdad. Desde la instalación de la pasada legislatura, el Ejecutivo realizó un desdén permanente en cuanto perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, negó en forma sistemática y selectivamente, información al Congreso. El Ejecutivo Federal se rehuso a proporcionar la información solicitada por la Cámara de Diputados sobre el rescate bancario; fue necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se le ordenara al Presidente de la República que cumpliera con la solicitud antes mencionada. El Consejo General del Instituto Federal Electoral del cual ahora resalta el Ejecutivo en su Informe su carácter imparcial y democrático, solicitó al gobierno federal la suspensión de la difusión de las obras públicas realizadas por la administración zedillista, porque se trataba de promocionales electorales veladamente en favor del candidato oficial que vulneraban principios elementales de equidad y de democracia. Usted, señor Secretario, desdeñó tal solicitud y declaró más aún ante los medios de comunicación, que no se vislumbraba el triunfo de la oposición. No obstante que se ha destacado en forma reiterada que México vive en un estado social y democrático de derecho, existen algunos casos que cuestionan seriamente dicha afirmación, Titulares del Ejecutivo Local ahora se encuentra prófugos de la justicia o en vías de ser sometidos a un proceso penal por el desempeño de sus funciones. Tal es el caso de Mario Villanueva, Jorge Carrillo Olea y Oscar Espinosa Villarreal, quienes como muchos otros, han utilizado el fuero constitucional como escudo de impunidad. La ausencia de un estado de derecho se percibe por la violencia ocurrida en Aguas Blancas, Acteal e incluso Chimalhuacán, originada con motivo del conflicto entre los distintos grupos de poder. Podemos decir que estamos ante un gobierno que pretende minimizar los acontecimientos, de retirarse de la responsabilidad que el ejercicio democrático demanda y la ley impone. Al respecto, la sociedad condena el silencio que se guardó en todos y cada uno de los informes de gobierno respecto a los problemas de enorme relevancia para el país. Señor Secretario: Aún faltan dos meses y medio para que concluya la presente administración. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional le hace patente una inquietud importante: No queremos que se acentúe esa despreocupación con que siempre se actuó ni que se deje a su libre albedrío por vacío de autoridad, a las fuerzas de los diversos intereses que se niegan a aceptar la nueva realidad política por la que transita México. Se aproximan dos procesos electorales de carácter local y lo conminamos a vigilar que la actuación del gobierno federal sea con respeto a la ley y a los principios de la democracia; pero no sólo en el tema electoral sino en toda la esfera de atribuciones que la administración pública federal y en especial de la dependencia a su cargo. Uno de los temas que más agravia y preocupa a los habitantes de este país, que constituye una de las razones que legitiman la existencia del Estado, de los principales compromisos de Ernesto Zedillo cuando en este recinto tomó posesión como Presidente de la República, de las responsabilidades más importantes de la Secretaría de Gobernación, es la coordinaci6n de las acciones de seguridad nacional, seguridad pública, prevención y readaptación social, así como organizar y dirigir la Policía Federal Preventiva. Nunca antes, hay que reconocerlo, el Poder Ejecutivo Federal había contado con tantos recursos para combatir la inseguridad, pero también nunca antes la sociedad había manifestado tanto temor al delito como lo hace ahora, Ernesto Zedillo Ponce de León, como él mismo lo ha reconocido, fracasó en su tarea de garantizar la tranquilidad a las familias mexicanas. Desde 1996 al año 2000, los recursos con los que contaba el Sistema Nacional de Seguridad Pública, crecieron más de 470 veces. Al menos los recursos designados a las dependencias federales responsables de la seguridad pública, crecieron 10 veces más. No obstante ello, al parecer, no fueron suficientes de acuerdo con el Informe del Presidente de la República, ni siquiera, según los datos oficiales, para detener el incremento de los delitos federales denunciados. El Ejecutivo Federal insistió cuantas veces pudo que el 95 % de los delitos denunciados son responsabilidad de los gobiernos estatales. Este argumento no es legítimo por dos razones: Primero. Porque el gobierno federal no ha disminuido la delincuencia que le corresponde enfrentar y Segundo. Porque dispone a través de las dependencias federales, de casi el 50 % de los recursos totales asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública . ¿Cómo explicar a la sociedad que aun incrementando aceleradamente los recursos, aun habiendo creado una ley y un Sistema de Coordinación Nacional, la inseguridad haya aumentado? tanto en términos objetivos como en la percepción de todos los mexicanos? Si la ineficiencia no fue por recursos ni por falta de instrumentos jurídicos ni por falta de reformas administrativas, ¿entonces cuál es la causa del fracaso? Señor Secretario, la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública habla de que el Sistema Nacional opera desde 1996. Esto se desmiente, por el sólo reconocimiento de que recientemente el año pasado, se puso, se instaló y empezó a operar el Centro de Proceso Central requerido para administrar el Registro Nacional de Huellas Dactilares y Centro Nacional de Conversión, lo contempla el mismo Informe, que son nada menos que los registros de los responsables de los delitos de las personas de Seguridad Nacional. Más aun, no se informó si los elementos que fueron transferidos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CICEN a la Policía Federal Preventiva, cumplen con los requisitos y procesos de selección establecidos en la ley que aprobó este Congreso, insisto señor Secretario, de eso tampoco se informó. La ausencia de una policía civil que cumpla con los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, aunado a una deficiente estrategia del combate al narcotráfico, ha motivado que se coloque a nuestras Fuerzas Armadas en una situación delicada para el Estado mexicano. Desde hace algunos años se ha denunciado el grave riesgo y los inconvenientes de utilizar al Ejército y la Armada en el Combate a la Delincuencia y al Narcotráfico, y en general en las tareas que en principio no deben de ser de su competencia, toda vez que no están formados como policías sino como militares. Los casos de los generales Gutiérrez Rebollo, Acosta Chaparro y Quiros Hermosillo, constituyen una llamada más de atención para modificar dichas estrategias. Una más de muchas omisiones que encontramos en el Informe del Presidente de la República, es el número de mexicanos que han muerto en el combate a la delincuencia, desde aquí nuestro reconocimiento y gratitud. Señor Secretario, compañeras y compañeros legisladores. La democracia de la cual nos enorgullecemos en estos días, debe de ser refrendada en los hechos, de nuestra parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la disposición de hacerla efectiva y construirla cotidianamente. Lo mismo esperamos de nuestros interlocutores como de este gobierno, que junto con un sistema político termine. Muchas gracias.
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EL C. DIP. ARMANDO SALINAS TORRE
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Con su venia diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Señor Secretario de Gobernación, licenciado Diodoro Carrasco Altamirano: Usted acude a esta tribuna cuando finaliza la administraci6n del Presidente Zedillo, quien no se caracterizó por su capacidad para atender y resolver los problemas políticos del país. Muestra de ello, es que la dependencia a su cargo ha sido ocupada hasta ahora por cuatro titulares, quienes no pudieron, no supieron o no quisieron controlar ha cacicazgos existentes en su propio partido, se dedicaron a combatir a sus enemigos considerando como tales a quienes no coincidían con su postura, menospreciaron y olvidaron el grave problema social que existía en Chiapas, incluso, hubo quien consideró una pantomima lo que ahora se califica como un asunto de seguridad nacional. Hicieron poco o nada por la política interior del país o se preocuparon más por su candidatura presidencial que de los problemas políticos de México. El actual gobierno ha establecido como estrategia hablar de la importancia de la democracia, pero ésta no siempre fue refrendada por los hechos. La sociedad mexicana ha demandado que platicar la democracia es mucho menos importante que llevarla a cabo y vivirla cotidianamente. Aceptar los acontecimientos importantes sólo por el mandato superior e ineludible, como fue el resultado del pasado 2 de julio, no es una actitud democrática. La transición en México, no es obra del doctor Zedillo, ésta no fue pactada, ésta fue a pesar, ésta fue votada y el mérito de ello es única y exclusivamente del pueblo de México. (aplausos) El Presidente inició su mandato con la promesa de una auténtica división de poderes, habiendo ofrecido gobernar dialogando con el Poder Legislativo, prometiendo fortalecer ese diálogo por medio del respeto y la verdad. Desde la instalación de la pasada legislatura, el Ejecutivo realizó un desdén permanente en cuanto perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, negó en forma sistemática y selectivamente, información al Congreso. El Ejecutivo Federal se rehuso a proporcionar la información solicitada por la Cámara de Diputados sobre el rescate bancario; fue necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se le ordenara al Presidente de la República que cumpliera con la solicitud antes mencionada. El Consejo General del Instituto Federal Electoral del cual ahora resalta el Ejecutivo en su Informe su carácter imparcial y democrático, solicitó al gobierno federal la suspensión de la difusión de las obras públicas realizadas por la administración zedillista, porque se trataba de promocionales electorales veladamente en favor del candidato oficial que vulneraban principios elementales de equidad y de democracia. Usted, señor Secretario, desdeñó tal solicitud y declaró más aún ante los medios de comunicación, que no se vislumbraba el triunfo de la oposición. No obstante que se ha destacado en forma reiterada que México vive en un estado social y democrático de derecho, existen algunos casos que cuestionan seriamente dicha afirmación, Titulares del Ejecutivo Local ahora se encuentra prófugos de la justicia o en vías de ser sometidos a un proceso penal por el desempeño de sus funciones. Tal es el caso de Mario Villanueva, Jorge Carrillo Olea y Oscar Espinosa Villarreal, quienes como muchos otros, han utilizado el fuero constitucional como escudo de impunidad. La ausencia de un estado de derecho se percibe por la violencia ocurrida en Aguas Blancas, Acteal e incluso Chimalhuacán, originada con motivo del conflicto entre los distintos grupos de poder. Podemos decir que estamos ante un gobierno que pretende minimizar los acontecimientos, de retirarse de la responsabilidad que el ejercicio democrático demanda y la ley impone. Al respecto, la sociedad condena el silencio que se guardó en todos y cada uno de los informes de gobierno respecto a los problemas de enorme relevancia para el país. Señor Secretario: Aún faltan dos meses y medio para que concluya la presente administración. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional le hace patente una inquietud importante: No queremos que se acentúe esa despreocupación con que siempre se actuó ni que se deje a su libre albedrío por vacío de autoridad, a las fuerzas de los diversos intereses que se niegan a aceptar la nueva realidad política por la que transita México. Se aproximan dos procesos electorales de carácter local y lo conminamos a vigilar que la actuación del gobierno federal sea con respeto a la ley y a los principios de la democracia; pero no sólo en el tema electoral sino en toda la esfera de atribuciones que la administración pública federal y en especial de la dependencia a su cargo. Uno de los temas que más agravia y preocupa a los habitantes de este país, que constituye una de las razones que legitiman la existencia del Estado, de los principales compromisos de Ernesto Zedillo cuando en este recinto tomó posesión como Presidente de la República, de las responsabilidades más importantes de la Secretaría de Gobernación, es la coordinaci6n de las acciones de seguridad nacional, seguridad pública, prevención y readaptación social, así como organizar y dirigir la Policía Federal Preventiva. Nunca antes, hay que reconocerlo, el Poder Ejecutivo Federal había contado con tantos recursos para combatir la inseguridad, pero también nunca antes la sociedad había manifestado tanto temor al delito como lo hace ahora, Ernesto Zedillo Ponce de León, como él mismo lo ha reconocido, fracasó en su tarea de garantizar la tranquilidad a las familias mexicanas. Desde 1996 al año 2000, los recursos con los que contaba el Sistema Nacional de Seguridad Pública, crecieron más de 470 veces. Al menos los recursos designados a las dependencias federales responsables de la seguridad pública, crecieron 10 veces más. No obstante ello, al parecer, no fueron suficientes de acuerdo con el Informe del Presidente de la República, ni siquiera, según los datos oficiales, para detener el incremento de los delitos federales denunciados. El Ejecutivo Federal insistió cuantas veces pudo que el 95 % de los delitos denunciados son responsabilidad de los gobiernos estatales. Este argumento no es legítimo por dos razones: Primero. Porque el gobierno federal no ha disminuido la delincuencia que le corresponde enfrentar y Segundo. Porque dispone a través de las dependencias federales, de casi el 50 % de los recursos totales asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública . ¿Cómo explicar a la sociedad que aun incrementando aceleradamente los recursos, aun habiendo creado una ley y un Sistema de Coordinación Nacional, la inseguridad haya aumentado? tanto en términos objetivos como en la percepción de todos los mexicanos? Si la ineficiencia no fue por recursos ni por falta de instrumentos jurídicos ni por falta de reformas administrativas, ¿entonces cuál es la causa del fracaso? Señor Secretario, la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública habla de que el Sistema Nacional opera desde 1996. Esto se desmiente, por el sólo reconocimiento de que recientemente el año pasado, se puso, se instaló y empezó a operar el Centro de Proceso Central requerido para administrar el Registro Nacional de Huellas Dactilares y Centro Nacional de Conversión, lo contempla el mismo Informe, que son nada menos que los registros de los responsables de los delitos de las personas de Seguridad Nacional. Más aun, no se informó si los elementos que fueron transferidos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CICEN a la Policía Federal Preventiva, cumplen con los requisitos y procesos de selección establecidos en la ley que aprobó este Congreso, insisto señor Secretario, de eso tampoco se informó. La ausencia de una policía civil que cumpla con los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, aunado a una deficiente estrategia del combate al narcotráfico, ha motivado que se coloque a nuestras Fuerzas Armadas en una situación delicada para el Estado mexicano. Desde hace algunos años se ha denunciado el grave riesgo y los inconvenientes de utilizar al Ejército y la Armada en el Combate a la Delincuencia y al Narcotráfico, y en general en las tareas que en principio no deben de ser de su competencia, toda vez que no están formados como policías sino como militares. Los casos de los generales Gutiérrez Rebollo, Acosta Chaparro y Quiros Hermosillo, constituyen una llamada más de atención para modificar dichas estrategias. Una más de muchas omisiones que encontramos en el Informe del Presidente de la República, es el número de mexicanos que han muerto en el combate a la delincuencia, desde aquí nuestro reconocimiento y gratitud. Señor Secretario, compañeras y compañeros legisladores. La democracia de la cual nos enorgullecemos en estos días, debe de ser refrendada en los hechos, de nuestra parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la disposición de hacerla efectiva y construirla cotidianamente. Lo mismo esperamos de nuestros interlocutores como de este gobierno, que junto con un sistema político termine. Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Armando Salinas Torres. Tiene el uso de la palabra el diputado Melitón Morales Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por diez minutos.
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EL C. PRESIDENTE
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Gracias diputado Armando Salinas Torres. Tiene el uso de la palabra el diputado Melitón Morales Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por diez minutos.
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EL C. DIPUTADO MELITON MORALES SANCHEZ: Señor presidente. Señoras, señores diputados. Señor Secretario de Gobernación Diódoro Carrasco Altamirano. Lo saludamos con respeto, con afecto, es usted bien recibido. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a fijar la posición en relación con temas que tienen que ver con la política interior del país, con la reforma democrática y la estabilidad social y con esa sentida demanda de la ciudadana, que es la seguridad pública. El Informe presidencial contiene precisiones claras, sobre logros y dificultades que vivió la república en los últimos años, que fueron tiempos de cambios profundos. Desde el gobierno los priístas hemos conducido la construcción del México moderno, procurando que sea un país de leyes, de instituciones, de libertades, no somos aun una sociedad perfecta, pero nuestras conquistas son enormes, nada tiene que ver el México de hoy con la injusta, aldeana y débil república del porfiriato. A lo largo de décadas de estabilidad y paz social y de progreso continuo, creamos una enorme infraestructura de servicios y facilidades para la vida comunitaria que hoy nos permiten a los mexicanos vivir por lo menos el doble de lo que vivieron nuestros padres en aquellos tiempos anteriores a la Revolución. Nuestro pueblo tiene hoy, hasta en el más apartado rincón de la geografía mexicana, acceso a la educación, a los servicios de salud y comunicaciones con el resto del mundo. Hay, no obstante, pobreza sobre todo en el campo, pero la nación crece, la nación se desarrolla; los obreros, los campesinos y los demás sectores populares gozamos de las garantías ciudadanas contenidas en la Constitución Política que nos dio la Revolución de 1917. Tenemos que reconocer cifras rojas en lo que a equidad y equilibrio socioeconómico se refiere; subsiste la pobreza extrema en amplios sectores del pueblo. En esos desequilibrios se funda sin duda, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, porque la pobreza y las necesidades extremas son el caldo de cultivo universal de todos los desajustes y todas las violencias. No entendemos la seguridad pública como un problema puramente policíaco, como un fenómeno social aislado o sólo como producto de influencias externas o tendencias delincuenciales. La vemos como un producto de múltiples causas y factores, por eso en nuestra agenda parlamentaria el combate a la pobreza y las desigualdades extremas tienen la más alta prioridad y será nuestra principal y permanente línea de acción, en íntima relación con los sectores más afectados y agraviados. Ahora bien, tenemos que reconocer que el campo de la madurez cívica y política de nación ha sido en estos últimos años, la mejor expresión de nuestro esfuerzo hacia la modernidad. Está también el sólido andamiaje de las leyes e instituciones que articulan y hacen viable la paz, la gobernabilidad y el progreso de la nación, y sobre todo se sustenta en la norma suprema que es la Constitución Política que nos rige y que a pesar de los cambios y modificaciones que ha sufrido en los 83 años de su espléndida vigencia, contiene y expresa los principios y los valores de un proyecto mexicano de nación que surgió con Juárez y la generación de la Reforma. La democracia que impulsa los cambios político electorales y nuestras transformaciones sociales, son parte de ese proyecto de nación; no es copia ni mandato venidos de fuera, es parte muy íntima y substancial del modelo de sociedad que nos encargaron construir los Padres Constitucionalistas en 1917. La democracia no es para nosotros los priístas, sólo una moda o un compromiso pasajero; es parte innegociable de nuestras convicciones y de nuestro proyecto de nación. El mandato democrático del pueblo es para sumar, no para restar; para alternar, no para desplazar ni destruir, por eso los mismos electores nos dieron a los priístas la mayoría en esta Cámara de Diputados y la mayoría en la Cámara de Senadores. (Aplausos) Queremos a México económicamente próspero, socialmente justo e internacionalmente soberano, pero lo queremos también profundamente democrático, más allá del simple ritual electoral. Para nosotros el mayor valor del ejercicio democrático radica en su capacidad de abrir el poder al pueblo en el gobierno de la República, en todos sus niveles, en todos sus órdenes. La gobernabilidad democrática se sustenta en la paz y en la seguridad de la sociedad. La seguridad pública tiene como fin el salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. A este concepto amplio de seguridad pública, queremos arribar los mexicanos, queremos sentirnos protegidos y seguros. No queremos padecer más atentados contra la integridad de nuestras familias y nuestros patrimonios, pero comprendemos que esa seguridad sólo puede ser consistente y perdurable en una sociedad justa, libre y democrática. Reconocemos los esfuerzos del gobierno en estos rubros. Hay ahora bases sólidas para construir el Sistema Nacional de Seguridad Pública; se cuenta con corporaciones capacitadas en proceso de consolidación; instrumentos y mecanismos legales y administrativos para enfrentar la lucha contra el crimen en forma coordinada entre los tres órdenes de gobierno, pero debemos ser enfáticos. La sociedad se siente agraviada; sin duda tenemos también una responsabilidad para impulsar nuevas medidas específicas que permitan combatir a fondo la delincuencia y el crimen organizado. En ello tenemos una gran corresponsabilidad los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tenemos que recuperar como patrimonio social, la seguridad pública que nos arrebata la delincuencia; Asidos a los valores sociales y cívicos, así como al respeto a la legalidad, lograremos que en nuestra sociedad deje de permear el sentimiento de inseguridad y angustia que hasta ahora hemos enfrentado. Convocamos a todos los grupos parlamentarios a combatir juntos este flagelo, profundizando en las reformas sociales del Poder Judicial y del marco legal de los cuerpos de seguridad; exijamos a las autoridades eficacia en el combate a la delincuencia. Convoquemos a la sociedad a tener mayor participación y contribuyamos a ello cumpliendo cabalmente con nuestra función legislativa. Asimismo, manifestamos que resulta de la mayor relevancia para los migrantes mexicanos, garantizar una política migratoria de protección a nuestros connacionales y explorar ordenamientos innovadores en la materia. Los miles, millones de trabajadores migratorios mexicanos, deben de saber que en el PRI encontrarán respaldo y compromiso para la solución de sus demandas. Señores diputados, señoras diputadas: El grupo parlamentario priísta en esta Cámara, valora responsablemente los avances en materia de política interior, pero también es consciente de que aún hay grandes temas nacionales que requieren mayor atención. En materia de política interior, las cuestiones nunca están resueltas de una vez ni para siempre. A una etapa de estabilidad y paz interna, pueden proseguir momentos de agitación y conflicto; a un período de aprecio por los derechos humanos, situaciones de represión selectiva generalizada; a una etapa de conducción institucional y democrática de la autoridad, circunstancias de excesos, arbitrariedades y autoritarismos. Queremos refrendar ante la Nación, que el compromiso del priísmo en materia de política interior, es cuidar la vigencia de nuestro estado de derecho; propiciar el eficaz desempeño de las instituciones de Estado para garantizar la convivencia armónica y respetuosa en el marco de la ley; estar vigilantes para que quienes ejerzan el gobierno, no importa su signo ideológico, no tiren por la borda las conquistas en materia de garantías individuales y derechos de asociación y libertad de expresión que tanto han costado a nuestro pueblo y que los gobiernos priístas han sabido preservar. A acrecentar el ambiente de tolerancia, a acrecentar el ambiente de tolerancia, convivencia pacífica y participación democrática, es a lo que nos comprometemos; es el signo de los tiempos, es la visión del PRI. Muchas gracias. EL PRESIDENTE. Gracias, señor diputado. En los términos del acuerdo que rige esta comparecencia, hará uso de la palabra el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación, por diez minutos. Tiene usted la palabra, señor Secretario. C. SRIO DE GOBERNACION DIODORO CARRASCO: Muchas gracias señor presidente: En las distintas intervenciones que hemos escuchado del señor diputado Félix Castellanos, del Partido del Trabajo; de la diputada María Cristina Moctezuma, del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Tomás Torres Mercado, del PRD; del diputado Armando Salinas, del Partido Acción Nacional y del diputado Melitón Morales, del PRI, hay un denominador común que me gustaría abordar en esta oportunidad. Dos temas de manera particular destacan y se insisten en cada una de las intervenciones: Uno es el que tiene que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, su concepción, sus alcances, sus logros y los distintos cuestionamientos que aquí se han planteado. Y el otro de manera especial hace énfasis en Chiapas, en la política que se ha adoptado en Chiapas para poder atacar a fondo las causas que motivan el levantamiento así como la postura del gobierno del Presidente Zedillo en relación a los Acuerdos de San Andrés. Permítanme abordar en primer término estos dos grandes temas. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, y creo que vale la pena subrayarlo porque nos puede evitar muchas confusiones no es un órgano de autoridad; no es un órgano que sustituya a una institución o instituciones de seguridad pública en los Estados de la República; no es un órgano operativo que intervenga en operativos policíacos; no suple a ninguna autoridad en materia de prevención, procuración o administración de justicia y no realiza investigaciones ni labores de inteligencia; no otorga licencias ni credenciales. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia de coordinación, para coordinar justamente acciones de seguridad pública entre dependencias federales, dependencias estatales y dependencias municipales; es una instancia que sesiona para discutir prioridades de la Agenda Nacional de Seguridad Pública y en consecuencia plantear demandas de recursos financieros al Congreso de la Unión, como lo haremos próximamente cuando se discuta este tema. Es una instancia que busca y provee recursos tecnológicos para apuntalar las tareas de prevención, de investigación, de procuración y de administración de justicia, así como de readaptación social a las instancias operativas responsables que en este caso son fundamentalmente los gobiernos de los Estados de la República y el Gobierno del Distrito Federal. Y comento esto porque el 9590 efectivamente, de los delitos que alimentan el índice nacional delictivo son delitos que corresponden al fuero común, que compete atender, prevenir, resolver, a las propias autoridades estatales a través de sus cuerpos de seguridad pública, de sus ministerios públicos. Y esto no es aludir el problema, es reconocer un fenómeno que tiene diferentes significados, alcances y tamaños en la República. Así como hay estados en la República que tienen indicadores de inseguridad muy por debajo de la media nacional como pueden ser algunos estados del sureste, hay entidades de la república que jalan el promedio de inseguridad hacia arriba, como son estados del centro del país o como son estados del norte del país, notablemente Baja California y Jalisco o el Distrito Federal y es un fenómeno que tenemos en el país y lo que se busca es enfrentarlo y atenderlo en coordinación con las autoridades estatales, señores legisladores. ¿Qué hace el Sistema Nacional de Seguridad Pública en consecuencia? es un esfuerzo de corresponsabilidad; es un esfuerzo de corresponsabilidad que abre vías para contribuir a resolver el tema de la seguridad pública entre todos, no solamente al Gobierno Federal que tiene su parte por supuesto, y para eso ha constituido y ha creado la Policía Federal Preventiva, cuyo nombre federal no tiene otra connotación que no es el hecho justamente de lo que la propia definición de la policía federal tiene como atribución y función: prevenir y atender delitos de carácter federal, atender esfuerzos preventivos en zonas federales, carreteras federales, puertos, aeropuertos, fronteras. Esa es la tarea de la Policía Federal Preventiva y delitos que tienen que ver con el orden federal como los delitos de "cuello blanco", contribuir en la tarea contra el narcotráfico, sobre todo en materia de investigación y por supuesto el tema que tiene que ver con grupos armados y secuestros, entre otros delitos particulares que ahora referiré cuál es el resultado de esta policía en cada uno de estos temas. El presupuesto del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hace apenas tres años, señores legisladores, no teníamos efectivamente un Sistema Nacional de Seguridad Pública, motivado por muy distintas razones que quizás no vengan al caso comentar en esta tribuna, pero entre otras cosas por descuido, por abandono; se dejaron crear problemas que pusieron en riesgo la seguridad pública en el país. Se comprometió este gobierno y el Presidente Zedillo con la sociedad, con los gobiernos de los estados, con el Congreso, a impulsar una gran cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia organizada. Así se planteó este propósito. Esta gran cruzada implicaba, entre otras cosas, diseñar un sistema, instrumentos, mecanismos de información, contar con los recursos humanos, con las técnicas de información, con los avances tecnológicos necesarios que posibilitaran, en coordinación, insisto, con autoridades estatales y municipales, diseñar y poner a operar un sistema nacional de seguridad pública. Tenemos 3 años que se inició este esfuerzo, que se inició coordinado desde la Secretaría de Gobernación, en una tarea institucional, con una visión de Estado y, por supuesto, con una visión, en consecuencia, de largo aliento, de largo plazo para un reto mayúsculo en la República. Cuáles son los resultados hoy, cuando se habla de más de 12 mil millones que se están ejerciendo en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se cuestionan los resultados. Estamos construyendo un mecanismo para combatir al crimen y a la delincuencia organizada. Y quiero decirles muy rápidamente que para qué están sirviendo estos recursos. En primer lugar, para atender el tema central que es preocupación de todos: la profesionalización de los cuerpos policiacos. No podíamos partir con un esfuerzo profesional si tenemos cuerpos policiacos con una enorme heterogeneidad, mal pagados, peor preparados y pésimamente equipados. La primera tarea fue dedicarnos a impulsar, con los gobiernos de los estados, un sistema que nos permitiera evaluar el nivel académico, técnico, operativo de los cuerpos de policía en el país, en todo el país, en coordinación con los gobernadores de los estados. Esto ha significado un monto muy significativo, muy importante de recursos, recursos que se han destinado a evaluar a más de 106 mil elementos policiacos a la fecha en todo el país y a capacitar hoy tenemos ya capacitados, juntos 135 mil elementos que equivalen casi al 47.5% del personal de seguridad pública en el país. 5 academias regionales de capacitación para la seguridad pública están terminándose. La primera, en Sinaloa, ya fue inaugurada; 4 más inauguraremos en el transcurso de las próximas semanas para dar cobertura regional a las demandas de capacitación de los distintos estados y municipios del país. Se ha incrementado también la cobertura y capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública. Por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo con los gobiernos de los estados para que aquellos cuerpos policiacos que han sido evaluados y capacitados puedan tener una mayor remuneración que refleje el esfuerzo que están haciendo para profesionalizar su actividad. Se ha incrementado sustancialmente el equipamiento en corporaciones. Se han destinado recursos muy importantes para la adquisición de patrullas, helicópteros, lanchas; se han destinado recursos muy significativos para comprar los implementos básicos que tienen los cuerpos policiacos: chalecos, radios, armamento que cotidianamente y ustedes lo ven reflejado en los medios de comunicación están haciéndose entrega por parte de los respectivos ejecutivos estatales y del propio Gobierno Federal. Se ha impulsado otro eje fundamental del Sistema Nacional de Seguridad Pública que es la construcción de un sistema nacional de información. Un sistema nacional de información que no teníamos para combatir la delincuencia organizada. Que no teníamos para contar con bancos de datos fundamentales. El banco de huellas decadactilares, el banco de armas, banco y registro de armas, el banco de procesos, el banco de policías, entre otras cosas fundamentales, así como los mecanismos de información que, de acuerdo a las características y necesidades de cada entidad, se han venido implementando en este sistema nacional de información que evidentemente no ha requerido pocos recursos; ha requerido una gran inversión por la tecnología encriptada, especializada, que hoy nos permite operar con un sistema de voz, de datos y de imagen para la seguridad pública en el país. Se ha echado a andar una red nacional de telecomunicaciones que es justamente este esfuerzo por crear una red que enlace a todas las entidades del país en materia de seguridad pública. Se han instalado 16 redes estatales; estamos instalando 10 redes básicas más y estamos enlazando los mecanismos de información para la seguridad con Sedena, con la PGR, con la propia Secretaría de Gobernación y, por supuesto, con este instrumento operativo que es la Policía Federal Preventiva. Y finalmente se están destinando recursos fundamentales al tema de la construcción y dignificación de estructura penitenciaria que está permitiendo que se construyan en este gobierno prácticamente 46 mil espacios más. Ese es el destino de los recursos. Termino mi comentario porque se ha acabado el tiempo con este primer tema señalando lo siguiente: Si bien compartimos la opinión y la preocupación de que el monto de los recursos cuando se está construyendo un sistema, no se refleja necesariamente en los rápidos resultados que requiere la ciudadanía para tener confianza y certidumbre en el combate al crimen y la delincuencia organizada. Tampoco permanecen estáticas las cifras y los indicadores. Hemos pasado, como comenté hace unos momentos, de 15.4 a 13.5 en el índice delictivo nacional y en algunos estados de la Re pública ha sido muy sensible la disminución de este índice delictivo, merced a la operación de los nuevos mecanismos de seguridad. Este no es un esfuerzo sexenal. Este no es un esfuerzo partidista. Este no es un esfuerzo que reconozca frontera física. Es un esfuerzo que tiene que visualizarse como está visualizado: con una visión de Estado y de largo plazo, que esperamos se continúe en los próximos años para el bien del pueblo de México. (Aplausos)
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EL C. DIPUTADO MELITON MORALES SANCHEZ
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Señor presidente. Señoras, señores diputados. Señor Secretario de Gobernación Diódoro Carrasco Altamirano. Lo saludamos con respeto, con afecto, es usted bien recibido. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo a fijar la posición en relación con temas que tienen que ver con la política interior del país, con la reforma democrática y la estabilidad social y con esa sentida demanda de la ciudadana, que es la seguridad pública. El Informe presidencial contiene precisiones claras, sobre logros y dificultades que vivió la república en los últimos años, que fueron tiempos de cambios profundos. Desde el gobierno los priístas hemos conducido la construcción del México moderno, procurando que sea un país de leyes, de instituciones, de libertades, no somos aun una sociedad perfecta, pero nuestras conquistas son enormes, nada tiene que ver el México de hoy con la injusta, aldeana y débil república del porfiriato. A lo largo de décadas de estabilidad y paz social y de progreso continuo, creamos una enorme infraestructura de servicios y facilidades para la vida comunitaria que hoy nos permiten a los mexicanos vivir por lo menos el doble de lo que vivieron nuestros padres en aquellos tiempos anteriores a la Revolución. Nuestro pueblo tiene hoy, hasta en el más apartado rincón de la geografía mexicana, acceso a la educación, a los servicios de salud y comunicaciones con el resto del mundo. Hay, no obstante, pobreza sobre todo en el campo, pero la nación crece, la nación se desarrolla; los obreros, los campesinos y los demás sectores populares gozamos de las garantías ciudadanas contenidas en la Constitución Política que nos dio la Revolución de 1917. Tenemos que reconocer cifras rojas en lo que a equidad y equilibrio socioeconómico se refiere; subsiste la pobreza extrema en amplios sectores del pueblo. En esos desequilibrios se funda sin duda, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, porque la pobreza y las necesidades extremas son el caldo de cultivo universal de todos los desajustes y todas las violencias. No entendemos la seguridad pública como un problema puramente policíaco, como un fenómeno social aislado o sólo como producto de influencias externas o tendencias delincuenciales. La vemos como un producto de múltiples causas y factores, por eso en nuestra agenda parlamentaria el combate a la pobreza y las desigualdades extremas tienen la más alta prioridad y será nuestra principal y permanente línea de acción, en íntima relación con los sectores más afectados y agraviados. Ahora bien, tenemos que reconocer que el campo de la madurez cívica y política de nación ha sido en estos últimos años, la mejor expresión de nuestro esfuerzo hacia la modernidad. Está también el sólido andamiaje de las leyes e instituciones que articulan y hacen viable la paz, la gobernabilidad y el progreso de la nación, y sobre todo se sustenta en la norma suprema que es la Constitución Política que nos rige y que a pesar de los cambios y modificaciones que ha sufrido en los 83 años de su espléndida vigencia, contiene y expresa los principios y los valores de un proyecto mexicano de nación que surgió con Juárez y la generación de la Reforma. La democracia que impulsa los cambios político electorales y nuestras transformaciones sociales, son parte de ese proyecto de nación; no es copia ni mandato venidos de fuera, es parte muy íntima y substancial del modelo de sociedad que nos encargaron construir los Padres Constitucionalistas en 1917. La democracia no es para nosotros los priístas, sólo una moda o un compromiso pasajero; es parte innegociable de nuestras convicciones y de nuestro proyecto de nación. El mandato democrático del pueblo es para sumar, no para restar; para alternar, no para desplazar ni destruir, por eso los mismos electores nos dieron a los priístas la mayoría en esta Cámara de Diputados y la mayoría en la Cámara de Senadores. (Aplausos) Queremos a México económicamente próspero, socialmente justo e internacionalmente soberano, pero lo queremos también profundamente democrático, más allá del simple ritual electoral. Para nosotros el mayor valor del ejercicio democrático radica en su capacidad de abrir el poder al pueblo en el gobierno de la República, en todos sus niveles, en todos sus órdenes. La gobernabilidad democrática se sustenta en la paz y en la seguridad de la sociedad. La seguridad pública tiene como fin el salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. A este concepto amplio de seguridad pública, queremos arribar los mexicanos, queremos sentirnos protegidos y seguros. No queremos padecer más atentados contra la integridad de nuestras familias y nuestros patrimonios, pero comprendemos que esa seguridad sólo puede ser consistente y perdurable en una sociedad justa, libre y democrática. Reconocemos los esfuerzos del gobierno en estos rubros. Hay ahora bases sólidas para construir el Sistema Nacional de Seguridad Pública; se cuenta con corporaciones capacitadas en proceso de consolidación; instrumentos y mecanismos legales y administrativos para enfrentar la lucha contra el crimen en forma coordinada entre los tres órdenes de gobierno, pero debemos ser enfáticos. La sociedad se siente agraviada; sin duda tenemos también una responsabilidad para impulsar nuevas medidas específicas que permitan combatir a fondo la delincuencia y el crimen organizado. En ello tenemos una gran corresponsabilidad los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tenemos que recuperar como patrimonio social, la seguridad pública que nos arrebata la delincuencia; Asidos a los valores sociales y cívicos, así como al respeto a la legalidad, lograremos que en nuestra sociedad deje de permear el sentimiento de inseguridad y angustia que hasta ahora hemos enfrentado. Convocamos a todos los grupos parlamentarios a combatir juntos este flagelo, profundizando en las reformas sociales del Poder Judicial y del marco legal de los cuerpos de seguridad; exijamos a las autoridades eficacia en el combate a la delincuencia. Convoquemos a la sociedad a tener mayor participación y contribuyamos a ello cumpliendo cabalmente con nuestra función legislativa. Asimismo, manifestamos que resulta de la mayor relevancia para los migrantes mexicanos, garantizar una política migratoria de protección a nuestros connacionales y explorar ordenamientos innovadores en la materia. Los miles, millones de trabajadores migratorios mexicanos, deben de saber que en el PRI encontrarán respaldo y compromiso para la solución de sus demandas. Señores diputados, señoras diputadas: El grupo parlamentario priísta en esta Cámara, valora responsablemente los avances en materia de política interior, pero también es consciente de que aún hay grandes temas nacionales que requieren mayor atención. En materia de política interior, las cuestiones nunca están resueltas de una vez ni para siempre. A una etapa de estabilidad y paz interna, pueden proseguir momentos de agitación y conflicto; a un período de aprecio por los derechos humanos, situaciones de represión selectiva generalizada; a una etapa de conducción institucional y democrática de la autoridad, circunstancias de excesos, arbitrariedades y autoritarismos. Queremos refrendar ante la Nación, que el compromiso del priísmo en materia de política interior, es cuidar la vigencia de nuestro estado de derecho; propiciar el eficaz desempeño de las instituciones de Estado para garantizar la convivencia armónica y respetuosa en el marco de la ley; estar vigilantes para que quienes ejerzan el gobierno, no importa su signo ideológico, no tiren por la borda las conquistas en materia de garantías individuales y derechos de asociación y libertad de expresión que tanto han costado a nuestro pueblo y que los gobiernos priístas han sabido preservar. A acrecentar el ambiente de tolerancia, a acrecentar el ambiente de tolerancia, convivencia pacífica y participación democrática, es a lo que nos comprometemos; es el signo de los tiempos, es la visión del PRI. Muchas gracias. EL PRESIDENTE. Gracias, señor diputado. En los términos del acuerdo que rige esta comparecencia, hará uso de la palabra el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación, por diez minutos. Tiene usted la palabra, señor Secretario. C. SRIO DE GOBERNACION DIODORO CARRASCO: Muchas gracias señor presidente: En las distintas intervenciones que hemos escuchado del señor diputado Félix Castellanos, del Partido del Trabajo; de la diputada María Cristina Moctezuma, del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Tomás Torres Mercado, del PRD; del diputado Armando Salinas, del Partido Acción Nacional y del diputado Melitón Morales, del PRI, hay un denominador común que me gustaría abordar en esta oportunidad. Dos temas de manera particular destacan y se insisten en cada una de las intervenciones: Uno es el que tiene que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, su concepción, sus alcances, sus logros y los distintos cuestionamientos que aquí se han planteado. Y el otro de manera especial hace énfasis en Chiapas, en la política que se ha adoptado en Chiapas para poder atacar a fondo las causas que motivan el levantamiento así como la postura del gobierno del Presidente Zedillo en relación a los Acuerdos de San Andrés. Permítanme abordar en primer término estos dos grandes temas. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, y creo que vale la pena subrayarlo porque nos puede evitar muchas confusiones no es un órgano de autoridad; no es un órgano que sustituya a una institución o instituciones de seguridad pública en los Estados de la República; no es un órgano operativo que intervenga en operativos policíacos; no suple a ninguna autoridad en materia de prevención, procuración o administración de justicia y no realiza investigaciones ni labores de inteligencia; no otorga licencias ni credenciales. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia de coordinación, para coordinar justamente acciones de seguridad pública entre dependencias federales, dependencias estatales y dependencias municipales; es una instancia que sesiona para discutir prioridades de la Agenda Nacional de Seguridad Pública y en consecuencia plantear demandas de recursos financieros al Congreso de la Unión, como lo haremos próximamente cuando se discuta este tema. Es una instancia que busca y provee recursos tecnológicos para apuntalar las tareas de prevención, de investigación, de procuración y de administración de justicia, así como de readaptación social a las instancias operativas responsables que en este caso son fundamentalmente los gobiernos de los Estados de la República y el Gobierno del Distrito Federal. Y comento esto porque el 9590 efectivamente, de los delitos que alimentan el índice nacional delictivo son delitos que corresponden al fuero común, que compete atender, prevenir, resolver, a las propias autoridades estatales a través de sus cuerpos de seguridad pública, de sus ministerios públicos. Y esto no es aludir el problema, es reconocer un fenómeno que tiene diferentes significados, alcances y tamaños en la República. Así como hay estados en la República que tienen indicadores de inseguridad muy por debajo de la media nacional como pueden ser algunos estados del sureste, hay entidades de la república que jalan el promedio de inseguridad hacia arriba, como son estados del centro del país o como son estados del norte del país, notablemente Baja California y Jalisco o el Distrito Federal y es un fenómeno que tenemos en el país y lo que se busca es enfrentarlo y atenderlo en coordinación con las autoridades estatales, señores legisladores. ¿Qué hace el Sistema Nacional de Seguridad Pública en consecuencia? es un esfuerzo de corresponsabilidad; es un esfuerzo de corresponsabilidad que abre vías para contribuir a resolver el tema de la seguridad pública entre todos, no solamente al Gobierno Federal que tiene su parte por supuesto, y para eso ha constituido y ha creado la Policía Federal Preventiva, cuyo nombre federal no tiene otra connotación que no es el hecho justamente de lo que la propia definición de la policía federal tiene como atribución y función: prevenir y atender delitos de carácter federal, atender esfuerzos preventivos en zonas federales, carreteras federales, puertos, aeropuertos, fronteras. Esa es la tarea de la Policía Federal Preventiva y delitos que tienen que ver con el orden federal como los delitos de "cuello blanco", contribuir en la tarea contra el narcotráfico, sobre todo en materia de investigación y por supuesto el tema que tiene que ver con grupos armados y secuestros, entre otros delitos particulares que ahora referiré cuál es el resultado de esta policía en cada uno de estos temas. El presupuesto del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hace apenas tres años, señores legisladores, no teníamos efectivamente un Sistema Nacional de Seguridad Pública, motivado por muy distintas razones que quizás no vengan al caso comentar en esta tribuna, pero entre otras cosas por descuido, por abandono; se dejaron crear problemas que pusieron en riesgo la seguridad pública en el país. Se comprometió este gobierno y el Presidente Zedillo con la sociedad, con los gobiernos de los estados, con el Congreso, a impulsar una gran cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia organizada. Así se planteó este propósito. Esta gran cruzada implicaba, entre otras cosas, diseñar un sistema, instrumentos, mecanismos de información, contar con los recursos humanos, con las técnicas de información, con los avances tecnológicos necesarios que posibilitaran, en coordinación, insisto, con autoridades estatales y municipales, diseñar y poner a operar un sistema nacional de seguridad pública. Tenemos 3 años que se inició este esfuerzo, que se inició coordinado desde la Secretaría de Gobernación, en una tarea institucional, con una visión de Estado y, por supuesto, con una visión, en consecuencia, de largo aliento, de largo plazo para un reto mayúsculo en la República. Cuáles son los resultados hoy, cuando se habla de más de 12 mil millones que se están ejerciendo en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se cuestionan los resultados. Estamos construyendo un mecanismo para combatir al crimen y a la delincuencia organizada. Y quiero decirles muy rápidamente que para qué están sirviendo estos recursos. En primer lugar, para atender el tema central que es preocupación de todos: la profesionalización de los cuerpos policiacos. No podíamos partir con un esfuerzo profesional si tenemos cuerpos policiacos con una enorme heterogeneidad, mal pagados, peor preparados y pésimamente equipados. La primera tarea fue dedicarnos a impulsar, con los gobiernos de los estados, un sistema que nos permitiera evaluar el nivel académico, técnico, operativo de los cuerpos de policía en el país, en todo el país, en coordinación con los gobernadores de los estados. Esto ha significado un monto muy significativo, muy importante de recursos, recursos que se han destinado a evaluar a más de 106 mil elementos policiacos a la fecha en todo el país y a capacitar hoy tenemos ya capacitados, juntos 135 mil elementos que equivalen casi al 47.5% del personal de seguridad pública en el país. 5 academias regionales de capacitación para la seguridad pública están terminándose. La primera, en Sinaloa, ya fue inaugurada; 4 más inauguraremos en el transcurso de las próximas semanas para dar cobertura regional a las demandas de capacitación de los distintos estados y municipios del país. Se ha incrementado también la cobertura y capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública. Por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo con los gobiernos de los estados para que aquellos cuerpos policiacos que han sido evaluados y capacitados puedan tener una mayor remuneración que refleje el esfuerzo que están haciendo para profesionalizar su actividad. Se ha incrementado sustancialmente el equipamiento en corporaciones. Se han destinado recursos muy importantes para la adquisición de patrullas, helicópteros, lanchas; se han destinado recursos muy significativos para comprar los implementos básicos que tienen los cuerpos policiacos: chalecos, radios, armamento que cotidianamente y ustedes lo ven reflejado en los medios de comunicación están haciéndose entrega por parte de los respectivos ejecutivos estatales y del propio Gobierno Federal. Se ha impulsado otro eje fundamental del Sistema Nacional de Seguridad Pública que es la construcción de un sistema nacional de información. Un sistema nacional de información que no teníamos para combatir la delincuencia organizada. Que no teníamos para contar con bancos de datos fundamentales. El banco de huellas decadactilares, el banco de armas, banco y registro de armas, el banco de procesos, el banco de policías, entre otras cosas fundamentales, así como los mecanismos de información que, de acuerdo a las características y necesidades de cada entidad, se han venido implementando en este sistema nacional de información que evidentemente no ha requerido pocos recursos; ha requerido una gran inversión por la tecnología encriptada, especializada, que hoy nos permite operar con un sistema de voz, de datos y de imagen para la seguridad pública en el país. Se ha echado a andar una red nacional de telecomunicaciones que es justamente este esfuerzo por crear una red que enlace a todas las entidades del país en materia de seguridad pública. Se han instalado 16 redes estatales; estamos instalando 10 redes básicas más y estamos enlazando los mecanismos de información para la seguridad con Sedena, con la PGR, con la propia Secretaría de Gobernación y, por supuesto, con este instrumento operativo que es la Policía Federal Preventiva. Y finalmente se están destinando recursos fundamentales al tema de la construcción y dignificación de estructura penitenciaria que está permitiendo que se construyan en este gobierno prácticamente 46 mil espacios más. Ese es el destino de los recursos. Termino mi comentario porque se ha acabado el tiempo con este primer tema señalando lo siguiente: Si bien compartimos la opinión y la preocupación de que el monto de los recursos cuando se está construyendo un sistema, no se refleja necesariamente en los rápidos resultados que requiere la ciudadanía para tener confianza y certidumbre en el combate al crimen y la delincuencia organizada. Tampoco permanecen estáticas las cifras y los indicadores. Hemos pasado, como comenté hace unos momentos, de 15.4 a 13.5 en el índice delictivo nacional y en algunos estados de la Re pública ha sido muy sensible la disminución de este índice delictivo, merced a la operación de los nuevos mecanismos de seguridad. Este no es un esfuerzo sexenal. Este no es un esfuerzo partidista. Este no es un esfuerzo que reconozca frontera física. Es un esfuerzo que tiene que visualizarse como está visualizado: con una visión de Estado y de largo plazo, que esperamos se continúe en los próximos años para el bien del pueblo de México. (Aplausos)
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274
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2000-09-12
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): Muchas gracias, ciudadano Secretario. Pasaremos a dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo que regula y rige esta comparecencia. En el turno de preguntas y respuestas están inscritos por los grupos parlamentarios para formular sus preguntas, por cuatro minutos: La Diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; La Diputada María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México; El Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del Partido de la Revolución Democrática; El Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y La Diputada Patricia Aguilar García del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Quiero solicitarles su apego a las normas que rigen esta comparecencia, procurando apegarse al tiempo establecido y votado por esta asamblea. Tiene el uso de la palabra la Diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN)
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Muchas gracias, ciudadano Secretario. Pasaremos a dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo que regula y rige esta comparecencia. En el turno de preguntas y respuestas están inscritos por los grupos parlamentarios para formular sus preguntas, por cuatro minutos: La Diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; La Diputada María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México; El Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del Partido de la Revolución Democrática; El Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; y La Diputada Patricia Aguilar García del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Quiero solicitarles su apego a las normas que rigen esta comparecencia, procurando apegarse al tiempo establecido y votado por esta asamblea. Tiene el uso de la palabra la Diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo.
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2000-09-12
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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LA C. DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR (PT): Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene particular interés en que usted explique las determinaciones aplicadas respecto de algunos temas adicionales, no tratados por razones de tiempo en nuestra intervención inicial. La similar situación estructural de Chiapas, Oaxaca y Guerrero que en el discurso oficial se toma para explicar buena parte de los problemas sociales y económicos, de marginación y pobreza extrema en esas entidades estaría en la base para comprender el surgimiento y las acciones de grupos armados. En un caso el EZLN, en los otros dos el EPR, el ERPI y otros grupos. En los hechos específicos de El Charco, municipio de Ayutla, Guerrero, el Ejército Mexicano llevó a cabo una operación de exterminio en contra de integrantes del ERPI y civiles que se encontraban en la escuela de esa localidad. Esta acción mostró la negativa del gobierno federal para encontrar por la vía de la negociación política soluciones a los problemas sociales. La acción del Ejército Mexicano se tradujo en flagrantes violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos de estos mexicanos que se rebelaron frente a causas sociales que el propio gobierno reconoce en otros lugares del territorio nacional. Señor Secretario: ¿No le parece que existe un divorcio entre el discurso de la pro puesta de la supuesta tolerancia que formulara el Ejecutivo y la de cisión represiva aplicada por los cuerpos de seguridad? ¿Cuántos hechos más como los de El Charco, Aguas Blancas, Acteal, la Unam y otros tendrán que ocurrir para cambiar en un genuino sentido social las políticas públicas? Señor Secretario: Todos sabemos que cerca de un millón de mexicanos indocumentados se dirigen anualmente hacia los Estados Unidos para cruzar la frontera en busca de oportunidades económicas que no encuentran en nuestro país. En este intento frecuentemente son víctimas de enganchadores, polleros y cuerpos policiacos, quienes impunemente los roban, agreden físicamente y eventualmente los matan. Nada al parecer se ha hecho por parte de las autoridades para acabar con esta situación y para aquellos que por fortuna logran sortear estos problemas, les aguarda el riesgo de morir en algunas de las múltiples vías que rigen para cruzar la frontera. Señor Secretario: Más allá del limitado paliativo que representa la acción del grupo Beta, ¿de qué manera las políticas implementadas por la dependencia a su cargo han contribuido a atender debidamente esta problemática? Señor Secretario: Refiriéndome a otro asunto, le solicito atentamente que explique ante esta soberanía ¿qué ha hecho la Secretaría de Gobernación en contra de las graves atrocidades cometidas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal Preventiva y la Judicial Federal y otros cuerpos policiacos sobre los migrantes centroamericanos que diariamente se internan en nuestro país en busca de las oportunidades de mejoramiento para ellos y sus familias que no tienen en sus lugares de origen? Hablamos de detenciones violentas, maltratos, violaciones sexuales contra mujeres, vejaciones de todo tipo y retención en lugares clandestinos en condiciones infrahumanas, tal como ha sido ampliamente documentado por una empresa televisiva en días recientes. Señor Secretario, ¿qué nos puede decir al respecto? Finalmente le pedimos una explicación respecto de la expulsión apresurada de supuestos miembros del ETA a España, sin la previa solicitud de extradición por el gobierno de ese país. El procedimiento así seguido hace suponer que se ha pasado por alto garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna y los derechos humanos más elementales. Gracias.
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LA C. DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR (PT)
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Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene particular interés en que usted explique las determinaciones aplicadas respecto de algunos temas adicionales, no tratados por razones de tiempo en nuestra intervención inicial. La similar situación estructural de Chiapas, Oaxaca y Guerrero que en el discurso oficial se toma para explicar buena parte de los problemas sociales y económicos, de marginación y pobreza extrema en esas entidades estaría en la base para comprender el surgimiento y las acciones de grupos armados. En un caso el EZLN, en los otros dos el EPR, el ERPI y otros grupos. En los hechos específicos de El Charco, municipio de Ayutla, Guerrero, el Ejército Mexicano llevó a cabo una operación de exterminio en contra de integrantes del ERPI y civiles que se encontraban en la escuela de esa localidad. Esta acción mostró la negativa del gobierno federal para encontrar por la vía de la negociación política soluciones a los problemas sociales. La acción del Ejército Mexicano se tradujo en flagrantes violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos de estos mexicanos que se rebelaron frente a causas sociales que el propio gobierno reconoce en otros lugares del territorio nacional. Señor Secretario: ¿No le parece que existe un divorcio entre el discurso de la pro puesta de la supuesta tolerancia que formulara el Ejecutivo y la de cisión represiva aplicada por los cuerpos de seguridad? ¿Cuántos hechos más como los de El Charco, Aguas Blancas, Acteal, la Unam y otros tendrán que ocurrir para cambiar en un genuino sentido social las políticas públicas? Señor Secretario: Todos sabemos que cerca de un millón de mexicanos indocumentados se dirigen anualmente hacia los Estados Unidos para cruzar la frontera en busca de oportunidades económicas que no encuentran en nuestro país. En este intento frecuentemente son víctimas de enganchadores, polleros y cuerpos policiacos, quienes impunemente los roban, agreden físicamente y eventualmente los matan. Nada al parecer se ha hecho por parte de las autoridades para acabar con esta situación y para aquellos que por fortuna logran sortear estos problemas, les aguarda el riesgo de morir en algunas de las múltiples vías que rigen para cruzar la frontera. Señor Secretario: Más allá del limitado paliativo que representa la acción del grupo Beta, ¿de qué manera las políticas implementadas por la dependencia a su cargo han contribuido a atender debidamente esta problemática? Señor Secretario: Refiriéndome a otro asunto, le solicito atentamente que explique ante esta soberanía ¿qué ha hecho la Secretaría de Gobernación en contra de las graves atrocidades cometidas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal Preventiva y la Judicial Federal y otros cuerpos policiacos sobre los migrantes centroamericanos que diariamente se internan en nuestro país en busca de las oportunidades de mejoramiento para ellos y sus familias que no tienen en sus lugares de origen? Hablamos de detenciones violentas, maltratos, violaciones sexuales contra mujeres, vejaciones de todo tipo y retención en lugares clandestinos en condiciones infrahumanas, tal como ha sido ampliamente documentado por una empresa televisiva en días recientes. Señor Secretario, ¿qué nos puede decir al respecto? Finalmente le pedimos una explicación respecto de la expulsión apresurada de supuestos miembros del ETA a España, sin la previa solicitud de extradición por el gobierno de ese país. El procedimiento así seguido hace suponer que se ha pasado por alto garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna y los derechos humanos más elementales. Gracias.
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputada. Tiene, para dar respuesta, el uso de la palabra el ciudadano Diódoro Carrasco, Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos, EL C. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, Secretario de Gobernación: Muchas gracias, señor Presidente. La señora diputada Rosalía Peredo Aguilar, nos ha planteado la preocupación que hay en relación a la situación social de rezago, de marginación, en estados del sur sureste de la República, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y plantea que si esto, como se afirma en algún párrafo del Sexto Informe de Gobierno, es o ha sido una de las causas que explican el surgimiento de grupos armados como EPR, ERPI, EZLN. Permítame abordar primero este primer tema, porque me parece que se ha insistido como una tesis que queda perfectamente explícita en el informe del Presidente Zedillo, de que el compromiso, la preocupación central además de las medidas de contención, además de los esquemas de acota miento, pero sobre todo además del esfuerzo político por impulsar y recuperar espacios de confianza y de diálogo a los que me he referido con la carta de 1999 en el caso particular de Chiapas que es un muy buen ejemplo para contestar este comentario ha sido precisamente la búsqueda de alternativas de solución a las razones, a las causas que a juicio del Gobierno de la República explican en buena medida el surgimiento de este tipo de conflictos. En el caso de Chiapas en particular, se ha desplegado una muy intensa, profunda política social, que ha significado no solamente recursos muy importantes sino un esquema de coordinación y de participación de dependencias federales y estatales, para atender los retos principales en materia de rezago social. Entre 1995 y este año 2000 se han invertido en Chiapas del orden de 76 mil millones de pesos a precios constantes del último año, que nos permiten hoy evaluar y ponderar resultados muy importantes en un tema que a juicio del gobierno es un tema que explica no por sí solo, pero que explica en una buena proporción el origen de estas muchas legítimas inquietudes de carácter social que han derivado desafortunadamente en este tipo de movimientos armados. Y estos recursos que se han destinado a educación, a salud, a resolver problemas de agua potable, de comunicaciones, que se han destinado a impulsar solución de problemas agrarios, de proyectar y generar alternativas productivas en materia agropecuaria, de proteger recursos naturales, de impulsar esquemas de desarrollo regional y de empleo temporal, sin duda, como lo establece el informe, han permitido arrojar resultados muy importantes; resultados tan importantes como el incremento de más de 24 por ciento de la matrícula escolar en este periodo; resultados tan importantes como la creación de 140 nuevos centros de salud y clínicas que incrementan sustancialmente la infraestructura hospitalaria y de salud pública; resultados tan importantes como la construcción de varios sistemas de agua potable, 24 en grandes zonas urbanas, núcleos urbanos, y 1,216 en zonas rurales, aumentado la cobertura de servicios de agua potable de 65 a 76 por ciento en este periodo, o la construcci6n de una gran cantidad de caminos que ha permitido ampliar para fines de seguridad, pero también de desarrollo regional, la red carretera en el estado o la firma de acuerdos agrarios para generar esquemas de estabilidad y desarrollo con 60 organizaciones campesinas y 112 grupos independientes. Bueno, este es el esfuerzo en materia de política social, entre otros temas fundamentales que se están haciendo en Chiapas, además por supuesto de la creación de 300 mil empleos temporales en seis años o la atención de casi 288 mil familias dispersas en más de 5 mil localidades, como el programa de educación, salud y alimentación. Yo creo que este es el reto fundamental que tenemos en entidades como Chiapas, como Oaxaca y como Guerrero, entre otras cosas; además por supuesto de seguir insistiendo, ratificando en los conductos de la negociación y diálogo para encauzar y dirimir demandas sociales que se han expresado por vías armadas y por supuesto la vigilancia y la observancia estricta de la ley para evitar problemas de inestabilidad y de surgimiento de acciones de violencia que pongan en riesgo a la propia población. Eso es lo que se ha vendió haciendo en coordinación con las autoridades loca les y con los distintos niveles de gobierno en estados como Chiapas, como Guerrero y como Oaxaca con fenómenos particulares de Ezeta, CPR y ERP. Comentaba la señora Diputada también el tema de los indocumentados y del papel que tiene el Instituto Nacional de Migración y las políticas de la Secretaría de Gobernación en este particular. Yo le quisiera comentar que desde 1995 la Secretaria de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración ha puesto en marcha un Programa Nacional de Protección a Migrantes como lo referí en mi primera intervención y este Pro grama, entre otras cosas, responde precisamente al reconocimiento de los migrantes por sus condiciones precarias, por su situación jurídica, social y económica son permanentes víctimas de agresiones de delincuentes o de incluso cuerpos de seguridad y autoridades deshonestas que atentan contra sus derechos elementales consagradas en todas las leyes mexicanas. Una de los vertientes, uno de los aspectos importantes de este Programa es la creación precisamente de los grupos de protecci6n a migrantes, estos son mecanismos, sistemas de cooperaci6n entre niveles de gobierno que nos está permitiendo a través del Instituto Nacional de Migración utilizarlos para brindar protección amplia y oportuna a los migrantes. Tenemos diez grupos de protección a migrantes en el país, ahora coordinándose con la Policía Federal Preventiva, ahora coordinándose muy estrechamente con las autoridades locales y nos ha permitido por ejemplo este año, del lo. de junio de este año rescatar a 6, 346 migrantes en situaciones de emergencia, es el trabajo y el papel que hacemos en los grupos Beta y ahora con la Policía Federal Preventiva. Termino mi comentario señora Diputada, atendiendo su preocupación en relación al papel de los criterios que utilizó la Secretaría de Gobernación y el Gobierno para la expulsión de los nacionales españoles. En el caso de la expulsión de cuatro nacionales españoles efectuado en el mes de enero de este año, no se aplicaron la Ley de Expedición Internacional ni del Artículo 33 en virtud de que se instruyó el procedimiento administrativo migratorio previsto en al Ley General de Población en el Capítulo X de nuestra Ley de Población, en virtud de la violaci6n de distintos artículos, es decir, estos nacionales españoles se internaron ilegalmente al territorio nacional y en ningún momento acreditaron su estancia permaneciendo por un tiempo importante en el país bajo esta consideración, es decir, de manera ilegal y ese caso particular es competencia del Instituto Nacional de Migración conocer y resolver sobre violaciones, como es en este caso al Capítulo X de la Ley General de Población, Esa es la raz6n específica por la cual tuvieron que abandonar el territorio nacional de manera inmediata y sin necesidad de previo oficio como lo establecen las propias disposiciones de la Ley Federal de Poblaci6n que es nuestra facultad observar y aplicar.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias diputada. Tiene, para dar respuesta, el uso de la palabra el ciudadano Diódoro Carrasco, Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos, EL C. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, Secretario de Gobernación: Muchas gracias, señor Presidente. La señora diputada Rosalía Peredo Aguilar, nos ha planteado la preocupación que hay en relación a la situación social de rezago, de marginación, en estados del sur sureste de la República, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y plantea que si esto, como se afirma en algún párrafo del Sexto Informe de Gobierno, es o ha sido una de las causas que explican el surgimiento de grupos armados como EPR, ERPI, EZLN. Permítame abordar primero este primer tema, porque me parece que se ha insistido como una tesis que queda perfectamente explícita en el informe del Presidente Zedillo, de que el compromiso, la preocupación central además de las medidas de contención, además de los esquemas de acota miento, pero sobre todo además del esfuerzo político por impulsar y recuperar espacios de confianza y de diálogo a los que me he referido con la carta de 1999 en el caso particular de Chiapas que es un muy buen ejemplo para contestar este comentario ha sido precisamente la búsqueda de alternativas de solución a las razones, a las causas que a juicio del Gobierno de la República explican en buena medida el surgimiento de este tipo de conflictos. En el caso de Chiapas en particular, se ha desplegado una muy intensa, profunda política social, que ha significado no solamente recursos muy importantes sino un esquema de coordinación y de participación de dependencias federales y estatales, para atender los retos principales en materia de rezago social. Entre 1995 y este año 2000 se han invertido en Chiapas del orden de 76 mil millones de pesos a precios constantes del último año, que nos permiten hoy evaluar y ponderar resultados muy importantes en un tema que a juicio del gobierno es un tema que explica no por sí solo, pero que explica en una buena proporción el origen de estas muchas legítimas inquietudes de carácter social que han derivado desafortunadamente en este tipo de movimientos armados. Y estos recursos que se han destinado a educación, a salud, a resolver problemas de agua potable, de comunicaciones, que se han destinado a impulsar solución de problemas agrarios, de proyectar y generar alternativas productivas en materia agropecuaria, de proteger recursos naturales, de impulsar esquemas de desarrollo regional y de empleo temporal, sin duda, como lo establece el informe, han permitido arrojar resultados muy importantes; resultados tan importantes como el incremento de más de 24 por ciento de la matrícula escolar en este periodo; resultados tan importantes como la creación de 140 nuevos centros de salud y clínicas que incrementan sustancialmente la infraestructura hospitalaria y de salud pública; resultados tan importantes como la construcción de varios sistemas de agua potable, 24 en grandes zonas urbanas, núcleos urbanos, y 1,216 en zonas rurales, aumentado la cobertura de servicios de agua potable de 65 a 76 por ciento en este periodo, o la construcci6n de una gran cantidad de caminos que ha permitido ampliar para fines de seguridad, pero también de desarrollo regional, la red carretera en el estado o la firma de acuerdos agrarios para generar esquemas de estabilidad y desarrollo con 60 organizaciones campesinas y 112 grupos independientes. Bueno, este es el esfuerzo en materia de política social, entre otros temas fundamentales que se están haciendo en Chiapas, además por supuesto de la creación de 300 mil empleos temporales en seis años o la atención de casi 288 mil familias dispersas en más de 5 mil localidades, como el programa de educación, salud y alimentación. Yo creo que este es el reto fundamental que tenemos en entidades como Chiapas, como Oaxaca y como Guerrero, entre otras cosas; además por supuesto de seguir insistiendo, ratificando en los conductos de la negociación y diálogo para encauzar y dirimir demandas sociales que se han expresado por vías armadas y por supuesto la vigilancia y la observancia estricta de la ley para evitar problemas de inestabilidad y de surgimiento de acciones de violencia que pongan en riesgo a la propia población. Eso es lo que se ha vendió haciendo en coordinación con las autoridades loca les y con los distintos niveles de gobierno en estados como Chiapas, como Guerrero y como Oaxaca con fenómenos particulares de Ezeta, CPR y ERP. Comentaba la señora Diputada también el tema de los indocumentados y del papel que tiene el Instituto Nacional de Migración y las políticas de la Secretaría de Gobernación en este particular. Yo le quisiera comentar que desde 1995 la Secretaria de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración ha puesto en marcha un Programa Nacional de Protección a Migrantes como lo referí en mi primera intervención y este Pro grama, entre otras cosas, responde precisamente al reconocimiento de los migrantes por sus condiciones precarias, por su situación jurídica, social y económica son permanentes víctimas de agresiones de delincuentes o de incluso cuerpos de seguridad y autoridades deshonestas que atentan contra sus derechos elementales consagradas en todas las leyes mexicanas. Una de los vertientes, uno de los aspectos importantes de este Programa es la creación precisamente de los grupos de protecci6n a migrantes, estos son mecanismos, sistemas de cooperaci6n entre niveles de gobierno que nos está permitiendo a través del Instituto Nacional de Migración utilizarlos para brindar protección amplia y oportuna a los migrantes. Tenemos diez grupos de protección a migrantes en el país, ahora coordinándose con la Policía Federal Preventiva, ahora coordinándose muy estrechamente con las autoridades locales y nos ha permitido por ejemplo este año, del lo. de junio de este año rescatar a 6, 346 migrantes en situaciones de emergencia, es el trabajo y el papel que hacemos en los grupos Beta y ahora con la Policía Federal Preventiva. Termino mi comentario señora Diputada, atendiendo su preocupación en relación al papel de los criterios que utilizó la Secretaría de Gobernación y el Gobierno para la expulsión de los nacionales españoles. En el caso de la expulsión de cuatro nacionales españoles efectuado en el mes de enero de este año, no se aplicaron la Ley de Expedición Internacional ni del Artículo 33 en virtud de que se instruyó el procedimiento administrativo migratorio previsto en al Ley General de Población en el Capítulo X de nuestra Ley de Población, en virtud de la violaci6n de distintos artículos, es decir, estos nacionales españoles se internaron ilegalmente al territorio nacional y en ningún momento acreditaron su estancia permaneciendo por un tiempo importante en el país bajo esta consideración, es decir, de manera ilegal y ese caso particular es competencia del Instituto Nacional de Migración conocer y resolver sobre violaciones, como es en este caso al Capítulo X de la Ley General de Población, Esa es la raz6n específica por la cual tuvieron que abandonar el territorio nacional de manera inmediata y sin necesidad de previo oficio como lo establecen las propias disposiciones de la Ley Federal de Poblaci6n que es nuestra facultad observar y aplicar.
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. Tiene ahora el uso de la palabra para formular su pregunta, la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.... me permite, compañera diputada, he cometido un error en el trámite. En este momento, procede hacer uso de la palabra para hacer su replica por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, para réplica, por cuatro minutos.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias señor Secretario. Tiene ahora el uso de la palabra para formular su pregunta, la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.... me permite, compañera diputada, he cometido un error en el trámite. En este momento, procede hacer uso de la palabra para hacer su replica por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, para réplica, por cuatro minutos.
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con su permiso señor Presidente. Señor Secretario: Para los diputado del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, las res puestas presentadas por usted son totalmente insuficientes. Sin duda usted al igual que el titular del Ejecutivo, en su Informe, describe la realidad de un país que solo existe en las ideas preconcebidas que tienen sobre México. Mientras persiste el actual modelo de desarrollo económico, millones de mexicanos seguirán rebelándose por diferentes vías ante las políticas que los dejan totalmente fuera de cualquier beneficio del crecimiento económico. Por tanto, proseguirán manifestaciones de protesta social que eventualmente se traducirán en el surgimiento de grupos armados o en la multiplicación de las acciones militares de los grupos ya existentes en numerosas regiones a lo largo y ancho del país. No se hizo nada realmente serio por establecer negociaciones con el EZLN, después de que se suspendiera el diálogo en agosto de 1996, frente al incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés Larrainzar. La iniciativa del Ejecutivo sobre reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, en absoluto respondía a lo acordado con los zapatistas y avalado por la COCOPA y la CONAI. Las sistemáticas agresiones de que fuera objeto la CONAI y en especial el obispo Samuel Ruiz, evidenciaron claramente que no existió nunca voluntad en sostener una negociación responsable por parte del gobierno federal para resolver el conflicto en Chiapas. La tolerancia, la supuesta responsabilidad y el respeto que ostento el titular del Ejecutivo en su mensaje del primero de septiembre y que vemos repetir en el texto del Informe, no corresponden a los hechos observados esto es así en varios de los problemas más delicados que ha tenido el país en el sexenio que termina. En los seis años recientes se dieron múltiples violaciones a los derechos humanos, no obstante la crueldad con que estas fueron perpetradas, no hubo castigo para los autores intelectuales y en muchos casos para los autores materiales. Hablemos de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Ocotzingo, en donde en todos los casos prevaleció en mayor o menor grado la impunidad; este es el signo distintivo del gobierno que termina y no la actitud democrática y republicana que se pregona. De igual modo, el supuesto estado de derecho que dice haber salvaguardado el Ejecutivo, solo se ha aplicado a quienes no tienen capacidad para comprar impunidad y complicidades. Dónde si no se encuentra Mario Villanueva, Oscar Espinoza, José Parcero López y otros, que estrechamente vinculados al régimen, casualmente evadieron la acción de la justicia. En el caso de Espinoza Villarreal, representa un asunto de particular trascendencia para el presidente Zedillo pues se trat6 de una de sus piezas del ajedrez político más queridas; Espinoza fue el medio para recibir de Cabal Peniche los recursos económicos que sirvieron para financiar las campañas electorales de Colosio, Zedillo y Roberto Madrazo, recursos que actualmente se encuentra en la bolsa negra del I PAB reconocidos como deuda pública, Los crímenes políticos no aclarados, constituyen un haber mas en la cuenta del vulnerado estado de derecho en el sexenio zedillista. Junto al prometido "bienestar para la familia", Ernesto Zedillo se comprometi6 a poner todo su empeño en la soluci6n de tales casos que indignaron a la ciudadanía y finalmente tampoco cumplió. Señor Secretario: Hay muchos otros asuntos que sería conveniente y necesario tratar en un diálogo respetuoso, respecto de la situaci6n real que presenta el país en este fin de sexenio, desafortunadamente el formato manda límites precisos. En todo caso, no queremos pasar por alto el asunto especial que revistió el conflicto de la UNAM: usted optó por el uso de la fuerza después de haber agotado todos los recursos y las artes posibles para debilitar y presentar como una caricatura un movimiento social que se levantó firmemente para luchar contra las Políticas neoliberales en el campo de la educación. No lo derrotaron con argumentos ni mediante el tan pregonado diálogo que dice haber seguido el gobierno como línea de conducta, lo sometió sin liquidarlo la Policía Federal Preventiva, signo inequívoco del rostro social del sexenio del doctor Zedillo. Y quiero recordar aquí, señor Secretario, en término de sus atribuciones, lo referente al artículo 27 fracción IV, donde le compete plenamente la vigilancia de todos los funcionarios de este país para vigilar y controlar lo que respecta a derechos humanos. Gracias.
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LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR
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Con su permiso señor Presidente. Señor Secretario: Para los diputado del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, las res puestas presentadas por usted son totalmente insuficientes. Sin duda usted al igual que el titular del Ejecutivo, en su Informe, describe la realidad de un país que solo existe en las ideas preconcebidas que tienen sobre México. Mientras persiste el actual modelo de desarrollo económico, millones de mexicanos seguirán rebelándose por diferentes vías ante las políticas que los dejan totalmente fuera de cualquier beneficio del crecimiento económico. Por tanto, proseguirán manifestaciones de protesta social que eventualmente se traducirán en el surgimiento de grupos armados o en la multiplicación de las acciones militares de los grupos ya existentes en numerosas regiones a lo largo y ancho del país. No se hizo nada realmente serio por establecer negociaciones con el EZLN, después de que se suspendiera el diálogo en agosto de 1996, frente al incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés Larrainzar. La iniciativa del Ejecutivo sobre reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, en absoluto respondía a lo acordado con los zapatistas y avalado por la COCOPA y la CONAI. Las sistemáticas agresiones de que fuera objeto la CONAI y en especial el obispo Samuel Ruiz, evidenciaron claramente que no existió nunca voluntad en sostener una negociación responsable por parte del gobierno federal para resolver el conflicto en Chiapas. La tolerancia, la supuesta responsabilidad y el respeto que ostento el titular del Ejecutivo en su mensaje del primero de septiembre y que vemos repetir en el texto del Informe, no corresponden a los hechos observados esto es así en varios de los problemas más delicados que ha tenido el país en el sexenio que termina. En los seis años recientes se dieron múltiples violaciones a los derechos humanos, no obstante la crueldad con que estas fueron perpetradas, no hubo castigo para los autores intelectuales y en muchos casos para los autores materiales. Hablemos de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Ocotzingo, en donde en todos los casos prevaleció en mayor o menor grado la impunidad; este es el signo distintivo del gobierno que termina y no la actitud democrática y republicana que se pregona. De igual modo, el supuesto estado de derecho que dice haber salvaguardado el Ejecutivo, solo se ha aplicado a quienes no tienen capacidad para comprar impunidad y complicidades. Dónde si no se encuentra Mario Villanueva, Oscar Espinoza, José Parcero López y otros, que estrechamente vinculados al régimen, casualmente evadieron la acción de la justicia. En el caso de Espinoza Villarreal, representa un asunto de particular trascendencia para el presidente Zedillo pues se trat6 de una de sus piezas del ajedrez político más queridas; Espinoza fue el medio para recibir de Cabal Peniche los recursos económicos que sirvieron para financiar las campañas electorales de Colosio, Zedillo y Roberto Madrazo, recursos que actualmente se encuentra en la bolsa negra del I PAB reconocidos como deuda pública, Los crímenes políticos no aclarados, constituyen un haber mas en la cuenta del vulnerado estado de derecho en el sexenio zedillista. Junto al prometido "bienestar para la familia", Ernesto Zedillo se comprometi6 a poner todo su empeño en la soluci6n de tales casos que indignaron a la ciudadanía y finalmente tampoco cumplió. Señor Secretario: Hay muchos otros asuntos que sería conveniente y necesario tratar en un diálogo respetuoso, respecto de la situaci6n real que presenta el país en este fin de sexenio, desafortunadamente el formato manda límites precisos. En todo caso, no queremos pasar por alto el asunto especial que revistió el conflicto de la UNAM: usted optó por el uso de la fuerza después de haber agotado todos los recursos y las artes posibles para debilitar y presentar como una caricatura un movimiento social que se levantó firmemente para luchar contra las Políticas neoliberales en el campo de la educación. No lo derrotaron con argumentos ni mediante el tan pregonado diálogo que dice haber seguido el gobierno como línea de conducta, lo sometió sin liquidarlo la Policía Federal Preventiva, signo inequívoco del rostro social del sexenio del doctor Zedillo. Y quiero recordar aquí, señor Secretario, en término de sus atribuciones, lo referente al artículo 27 fracción IV, donde le compete plenamente la vigilancia de todos los funcionarios de este país para vigilar y controlar lo que respecta a derechos humanos. Gracias.
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EL C. PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Tiene ahora el uso de la palabra para formular su pregunta, la diputada Marra Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cuatro minutos.
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EL C. PRESIDENTE
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Gracias señora diputada. Tiene ahora el uso de la palabra para formular su pregunta, la diputada Marra Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cuatro minutos.
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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LA C. DIP. MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE: Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario: en su intervención anterior le preocupó mucho que casi todos los legisladores hiciéramos cuestionamientos en cuanto a la seguridad nacional, en particular a la Policía Federal Preventiva, y nos dio respuesta, pero yo quedé insatisfecha una vez más porque, como lo dije en mi intervención, el Ejecutivo simplemente ignoró el asunto de la seguridad nacional en cuanto al medio ambiente, y por eso precisamente vuelvo a cuestionarle y ahora mis preguntas son muy directas, y espero esas respuestas también directas. ¿ Considera la deforestación como un problema de seguridad nacional, crítico y grave para el país? Y, ¿qué percepción tiene la Secretaría a su cargo respecto a las dimensiones de este problema y sus alcances? ¿ Cuáles son las recomendaciones que formula al respecto el Gobierno Federal, desde la perspectiva de la seguridad nacional? ¿ Sabe usted, señor Secretario, cuál es en este momento el impacto de la deforestación y la descertificación en los procesos migratorios, los movimientos de población que se están produciendo a causa de expulsiones relacionadas directamente con la pérdida del recurso forestal? ¿Está usted, señor Secretario, al tanto de los datos respecto a los incendios forestales, y que buena parte son provocados directamente por personas que finalmente son personas que están involucradas en el narcotráfico? ¿Conoce el impacto del incendio de Los Chimalapas?, porque creo que es un asunto que conoce. Usted fue gobernador del estado de Oaxaca . ¿ Conoce usted la relación que existe entre el impacto de las inundaciones y la deforestación? ¿Se anticipa el gobierno a los gravísimos conflictos sociales que se avecinan por los problemas de disponibilidad de agua, relacionados directamente con la deforestación? Y concluyo, señor Secretario. ¿ No deberían de ser estos temas considerados por la Secretaría de Gobernación, 0mo asuntos graves, críticos en la agenda de seguridad nacional? ¿ No es la pérdida de grandes extensiones de bosques o selvas causados por la deforestación, un asunto fundamental de la seguridad nacional? Muchas gracias por sus respuestas.
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LA C. DIP. MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE
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Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario: en su intervención anterior le preocupó mucho que casi todos los legisladores hiciéramos cuestionamientos en cuanto a la seguridad nacional, en particular a la Policía Federal Preventiva, y nos dio respuesta, pero yo quedé insatisfecha una vez más porque, como lo dije en mi intervención, el Ejecutivo simplemente ignoró el asunto de la seguridad nacional en cuanto al medio ambiente, y por eso precisamente vuelvo a cuestionarle y ahora mis preguntas son muy directas, y espero esas respuestas también directas. ¿ Considera la deforestación como un problema de seguridad nacional, crítico y grave para el país? Y, ¿qué percepción tiene la Secretaría a su cargo respecto a las dimensiones de este problema y sus alcances? ¿ Cuáles son las recomendaciones que formula al respecto el Gobierno Federal, desde la perspectiva de la seguridad nacional? ¿ Sabe usted, señor Secretario, cuál es en este momento el impacto de la deforestación y la descertificación en los procesos migratorios, los movimientos de población que se están produciendo a causa de expulsiones relacionadas directamente con la pérdida del recurso forestal? ¿Está usted, señor Secretario, al tanto de los datos respecto a los incendios forestales, y que buena parte son provocados directamente por personas que finalmente son personas que están involucradas en el narcotráfico? ¿Conoce el impacto del incendio de Los Chimalapas?, porque creo que es un asunto que conoce. Usted fue gobernador del estado de Oaxaca . ¿ Conoce usted la relación que existe entre el impacto de las inundaciones y la deforestación? ¿Se anticipa el gobierno a los gravísimos conflictos sociales que se avecinan por los problemas de disponibilidad de agua, relacionados directamente con la deforestación? Y concluyo, señor Secretario. ¿ No deberían de ser estos temas considerados por la Secretaría de Gobernación, 0mo asuntos graves, críticos en la agenda de seguridad nacional? ¿ No es la pérdida de grandes extensiones de bosques o selvas causados por la deforestación, un asunto fundamental de la seguridad nacional? Muchas gracias por sus respuestas.
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputada María Cristina Moctezuma Lule. Tiene ahora, para dar respuesta a la pregunta, el uso de la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos. EL C. SECRETARIO, DIODORO CARRASCO: Señora diputada doña María Cristina Moctezuma: Yo creo que el primer tema que valdría la pena abordar a propósito de su insistente pregunta, es la vinculación que existe entre el tema de seguridad pública y el tema de seguridad nacional, y me parece que para ser muy puntual en mi comentario que usted me solicita, por supuesto que el tema de la desforestación es, como muchos otros temas estratégicos, un reto para la seguridad nacional. Aquí parte de la tarea, parte de la responsabilidad efectivamente de la Secretaría de Gobernación a través del Centro de Información para la Seguridad Nacional, es la elaboración y la coadyuvancia con instancias ejecutivas de gobierno, en la elaboración de investigaciones y de estudios que se denominan así: " Estudios Estratégicos para la Seguridad Nacional". Uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema de la desforestación. Sí es un tema de seguridad nacional. ¿ Cuáles son las recomendaciones, cuáles son los alcances de los problemas de la deforestación? Yo le diría que la información de que nosotros disponemos es que de la superficie forestal, que está estimada en 141.7 millones de hectáreas cerca del 70 por ciento de la superficie del país es superficie forestal no toda la superficie forestal tiene vegetación uniforme y original, bueno esta vegetación con los fenómenos que usted ha comentado causa y efecto de los procesos de desforestación, los siniestros que hemos vivido en los últimos años, muchos agravados por los problemas de desforestación, los incendios de enormes superficies como el caso que usted refiere de Chimalapas o de otras zonas del país como la zona maya de Quinta Roo, por recordar dos de los más connotados en los últimos años, tienen efectivamente diferentes causas, tienen diferentes orígenes. Los incendios, en los bosques templados, por ejemplo de acuerdo a nuestros datos suman cerca del 48 por ciento; la ganadería y la agricultura aporta el 43 por ciento, la tala ilegal casi el 5 por ciento y otros factores el tres por ciento. En selvas, las actividades productivas representan el 70 por ciento, en especial la conversión de selvas, en pastizales, pastoreo en extensivo de bovinos, pero también la agricultura con esta práctica que pese a los esfuerzos que se han impulsado en nuestras entidades sigue siendo una práctica histórica vigente, el sistema de rosa, tumba y quema, que también es un importante factor de incendios. Por su puesto que las consecuencias, como usted nos comenta, las consecuencias que tenemos de estos incendios forestales son muchas de ellas de carácter irreversible, la pérdida de recursos forestales y sus derivados, la degradación de los suelos, la pérdida de ciclos hidrológicos, la erosión moderada y severa, la descertificación, la pérdida de hábitas naturales, de especies silvestres y la pérdida de recursos bióticos y ambientales. Esta tarea, en la cual, insisto, está contemplada como un tema de seguridad nacional y para lo cual se realizan, se están realizando hoy precisamente estudios estratégicos, tiene una serie de acciones que no son competencia de esta Secretaría, que son competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, pero sí quiero comentar que esta preocupación ha sido abordada por el gobierno federal a través de la SEMARNAP y ha puesto en marcha, ha implementado una serie de programas para frenar estos procesos de deterioro los cuales ha venido construyendo, impulsando, articulando a través de la protección y conservación de los ecosistemas naturales, del aprovechamiento sustentable de estos ecosistemas y sus especies y de la restauración ecológica de superficies desforestadas o perturbadas. Estos esfuerzos, señora diputada, están permitiendo llevar a la práctica acciones muy específicas como la utilización de alternativas sustentables a través de mecanismos de reconversión productiva hacia las áreas campesinas que tienen este tipo de prácticas para poder darles mayores oportunidades de ingreso y sustentos a ellos y a sus familias; se ha impulsado un proceso de reforestación manual en áreas devastadas que de acuerdo con los reportes de SEMARNAP que vienen contemplados en el anexo del informe, se han implicado la plantación de mil 670 millones de árboles, lo que equivale a 800 mil árboles diarios, y aqu7 juega un papel importante, por cierto, otra vez el Ejército mexicano. Se han establecido 85 zonas prioritarias de protección contra incendios, se han incrementado sustancialmente las brigadas, se cuenta ahora con un mecanismo de detección satelital de incendios, monitoreado por cierto, parte de él, en la Universidad de Colima y se han reducido el tiempo de la llegada de los siniestros. Yo creo que este tema, que es un tema de enormes magnitudes y de enormes implicaciones para el país hoy y para el futuro del país, es sin duda una preocupación y una tarea que tenemos, que tenemos contemplada como una tarea de seguridad nacional por las implicaciones para el futuro de nuestra República. Y bueno tiene una enorme razón la señora diputada, María Cristina Moctezuma, ésta es una tarea donde se requieren intensificar de manera sostenida las actividades, no solamente de investigación sino de acción en materia preventiva. Se ha diseñado todo un sistema de protección y de rescate a través de SEMARNAP, son políticas otra vez, políticas y programas que han involucrado a una enorme cantidad de comunidades, de municipios, de habitantes de los distintos lugares de la República que se han sumado a esta preocupación de los distintos niveles de gobierno y que requiere y exige que todos sigamos fortaleciendo, creando, recreando, educando a nuestros hijos, a nuestras familias en este mecanismo de carácter preventivo que es finalmente obligación de todos.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias diputada María Cristina Moctezuma Lule. Tiene ahora, para dar respuesta a la pregunta, el uso de la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos. EL C. SECRETARIO, DIODORO CARRASCO: Señora diputada doña María Cristina Moctezuma: Yo creo que el primer tema que valdría la pena abordar a propósito de su insistente pregunta, es la vinculación que existe entre el tema de seguridad pública y el tema de seguridad nacional, y me parece que para ser muy puntual en mi comentario que usted me solicita, por supuesto que el tema de la desforestación es, como muchos otros temas estratégicos, un reto para la seguridad nacional. Aquí parte de la tarea, parte de la responsabilidad efectivamente de la Secretaría de Gobernación a través del Centro de Información para la Seguridad Nacional, es la elaboración y la coadyuvancia con instancias ejecutivas de gobierno, en la elaboración de investigaciones y de estudios que se denominan así: " Estudios Estratégicos para la Seguridad Nacional". Uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema de la desforestación. Sí es un tema de seguridad nacional. ¿ Cuáles son las recomendaciones, cuáles son los alcances de los problemas de la deforestación? Yo le diría que la información de que nosotros disponemos es que de la superficie forestal, que está estimada en 141.7 millones de hectáreas cerca del 70 por ciento de la superficie del país es superficie forestal no toda la superficie forestal tiene vegetación uniforme y original, bueno esta vegetación con los fenómenos que usted ha comentado causa y efecto de los procesos de desforestación, los siniestros que hemos vivido en los últimos años, muchos agravados por los problemas de desforestación, los incendios de enormes superficies como el caso que usted refiere de Chimalapas o de otras zonas del país como la zona maya de Quinta Roo, por recordar dos de los más connotados en los últimos años, tienen efectivamente diferentes causas, tienen diferentes orígenes. Los incendios, en los bosques templados, por ejemplo de acuerdo a nuestros datos suman cerca del 48 por ciento; la ganadería y la agricultura aporta el 43 por ciento, la tala ilegal casi el 5 por ciento y otros factores el tres por ciento. En selvas, las actividades productivas representan el 70 por ciento, en especial la conversión de selvas, en pastizales, pastoreo en extensivo de bovinos, pero también la agricultura con esta práctica que pese a los esfuerzos que se han impulsado en nuestras entidades sigue siendo una práctica histórica vigente, el sistema de rosa, tumba y quema, que también es un importante factor de incendios. Por su puesto que las consecuencias, como usted nos comenta, las consecuencias que tenemos de estos incendios forestales son muchas de ellas de carácter irreversible, la pérdida de recursos forestales y sus derivados, la degradación de los suelos, la pérdida de ciclos hidrológicos, la erosión moderada y severa, la descertificación, la pérdida de hábitas naturales, de especies silvestres y la pérdida de recursos bióticos y ambientales. Esta tarea, en la cual, insisto, está contemplada como un tema de seguridad nacional y para lo cual se realizan, se están realizando hoy precisamente estudios estratégicos, tiene una serie de acciones que no son competencia de esta Secretaría, que son competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, pero sí quiero comentar que esta preocupación ha sido abordada por el gobierno federal a través de la SEMARNAP y ha puesto en marcha, ha implementado una serie de programas para frenar estos procesos de deterioro los cuales ha venido construyendo, impulsando, articulando a través de la protección y conservación de los ecosistemas naturales, del aprovechamiento sustentable de estos ecosistemas y sus especies y de la restauración ecológica de superficies desforestadas o perturbadas. Estos esfuerzos, señora diputada, están permitiendo llevar a la práctica acciones muy específicas como la utilización de alternativas sustentables a través de mecanismos de reconversión productiva hacia las áreas campesinas que tienen este tipo de prácticas para poder darles mayores oportunidades de ingreso y sustentos a ellos y a sus familias; se ha impulsado un proceso de reforestación manual en áreas devastadas que de acuerdo con los reportes de SEMARNAP que vienen contemplados en el anexo del informe, se han implicado la plantación de mil 670 millones de árboles, lo que equivale a 800 mil árboles diarios, y aqu7 juega un papel importante, por cierto, otra vez el Ejército mexicano. Se han establecido 85 zonas prioritarias de protección contra incendios, se han incrementado sustancialmente las brigadas, se cuenta ahora con un mecanismo de detección satelital de incendios, monitoreado por cierto, parte de él, en la Universidad de Colima y se han reducido el tiempo de la llegada de los siniestros. Yo creo que este tema, que es un tema de enormes magnitudes y de enormes implicaciones para el país hoy y para el futuro del país, es sin duda una preocupación y una tarea que tenemos, que tenemos contemplada como una tarea de seguridad nacional por las implicaciones para el futuro de nuestra República. Y bueno tiene una enorme razón la señora diputada, María Cristina Moctezuma, ésta es una tarea donde se requieren intensificar de manera sostenida las actividades, no solamente de investigación sino de acción en materia preventiva. Se ha diseñado todo un sistema de protección y de rescate a través de SEMARNAP, son políticas otra vez, políticas y programas que han involucrado a una enorme cantidad de comunidades, de municipios, de habitantes de los distintos lugares de la República que se han sumado a esta preocupación de los distintos niveles de gobierno y que requiere y exige que todos sigamos fortaleciendo, creando, recreando, educando a nuestros hijos, a nuestras familias en este mecanismo de carácter preventivo que es finalmente obligación de todos.
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario. Pregunto al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México si hará uso de su derecho de réplica.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias, señor Secretario. Pregunto al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México si hará uso de su derecho de réplica.
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LA C. DIP. CRISTINA MOCTEZUMA LULE (Desde su curul): Sí, señor Presidente.
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LA C. DIP. CRISTINA MOCTEZUMA LULE (Desde su curul)
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Sí, señor Presidente.
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EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra, ciudadana diputada Cristina Moctezuma Lule, por 4 minutos para formular su réplica.
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EL C. PRESIDENTE
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Tiene la palabra, ciudadana diputada Cristina Moctezuma Lule, por 4 minutos para formular su réplica.
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LA C. DIP. MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE: Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario: Le agradezco mucho su respuesta. Finalmente reconoce que el tema que abordamos sí es de seguridad nacional. También quisiera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, solicitarle una información que probablemente en un acercamiento con usted, nos pueda facilitar porque finalmente la inquietud partía de que en el Informe estaba ignorado como en sus respuestas y que ahora puntualmente nos ha dado una información muy valiosa que quisiéramos contar los legisladores del Verde con esa información que usted tiene. Muchas gracias.
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LA C. DIP. MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE
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Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario: Le agradezco mucho su respuesta. Finalmente reconoce que el tema que abordamos sí es de seguridad nacional. También quisiera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, solicitarle una información que probablemente en un acercamiento con usted, nos pueda facilitar porque finalmente la inquietud partía de que en el Informe estaba ignorado como en sus respuestas y que ahora puntualmente nos ha dado una información muy valiosa que quisiéramos contar los legisladores del Verde con esa información que usted tiene. Muchas gracias.
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EL C. PRESIDNETE: Gracias, diputada. Para formular su pregunta, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, hasta por cuatro minutos.
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EL C. PRESIDNETE
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Gracias, diputada. Para formular su pregunta, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, hasta por cuatro minutos.
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EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, diputado Presidente. Señoras y señores legisladores. Señor Secretario de Gobernación: Como ocurrió en sus anteriores informes, del Sexto Informe del Presidente Zedillo, están ausentes, como si no existieran, los grandes temas que inquietan y preocupan a los mexicanos. También es un documento plagado de afirmaciones equívocas. Bajo el rubro "Política Migratoria y de Relaciones Nacionales en el Extranjero", el Presidente Zedillo informa que " . . . la Política migratoria de México se finca en el ejercicio de la soberanía y la defensa de la seguridad nacional, con respeto a los derechos humanos, apego a la legalidad y aliento a las corrientes migratorias que contribuyen a nuestro desarrollo". Nada más falso. Uno de los pilares ideológicos, fundamentales que dieron fisonomía al Estado mexicano postrevolucionario, fue sin lugar a dudas la autonomía de la tradicional Política exterior y la defensa del derecho de asilo. A lo largo de su historia México ganó prestigio internacional a fuerza de ejercer una política de asilo generosa y solidaria. Con la ilegal deportación de perseguidos políticos, el gobierno zedillista dio la espalda y terminó con nuestra tradición de asilo. Son muestras de estas atroces acciones las detenciones y posteriores expulsiones fast track entrega de policía a policía del ciudadano argentino Enrique Egorrearán Merlo y de los ciudadanos vascos José Ugodson Larrea, Miguel Santiago Aspora, José Angel Ochoa y Michael Larrieta, ejecutados al margen de la ley y vulnerando flagrantemente las garantías individuales a las que conforme el artículo 33 de la Constitución tienen derecho todos los extranjeros por el solo hecho de encontrarse dentro del territorio nacional. Es público que la expulsión de trece ciudadanos vascos ocurrida de 1996 a enero del 2000, se violentaron preceptos específicos del Tratado de Extradición Bilateral entre México y España, la Declaración Universal y los pactos de derechos humanos, las convenciones de la ONU para Refugiados y Contra la Tortura y obviamente las normas del debido proceso legal que se consignan como principio fundamental del derecho mexicano. Es condenable la tolerancia para que policías españoles realicen actividades de vigilancia sobre presuntos integrantes de ETA que se encuentran en nuestro territorio, como fue el caso de los dos dirigentes de la izquierda vasca Iñigo Elcoro (?) y Michael Corta . No puede aceptarse la forma en que el Instituto Nacional de Migración ha llevado a cabo detenciones y expulsiones de observadores extranjeros de derechos humanos. Es inadmisible que por cumplir con acuerdos realizados en la sombra con gobiernos extranjeros, el gobierno del Presidente Zedillo haya roto con los tradicionales principios fundamentales de la política exterior de México y el principio de legalidad que da sustento a nuestro sistema jurídico. Caso también lamentable fue el de 40 inmigrantes centroamericanos, que en julio de 1998 las autoridades nacionales deportaron en un camión recolecto de basura. El trato sufrido por ellos, llevó al gobierno de El Salvador a elevar una protesta ante el gobierno zedillista, por lo que se consideró graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la dignidad, a la integridad física y moral. Entonces le pregunto señor Secretario: ¿el gobierno del doctor Zedillo y la Secretaría de Gobernación a su cargo han asumido la obligación de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales, está usted satisfecho al respecto? Gracias señores legisladores.
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EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA
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Gracias, diputado Presidente. Señoras y señores legisladores. Señor Secretario de Gobernación: Como ocurrió en sus anteriores informes, del Sexto Informe del Presidente Zedillo, están ausentes, como si no existieran, los grandes temas que inquietan y preocupan a los mexicanos. También es un documento plagado de afirmaciones equívocas. Bajo el rubro "Política Migratoria y de Relaciones Nacionales en el Extranjero", el Presidente Zedillo informa que " . . . la Política migratoria de México se finca en el ejercicio de la soberanía y la defensa de la seguridad nacional, con respeto a los derechos humanos, apego a la legalidad y aliento a las corrientes migratorias que contribuyen a nuestro desarrollo". Nada más falso. Uno de los pilares ideológicos, fundamentales que dieron fisonomía al Estado mexicano postrevolucionario, fue sin lugar a dudas la autonomía de la tradicional Política exterior y la defensa del derecho de asilo. A lo largo de su historia México ganó prestigio internacional a fuerza de ejercer una política de asilo generosa y solidaria. Con la ilegal deportación de perseguidos políticos, el gobierno zedillista dio la espalda y terminó con nuestra tradición de asilo. Son muestras de estas atroces acciones las detenciones y posteriores expulsiones fast track entrega de policía a policía del ciudadano argentino Enrique Egorrearán Merlo y de los ciudadanos vascos José Ugodson Larrea, Miguel Santiago Aspora, José Angel Ochoa y Michael Larrieta, ejecutados al margen de la ley y vulnerando flagrantemente las garantías individuales a las que conforme el artículo 33 de la Constitución tienen derecho todos los extranjeros por el solo hecho de encontrarse dentro del territorio nacional. Es público que la expulsión de trece ciudadanos vascos ocurrida de 1996 a enero del 2000, se violentaron preceptos específicos del Tratado de Extradición Bilateral entre México y España, la Declaración Universal y los pactos de derechos humanos, las convenciones de la ONU para Refugiados y Contra la Tortura y obviamente las normas del debido proceso legal que se consignan como principio fundamental del derecho mexicano. Es condenable la tolerancia para que policías españoles realicen actividades de vigilancia sobre presuntos integrantes de ETA que se encuentran en nuestro territorio, como fue el caso de los dos dirigentes de la izquierda vasca Iñigo Elcoro (?) y Michael Corta . No puede aceptarse la forma en que el Instituto Nacional de Migración ha llevado a cabo detenciones y expulsiones de observadores extranjeros de derechos humanos. Es inadmisible que por cumplir con acuerdos realizados en la sombra con gobiernos extranjeros, el gobierno del Presidente Zedillo haya roto con los tradicionales principios fundamentales de la política exterior de México y el principio de legalidad que da sustento a nuestro sistema jurídico. Caso también lamentable fue el de 40 inmigrantes centroamericanos, que en julio de 1998 las autoridades nacionales deportaron en un camión recolecto de basura. El trato sufrido por ellos, llevó al gobierno de El Salvador a elevar una protesta ante el gobierno zedillista, por lo que se consideró graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la dignidad, a la integridad física y moral. Entonces le pregunto señor Secretario: ¿el gobierno del doctor Zedillo y la Secretaría de Gobernación a su cargo han asumido la obligación de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales, está usted satisfecho al respecto? Gracias señores legisladores.
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado Luis Miguel Barbosa Huerta. Tiene el uso de la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación, para dar respuesta a las preguntas hasta por ocho minutos.
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Muchas gracias señor diputado Luis Miguel Barbosa Huerta. Tiene el uso de la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación, para dar respuesta a las preguntas hasta por ocho minutos.
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EL C. SECRETARIO DE GOBERNACION: Muchas gracias señor presidente. Señor diputado Luis Miguel Barbosa Huerta nos está haciendo un planteamiento en el sentido de que se han dejado de lado y violentado la política de asilo tradicional, y que no se corresponde con las expresiones del texto del VI Informe de Gobierno, en relación a los principios humanitarios abiertos de la política de población y de la política migratoria, y fundamenta este comentario en la expulsión de nacionales argentinos y vascos y en el tema de los observadores extranjeros de derechos humanos entre otros. Comento puntualmente el planteamiento, porque por supuesto no estamos de acuerdo con esa interpretación y con esta visión, porque son dos asuntos distintos. Una cosa son los principios y las bases a partir de los cuales, se observa, se aplica cotidianamente esta política abierta, humanitaria, respetuosa en materia de población, para quienes deseen venir a nuestro país a contribuir en su desarrollo en los distintos ámbitos académico, económico; y dábamos justamente cifras de esta tarea, más de 9,500 extranjeros tienen carácter de nacionales, a partir de las solicitudes que han venido haciendo a lo largo de los últimos años. Pero así como tenemos esa obligación y respetamos y observamos esos principios, que son un motivo fundamental de orgullo en la política de asilo y de refugio en México, y un caso notable de ello es quizás uno de los más exitosos programas de refugio y asilo que ha habido en los últimos años en el mundo, que es el programa que tuvimos con los guatemaltecos, que tuvieron que refugiarse y asilarse en nuestro país con motivo de las guerras internas en Guatemala. Y que han culminado prácticamente de manera muy exitosa, con el retorno de más de 42 mil refugiados, y con un número muy importante de guatemaltecos que han decidido adoptar la nacionalidad mexicana, que tienen familias mexicanas y que hoy están en pleno proceso de integración, incluso dotándoseles de tierras y medios para poder subsistir y enfrentar sus condiciones familiares y de desarrollo. El caso particular de la expulsión de argentinos y nacionales vascos, tiene que, ver con otras de las responsabilidades y ordenamientos que tenemos como gobierno y como Secretaría de Gobernación, que es la aplicación estricta de la ley, cuando se violentan los ordenamientos y procedimientos administrativos contemplados en materia emigratoria. Ya hice referencia a la violación que se hizo al Capítulo 10 de la Ley General de Población, en virtud también de la violación al Capítulo 120 de dicha ley. Es decir, en el caso particular de los nacionales argentinos: Leandro Aníval Rodríguez, Cecilia Brenda Rossi, Cristian Carlos Hernán Castillo y María Cecilia Feijó, que se efectuó el pasado23 de febrero de este año, se hizo fundamentalmente porque tres de ellos, con la característica de turistas y de uno más con la /visitante de dependiente económico, realizaron en el país actividades no autorizadas en su permiso de internación. Y bueno, esto faculta y exige mandata a la autoridad competente a actuar en consecuencia. El tema de los nacionales españoles lo hemos comentado también, fue fundamentalmente por las mismas razones por las cuales fueron finalmente con base en procedimiento administrativo previsto en la Ley General de Población expulsados del país, sacados del país en virtud de que no entraron, en este caso particular los ciudadanos españoles Arrieta, Ochoa, Gotzun, Larrea, Lorreaga y Santiago Eispura, que fueron expulsados en enero del presente año, no se aplicó, entre otras cosas, la Ley de Extradición, sino el procedimiento administrativo de la Ley General de Población, insisto, porque se internaron ilegalmente en territorio nacional y en ningún momento acreditaron su estancia legal y formal en nuestro país. El tema de observadores, que es una categoría que ha contemplado en este esquema de disposición la Ley General de Población, observadores en derechos humanos, visitantes para procesos electorales, el único requisito, la única condición que establece la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración para que puedan moverse libremente en el país, es que cumplan con los requerimientos de ley correspondientes, que actúen como es la ley mexicana en materia de migración, de buena fe. El único caso que tuvimos en el periodo electoral pasado, fue un permiso negado a un observador internacional, visitante como lo denomina la Ley Electoral, un visitante internacional porque había pretendido entrar al país con una calidad migratoria que no correspondía a la función que quería desempeñar, es decir, quiso engañar a las autoridades electorales y a las autoridades migratorias sobre la finalidad de su visita. Sin embargo, en acuerdo con los distintos partidos políticos que solicitaron revisar su caso y con el propio Instituto Federal Electoral, se dio y se concedió el perdón administrativo y el permiso para poder hacer estas acciones de observación internacional en el proceso electoral. No hubo un solo visitante internacional que haya solicitado permiso en forma y tiempo que no pudiera entrar y permanecer en el país, en los términos del convenio que se firmó con Naciones Unidas y con el Instituto Federal Electoral, impulsado, por cierto por el propio gobierno de la República a través de Gobernación, y ocurre lo mismo en el caso de los visitantes en materia de derechos humanos. Habría que revisar a cuáles casos particulares se refiere el señor diputado, para saber cuál fue la circunstancia o la condición, si fuera el caso, que le impidió entrar o permanecer en el país. Tenemos la obligación de respetar y honrar nuestra política en materia de asilo, de refugio, de estímulo a las corrientes migratorias, pero también tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer que se respeten nuestras leyes.
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EL C. SECRETARIO DE GOBERNACION
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Muchas gracias señor presidente. Señor diputado Luis Miguel Barbosa Huerta nos está haciendo un planteamiento en el sentido de que se han dejado de lado y violentado la política de asilo tradicional, y que no se corresponde con las expresiones del texto del VI Informe de Gobierno, en relación a los principios humanitarios abiertos de la política de población y de la política migratoria, y fundamenta este comentario en la expulsión de nacionales argentinos y vascos y en el tema de los observadores extranjeros de derechos humanos entre otros. Comento puntualmente el planteamiento, porque por supuesto no estamos de acuerdo con esa interpretación y con esta visión, porque son dos asuntos distintos. Una cosa son los principios y las bases a partir de los cuales, se observa, se aplica cotidianamente esta política abierta, humanitaria, respetuosa en materia de población, para quienes deseen venir a nuestro país a contribuir en su desarrollo en los distintos ámbitos académico, económico; y dábamos justamente cifras de esta tarea, más de 9,500 extranjeros tienen carácter de nacionales, a partir de las solicitudes que han venido haciendo a lo largo de los últimos años. Pero así como tenemos esa obligación y respetamos y observamos esos principios, que son un motivo fundamental de orgullo en la política de asilo y de refugio en México, y un caso notable de ello es quizás uno de los más exitosos programas de refugio y asilo que ha habido en los últimos años en el mundo, que es el programa que tuvimos con los guatemaltecos, que tuvieron que refugiarse y asilarse en nuestro país con motivo de las guerras internas en Guatemala. Y que han culminado prácticamente de manera muy exitosa, con el retorno de más de 42 mil refugiados, y con un número muy importante de guatemaltecos que han decidido adoptar la nacionalidad mexicana, que tienen familias mexicanas y que hoy están en pleno proceso de integración, incluso dotándoseles de tierras y medios para poder subsistir y enfrentar sus condiciones familiares y de desarrollo. El caso particular de la expulsión de argentinos y nacionales vascos, tiene que, ver con otras de las responsabilidades y ordenamientos que tenemos como gobierno y como Secretaría de Gobernación, que es la aplicación estricta de la ley, cuando se violentan los ordenamientos y procedimientos administrativos contemplados en materia emigratoria. Ya hice referencia a la violación que se hizo al Capítulo 10 de la Ley General de Población, en virtud también de la violación al Capítulo 120 de dicha ley. Es decir, en el caso particular de los nacionales argentinos: Leandro Aníval Rodríguez, Cecilia Brenda Rossi, Cristian Carlos Hernán Castillo y María Cecilia Feijó, que se efectuó el pasado23 de febrero de este año, se hizo fundamentalmente porque tres de ellos, con la característica de turistas y de uno más con la /visitante de dependiente económico, realizaron en el país actividades no autorizadas en su permiso de internación. Y bueno, esto faculta y exige mandata a la autoridad competente a actuar en consecuencia. El tema de los nacionales españoles lo hemos comentado también, fue fundamentalmente por las mismas razones por las cuales fueron finalmente con base en procedimiento administrativo previsto en la Ley General de Población expulsados del país, sacados del país en virtud de que no entraron, en este caso particular los ciudadanos españoles Arrieta, Ochoa, Gotzun, Larrea, Lorreaga y Santiago Eispura, que fueron expulsados en enero del presente año, no se aplicó, entre otras cosas, la Ley de Extradición, sino el procedimiento administrativo de la Ley General de Población, insisto, porque se internaron ilegalmente en territorio nacional y en ningún momento acreditaron su estancia legal y formal en nuestro país. El tema de observadores, que es una categoría que ha contemplado en este esquema de disposición la Ley General de Población, observadores en derechos humanos, visitantes para procesos electorales, el único requisito, la única condición que establece la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración para que puedan moverse libremente en el país, es que cumplan con los requerimientos de ley correspondientes, que actúen como es la ley mexicana en materia de migración, de buena fe. El único caso que tuvimos en el periodo electoral pasado, fue un permiso negado a un observador internacional, visitante como lo denomina la Ley Electoral, un visitante internacional porque había pretendido entrar al país con una calidad migratoria que no correspondía a la función que quería desempeñar, es decir, quiso engañar a las autoridades electorales y a las autoridades migratorias sobre la finalidad de su visita. Sin embargo, en acuerdo con los distintos partidos políticos que solicitaron revisar su caso y con el propio Instituto Federal Electoral, se dio y se concedió el perdón administrativo y el permiso para poder hacer estas acciones de observación internacional en el proceso electoral. No hubo un solo visitante internacional que haya solicitado permiso en forma y tiempo que no pudiera entrar y permanecer en el país, en los términos del convenio que se firmó con Naciones Unidas y con el Instituto Federal Electoral, impulsado, por cierto por el propio gobierno de la República a través de Gobernación, y ocurre lo mismo en el caso de los visitantes en materia de derechos humanos. Habría que revisar a cuáles casos particulares se refiere el señor diputado, para saber cuál fue la circunstancia o la condición, si fuera el caso, que le impidió entrar o permanecer en el país. Tenemos la obligación de respetar y honrar nuestra política en materia de asilo, de refugio, de estímulo a las corrientes migratorias, pero también tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer que se respeten nuestras leyes.
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EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. Pregunto al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática si hará uso de su derecho de réplica.
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EL PRESIDENTE
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Gracias señor Secretario. Pregunto al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática si hará uso de su derecho de réplica.
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EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Sí, señor Presidente.
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EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
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Sí, señor Presidente.
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, para hacer el uso de su derecho de réplica, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, por cuatro minutos.
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EL PRESIDENTE
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Tiene el uso de la palabra, para hacer el uso de su derecho de réplica, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, por cuatro minutos.
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EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: La respuesta que ofrece el responsable de la Política interior del país sobre si el gobierno zedillista respetó o no, de manera irrestricta las garantías individuales a mexicanos y extranjeros, es propia de la constante que existió en esta administración: la permanente evasión de los grandes problemas nacionales, como lo es, y de manera central también, el de la inseguridad pública. Sobre este tema, aun cuando en los seis años del gabinete expirante pretendió desarrollarse una estrategia que la hicieron consistir en diversas acciones como la aprobación de reformas constitucionales y de leyes secundarias, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Seguridad y su cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia, así como la creación del cuerpo policíaco más atípico e improvisado en la historia de la seguridad pública en México, me refiero a la creación de la Policía Federal Preventiva, los resultados se pueden resumir en una sola palabra: fracaso. Fracaso porque en la vida cotidiana la sociedad vive un profundo sentimiento de inseguridad, producto del incremento en lo que va del sexenio, de los índices delictivos, la proliferación del crimen organizado en sus variantes de narcotráfico, secuestro y tráfico de armas y el elevado grado de violencia social. Este vacío de seguridad, es el resultado de la ineficacia de las Políticas gubernamentales implementadas que van desde la propia desorganización y falta de coordinación de los cuerpos policíacos, hasta la falta de un verdadero proyecto de seguridad pública, todo ello en el marco de un modelo de gestión económica neoliberal que al igual que en otro países del orbe, se encuentra estrechamente ligada al incremento de la delincuencia por excluir a grandes sectores de la población del desarrollo social. De ahí que, para solucionar el problema de la inseguridad y la violencia social, hubiesen sido necesarias acciones verdaderas en la esfera de la organización policial; la lucha contra el crimen organizado, combate a la corrupción e impunidad en los círculos gubernamentales y la atención de la marginación y la exclusión social, acciones que evidentemente estuvieron ausentes durante todo el gobierno zedillista. Es todo, señores parlamentarios. EL PRESIDENTE. Muchas gracias, diputado Barbosa Huerta. Tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, hasta por cuatro minutos. EL DIPUTADO JOSE GUILLERMO ANAYA LLAMAS. Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario: Usted trató de dar contestación a uno de los cuestionamientos que hizo el diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario de Acción Nacional, cuando argumenta usted que la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública apenas tiene en operación tres años. Yo le quiero recordar que en el propio informe" dice que entró en operación desde 1996 con la ley que establece las bases del Sistema Nacional en 1995. Pero insisto, señor Secretario, del análisis de los seis informes de gobierno que rindió ante esta soberanía el Ejecutivo Federal, advertimos que coinciden en tres aspectos fundamentales en materia de seguridad pública: Primero, en afirmar que al vivir en un estado de derecho, es la única garantía para una convivencia social armónica, amén de que el cumplimiento de este principio contribuye a la igualdad efectiva de todos ante la ley. Segundo, en expresar que se han destinado a este rubro los recursos más cuantiosos en la historia de México para el combate a la delincuencia y el crimen. Tercero, que se reconoce que a pesar de los esfuerzos realizados, hoy la inseguridad pública y la falta de respeto al estado de derecho, son el mayor obstáculo para el progreso material y a una vida social armónica, y que hasta ahora la magnitud y la complejidad del problema, han sido más grandes que el efecto de las acciones emprendidas. En este contexto estamos de acuerdo en las dos primeras afirmaciones, no así en el tercer reconocimiento, porque no basta con admitir el fracaso contra la delincuencia y la inseguridad y con ello pretender lavarse las manos. El Ejecutivo debió haber cumplido cabalmente el compromiso que asumió originalmente en el Plan Nacional de Desarrollo 1995 2000 y Programa Nacional de Seguridad Pública, así como en la famosa "Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia". Ahora bien, en lo que respecta al presupuesto asignado a la seguridad pública, es cierto que se destinaron recursos sin precedentes; no obstante ello, señor Secretario, ¿por qué no se reflejó en una mejoría en la seguridad pública?, ¿por qué la delincuencia sigue en crecimiento?, ¿por qué la desconfianza de la ciudadanía? El Ejecutivo Federal entre sus estrategias y acciones para combatir el crimen, anunció una reforma jurídica a fondo e incluso en un momento determinado llegó a señalar que la concreción en esta materia no se había podido dar a consecuencia de que el Congreso de la Unión no daba una respuesta. Señor Secretario, cabe decir que el Congreso cumplió con su responsabilidad al haber estudiado, discutido y aprobado las reformas planteadas. Sin embargo, el Ejecutivo no cumplió. Le pregunto: ¿dónde está la consolidación de la seguridad pública que como garantía de los ciudadanos ofreció en el Plan Nacional de Desarrollo? Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la acción y la responsabilidad del gobierno contra el crimen fue un rotundo fracaso. Las señales son claras: una sociedad desconfiada de las instituciones responsables de la seguridad pública y procuración de justicia. Y por el otro lado, la masificación de la delincuencia. A la luz de los hechos el gobierno que está por concluir no cumplió con su premisa de hacer de México un país de leyes, incluso el propio Presidente reconoce en su mensaje a la Nación, que a pesar del esmero la tarea resultó infructuosa respecto a lo que se comprometió. Incluso afirmó que éste era su sentir, como lo es de toda la gente en lo que se refiere a la lucha contra el crimen y la inseguridad. Señor Secretario ¿cómo podemos establecer un estado de derecho cuando alguno de los funcionarios de la actual administración incluso de primer nivel, son los primeros en ofender y desatender la ley? Concluyo señor Secretario: de acuerdo con el informe, la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, constituye un factor fundamental del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permite combatir con mayor eficacia a la delincuencia organizada y asegurar a la ciudadanía la debida protección de su integridad física y patrimonial. Si esto es así, señor Secretario, explique a esta Soberanía, ¿por qué el Sistema Nacional de Seguridad Pública del total de los recursos federales y estatales, aplica sólo el 2.7% a la profesionalización? Más aún explique hasta por qué entre 199 y este año, los recursos destinados a la profesionalización se redujeron a más del 500. Muchas gracias. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Anaya Llamas. Para dar respuesta a las preguntas hará uso de la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación, hasta por 8 minutos. C. SECRETARIO DE GOBERNACION: Muchas gracias señor presidente. Bueno, yo quisiera referirme a propósito de las preguntas que ha replanteado el señor diputado José Guillermo Anaya Llamas, en nombre de la bancada del PAN, sobre el tema de los cumplimientos en la ejecución del Programa Nacional de Seguridad Pública. Quisiera remitirme muy brevemente a lo que hace un momento comentábamos. La responsabilidad que asume y expresa el Ejecutivo en su último Informe, reconociendo que efectivamente son insuficientes los logros a partir de la magnitud del problema que tenemos en el país en materia de seguridad pública. Ahí está escrito y reconocido. No es suficiente dice el diputado que se reconozca, se debía haber cumplido puntualmente, literalmente, los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo. Yo me refiero a dos asuntos particulares: Primero, hemos comentado que el tamaño del reto en materia de seguridad pública obligó a constituir un Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no es una instancia ejecutora; es una instancia de coordinación donde juegan y forman parte fundamental los gobernadores de los estados, lo saben muy bien los ejecutivos estatales porque son finalmente el pivote a partir del cual se articularan las agendas de riesgo, los grupos de coordinación; con ellos se decide y se discute en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a qué, cómo, se asignan los recursos públicos que autoriza el Congreso de la Unión en los presupuestos anuales. No a un capricho ni a una determinación unilateral de las autoridades de Gobernación o del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este es un esfuerzo de corresponsabilidad, es un esfuerzo que compete a los distintos órdenes de gobierno, no sólo al federal, dada la magnitud, las características y el tipo delictivo o los tipos delictivos que tenemos en el país. Segundo, me parece fundamental también entender que la asignación o la designación de recursos para temas como los que preguntaba el diputado en materia de capacitación siendo tan importante, por qué se destina sólo un porcentaje, decía él de 2.6 ó 2.5%, bueno esa es otra de las decisiones que tienen que ver con la asignación de recursos anuales, que se discute en un Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde están representantes y representados personalmente los ejecutivos de los estados, y ahí se define el destino del gasto del siguiente ejercicio. El año pasado, por ejemplo, y este año se decidió, en el seno del consejo, con los ejecutivos de los estados, aplicar un volumen muy importante de recursos a construir el sistema de información encriptado para crear el sistema nacional de información con voz, dato e imagen a que he hecho referencia, como uno de los instrumentos más importantes para la operación del sistema. A poner en marcha en cada estado, con inversiones muy importantes, el teléfono 066 de emergencia, a construir los grupos de control, comando y cómputo que definieron los ejecutivos en cada estado para coordinar sus acciones en materia de seguridad pública, con las policías preventivas, judiciales, los cuerpos de bomberos, de tránsito, de protección civil que empiezan a operar, por cierto con mucho éxito, en varias capitales y ciudades importantes del país, 16 aproximadamente. Estas decisiones, en consecuencia, no son decisiones que se tomen de manera unilateral por parte de las autoridades de Gobernación o del secretariado técnico o ejecutivo del sistema de seguridad pública. Se discuten, se comparten y se decide en el seno de los consejos estatales de seguridad pública que presiden los señores gobernadores. El Gobierno Federal no tengo que repetirlo asume y lo asumió el Presidente Zedillo su responsabilidad en un esfuerzo cuyos resultados no fueron del tamaño y de la dimensión que hubiéramos querido. Hubiéramos querido acercarnos, desde el punto de vista de indicadores, a los indicadores promedio que existen en países con condiciones, características, población, nivel de desarrollo similar al nuestro, donde los indicadores de inseguridad andan del orden de 10 u 11 por cada mil habitantes. Nosotros estamos, a estas alturas del gobierno, de 15.6 ó 7, pasando a cerca de 13. El esfuerzo, pues, que hay que hacer ahora y en el futuro es mayúsculo. Insisto en que esto no es un tema a agotar ni a acotar en un sexenio porque el tema de la seguridad pública es, sin duda, el reto quizás más significativo e importante que tengamos como país y como sociedad. Tenemos problemas de incumplimiento, si, derivado de problemas de coordinación y de ejecución. Yo decía hace unos momentos, en mi pasado intervención, que desafortunadamente, por diferentes razones y circunstancias, hay entidades de la república que tienen mayores niveles o mayores indicadores de inseguridad que otras. En algunos estados se ha avanzado sustancialmente, de manera muy importante y significativa para abatir niveles de inseguridad, para eficientar los mecanismos de coordinación, para cumplir con las metas de capacitación, para instalar y operar los sistemas de información, para usar los bancos de datos, para priorizar las agendas básicas de atención a las agendas de riesgo locales y los resultados empiezan a dar frutos muy importantes y muy significativos. En otros, por diferentes razones, por diferentes retos, por diferentes circunstancias, por su propia ubicación geográfica, por el afinamiento en los mecanismos de coordinación con los cuerpos de seguridad municipales, locales, federales, el resultado no ha sido tan exitoso. Y yo refería que particularmente tenemos este conflicto y este problema en una franja del país que nos preocupa, que son los estados fronterizos, estados fronterizos donde tenemos altos indicadores de inseguridad y que no sólo es un problema de coordinación estamos coordinados es un problema de confianza. Se requiere crear mecanismos especiales de confianza para que la coordinación prospere, para que la coordinación avance. Hemos tenido que constituir en estados como Baja California, en coordinación con el Gobernador, con el presidente municipal, con los presidentes municipales, unidades de confianza que nos permita evaluar a los agentes de seguridad de la policía municipal, de la estatal y de la federal, que participan en los distintos temas de investigación o en los distintos operativos que coordinamos o que coordina el gobierno del estado con PGR y con la Secretaría de la Defensa para evitar filtraciones, para evitar sospechas, para evitar suspicacias y para evitar fracasos en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, de órdenes de cateo, de programas de carácter preventivo, como son las bases que hemos establecido en estas entidades. No es un asunto sencillo, es muy complejo. No es una justificación, es un reconocimiento a una realidad que está ocurriendo y que ojalá podamos seguir impulsando en el futuro con mayor éxito y con mayor dedicación. Yo espero que esta preocupación que manifiestan los señores legisladores del PAN sea parte de las prioridades de gobierno que está muy pronto por iniciar porque sin duda y en eso compartimos la preocupación éste es el tema y el reto mayor que tenemos que seguir apuntalando y combatiendo con toda eficacia, con toda energía y dedicación los mexicanos de hoy y de mañana.
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EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA
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La respuesta que ofrece el responsable de la Política interior del país sobre si el gobierno zedillista respetó o no, de manera irrestricta las garantías individuales a mexicanos y extranjeros, es propia de la constante que existió en esta administración: la permanente evasión de los grandes problemas nacionales, como lo es, y de manera central también, el de la inseguridad pública. Sobre este tema, aun cuando en los seis años del gabinete expirante pretendió desarrollarse una estrategia que la hicieron consistir en diversas acciones como la aprobación de reformas constitucionales y de leyes secundarias, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Seguridad y su cruzada nacional contra el crimen y la delincuencia, así como la creación del cuerpo policíaco más atípico e improvisado en la historia de la seguridad pública en México, me refiero a la creación de la Policía Federal Preventiva, los resultados se pueden resumir en una sola palabra: fracaso. Fracaso porque en la vida cotidiana la sociedad vive un profundo sentimiento de inseguridad, producto del incremento en lo que va del sexenio, de los índices delictivos, la proliferación del crimen organizado en sus variantes de narcotráfico, secuestro y tráfico de armas y el elevado grado de violencia social. Este vacío de seguridad, es el resultado de la ineficacia de las Políticas gubernamentales implementadas que van desde la propia desorganización y falta de coordinación de los cuerpos policíacos, hasta la falta de un verdadero proyecto de seguridad pública, todo ello en el marco de un modelo de gestión económica neoliberal que al igual que en otro países del orbe, se encuentra estrechamente ligada al incremento de la delincuencia por excluir a grandes sectores de la población del desarrollo social. De ahí que, para solucionar el problema de la inseguridad y la violencia social, hubiesen sido necesarias acciones verdaderas en la esfera de la organización policial; la lucha contra el crimen organizado, combate a la corrupción e impunidad en los círculos gubernamentales y la atención de la marginación y la exclusión social, acciones que evidentemente estuvieron ausentes durante todo el gobierno zedillista. Es todo, señores parlamentarios. EL PRESIDENTE. Muchas gracias, diputado Barbosa Huerta. Tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, hasta por cuatro minutos. EL DIPUTADO JOSE GUILLERMO ANAYA LLAMAS. Con su permiso, señor Presidente. Señor Secretario: Usted trató de dar contestación a uno de los cuestionamientos que hizo el diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario de Acción Nacional, cuando argumenta usted que la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública apenas tiene en operación tres años. Yo le quiero recordar que en el propio informe" dice que entró en operación desde 1996 con la ley que establece las bases del Sistema Nacional en 1995. Pero insisto, señor Secretario, del análisis de los seis informes de gobierno que rindió ante esta soberanía el Ejecutivo Federal, advertimos que coinciden en tres aspectos fundamentales en materia de seguridad pública: Primero, en afirmar que al vivir en un estado de derecho, es la única garantía para una convivencia social armónica, amén de que el cumplimiento de este principio contribuye a la igualdad efectiva de todos ante la ley. Segundo, en expresar que se han destinado a este rubro los recursos más cuantiosos en la historia de México para el combate a la delincuencia y el crimen. Tercero, que se reconoce que a pesar de los esfuerzos realizados, hoy la inseguridad pública y la falta de respeto al estado de derecho, son el mayor obstáculo para el progreso material y a una vida social armónica, y que hasta ahora la magnitud y la complejidad del problema, han sido más grandes que el efecto de las acciones emprendidas. En este contexto estamos de acuerdo en las dos primeras afirmaciones, no así en el tercer reconocimiento, porque no basta con admitir el fracaso contra la delincuencia y la inseguridad y con ello pretender lavarse las manos. El Ejecutivo debió haber cumplido cabalmente el compromiso que asumió originalmente en el Plan Nacional de Desarrollo 1995 2000 y Programa Nacional de Seguridad Pública, así como en la famosa "Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia". Ahora bien, en lo que respecta al presupuesto asignado a la seguridad pública, es cierto que se destinaron recursos sin precedentes; no obstante ello, señor Secretario, ¿por qué no se reflejó en una mejoría en la seguridad pública?, ¿por qué la delincuencia sigue en crecimiento?, ¿por qué la desconfianza de la ciudadanía? El Ejecutivo Federal entre sus estrategias y acciones para combatir el crimen, anunció una reforma jurídica a fondo e incluso en un momento determinado llegó a señalar que la concreción en esta materia no se había podido dar a consecuencia de que el Congreso de la Unión no daba una respuesta. Señor Secretario, cabe decir que el Congreso cumplió con su responsabilidad al haber estudiado, discutido y aprobado las reformas planteadas. Sin embargo, el Ejecutivo no cumplió. Le pregunto: ¿dónde está la consolidación de la seguridad pública que como garantía de los ciudadanos ofreció en el Plan Nacional de Desarrollo? Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la acción y la responsabilidad del gobierno contra el crimen fue un rotundo fracaso. Las señales son claras: una sociedad desconfiada de las instituciones responsables de la seguridad pública y procuración de justicia. Y por el otro lado, la masificación de la delincuencia. A la luz de los hechos el gobierno que está por concluir no cumplió con su premisa de hacer de México un país de leyes, incluso el propio Presidente reconoce en su mensaje a la Nación, que a pesar del esmero la tarea resultó infructuosa respecto a lo que se comprometió. Incluso afirmó que éste era su sentir, como lo es de toda la gente en lo que se refiere a la lucha contra el crimen y la inseguridad. Señor Secretario ¿cómo podemos establecer un estado de derecho cuando alguno de los funcionarios de la actual administración incluso de primer nivel, son los primeros en ofender y desatender la ley? Concluyo señor Secretario: de acuerdo con el informe, la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, constituye un factor fundamental del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permite combatir con mayor eficacia a la delincuencia organizada y asegurar a la ciudadanía la debida protección de su integridad física y patrimonial. Si esto es así, señor Secretario, explique a esta Soberanía, ¿por qué el Sistema Nacional de Seguridad Pública del total de los recursos federales y estatales, aplica sólo el 2.7% a la profesionalización? Más aún explique hasta por qué entre 199 y este año, los recursos destinados a la profesionalización se redujeron a más del 500. Muchas gracias. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Anaya Llamas. Para dar respuesta a las preguntas hará uso de la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación, hasta por 8 minutos. C. SECRETARIO DE GOBERNACION: Muchas gracias señor presidente. Bueno, yo quisiera referirme a propósito de las preguntas que ha replanteado el señor diputado José Guillermo Anaya Llamas, en nombre de la bancada del PAN, sobre el tema de los cumplimientos en la ejecución del Programa Nacional de Seguridad Pública. Quisiera remitirme muy brevemente a lo que hace un momento comentábamos. La responsabilidad que asume y expresa el Ejecutivo en su último Informe, reconociendo que efectivamente son insuficientes los logros a partir de la magnitud del problema que tenemos en el país en materia de seguridad pública. Ahí está escrito y reconocido. No es suficiente dice el diputado que se reconozca, se debía haber cumplido puntualmente, literalmente, los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo. Yo me refiero a dos asuntos particulares: Primero, hemos comentado que el tamaño del reto en materia de seguridad pública obligó a constituir un Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no es una instancia ejecutora; es una instancia de coordinación donde juegan y forman parte fundamental los gobernadores de los estados, lo saben muy bien los ejecutivos estatales porque son finalmente el pivote a partir del cual se articularan las agendas de riesgo, los grupos de coordinación; con ellos se decide y se discute en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a qué, cómo, se asignan los recursos públicos que autoriza el Congreso de la Unión en los presupuestos anuales. No a un capricho ni a una determinación unilateral de las autoridades de Gobernación o del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este es un esfuerzo de corresponsabilidad, es un esfuerzo que compete a los distintos órdenes de gobierno, no sólo al federal, dada la magnitud, las características y el tipo delictivo o los tipos delictivos que tenemos en el país. Segundo, me parece fundamental también entender que la asignación o la designación de recursos para temas como los que preguntaba el diputado en materia de capacitación siendo tan importante, por qué se destina sólo un porcentaje, decía él de 2.6 ó 2.5%, bueno esa es otra de las decisiones que tienen que ver con la asignación de recursos anuales, que se discute en un Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde están representantes y representados personalmente los ejecutivos de los estados, y ahí se define el destino del gasto del siguiente ejercicio. El año pasado, por ejemplo, y este año se decidió, en el seno del consejo, con los ejecutivos de los estados, aplicar un volumen muy importante de recursos a construir el sistema de información encriptado para crear el sistema nacional de información con voz, dato e imagen a que he hecho referencia, como uno de los instrumentos más importantes para la operación del sistema. A poner en marcha en cada estado, con inversiones muy importantes, el teléfono 066 de emergencia, a construir los grupos de control, comando y cómputo que definieron los ejecutivos en cada estado para coordinar sus acciones en materia de seguridad pública, con las policías preventivas, judiciales, los cuerpos de bomberos, de tránsito, de protección civil que empiezan a operar, por cierto con mucho éxito, en varias capitales y ciudades importantes del país, 16 aproximadamente. Estas decisiones, en consecuencia, no son decisiones que se tomen de manera unilateral por parte de las autoridades de Gobernación o del secretariado técnico o ejecutivo del sistema de seguridad pública. Se discuten, se comparten y se decide en el seno de los consejos estatales de seguridad pública que presiden los señores gobernadores. El Gobierno Federal no tengo que repetirlo asume y lo asumió el Presidente Zedillo su responsabilidad en un esfuerzo cuyos resultados no fueron del tamaño y de la dimensión que hubiéramos querido. Hubiéramos querido acercarnos, desde el punto de vista de indicadores, a los indicadores promedio que existen en países con condiciones, características, población, nivel de desarrollo similar al nuestro, donde los indicadores de inseguridad andan del orden de 10 u 11 por cada mil habitantes. Nosotros estamos, a estas alturas del gobierno, de 15.6 ó 7, pasando a cerca de 13. El esfuerzo, pues, que hay que hacer ahora y en el futuro es mayúsculo. Insisto en que esto no es un tema a agotar ni a acotar en un sexenio porque el tema de la seguridad pública es, sin duda, el reto quizás más significativo e importante que tengamos como país y como sociedad. Tenemos problemas de incumplimiento, si, derivado de problemas de coordinación y de ejecución. Yo decía hace unos momentos, en mi pasado intervención, que desafortunadamente, por diferentes razones y circunstancias, hay entidades de la república que tienen mayores niveles o mayores indicadores de inseguridad que otras. En algunos estados se ha avanzado sustancialmente, de manera muy importante y significativa para abatir niveles de inseguridad, para eficientar los mecanismos de coordinación, para cumplir con las metas de capacitación, para instalar y operar los sistemas de información, para usar los bancos de datos, para priorizar las agendas básicas de atención a las agendas de riesgo locales y los resultados empiezan a dar frutos muy importantes y muy significativos. En otros, por diferentes razones, por diferentes retos, por diferentes circunstancias, por su propia ubicación geográfica, por el afinamiento en los mecanismos de coordinación con los cuerpos de seguridad municipales, locales, federales, el resultado no ha sido tan exitoso. Y yo refería que particularmente tenemos este conflicto y este problema en una franja del país que nos preocupa, que son los estados fronterizos, estados fronterizos donde tenemos altos indicadores de inseguridad y que no sólo es un problema de coordinación estamos coordinados es un problema de confianza. Se requiere crear mecanismos especiales de confianza para que la coordinación prospere, para que la coordinación avance. Hemos tenido que constituir en estados como Baja California, en coordinación con el Gobernador, con el presidente municipal, con los presidentes municipales, unidades de confianza que nos permita evaluar a los agentes de seguridad de la policía municipal, de la estatal y de la federal, que participan en los distintos temas de investigación o en los distintos operativos que coordinamos o que coordina el gobierno del estado con PGR y con la Secretaría de la Defensa para evitar filtraciones, para evitar sospechas, para evitar suspicacias y para evitar fracasos en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, de órdenes de cateo, de programas de carácter preventivo, como son las bases que hemos establecido en estas entidades. No es un asunto sencillo, es muy complejo. No es una justificación, es un reconocimiento a una realidad que está ocurriendo y que ojalá podamos seguir impulsando en el futuro con mayor éxito y con mayor dedicación. Yo espero que esta preocupación que manifiestan los señores legisladores del PAN sea parte de las prioridades de gobierno que está muy pronto por iniciar porque sin duda y en eso compartimos la preocupación éste es el tema y el reto mayor que tenemos que seguir apuntalando y combatiendo con toda eficacia, con toda energía y dedicación los mexicanos de hoy y de mañana.
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, Señor Secretario. Pregunto al grupo parlamentario de Acción Nacional si va a hacer uso de su derecho de réplica. Bien. Tiene el uso de la palabra para hacer réplica la Diputada María Eugenia Galván Antillón (aplausos) y se ha ce oportuna la ocasión para solicitarles se apeguen a los términos del acuerdo parlamentario aprobado por esta asamblea y que rige esta comparecencia. Tiene usted el uso de la palabra por cuatro minutos.
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EL C. PRESIDENTE
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Muchas gracias, Señor Secretario. Pregunto al grupo parlamentario de Acción Nacional si va a hacer uso de su derecho de réplica. Bien. Tiene el uso de la palabra para hacer réplica la Diputada María Eugenia Galván Antillón (aplausos) y se ha ce oportuna la ocasión para solicitarles se apeguen a los términos del acuerdo parlamentario aprobado por esta asamblea y que rige esta comparecencia. Tiene usted el uso de la palabra por cuatro minutos.
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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LA C. DIPUTADA MARIA EUGENIA GALVAN ANTILLON (PAN): Gracias, señor Presidente. Con su venia, señor Secretario. Compañeros y compañeras Diputadas: Señor Secretario, insistimos, desafortunadamente reconocer la tarea incumplida no es suficiente; no lo es para las víctimas en su persona, en su familia, en su patrimonio ni para la sociedad en general; no lo es cuando son miles de mexicanos que diariamente sufren atracos, violaciones, asesinatos y tantos otros crímenes que hacen de nuestro país un paraíso cotidiano de delincuentes. No es correcto tampoco, señor Secretario, pasar la responsabilidad a los Ejecutivos de los estados ni mucho menos a los municipios. Cabe recordar que el Presidente Zedillo en su Plan Nacional de Desarrollo, mismo que por mandato constitucional está obligado a cumplir, se comprometió con todos los mexicanos y cito el Plan de Desarrollo "a construir un Estado de derecho como garantía para una convivencia social armónica y el pleno desarrollo nacional". Y esto, señor Secretario, no existe en México y usted no puede dar cuenta de ello. Sin embargo, hace unos días, cerca del final de este sexenio, cuando el tiempo se le acaba y ante esta representación, al rendir su Sexto Informe de Gobierno el Doctor Zedillo afirmó hace unos días: "No sería honesto ni correcto declararme satisfecho por lo alcanzado, que a pesar del esmero la tarea ha resultado infructuosa respecto a lo que nos propusimos. Es mi sentir, como lo es el de toda la gente, en lo que se refiere a la lucha contra el crimen y la inseguridad". Es a nuestro entender, señor Secretario, en este rubro la administración nos ha fallado, nos falló, nos incumplió en este rubro a todos los mexicanos. ¡Nunca se debe plantear el Ejecutivo Federal una disyuntiva entre el exceso de tolerancia y la no aplicación de la ley! ¡Como tampoco debe confundirse ese mismo exceso de tolerancia con la impunidad, que rebasa el 95 por ciento! En esta falta de decisión y de firmeza es la que ha creado un vacío de poder, que nos ha llevado a un México en donde se pone en duda el Estado de derecho. Y cito: " La aplicación del Estado de derecho no cuelga de la coyuntura de la convivencia del partido en el poder o de los intereses de los candidatos de éste. Saber a qué atenerse porque hay normas y gobierno que se encargan de hacerlas valer, es nota característica del régimen democrático. La ley vale para todos, incluido el Estado mismo": Carlos Castillo Pe raza. Nunca nada más vigente, señor Secretario. (Aplausos) Este sexenio pasará a la historia como el sexenio de los expedientes inconclusos, no solamente de los heredados de la administración anterior como los asesinatos políticos y el lamentable levantamiento de Chiapas, sino también por los muchos que se han generado durante este periodo sexenal. Asuntos como el de Acteal, Aguas Blancas, la Unam y el más recientemente Chimalhuacán, por ejemplo, al igual que muchos otros que no han sido publicitados pero no menos representativos y donde ¡las violaciones a los derechos humanos fueron la constante que denotan el fracaso rotundo de la política interior y en específico de la política de la seguridad nacional! (Gritos en el salón: "¡Tiempo!" "¡Tiempo!") Los casos de Oscar Espinosa Villarreal, de Mario Villanueva Madrid, ambos prófugos de la justicia. O las constantes violaciones a las leyes cometidas por caciques regionales como lo son Víctor Cervera Pacheco y Roberto Albores Guillén, son claros ejemplos del exceso de tolerancia mal entendida, que nosotros llamamos impunidad, corrupción y complicidad. (Más gritos en el salón: "¡Tiempo!)
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LA C. DIPUTADA MARIA EUGENIA GALVAN ANTILLON (PAN)
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Gracias, señor Presidente. Con su venia, señor Secretario. Compañeros y compañeras Diputadas: Señor Secretario, insistimos, desafortunadamente reconocer la tarea incumplida no es suficiente; no lo es para las víctimas en su persona, en su familia, en su patrimonio ni para la sociedad en general; no lo es cuando son miles de mexicanos que diariamente sufren atracos, violaciones, asesinatos y tantos otros crímenes que hacen de nuestro país un paraíso cotidiano de delincuentes. No es correcto tampoco, señor Secretario, pasar la responsabilidad a los Ejecutivos de los estados ni mucho menos a los municipios. Cabe recordar que el Presidente Zedillo en su Plan Nacional de Desarrollo, mismo que por mandato constitucional está obligado a cumplir, se comprometió con todos los mexicanos y cito el Plan de Desarrollo "a construir un Estado de derecho como garantía para una convivencia social armónica y el pleno desarrollo nacional". Y esto, señor Secretario, no existe en México y usted no puede dar cuenta de ello. Sin embargo, hace unos días, cerca del final de este sexenio, cuando el tiempo se le acaba y ante esta representación, al rendir su Sexto Informe de Gobierno el Doctor Zedillo afirmó hace unos días: "No sería honesto ni correcto declararme satisfecho por lo alcanzado, que a pesar del esmero la tarea ha resultado infructuosa respecto a lo que nos propusimos. Es mi sentir, como lo es el de toda la gente, en lo que se refiere a la lucha contra el crimen y la inseguridad". Es a nuestro entender, señor Secretario, en este rubro la administración nos ha fallado, nos falló, nos incumplió en este rubro a todos los mexicanos. ¡Nunca se debe plantear el Ejecutivo Federal una disyuntiva entre el exceso de tolerancia y la no aplicación de la ley! ¡Como tampoco debe confundirse ese mismo exceso de tolerancia con la impunidad, que rebasa el 95 por ciento! En esta falta de decisión y de firmeza es la que ha creado un vacío de poder, que nos ha llevado a un México en donde se pone en duda el Estado de derecho. Y cito: " La aplicación del Estado de derecho no cuelga de la coyuntura de la convivencia del partido en el poder o de los intereses de los candidatos de éste. Saber a qué atenerse porque hay normas y gobierno que se encargan de hacerlas valer, es nota característica del régimen democrático. La ley vale para todos, incluido el Estado mismo": Carlos Castillo Pe raza. Nunca nada más vigente, señor Secretario. (Aplausos) Este sexenio pasará a la historia como el sexenio de los expedientes inconclusos, no solamente de los heredados de la administración anterior como los asesinatos políticos y el lamentable levantamiento de Chiapas, sino también por los muchos que se han generado durante este periodo sexenal. Asuntos como el de Acteal, Aguas Blancas, la Unam y el más recientemente Chimalhuacán, por ejemplo, al igual que muchos otros que no han sido publicitados pero no menos representativos y donde ¡las violaciones a los derechos humanos fueron la constante que denotan el fracaso rotundo de la política interior y en específico de la política de la seguridad nacional! (Gritos en el salón: "¡Tiempo!" "¡Tiempo!") Los casos de Oscar Espinosa Villarreal, de Mario Villanueva Madrid, ambos prófugos de la justicia. O las constantes violaciones a las leyes cometidas por caciques regionales como lo son Víctor Cervera Pacheco y Roberto Albores Guillén, son claros ejemplos del exceso de tolerancia mal entendida, que nosotros llamamos impunidad, corrupción y complicidad. (Más gritos en el salón: "¡Tiempo!)
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): Señora Diputada: Se ha terminado su tiempo. Termine, por favor.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN)
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Señora Diputada: Se ha terminado su tiempo. Termine, por favor.
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LA C. DIPUTADA MARIA EUGENIA GALVAN ANTILLON (PAN): Termino, señor Presidente. Señor Secretario: ¡No nos queda duda que la política interior, después de cuatro Secretarios de Gobernación, ha sido un verdadero fracaso! (Aplausos fuertes)
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LA C. DIPUTADA MARIA EUGENIA GALVAN ANTILLON (PAN)
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Termino, señor Presidente. Señor Secretario: ¡No nos queda duda que la política interior, después de cuatro Secretarios de Gobernación, ha sido un verdadero fracaso! (Aplausos fuertes)
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): Gracias Diputada María Eugenia Galván Antillon. Para formular sus preguntas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hará uso de la palabra la Diputada Patricia Aguilar García, por cuatro minutos.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN)
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Gracias Diputada María Eugenia Galván Antillon. Para formular sus preguntas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hará uso de la palabra la Diputada Patricia Aguilar García, por cuatro minutos.
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LA C. DIP. PATRICIA AGUILAR GARCIA (PRI): Señor Presidente, con su permiso. Señoras y señores Diputados; Señor Secretario: La ubicación geográfica de México propicia condiciones peculiares en materia migratoria. La inmigración y la emigraci6n generan problemas sociales, políticos y de desarrollo que requieren soluciones basadas en el respeto a los derechos humanos. ¿Cuántos programas aplica su dependencia en esta materia? ¿Qué resultados se han obtenido y qué proyectos deben mantenerse y en qué sentido? Señalamiento especial merece la atención a la mujer migrante, en la que se acentúan las condiciones de marginalidad. Para ella el emigrar significa un enorme sacrificio al dejar su lugar de origen, sus tradiciones, pertenencias y costumbres. El hacerlo siempre con su familia le implica sortear enormes dificultades. Por ello, es indudable que en la política de atención a migrantes de la Secretaría a su cargo deben ejercerse programas específicos en ayuda a ellas. Sabemos que el apoyo debe ser con programas interinstitucionales, pero sería importante precisar cuál es el camino que ha seguido esta administración y su balance al respecto. Hablar de este tema es referirnos a un flujo migratorio de trescientos mil mexicanos al año, de más de tres millones de paisanos que residen fuera con o sin documentos, de más de 6 mil millones de dólares de remesas al año. Respecto al ingreso de migrantes provenientes de Centroamérica, el número de personas que ingresa va en aumento. Este año entran a México 150 mil personas desde la frontera sur rumbo a Estados Unidos. Esta cifra rebasa en 20 mil a la de 1 999 y ésta es 20 por ciento mayor a la de 1 998, lo que muestra la necesidad de revisar la capacitación en derechos humanos de los agentes de migración. ¿Qué se hará en este aspecto? Consideramos de la mayor importancia consolidar el esfuerzo realizado por el Programa Paisano. Para ello es menester estrechar en forma permanente, institucionalizada, la comunicación, coordinación y cooperación entre los diversos actores que convergen en el fen6meno migratorio, mediante mecanismos ágiles y prácticos que permitan identificar propuestas de acción, establecer instrumentos para su operación en forma inmediata y determinar métodos para evaluar y ponderar los avances registrados, ¿Qué programas y enlaces se han establecido en este rubro y con qué resultados? En el caso específico de la frontera sur, mi estado Chiapas siempre ha tenido una vocación federalista. Desde hace 176 años pertenecemos al Pacto Federal y sin embargo en nosotros impera el sentimiento de que algo nos adeuda la Federación. Por eso es importante que en igualdad de condiciones se implementen programas migratorios para las dos fronteras y no se acentúe el apoyo a una sola. Hablando de esta entidad, el conflicto prevaleciente en 8 de los 118 municipios ha afectado a la sociedad chiapaneca en su conjunto; es en serio, a quien más afecta es a los chiapanecos. Este problema ha tenido repercusiones en el ámbito nacional e internacional y sin embargo la solución no llega. ¿Cuáles son los problemas que lo han aplazado y qué percepciones de solución a corto plazo ve la Secretaría a su cargo? ¿ Existe algún indicio de que el EZLN aceptará volver al diálogo? ¿Qué medidas se han tomado para disminuir tensiones sociales y para garantizar un clima de estabilidad social en la entidad? Con su permiso, señor Secretario. Como Chiapaneca es importante saber la preocupación de todas las fracciones por mi estado. Lo único malo es que ésta se da sin conocimiento ni contacto con Chiapas pronunciando Chapas por Chiapas, pero sobre todo sin una acción real a favor de este maravillosa entidad. Gracias. (aplausos)
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LA C. DIP. PATRICIA AGUILAR GARCIA (PRI)
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Señor Presidente, con su permiso. Señoras y señores Diputados; Señor Secretario: La ubicación geográfica de México propicia condiciones peculiares en materia migratoria. La inmigración y la emigraci6n generan problemas sociales, políticos y de desarrollo que requieren soluciones basadas en el respeto a los derechos humanos. ¿Cuántos programas aplica su dependencia en esta materia? ¿Qué resultados se han obtenido y qué proyectos deben mantenerse y en qué sentido? Señalamiento especial merece la atención a la mujer migrante, en la que se acentúan las condiciones de marginalidad. Para ella el emigrar significa un enorme sacrificio al dejar su lugar de origen, sus tradiciones, pertenencias y costumbres. El hacerlo siempre con su familia le implica sortear enormes dificultades. Por ello, es indudable que en la política de atención a migrantes de la Secretaría a su cargo deben ejercerse programas específicos en ayuda a ellas. Sabemos que el apoyo debe ser con programas interinstitucionales, pero sería importante precisar cuál es el camino que ha seguido esta administración y su balance al respecto. Hablar de este tema es referirnos a un flujo migratorio de trescientos mil mexicanos al año, de más de tres millones de paisanos que residen fuera con o sin documentos, de más de 6 mil millones de dólares de remesas al año. Respecto al ingreso de migrantes provenientes de Centroamérica, el número de personas que ingresa va en aumento. Este año entran a México 150 mil personas desde la frontera sur rumbo a Estados Unidos. Esta cifra rebasa en 20 mil a la de 1 999 y ésta es 20 por ciento mayor a la de 1 998, lo que muestra la necesidad de revisar la capacitación en derechos humanos de los agentes de migración. ¿Qué se hará en este aspecto? Consideramos de la mayor importancia consolidar el esfuerzo realizado por el Programa Paisano. Para ello es menester estrechar en forma permanente, institucionalizada, la comunicación, coordinación y cooperación entre los diversos actores que convergen en el fen6meno migratorio, mediante mecanismos ágiles y prácticos que permitan identificar propuestas de acción, establecer instrumentos para su operación en forma inmediata y determinar métodos para evaluar y ponderar los avances registrados, ¿Qué programas y enlaces se han establecido en este rubro y con qué resultados? En el caso específico de la frontera sur, mi estado Chiapas siempre ha tenido una vocación federalista. Desde hace 176 años pertenecemos al Pacto Federal y sin embargo en nosotros impera el sentimiento de que algo nos adeuda la Federación. Por eso es importante que en igualdad de condiciones se implementen programas migratorios para las dos fronteras y no se acentúe el apoyo a una sola. Hablando de esta entidad, el conflicto prevaleciente en 8 de los 118 municipios ha afectado a la sociedad chiapaneca en su conjunto; es en serio, a quien más afecta es a los chiapanecos. Este problema ha tenido repercusiones en el ámbito nacional e internacional y sin embargo la solución no llega. ¿Cuáles son los problemas que lo han aplazado y qué percepciones de solución a corto plazo ve la Secretaría a su cargo? ¿ Existe algún indicio de que el EZLN aceptará volver al diálogo? ¿Qué medidas se han tomado para disminuir tensiones sociales y para garantizar un clima de estabilidad social en la entidad? Con su permiso, señor Secretario. Como Chiapaneca es importante saber la preocupación de todas las fracciones por mi estado. Lo único malo es que ésta se da sin conocimiento ni contacto con Chiapas pronunciando Chapas por Chiapas, pero sobre todo sin una acción real a favor de este maravillosa entidad. Gracias. (aplausos)
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LVIII (2000-2003)
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Primer Periodo Ordinario
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Agosto - diciembre 2000
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https://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LVIII/1ro/1or1/sep/20000912.html
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EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Aguilar García. Para responder a las preguntas formuladas, hará uso de la palabra el C, Secretario de Gobernación por ocho minutos.
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EL C. PRESIDENTE
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Gracias Diputada Aguilar García. Para responder a las preguntas formuladas, hará uso de la palabra el C, Secretario de Gobernación por ocho minutos.
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